Patricia Sánchez López

Expediente 905/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
905/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Otoniel Martínez Olán
  • Patricia Sánchez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por los quejosos Patricia Sánchez López, Gabriel Antonio Sánchez Sánchez, Remedios Sánchez Ovando, Juan Jesús Jiménez López y Otoniel Martínez Olan; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, así como la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 905/2020-2, promovido por Patricia Sánchez López, Gabriel Antonio Sánchez Sánchez, Remedios Sánchez Ovando, Juan Jesús Jiménez López y Otoniel Martínez Olan, contra actos del coordinador Estatal de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecinueve de octubre de dos mil veinte, se recibió la presente demanda, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común el mismo día y turnada a este órgano jurisdiccional el veinte siguiente, Patricia Sánchez López, Gabriel Antonio Sánchez Sánchez, Remedios Sánchez Ovando, Juan Jesús Jiménez López y Otoniel Martínez Olan solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "La omisión de censar y realizar un recorrido oportuno en cada uno de los hogares de los suscritos (PATRICIA SANCHEZ LOPEZ, GABRIEL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ, REMEDIOS SANCHEZ OVANDO, JUAN JESUS JIMENEZ LOPEZ y OTONIEL MARTINEZ OLAN) con el objeto de verificar las afectaciones que provocó el desborde del arroyo Venegas ubicado en Calle Carlos A. Madrazo Barrio Santa Ana del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco con motivo de las intensas lluvias a las que hizo referencia la declaración de estado de emergencia por parte de la Secretaria de seguridad y protección ciudadana Federal. La omisión de enlistar a los suscritos como damnificados en el programa federal de ayuda económica aplicado a los Municipios de Jalpa de Méndez, Nacajuca y Cunduacán que fue activo a consecuencia de la declaración de emergencia en estos Municipios por las inundaciones y afectaciones del frente frío número 4 y 5. o La omisión de realizar una visita personalizada en el domicilio de los suscritos para registrar y comprobar el alto riesgo en el que se encuentran los quejosos al vivir en una zona baja y al margen del arroyo Venegas ubicado en la calle Carlos A. Madrazo Barrio Santa Ana del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. El acto discriminatorio de otorgar $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo y de forma directa en favor de las familias de sólo un sector de la población que rodea el domicilio del Presidente Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco (el cual está ubicado en la zona norte del Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, donde se encuentra la laguna de pomposu y poblado Santa María). o La omisión de pagar el monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) en favor de los suscritos que corresponde a un programa federal de ayuda económica que el Gobierno Federal puso a disposición del personal de la secretaria de bienestar federal en el Estado de Tabasco, y que se entregaría directamente en mano de los suscritos a través de un folio junto a una orden pago. La falta de entrega de recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de los suscritos que el Gobierno Federal puso disposición de la COORDINADOR ESTATAL DE PROGRAMAS SOCIALES y/o DELEGACION DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR FEDERAL EN ELESTADO DE TABASCO. La retención de entrega de recursos para atender las necesidades alimentarias, de abrigo y salud de los suscritos que el Gobierno Federal puso a disposición de la secretaria del bienestar. o La falta de apoyo a la vivienda por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos) correspondiente al programa federal de (apoyo a la vivienda) que se encuentra a disposición de la secretaria de bienestar por orden del titular del poder ejecutivo federal, con el objeto de mejorar los hogares de los suscritos y protegernos de inundaciones y de lluvias intensas en temporada de huracanes." [sic] A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "CAPITAN CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS COORDINADOR ESTATAL DE PROGRAMAS SOCIALES y/o DELEGADO DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO y/o DELEGADO ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN TABASCO (.) JAVIER MAY RODRIGUEZ (SECRETARIO DE BIENESTAR DE MÉXICO Y/O TITULAR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR) (.) LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (Titular del Poder Ejecutivo Federal y Presidente de la República Mexicana) (.)" [sic] SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiuno de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 905/2020-2 y se previno a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de cada una de las autoridades, el acto que le atribuía a cada una y manifestaran si la negativa de recibir el escrito de petición también constituía uno de sus actos reclamados; de conformidad con lo previsto por los artículos 108 fracciones III, IV y V y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo. Mediante escrito aclaratorio presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa indicó que señalaba únicamente al coordinador estatal de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar y al secretario de Bienestar de México. Asimismo, aclaró que los actos reclamados a las autoridades eran los siguientes: "Del Capitán Carlos Manuel Merino Campos, Coordinador Estatal de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar: a).