Paula Martínez Jerónimo

Expediente 258/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
258/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2017

Partes del expediente

  • Paula Martínez Jerónimo

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído dictado el tres de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, se realizó en términos de la certificación de cuenta; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil diecisiete. Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Paula Martínez Jerónimo, contra el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito veintiuno, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la ley de la materia; regístrese con el número 258/2017, que le correspondió. Ahora, este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El precepto en cita, dispone textualmente lo siguiente: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, dado no se opone a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En la especie este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracciones III, VII, XI y XII de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [..] VII.- Sin su culpa se reciban, sin su consentimiento, las pruebas ofrecidas por las partes. [.] XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En la especie, la promovente del amparo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamando, bajo protesta de decir verdad manifiesta: ".1.- Soy propietaria, poseedora de una fracción de terreno comunal ubicada en calle Cuahutémoc número trece, en el Barrio San Pedro, Ixtlán de Juárez, Oaxaca; lugar en que mantengo mi domicilio particular desde hace aproximadamente diez años. Posesión que he mantenido de manera pacífica, pública continua y a título de dueña. 2.- Aproximadamente en el mes de marzo del dos mil catorce, se inició el juicio agrario identificado con el número 328/2014, en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; demanda instaurada por Norberto Celestino Pérez Pérez, quien desde hacía ya un año me molestaba por otras vías acerca de mi posesión. 3.- En audiencia agraria de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Agrario presentó, a JUAN TERESO HERNÁNDEZ MONTAÑO, quien aceptó y protestó el cargo de perito traductor, propuesto por el Presidente Municipal de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Persona que de ninguna manera acreditó tener conocimiento de mi idioma y más aún cumplir con los requisitos que establece el artículo 164 de la Ley Agraria; audiencia a la que no me presente por no tener conocimiento de la misma, es decir mi abogado no supo explicarme y el tribunal en ningún momento realizó la traducción correspondiente del acuerdo en donde se ordenaba fuera citada, a pesar de que el tribunal tenía conocimiento de mi situación. 4.- Sin embargo, el día diez de febrero del dos mil diecisiete, en la audiencia agraria de desahogo de pruebas, sin que la ahora perito mostrara documento de nombramiento, designación o justificación, de la asistencia, me fue asignada como perito traductora la señora Adriana Pablo Arce. Pasado el desahogo de la prueba testimonial la intérprete me hablo en lengua zapoteca, pero no es la misma que yo hablo, a lo que no entendí completamente el contenido del acuerdo emitido." Por ello, señala como acto reclamado, tal acuerdo dictado en la audiencia agraria de diez de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente agrario 328/2014. Al respecto, a criterio de este juzgador, esa determinación no afecta derechos sustantivos públicos de la parte agraviada quien tiene el carácter de demandada en la instancia de origen, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del expediente agrario 328/2014. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales agrarios, que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Así mismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en que México sea parte; distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando solo afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. A partir de las consideraciones anteriores debe precisarse que la determinación adoptada en la audiencia agraria el diez de febrero de dos mil diecisiete en el expediente agrario 328/2014, en relación al cambio de perito de la demandada hoy quejosa, en la que arguye que no le habló en su idioma ni mostró documento de nombramiento, designación o justificación, de la asistencia; se trata de un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el momento no es de imposible reparación, y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en el posicionamiento de las partes dentro del expediente agrario 328/2014 y por lo tanto, son susceptibles de repararse si obtiene sentencia favorable; y en caso contrario será procedente la vía directa contra este último. De ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende no puede considerarse como actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por ende, no es posible por el momento fijar una regla a priori para determinar que existe una violación procesal determinante, toda vez que dicha consecuencia jurídica debe estar estrechamente vinculada con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de la persona indígena durante el proceso. De ahí, que sea hasta que se estime que trascendió tal derecho de la parte demandada en la sentencia que se llegue a dictar, cuando se analice: a) el momento procesal en el que la persona adujo su condición de indígena, de tal forma que cobrará más fuerza para efectos de la reposición del procedimiento cuando la autoadscripción se haya manifestado de manera temprana sin haber sido debidamente atendida por la autoridad judicial. Lo anterior, con independencia de que el derecho de las personas indígenas a un intérprete y defensor no puede estar condicionado a limitación temporal alguna; y b) la existencia de una violación manifiesta al derecho de acceso a la justicia derivado de la imposibilidad de la persona indígena de comprender y hacerse comprender durante el juicio. Esta apreciación debe descansar en una consideración basada en constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y a partir de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes. Entonces, a partir de tales componentes, el juez debe fundar y motivar si existió una afectación al derecho de defensa adecuada de la persona indígena que tenga la fuerza suficiente para reponer el procedimiento. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Tesis jurisprudencial XXI.1º.P.A.J/1(10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro Cinco, Abril de 2014, Tomo II, materia común, página mil trescientos sesenta y cinco, que señala lo siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO AGRARIO. LA OMISIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE Y ORDENAR SU PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO CUANDO SEAN INDISPENSABLES PARA CONOCER LA VERDAD SOBRE LOS PUNTOS SOMETIDOS A LITIGIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, E IMPUGNABLE EN EL JUICIO UNIINSTANCIAL. De una interpretación teleológica de los artículos 185 a 187 y 189 de la Ley Agraria, se advierte que los tribunales de la materia tienen la obligación de recabar oficiosamente pruebas y acordar su práctica, ampliación o perfeccionamiento cuando sean indispensables para conocer la verdad sobre los puntos sometidos a litigio; por tanto, la omisión de actuar en ese sentido constituye una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del quejoso, análoga a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, e impugnable en el juicio uniinstancial que se interponga contra la resolución definitiva del asunto, dado que la referida obligación probatoria resulta indispensable, a fin de que el fallo se emita conforme a derecho". Así también, tiene aplicación al respecto la Tesis jurisprudencial 2ª./J.54/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, materia administrativa, página doscientos doce, que señala lo siguiente: "JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA. Con base en lo establecido en la tesis de esta Sala, LXXXVI/97, con rubro: "PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.", debe interpretarse que si el artículo 189 de la Ley Agraria dispone que las sentencias se dicten a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según se estime debido en conciencia, motivo por el cual no puede aceptarse que el juzgador, percatándose de que carece de los elementos indispensables para resolver con apego a la justicia, quede en plena libertad de decidir si se allega o no esos elementos, sólo porque los artículos 186 y 187 de la ley citada utilicen el vocablo "podrán" en vez de "deberán", al regular lo relativo a la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias y a la obtención oficiosa de pruebas, ya que ello pugna con la intención del legislador, con la regulación del juicio agrario ausente de formulismos y con el logro de una auténtica justicia agraria". Por tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61 y con el artículo 107, fracción IV, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. CCCXXXI/2014 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos nueve, del libro once, octubre de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONAS INDÍGENAS. CONDICIONES NECESARIAS PARA DETERMINAR SI LA VULNERACIÓN A LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII CONSTITUCIONAL, TIENE LA FUERZA SUFICIENTE PARA ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO CIVIL. El derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado consiste en que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, deben tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo sean asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Ahora bien, a fin de determinar cuándo una vulneración a estas prerrogativas constitucionales tiene la fuerza suficiente para reponer un procedimiento civil, esta Primera Sala estima que no es posible fijar una regla a priori, toda vez que dicha consecuencia jurídica debe estar estrechamente vinculada con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de la persona indígena durante un proceso específico. Por ende, la orden judicial consistente en la reposición del procedimiento debe basarse en dos ejes fundamentales: a) el momento procesal en el que la persona adujo su condición de indígena, de tal forma que cobrará más fuerza para efectos de la reposición del procedimiento cuando la autoadscripción se haya manifestado de manera temprana sin haber sido debidamente atendida por la autoridad judicial. Lo anterior, con independencia de que el derecho de las personas indígenas a un intérprete y defensor no puede estar condicionado a limitación temporal alguna; y b) la existencia de una violación manifiesta al derecho de acceso a la justicia derivado de la imposibilidad de la persona indígena de comprender y hacerse comprender durante el juicio. Esta apreciación debe descansar en una consideración basada en constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y a partir de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes. A partir de estos dos componentes mínimos, el juez debe fundar y motivar si existió una afectación al derecho de defensa adecuada de la persona indígena que tenga la fuerza suficiente para reponer el procedimiento civil". Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a la aquí quejosa, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XI.1º. A.T.J/1(10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Tercer Circuito, visible en la página 699, del libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo I, Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Así como, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), visible en la página 2066, del libro XVI, enero de 2013, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Domicilio de la parte promovente. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y por autorizados para tales efectos en los términos solicitados a las personas que señala. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de la parte que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENE CON FUND EN EL ART 27 FRAC I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO)

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