Paul Jesus Ku Ix

Expediente 722/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
722/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Paul Jesus Ku Ix

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, y toda vez que hasta la presente fecha el Director General de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de la Sexta Visitaduria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Secretario de Salud y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 722/2021-IV. Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 35 y 37 y 112, de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver acerca de la admisión o no de la demanda de amparo, respecto del acto reclamado. Analizando que es la demanda de amparo, tenemos que la parte quejosa reclama del Secretario de Salud del Gobierno del Estado, el acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad Sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-COV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintitrés de abril de dos mil veinte, y del diverso acuerdo SSY 06/2020, que modifica el antes señalado, mismo que contiene los artículos señalados como inconstitucionales; y del Secretario de Seguridad Pública del Estado la imposición de la boleta de infracción 645626, levantada a las veintitrés horas con treinta y siete minutos del dos de abril del año en curso, en la que se impuso una multa por el equivalente a cuarenta y cuatro unidades de medida y actualización. De estas manifestaciones, este juzgado federal considera que existe una causal de improcedencia que provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Para tal efecto, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, los juzgados de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones, mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, debe desecharse en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - - No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento'. En ese tenor, se debe precisar que la parte quejosa manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, que le fue impuesta una multa en la boleta de infracción señalada, con motivo de una falta administrativa estando al volante de su vehículo, el día dos de abril del año en curso, al transitar fuera del horario permitido para ello, acorde a lo indicado en los acuerdos que impugna. Lo anterior pone en evidencia que la desde la misma fecha de la emisión de la boleta de infracción, el quejoso ya tenía conocimiento de su existencia, toda vez que la entrega de una acta de infracción es el acto mediante el cual se comunica la misma al particular. Al caso, resulta pertinente transcribir los numerales 68 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y 468, de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, que señalan: "Artículo 68. Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Artículo 468. Las notificaciones que efectúen los agentes al momento inmediato a la comisión de alguna infracción a las disposiciones de la Ley y este Reglamento, se realizaran mediante la entrega de la boleta de infracción en la que se recabará la firma y nombre del infractor. Si la persona con quien se entiende la diligencia se niega a proporcionar su nombre o a firmar, se hará constar en la boleta relativa, sin que ello afecte su validez." De las normas transcritas se aprecia que tratándose de infracciones, la entrega de la boleta o acta de acta de infracción es el acto mediante el cual se comunica ésta al particular que la cometió. La cual, hace la función de una notificación, y que surte efectos de manera inmediata, esto es, al momento de su comisión. En ese contexto se puede concluir que el quejoso tuvo conocimiento de la infracción que le fue impuesta al momento en que le entregaron la boleta respectiva, a partir del cual, surtió efectos dicha notificación, esto es, el dos de abril del año en curso. Así, al haberse ostentado sabedor del acto reclamado desde el propio día dos de abril del año en curso, el cual fue inhábil con motivo de la semana mayor, resulta inconcuso que el plazo para presentar su demanda de amparo empezó a contar el día siguiente hábil, que lo fue el cinco de mes y año que transcurren. Lo anterior, porque si bien, para la responsable fue hábil el día en que surtió sus efectos la notificación del acto reclamado, entonces, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda empieza a correr a partir del día hábil siguiente, sin que obste la circunstancia de que ese día haya sido declarado inhábil para los Juzgados de Distrito, pues en esa fecha aún no empezaba a correr el plazo para su presentación y no hay motivo para que éste se incluya en el cómputo para su presentación como día inhábil; luego entonces, el plazo para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió del cinco al veintitrés de abril del año en curso, sin que se computen además los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del mes y año en comento, por ser días sábado y domingo, los cuales son inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3187, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, con el rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI PARA LA RESPONSABLE FUE HÁBIL EL DÍA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, ENTONCES, EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN INICIA A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, SIN QUE OBSTE QUE ESE DÍA HAYA SIDO DECLARADO INHÁBIL PARA LOS JUZGADOS DE DISTRITO. Si conforme a la ley que rige al acto reclamado éste surte sus efectos al día siguiente en que la notificación es practicada, entonces, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo indirecto inicia a partir