Patricia Tapia Orozco

Expediente 346/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
346/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Patricia Tapia Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado y la autoridad precisados en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Patricia Tapia Orozco...

  2. Principal

    Audiencia constitucional celebrada

  3. Principal

    ...I. Informe justificado con motivo de la ampliación de demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Respecto las pruebas, domicilio para recibir notificaciones y autorización de delegados que refiere en su escrito, deberá estarse a lo acordado en auto de once de junio pasado. En atención a su solicitud, se autoriza la utilización de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que levante con motivo de las constancias capturadas. II. Autoridad formula alegatos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresa, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. III. Se ordena notificar cambio de titular. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2642/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que el licenciado Jesús Salud Méndez García, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, desempeñará las funciones de Juez de Distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto dicha Comisión lo determine, o el Pleno adscriba Titular a este Juzgado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." IV. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. Ahora, en razón a que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de agosto del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional y, que a esa data no mediarán los ocho días de que disponen las partes para imponerse del informe que antecede conforme al artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO....

  4. Principal

    QUEJOSA PROMUEVE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Agréguese el escrito de cuenta mediante el cual la quejosa amplía su demanda de amparo, respecto de nueva autoridad responsable y acto reclamado. En consecuencia, se provee: SE ADMITE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda promovida por ***, contra actos del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Resulta pertinente precisar que la ampliación de demanda únicamente de admite sobre los postulados del derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), no así sobre la legalidad del oficio donde respondió la solicitud. Fundamenta lo expuesto, las tesis: Época: Décima Época Registro: 2011611 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXI/2016 (10a.) Página: 1374 "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." Registro digital: 2021401 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." Lo anterior, pues si bien conforme con el último criterio citado, cuando el quejoso opta por ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta a su solicitud no es necesario que agote el principio de definitividad, refiere que dicho acto debe analizarse como integrante de la litis constitucional, esto es, el derecho de petición. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5o., fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la ampliación de demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados por no haberlo solicitado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, en razón a que se encuentran señaladas las diez horas con veintiséis minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. TERCERO INTERESADO. Resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable remita su informe justificado.

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