- La omisión de censar y realizar un recorrido en cada uno de los hogares de los promoventes, con el objeto de verificar las afectaciones provocadas por el desborde del arroyo Venegas, ubicado en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con motivo de las intensas lluvias a las que hace referencia la declaración de estado de emergencia por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadada Federal. b).- La omisión de enlistar a los promoventes como damnificados en el programa federal de ayuda económica aplicado a los Municipios de Jalpa de Méndez, Nacajuca y Cunduacán, activado a consecuencia de la declaración de emergencia. c).- La omisión de realizar visita personalizada en el domicilio de los promoventes para registrar y comprobar el alto riesgo en el que se encuentran al vivir en una zona baja y al margen del arroyo Venegas ubicado en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. d).- El acto discriminatorio de otorgar $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional) en efectivo y de forma directa en favor de las familias de sólo un sector de la población que rodea el domicilio del Presidente Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco (el cual está ubicado en la zona norte del Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, donde se encuentra la laguna de pomposu y poblado Santa María). e).- La omisión de pagar el monto de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional) que el Gobierno Federal puso a disposición del personal de la Secretaria de Bienestar Federal en el Estado de Tabasco, y que se entregaría directamente a través de un folio junto a una orden pago. f).- La retención de entrega de recursos para atender las necesidades alimentarias, de abrigo y salud que el Gobierno Federal puso a disposición de la Secretaria del Bienestar. g).- La negativa de recibir el escrito de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Del Secretario de Bienestar de México Javier May Rodríguez, reclama lo siguiente: a).- La omisión de pagar el monto de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional) que el Gobierno Federal puso a disposición del personal de la Secretaria de Bienestar Federal en el Estado de Tabasco y que se entregaría directamente a través de un folio junto a una orden pago. b).- La falta de entrega de recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de los promoventes que el Gobierno Federal puso disposición del Coordinador Estatal de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar. c).- La retención de entrega de recursos para atender las necesidades alimentarias, de abrigo y salud que el Gobierno Federal puso a disposición de la Secretaria de Bienestar. d).- La falta de apoyo a la vivienda por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos) correspondiente al programa federal que se encuentra a disposición de la Secretaria de Bienestar, con el objeto de mejorar los hogares y protegerlos de inundaciones y de lluvias intensas en temporada de huracanes." Por lo anterior, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de censar y enlistar a los quejosos como damnificados en el programa federal de ayuda económica, activado como consecuencia de la declaración de emergencia; y, en consecuencia, el pago de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) en efectivo, por resultar afectados. La omisión de otorgar a los quejosos la suma de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al programa federal de "Programa de Apoyo a la Vivienda". La negativa de recibir el escrito de dieciséis de octubre de dos mil veinte. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Tabasco y directora de Procesos y Amparos, de la Secretaría de Bienestar, en representación de la referida Secretaría, al rendir su informe justificado negaron el acto reclamado consistente en la omisión de otorgar a los quejosos la suma de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al programa federal de Apoyo a la Vivienda. Ahora bien, en la página web oficial del Gobierno de México, la cual es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, se advierte que con el "Programa de Apoyo a la Vivienda", se otorgan subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial e ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios en la vivienda, y para que se otorgue el subsidio los solicitantes deben acudir a las oficinas del gobierno estatal o municipal, donde les darán más información y les proporcionaran el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), para que lo llenen y firmen; asimismo, deberán presentar el original para el cotejo y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre otros documentos, se trae la captura de la referida página para mejor referencia: Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia XX.2o. J/24, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, enero 2009, página 2470, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese sentido, el acto reclamado omisión de otorgar a los quejosos la suma de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al programa federal de Apoyo a la Vivienda, es inexistente porque los quejosos no han realizado el registro para el subsidio, ya que para considerar existente su acto debía demostrar que ya formuló la solicitud para ingresar al referido programa. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . Asimismo, el acto reclamado consistente en la negativa de recibir el escrito de dieciséis de octubre de dos mil veinte, es inexistente porque la parte quejosa manifiesta dicha negativa; sin embargo la autoridad responsable en su informe justificado narró: "(.) Por último, con lo que respecta al inciso g), es de hacer ver a esta autoridad que el acto que reclama, consistente en la negativa de recibir el escrito de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se indica que si bien es cierto, nos encontramos en una etapa de contingencia, también es que en las oficinas de la Secretaría de Bienestar se encuentra laborando con poco personal, realizando las actividades esenciales necesarias, en apego a las medidas de higiene y seguridad contempladas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, sin dar la atención acostumbrada a los beneficiarios para evitar el conglomerado de personas y a sus vez la esparsión y contagio del COVID-19, pero ello no implica que no se encuentre la Secretaría de Bienestar recibiendo diversos oficios o documentos, además de que se encuentran disponibles los medios electrónicos como lo son los correos electrónicos, y páginas Web de la Secretaria de Bienestar, en el cual la ciudadanía pueden realizar sus trámites respectivos, así como también la atención que se sigue brindando de manera telefónica de los números oficiales institucionales, y que de igual forma para el caso de que hubiese requerido alguna información, lo puede realizar ante el Área de Atención Ciudadana, por escrito y/o vía telefónica, a través de los teléfonos: 5141-7972 o 5141-7974, o al correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx, o acudir directamente al domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma No. 116, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México, o a través de los Módulos de Atención de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo." Y, en ese sentido, la carga de probar que intentó presentar el escrito vía correo electrónico, en la página Web de la Secretaría de Bienestar, vía telefónica, o bien, en los módulos de atención de las delegaciones de programas para el desarrollo, era de la parte quejosa; y no solo su dicho de bajo protesta de decir verdad. Sobre el particular, es aplicable la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por otra parte, las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les reclaman consistentes en omisión de censar y enlistar a los quejosos como damnificados en el programa federal de ayuda económica, activado como consecuencia de la declaración de emergencia; y, en consecuencia, el pago de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) en efectivo, por resultar afectados. Ahora bien, la inexistencia del acto reclamado se comprueba en virtud de las siguientes consideraciones. En contexto, el catorce de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Declaratoria de Emergencia por la presencia de lluvia severa el 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020 e inundación pluvial del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020 en 3 municipios; por lluvia severa del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020 e inundación fluvial e inundación pluvial del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020 en 1 municipio e inundación fluvial del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020 en 4 municipios, todos del Estado de Tabasco", misma que se expidió para que el estado de Tabasco pudiera acceder a los recursos del Fondo de Atención de Emergencias (FONDEN); la que se trae a la vista para mayor referencia: Del anterior documento se desprende que mediante oficio GU/DGUI/53/2020, de cuatro de octubre de dos mil veinte, el Gobernador Adán Augusto López Hernández, solicitó a la Coordinación de Protección Civil (CNPC) la emisión de la Declaratoria de Emergencia para diversos municipios -incluido el municipio de Jalpa de Méndez, por la presencia del frente frío cuatro y cinco que se presentó del veintiocho de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veinte, para acceder a los recursos del Fondo para la atención de Emergencias (FONDEN). Asimismo, el seis de octubre de dos mil veinte se emitió el Boletín de Prensa BDE-12-2020, mediante el cual se dio a conocer que la Coordinación de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa del treinta de septiembre al dos de octubre de dos mil veinte e inundación pluvial de veintiocho de septiembre al cuatro de octubre de dos mil veinte, para los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca; por lo que se activaron los recursos del referido fondo y a partir de esa declaratoria las autoridades contarían con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada. Al respecto, en el artículo 3 de la referida Declaratorio se observa que la determinación de apoyos se haría en términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud. Luego, en el comunicado 070, en la página oficial de la Secretaría de Bienestar Federal se anunció el inicio de la entrega de apoyos para damnificados de Tabasco, el cual sería de inmediato y sin intermediarios; y se destacó que después de la reunión entre el presidente de la República, el secretario de bienestar y el gobernador de Tabasco, el primero de los señalados subrayó que todos los afectados tendrían apoyo. Asimismo, que el secretario de Bienestar May Rodríguez indicó que con los apoyos económicos se ayudaría a la población en la recuperación de lo perdido en las inundaciones y que se estaba haciendo en coordinación con el gobernador de Tabasco, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano y el delegado estatal de Programas para el desarrollo; además de precisar que el censo se levantaría con la participación de los servidores de la nación, técnicos sociales del programa Sembrando Vida, el Ejército Mexicano y un equipo asignado por el gobierno del estado, quienes harían recorridos por las viviendas; informe que se trae a la vista: Por su parte, el siete de octubre de dos mil veinte, el gobierno