del siguiente a aquél. Ahora bien, la circunstancia de que haya sido declarado un día como inhábil para los Jueces de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, ello no trasciende en el cómputo para la presentación de la demanda de amparo ante aquéllos, pues en esa fecha, aún no empezaba a correr el plazo para su presentación, dado que se encontraba surtiendo efectos ante la responsable la notificación del acto reclamado. Es aplicable a contrario sensu, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2003-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 243, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.", de lo que se sigue que si bien en el amparo directo se excluyen del cómputo los días en que la responsable haya suspendido sus labores, pues es a ésta a quien le corresponde recibir la demanda de amparo, al tenor del artículo 176 de la Ley de Amparo, ello no acontece en el caso de la demanda de amparo indirecto que se presenta ante el propio Juez de Distrito, en donde únicamente se excluyen los días en que éstos no laboren, aunque para la responsable haya sido hábil. Ciertamente, en el juicio de amparo indirecto, la demanda relativa se presenta ante el Juez de Distrito que conocerá de ésta; de manera que si durante el tiempo en que está transcurriendo el plazo para su presentación se declara como inhábil uno de los días comprendidos dentro de ese lapso, entonces no podrá incluirse en dicho cómputo ese día que resulta inhábil para quien debe recibir la demanda, aunque para la responsable haya sido hábil. Bajo esa lógica, si el día en que surte efectos la notificación del acto que se reclama, es declarado inhábil por los Juzgados de Distrito, ello en nada trasciende para efectos del cómputo relativo a la presentación de la demanda de amparo, pues el artículo 18 de la citada ley es claro al disponer que el plazo para su presentación se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Por consiguiente, si para la responsable fue hábil el día en que surtió sus efectos la notificación del acto reclamado, entonces, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda empieza a correr a partir del día hábil siguiente, sin que obste la circunstancia de que ese día haya sido declarado inhábil para los Juzgados de Distrito, pues en esa fecha aún no empezaba a correr el plazo para su presentación y no hay motivo para que éste se incluya en el cómputo para su presentación como día inhábil. En este tenor, la parte quejosa dejó correr sin aprovechar el plazo de quince días que en su favor prevé el precitado numeral 17 de la Ley de Amparo, para plantear esta demanda de amparo, en contra de un acto administrativo, que no se encuentra en alguno de los casos de exclusión que establece el arábigo citado. Desde luego no encuadra en ninguno de los casos especiales que dispone el artículo 17 de la ley de la materia, por lo que la demanda de amparo que ahora ocupa nuestro estudio debió promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir de que se actualizó alguno de los supuestos que dispone el citado arábigo, a saber, desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos, como a continuación se transcribe: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo'. En ese orden, al ser un acto administrativo, no se encuentra en el caso de exclusión de limitación del plazo que establece el numeral en cita, porque el acto reclamado no se trata de una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición; ni es de naturaleza penal; ni se priva a la quejosa de sus derechos agrarios y tampoco reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sentido que debe hacerse extensivo respecto de la expedición del acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad Sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-COV-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintitrés de abril de dos mil veinte, y del diverso acuerdo SSY 06/2020, que modifica el antes señalado, mismo que contiene el artículo que le fue aplicado en la boleta de infracción, en concreto el párrafo primero del inciso c), de la fracción IV, del artículo 2, del acuerdo SSY 06/2020. Ello es así, pues al resultar improcedente la demanda respecto del acto señalado como el primero de aplicación de los preceptos legales tildados inconstitucionales; por ende, se decreta también la improcedencia del juicio de amparo por las normas que pretende tildar de inconstitucionales, pues no se reclaman por sí mismas, sino que dependen del acto aplicable; esto es así, pues no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia del Pleno, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Primera Parte, Página: 251, con el siguiente rubro y texto: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Por tanto, se concluye que su presentación resulta ser extemporánea, por ello, con fundamento en el artículo 113, del aludido ordenamiento, se impone desechar la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. No obstante lo anterior, en cuanto a la solicitud que menciona en su escrito aclaratorio de mérito, dígasele al ocursante que se accede a su petición, para el efecto de que con el nombre de usuario "pku32281", pueda consultar el expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, en relación con el artículo 3 de la ley de la materia. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario "pku32281", en el presente juicio de amparo. Asimismo, aun y cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación vía correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante la dirección de correo electrónico que indicó en la boleta adjunta a su demanda de amparo, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano