Patricia Victoria Cruz González
Expediente 1366/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Patricia Victoria Cruz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 6.Villahermosa, Tabasco, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista; la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de octubre del año en curso, en la que en el primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase a la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, la copia certificada el expediente 178/2019, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo .
- Principal
MESA 6.RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Patricia Victoria Cruz González, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
MESA 6.Villahermosa, Tabasco, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco rinde su informe justificado y remite un tomo de pruebas en copia certificada correspondientes al expediente 178/2019, constante de ciento ochenta fojas; por lo que con su contenido se da vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias referidas en el párrafo anterior, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de cinco de septiembre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones, hasta en tanto el informe justificado obrara en autos y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Finalmente, debido a la voluminosidad de las constancias remitida por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Visto; el escrito aclaratorio de demanda de cuenta, se tiene a Patricia Victoria Cruz González, desahogando la prevención formulada en proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; esto es, precisa que los actos que reclama ante esta instancia constitucional son: 1) La omisión de la autoridad responsable de requerir el pago de la pensión provisional fijada al hoy tercero interesado, mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso, dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil de Preferencia de Guarda y Custodia número 178/2019, y 2) La negativa del Juzgado señalado como responsable, de señalar fecha y hora hábil a fin de que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia previa y de conciliación. Asimismo, refiere la fecha en que tuvo conocimiento de dichos actos. En consecuencia a lo anterior, téngase a la promovente de mérito, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, respecto al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado responsable, también señalada por la parte quejosa como autoridad responsable, debe decirse que al mismo no le reviste tal carácter, ya que si bien es cierto, que entre las funciones de éste se encuentra la de autorizar como fedatario las resoluciones dictadas por dicho Juzgado; empero dicha función no implica que resuelva conjuntamente con aquél quien es el único responsable de sus fallos; por lo cual debe desecharse la demanda respecto de esta autoridad. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 103, de la Ley de Amparo; al caso es aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia número 1006, visible en la página 692, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado en el presente asunto a: José Santiago Guzmán López, por conducto de su apoderado legal, quien tiene su domicilio ubicado en avenida Gregorio Méndez Magaña, número 2410, colonia José Colomo, Código Postal 86100, Villahermosa, Tabasco (oficinas de la Defensoría Pública adscrita al Juzgado Familiar). Por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo al presente juicio de amparo; por conducto de la Actuaria de este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, y le haga saber que en caso de que lo estime conveniente se apersone al presente juicio, a hacer valer sus derechos; así también, le informe la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, señalada en líneas anteriores. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito, ofreciendo como pruebas en el presente asunto las documentales en originales y copia simple que anexó a su escrito de cuenta, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana; probanzas que se tienen admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto de la instrumental de actuaciones consistente en las constancias que integran el expediente 178/2019 relativo al Juicio Ordinario Civil de Preferencia de Guarda y Custodia, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obren en autos las mismas. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. . De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo.
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