del estado de Tabasco informó la evaluación del programa de apoyo emergente para los afectados por las inundaciones, mismo que, en presencia del delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Tabasco, se determinó que, conforme a las instrucciones del presidente de México, se levantaría un censo de las personas afectadas a fin de que los apoyos llegaran a las familias que verdaderamente lo necesitaban y sin intermediarios; tal como se aprecia a continuación: Luego, el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, la Secretaría de Bienestar del gobierno Federal, informó que se llevaría a cabo el censo de viviendas para damnificados el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, misma que se realizaría en mil trescientas noventa y seis localidades de los diecisiete municipios de la entidad, la que se realizaría sin intermediarios y en cada vivienda censada se colocaría una calcomanía con código de barras. Asimismo, detalló que habría dos apoyos para los damnificados: uno por ocho mil pesos para las labores de limpieza, desazolve, pintura y sanitización de las viviendas, mismo que se otorgaría a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mientras que el segundo consistiría en un vale canjeable por enseres domésticos vía la Secretaría de Bienestar. Y, el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, la Secretaría de Bienestar del gobierno Federal, mediante el comunicado 098, se informó que el veintinueve de noviembre de dos mil veinte se continuaría el censo de viviendas afectadas por inundaciones en Tabasco en treinta y un localidades de nueve municipios, de entre las cuales se incluyó al Ejido de Santa Ana, en el municipio de Jalpa de Méndez; lo que se trae a la vista para mejor referencia: Luego, el doce de diciembre de dos mil veinte, la Secretaría de Bienestar del gobierno Federal, señaló las fechas, horarios y sedes para que los damnificados recibieran el apoyo consistente en diez mil pesos para limpieza a doscientas mil viviendas afectadas y, posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional realizaría la entrega de enseres; lo cual se podía consultar en la página Web de la Secretaría de Bienestar en: www.gob.mx/bienestar/apoyotabasco y, en las redes sociales de la referida Secretaría, y en la línea de bienestar 800-639-42-64, lo que también se trae a la vista: En ese sentido, se confirma la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión de censar y enlistar a los quejosos como damnificados en el programa federal de ayuda económica, activado como consecuencia de la declaración de emergencia; y, en consecuencia, el pago de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) en efectivo, por resultar afectados, porque la demanda de amparo se presentó el diecinueve de octubre de dos mil veinte, fecha en la que no se había llevado a cabo el censo en el Ejido de Santa Ana, en el municipio de Jalpa de Méndez -en la que refieren que se encuentra su domicilio-, pues el censo en esta comunidad se llevó a cabo hasta el veintinueve de noviembre de dos mil veinte, como se advierte de las paginas de la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, mismas que se tratan de un hecho notorio como se indicó con anterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de criterio la tesis siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. - Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Sin que pase por desapercibido para este juzgador las copias fotostáticas de la credencial de elector de cada uno de los quejosos y las ocho fotografías; sin embargo, dichas documentales resultan insuficientes, ya que sólo generan un indicio, por no encontrarse robustecidas con algún medio de prueba; por tanto, se les niega eficacia probatoria, ya que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que por el efecto de su fotocopiado permita reflejar la existencia irreal del documento que se pretende hacer aparecer. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 193, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, Tomo VI, Materia Común, con número de Registro 394149, Octava Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Asimismo, con la constancia de afectación por lluvia que firmó el Delegado Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, en la que asentó que los quejosos fueron directamente afectados con las inundaciones provocadas por el frente frío número cuatro y cinco, al desbordarse el arroyo Venegas situado en la parte posterior de sus domicilios, sólo se acreditó que los quejosos pertenecen al referido municipio de Jalpa de Méndez, pero no se acredita que a la fecha de la presentación de la demanda ya se había realizado algún censo en la comunidad de Ejido de Santa Ana, o incluso en el propio municipio de Jalpa de Méndez. Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Patricia Sánchez López, Gabriel Antonio Sánchez Sánchez, Remedios Sánchez Ovando, Juan Jesús Jiménez López y Otoniel Martínez Olan, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el resultando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora de Procesos y Amparos de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; al que adjuntó copia digitalizada del oficio BIE/DGAGP/DGACPAGP/2808.2020, de once de diciembre de dos mil veinte; así como oficio 510.E.-612, folio 12564, de doce de febrero de dos mil veintiuno, en alcance al oficio 510.E.-598, relativo al informe justificado que se provee; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias precitadas, de las que se harán relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Guadalupe Mayorga Solís, quien autoriza y da fe.

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