Paulina Raya Farías

Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
362/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Paulina Raya Farías

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el primero de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de abril de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee EXPEDIENTE Y REGISTRO Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 362/2022 De conformidad con el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Paulina Raya Farías, por propio derecho, contra actos del Consejo Técnico y sus integrantes del mismo y otras autoridades Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama La modificación de tramitación del procedimiento administrativo seguido en contra de la quejosa, en relación con el concurso de oposición interno, publicado mediante convocatoria de tres de febrero de dos mil veintidós, para las plazas de profeso de asignatura "B" suscrita por el presidente del Consejo Técnico de la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La falta de emitir el fallo de selección de cada uno de los participantes al concurso incluyendo a la solicitud en tiempo y forma de la quejosa, conforme al cumplimiento de los requisitos mediante la revisión de la documentación entregada y de acuerdo con la ponderación de puntajes de la tabla de valoraciones; y la falta de turnar el dictamen al Consejo Técnico supuestos beneficiarios. La falta de análisis de los dictámenes de cada uno de los participantes turnado por la Comisión Académica Dictaminadora, la publicación de los resultados del concurso en los mismos lugares en donde se haya la convocatoria el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la falta de comunicación por escrito a cada uno de los participantes el resultado del concurso para los efectos correspondientes, de conformidad a la base L, de la convocatoria del concurso ya que no hay indicio del análisis que debió realizar dentro del término no mayor de cinco días hábiles deberá resolver las inconformidades con carácter de inapelables, así como la falta de notificar por escrito a la inconforme dentro de los términos establecidos en el concurso, al recurso de inconformidad interpuesto en tiempo y forma por la quejosa, lo que carece de certeza jurídica, causando la consecuente incertidumbre legal; incumplió la responsable con la base M de la convocatoria del concurso al no dar respuesta carece de certeza jurídica al señalar que resuelto los recursos de inconformidad, ya que se le impidió la adjudicación de las plazas de profesor de asignatura B, en la asignatura de biología de las secciones 3, 9 y 28 del primer semestre, de esa escuela preparatoria. Acto que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, contario a lo que expone la parte quejosa, la autoridad que fue señalada como responsable no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable convocó a los trabajadores académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a participar en un concurso de oposición interna para ocupar las plazas de profesor de asignatura "B". Se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formula la quejosa que, en su calidad de técnico académico titular A, adscrita a la escuela preparatoria Isaac Arriaga dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, decidió participar en el concurso de oposición interna para ocupar las plazas de profesor de asignatura "B". Asimismo, refiere en su escrito que hasta la fecha no se ha publicado los resultados y calificaciones que obtuvieron los participantes en el concurso de oposición interna derivado de la revisión por los integrantes de la Comisión Académica Dictaminadora de los documentos entregados y ponderados en la tabla de valoración; de manera específica, no ha recibido por escrito los resultados de la evaluación que obtuvo en la materia de biología secciones 03, 09 y 28, de primer semestre, para los que concursó. Que el veintisiete el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el Presidente del Consejo técnico publicó por escrito los resultados del proceso de concurso interno, en el que únicamente aparece el nombre del vencedor, materia de la que resultó favorecido, sección, semestre y al final del renglón una leyenda de "VENCEDOR", esto, sin precisar el resultado que obtuvo la aquí quejosa. Por lo que, el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, presentó inconformidad, desconociendo cual sea el resultado. Precisado lo anterior, a criterio de esta Juzgadora, los actos derivados del concurso de oposición interno para ocupar las plazas de profesor de asignatura "B", en el que la aquí quejosa no resultó vencedora, asignándola a un tercero, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, ya que en la especie no se satisface el requisito relativo a la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, pues la relación existente entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los docentes o profesores de asignatura que aspiran a resultar favorecidos con la asignación de plazas derivado de un concurso de oposición interno, es de coordinación, no de supra a subordinación, pues:  Deriva de una relación laboral entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como patrón (no como autoridad o ente superior) y el profesor como trabajador.  Además, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolver este tipo de controversias, por lo que si los quejosos no están de acuerdo con el resultado, pueden impugnarlo por la vía laboral. En ese contexto, destaca el contenido de las clausulas 1, 2, 6, 8 y 15 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) 2021 que a la letra dicen: "CLÁUSULA 1.- Son materia del presente Contrato Colectivo de Trabajo, todas las condiciones concernientes al interés gremial de los trabajadores académicos al servicio de la Universidad y, en consecuencia, todas las labores de carácter académico desarrolladas por éstos. CLÁUSULA 2.