Patricia Sánchez Romero
Expediente 1835/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1835/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Patricia Sánchez Romero
- Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA III.- NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Incidental
MESA III.- TODA VEZ QUE EN EL JUICIO PRINCIPAL DEL QUE DERIVA ESTE INCIDENTE, SE DECLARÓ CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, Y SE ORDENÓ SU ARCHIVO, DE IGUAL MANERA, ARCHÍVESE EL PRESENTE INCIDENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA III.- NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
MESA III.- VISTA, LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, PARA QUE DESAHOGARA LA VISTA ORDENADA EN AUTO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS (FOJA 294). ASIMISMO, QUE EN PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SE TUVO POR RECIBIDO EL ESCRITO A TRAVÉS EL CUAL LA PARTE QUEJOSA HACE DIVERSAS MANIFESTACIONES EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDE DAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL CUAL SERÁ TOMADO EN CONSIDERACIÓN EN LA PRESENTE DETERMINACIÓN. Y POR TANTO, LA SUSCRITA RESOLVERÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR CON BASE EN LOS ELEMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE PARA ELLO, EN PRINCIPIO, ES PERTINENTE PRECISAR QUE, EN APOYO AL DICTADO DE LA SENTENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN SU PRIMER RESOLUTIVO DETERMINÓ CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PARTE QUEJOSA PATRICIA SÁNCHEZ ROMERO, CONTRA DEL ACTO QUE RECLAMÓ DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, PARA LOS SIGUIENTES EFECTOS (FOJAS 185 A 1982): POR AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS (FOLIO 264 Y 265), SE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA Y SE REQUIRIÓ A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, PARA QUE DIERA CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PATRICIA SÁNCHEZ ROMERO. ASIMISMO, MEDIANTE OFICIO SGCJ/9JE/652/2016, RECIBIDO EL DIECIOCHO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, REMITIÓ COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EMITIDO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 171/2014, DE SU ÍNDICE, EN EL CUAL EN SU PRIMER RESOLUTIVO DEJÓ INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADA EN CONTRA DE LA AQUÍ QUEJOSA PATRICIA SÁNCHEZ ROMERO; Y EN SU TERCER RESOLUTIVO, DECLARÓ FUNDADA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA A LA INVESTIGADA DE MÉRITO, EN SU CALIDAD DE JUEZ PENAL DE NACAJUCA, TABASCO, POR LA FALTA OFICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y EN SU RESOLUTIVO CUARTO, IMPUSO A LA CITADA IMPETRANTE DE GARANTÍAS LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DE OCHO DÍAS DE SUSPENSIÓN DE SUS LABORES SIN GOCE DE SUELDO (FOJAS 269 A 293). AHORA BIEN, ESTA JUZGADORA, ESTIMA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. EN PRETENDIDO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, JUSTIFICÓ QUE EN LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 171/2014, LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, DETERMINARON: A) DEJAR INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADA EN CONTRA DE LA AQUÍ QUEJOSA PATRICIA SÁNCHEZ ROMERO; B) DECLARARON FUNDADA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA A LA INVESTIGADA DE MÉRITO, EN SU CALIDAD DE JUEZ PENAL DE NACAJUCA, TABASCO, POR LA FALTA OFICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y C) LE IMPUSIERON A LA CITADA IMPETRANTE DE GARANTÍAS LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DE OCHO DÍAS DE SUSPENSIÓN DE SUS LABORES SIN GOCE DE SUELDO. SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA REFERIDA RESOLUCIÓN SE ADVIERTE QUE NO SE AJUSTA A LO DETERMINADO EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, ANTERIORMENTE TRASCRITO, EN EL CUAL EN LO MEDULAR FUE OBJETO DE ANÁLISIS LA ACTUACIÓN DE LA QUEJOSA EN RESOLUCIÓN QUE A SU VEZ FUE OBJETO DE ANÁLISIS EN LA DETERMINACIÓN QUE RESOLVIÓ LA QUEJA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 171/2014. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE LA SENTENCIA DE AMPARO SE DESTACÓ, QUE DEL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR A FAVOR DE CÁNDIDO ALVARADO DE LA CRUZ EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 110, 112 EN RELACIÓN AL 123, FRACCIONES I Y IV DEL CÓDIGO PENAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TABASCO, SE DESPRENDE QUE LA JUEZA AQUÍ QUEJOSA ANALIZÓ Y VALORÓ LAS PRUEBAS TESTIMONIALES, LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE CÁNDIDO ALVARADO DE LA CRUZ, LA INSPECCIÓN MINISTERIAL CON CARÁCTER DE RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, Y RESOLVIÓ EN DICHO SENTIDO REALIZANDO LA INTERPRETACIÓN A LA CUAL CONCLUYÓ EN EJERCICIO DE SU LABOR JURISDICCIONAL. POR LO CUAL ERA FUNDADO EL MOTIVO DE DISENSO DE LA IMPETRANTE, RESPECTO A QUE EN LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO EL CONSEJO RESPONSABLE INVOLUCRÓ UN PRONUNCIAMIENTO DE INTERPRETACIÓN Y, CON ELLO, SE VULNERÓ EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA QUE TODO JUZGADOR DEBE TENER; AL INVOLUCRAR CUESTIONES -INTERPRETACIÓN- QUE PUDIERAN IMPORTAR UNA INTROMISIÓN EN LA AUTONOMÍA JURISDICCIONAL DE LA JUEZA PENAL SANCIONADA. SIN EMBARGO, EN LA RESOLUCIÓN QUE SE ANALIZA, SE ADVIERTE QUE EL CONSEJO RESPONSABLE EN SUS CONSIDERACIONES QUE HIZO PARA APOYAR SU CONCLUSIÓN EN LA CUAL DECLARÓ FUNDADA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA A LA QUEJOSA EN SU CALIDAD DE JUEZA PENAL DE NACAJUCA, TABASCO, POR LA FALTA OFICIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 110, FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, Y A SU VEZ, LE IMPUSO UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA CONSISTENTE EN OCHO DÍAS DE SUSPENSIÓN DE SUS LABORES SIN GOCE DE SUELDO, DETERMINÓ PRINCIPALMENTE QUE LA INVESTIGADA APLICÓ INDEBIDAMENTE EL PRECEPTO LEGAL 174 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, AL DECRETAR LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR A FAVOR DE CÁNDIDO ALVARADO DE LA CRUZ, POR DETERMINAR QUE HASTA ESA ETAPA INCIPIENTE, NO EXISTÍA PRUEBA ALGUNA QUE LE PERMITIERA TENER POR JUSTIFICADA LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL DEL INCOADO; ADEMÁS, PORQUE LA ALUDIDA DETERMINACIÓN FUE REVOCADA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, DE LO QUE A CONSIDERACIÓN DE LA RESPONSABLE SE EVIDENCIA LA REFERIDA FALTA OFICIAL. SIENDO, QUE CON LOS REFERIDOS ARGUMENTOS LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DEL FALLO PROTECTOR; EN EL CUAL RESULTÓ FUNDADO EL MOTIVO DE DISENSO DE LA IMPETRANTE DEL AMPARO, EN EL CUAL SE CONSIDERÓ QUE LA QUEJOSA REALIZÓ LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS PRUEBAS CON LAS CUALES APOYÓ SU DETERMINACIÓN, POR LO QUE EL CONSEJO RESPONSABLE, EN SU DETERMINACIÓN VULNERÓ EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA QUE TODO JUZGADOR DEBE TENER; AL INVOLUCRAR CUESTIONES -INTERPRETACIÓN- QUE PUDIERAN IMPORTAR UNA INTROMISIÓN EN LA AUTONOMÍA JURISDICCIONAL DE LA JUEZA PENAL SANCIONADA. ES EVIDENTE QUE CON LA REFERIDA CONSIDERACIÓN EL CONSEJO RESPONSABLE NUEVAMENTE INVOLUCRA CUESTIONES DE INTERPRETACIÓN, Y COMO YA SE DIJO EN LA SENTENCIA DE AMPARO QUEDÓ ESTABLECIDO QUE ELLO VIOLA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LA QUEJOSA EN SU EJERCICIO JURISDICCIONAL. CONSIDERAR LO CONTRARIO, IMPLICARÍA OTRO ANÁLISIS DE LA LITIS PROPUESTA, ASPECTO QUE ES UNA FACULTAD DEL JUEZ EN EJERCICIO, PRECISAMENTE, DE SU ARBITRIO JUDICIAL, Y LIMITAR EL ACCESO DE LAS PARTES A LOS DIVERSOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN REGULADOS EN LAS LEYES ADJETIVAS; LO QUE EN EL PRESENTE CASO FUE MATERIA DEL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 192 Y 193 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, AL EN QUE QUEDE NOTIFICADO DE ESTE ACUERDO, CUMPLA CON EL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA, DEBIENDO DENTRO DEL MISMO LAPSO INFORMAR A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE LAS MEDIDAS DECRETADAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE MÉRITO, REMITIENDO LAS CONSTANCIAS CERTIFICADAS RELATIVAS POR DUPLICADO A EFECTO DE CORRERLE TRASLADO CON UNA DE ELLAS A LA PARTE QUEJOSA; TODA VEZ QUE DICHAS CONSTANCIAS RESULTAN NECESARIAS PARA QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SE PRONUNCIE SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR OTORGADO. CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO ASÍ DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO SE LE IMPONDRÁ A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO QUE INTEGRA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, UNA MULTA DE 100 (CIEN) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, POR EL EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS); LA QUE RESULTA DE MULTIPLICAR POR CIEN LA CANTIDAD DE $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS), VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE DETERMINÓ EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, MEDIANTE DECRETO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL VEINTIOCHO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, AL TENOR DE LA PARTE CONDUCENTE DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 258 DE LA LEY DE AMPARO, Y SE PROCEDERÁ DE OFICIO A INICIAR EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, Y SE REMITIRÁN LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, EN TURNO, PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN XVI, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUDIENDO CONCLUIR CON SU INMEDIATA SEPARACIÓN DEL CARGO Y CONSIGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE PROCESOS FEDERALES POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. TIENE APLICACIÓN AL CASO, LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 36/2014 (10A.), SUSTENTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LIBRO 9, AGOSTO DE 2014, TOMO I, PÁGINA 359, DÉCIMA ÉPOCA, REGISTRO 2007288, DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTE: FINALMENTE, EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES QUE HACE LA PARTE QUEJOSA EN SU OCURSO DE CUENTA, DÍGASELE QUE DEBERÁ ESTARSE A LO ACORDADO EN PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN.
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