- Los trabajadores académicos en activo de la Universidad gozarán de todos los derechos previstos por la Ley, este Contrato y demás convenios pactados por las partes, siempre y cuando éstos no contravengan a la Ley y al Contrato Colectivo de Trabajo. Los trabajadores que hayan dejado de prestar sus servicios por jubilación o pensión por la Universidad, gozarán de los mismos derechos en lo que les sea aplicable, incluyendo los incrementos de carácter emergente conforme a lo dispuesto en la Legislación Universitaria vigente a la firma del presente contrato. CLÁUSULA 6.- Para la correcta aplicación e interpretación de este "Contrato Colectivo de Trabajo, se estipulan las siguientes denominaciones y definiciones: (.) 13. Concurso de Oposición Interno.- Es el procedimiento mediante el cual, con independencia del número de participantes, se selecciona a un aspirante, que ya forma parte de la planta académica de la Universidad, a través del examen de su curriculum vitae, considerando los estudios realizados, experiencia académica y profesional, obras realizadas, trabajos publicados y en general su labor desarrollada, con base en la tabla de valoración correspondiente. (.) 40. Trabajador Académico.- Persona física que presta sus servicios personales a la Universidad, en las áreas de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria. CLÁUSULA 8.- Las relaciones laborales entre la Universidad y los trabajadores académicos a su servicio, se rigen por las disposiciones del presente Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo; de manera supletoria, por el apartado ''A" del artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. En ningún caso los derechos de los trabajadores académicos serán inferiores a los que conceda la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo, las leyes que sean aplicables en su calidad de trabajador académico y los que establece este Contrato. CLÁUSULA 15.- Los concursos a que se numerales 12 y 13 procederán en los siguientes casos: a) El concurso de oposición interno, cuando los trabajadores académicos que ya estén prestando sus servicios en la Universidad, con plaza o nombramiento definitivo, sean aspirantes a ocupar la plaza vacante; y, b) El concurso de oposición abierto, se realizará cuando haya sido declarado desierto el concurso de oposición interno o una o más plazas del mismo. Las convocatorias para estos concursos deberán difundirse a través de la página electrónica de la dependencia a que corresponda el concurso, la principal de la Universidad y en las demás dependencias, en la medida de lo posible; así como en la página electrónica de la Gaceta Nicolaita y de Coordinación de Transparencia Universitaria, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta obligación estará a cargo del titular del plantel donde se genere la vacante." De las aludidas clausulas se desprende que el concurso de oposición interno es una convocatoria para los trabajadores académicos que ya están prestando sus servicios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y sean aspirantes a ocupar plazas vacantes, y que las relaciones laborales entre la Universidad y los trabajadores académicos a su servicio, se rigen por las disposiciones del aludido Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo, de manera supletoria, por el apartado ''A" del artículo 123 Constitucional y su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo; característica propia de las relaciones de coordinación. Con base en lo anterior, podemos advertir que los actos reclamados materia de este juicio de amparo, como ya se dijo, derivan de una relación de coordinación en la que la Universidad Michoacana actúa como patrón de la docente aquí quejosa, por lo que no puede ser considerado como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es decir, los actos relativos al concurso de oposición interno que reclama la peticionaria es consecuencia de la relación laboral que mantiene con la responsable, específicamente como técnico académico titular A, adscrita a la escuela preparatoria Isaac Arriaga dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues los actos reclamados derivan de la relación de trabajo que los une. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Ilustra por analogía la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo por las razones que expone, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS QUE SUSCRIBEN, PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA. Suscribir actos en ejercicio del cargo que se desempeña en una institución descentralizada es insuficiente para considerarlos provenientes de una autoridad; en tanto que, esta calidad se sustenta en el hecho de que la persona dentro de su esfera de atribuciones cuente con la facultad coercitiva necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, sólo de esta manera es factible estimar el acto de molestia como acto emitido por una autoridad, y así es factible impugnarlo mediante el juicio de amparo; pero si el funcionario suscriptor del acto, no obstante que desempeñe actividades de dirección en el organismo descentralizado, su labor consiste en regular las relaciones internas de los miembros de la institución que dirige, sin que pueda obligarlos a acatar sus decisiones, su actuación será la de un ente de derecho privado; tal es el caso del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los directores generales de las escuelas preparatorias de la misma Institución, así como de los presidentes de la Junta de Gobierno o del Patronato de la referida casa de estudios, cuando los actos dirigidos por éstos a sus subordinados encuentran su origen en el ejercicio de la facultad de coordinación e impulso de las actividades propias de la Universidad, o en su defecto, en una relación jurídica laboral, económica, financiera o de otra índole; motivos por los que es manifiesta la ausencia de las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad está revestido; por lo que debe desecharse el juicio de amparo promovido en contra de los actos cuya naturaleza jurídica no reúna las cualidades citadas." No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial que determina su improcedencia, como lo es en el caso la jurisprudencia sustentada por esa misma Sala, misma que se invocó por analogía. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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