Paula García Ponce
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Paula García Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
León, Guanajuato, nueve de mayo de dos mil veintidós.****************************************Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee:****************************************Autorizada de la parte quejosa solicita se realice pronunciamiento respecto al cumplimiento de fallo protector. **************************************** Téngase por recibido el escrito que remite la autorizada de la parte quejosa, y en atención a lo solicitado, deberá estarse a lo acordado en el auto que antecede, donde este órgano jurisdicciional se pronunció respecto al cumplimiento del fallo protector. ****************************************Notifíquese.*****************************
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, el secretario da cuenta con el estado de autos y con la certificación que antecede. Conste.León, Guanajuato, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, en las que únicamente la parte quejosa realizó manifestaciones; en consecuencia, se analizará de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juzgado Tercero Administrativo Municipal de León, Guanajuato, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente 1734/3erJAM/2018-JN de su índice; y, II. Emita una nueva determinación en la que de manera fundada, motivada y congruente: examine la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus escritos de contestación a la vista otorgada con el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada." En auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de marzo del año actual dictado dentro del proceso administrativo 1734/3erJAM/2018-JN. Con lo anterior se dio vista a las partes. Mediante auto de diecisiete de marzo del año en curso, se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista concedida. Por acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la sentencia y se volvió requerir a la autoridad responsable. En proveído de doce de abril del presente año, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado al fallo protector. Con lo anterior se dio vista a las partes. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Mediante autos de cuatro de marzo y seis de abril del año actual respectivamente, dejó insubsistente el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente 1734/3erJAM/2018-JN de su índice. Emitió una nueva determinación en la que de manera fundada, motivada y congruente: examinó la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus escritos de contestación a la vista otorgada con el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Se acuerda reserva. Por otra parte, del auto dictado el veintiuno de abril del año actual, se reservó acordar lo relativo el escrito que remitió la autorizada de la parte quejosa, hasta en tanto las partes estuvieran debidamente notificadas, circunstancia que ya aconteció, en consecuencia se provee: Téngase por recibidas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa mediante las cuales manifiesta que no se ha dado cabal cumplimiento con la sentencia, no obstante, como se expuso en párrafos que anteceden, la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se determina lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable cumplió con el principio de exhaustividad, pues analizó cada uno de los argumentos vertidos en sus escritos de contestación a la vista que se le dio con el cumplimiento a la sentencia de origen y se le explicó la procedencia de ellos. Para evidencia lo anterior, se ordena traer a cuenta los escritos signados por la quejosa y su autorizada, mediante los cuales realizaron diversas manifestaciones en torno a la vista otorgada en el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno en el expediente de origen; en lo conducente, señalaron: Que los cauces de los ríos y arroyos se modificaban con el tiempo, por el paso de las aguas, lo que debía tomarse en consideración para delimitar el predio de J. Jesús García Sánchez, por lo que debía estarse a lo establecido en el Código Civil para el Estado de Guanajuato respecto a los "Efectos del movimientos de las aguas", que prevén los artículos 906 a 911 de ese ordenamiento; Que el análisis realizado por la autoridad, no se ajustaba a la legalidad, pues tomaba en consideración una escritura pública de compraventa no otorgada por J. Jesús García, por lo que solicitaba que se requiriera a la autoridad demandada, a fin de que ajustara la superficie del predio restante que se desprendía de la escritura pública de origen, restando únicamente dos enajenaciones y no tres; y, a partir de ello, realizara el traslado de dominio solicitado. Que aun si se considerara la escritura donde Pedro Estrada Rivera vendió una superficie de 4,602 metros cuadrados, no debían contabilizar entonces los 2,346 metros cuadrados, que realmente fueron vendidos por el de cujus, pues suponiendo que los tomara en cuenta, el resto del predio era de 5,717 metros cuadrados, no 3,371 como lo refería la demandada. Al respecto, la autoridad responsable acordó: "[.] A mayor abundamiento, no resulta procedente el argumento de la quejosa y su autorizada en el sentido de que no debió considerarse la modificación de los causes de los ríos y arroyos con el tiempo, toda vez que dicha Directora no refiere nada sobre este punto, es decir, no efectúa pronunciamiento alguno sobre si existió o no una modificación del arroyo del Rosario y que por ello delimita el predio propiedad del señor J. Jesús García Sánchez, ya que, y como ya se precisó acorde con sus atribuciones se limita a precisar los alcances de un instrumento técnico como lo es el avalúo número 18070558518652 (uno ocho cero siete cero cinco cinco ocho cinco uno ocho seis cinco dos) y la inconsistencia del mismo, respecto de otros instrumentos jurídicos, como son las escritura que desglosa precisamente, en el documento por el cual da cumplimiento. Ahora bien, y congruente con lo anterior, es que la Directora de Catastro de León, Guanajuato, no debe estar a lo dispuesto por los artículos 906 al 911 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, como así lo refiere la quejosa y su autorizada, toda vez que el punto en cuestión, es un instrumento técnico y los requisitos para tramitar el traslado de dominio solicitado, y NO los efectos del movimientos de las aguas del arroyo del Rosario respecto del predio propiedad del señor J. Jesús García Sánchez.[.] [.]En ese sentido, es de considerar que no le corresponde a las autoridades administrativas municipales y en el caso específico a la Directora de Catastro, determinar, calificar o señalar si dicha escritura derivo de una compraventa ilegal por haberla efectuado una persona distinta al señor J. Jesús García, es decir, no tiene la facultad para decretar la ilegalidad de la escritura pública de compraventa efectuada por el señor Pedro Estrada Rivera, toda vez que para ello existen los órganos judiciales competentes que declaran y constituyen derechos reales (propiedad y posesión), por lo tanto, es ante éstos órganos a los que se debe acudir a fin de que diriman la correspondiente controversia respecto de la compraventa ilegal que refieren, por lo tanto, la Directora de Catastro al precisar que existen inscripciones previas respecto del predio en cuestión, mediante escritura públicas inscritas en el Padrón Catastral, es que se está apegando a verificar requisitos de naturaleza administrativa cumpliendo así con sus funciones y atribuciones. [.] [.] Derivado de lo anterior, es que no puede considerarse como ilegal, desde el punto de vista meramente administrativo, el análisis efectuado por la Directora de Catastro y en consecuencia de ello no se le requiere para que ajuste la superficie como lo solicitan las quejosas ya que en caso de así efectuarlo, se estaría contraviniendo la naturaleza de sus funciones y atribuciones administrativas para pasar a convertirse en un órgano judicial. [.] De lo que se colige que la autoridad responsable, sí dio cabal cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, pues éstos se constriñeron a emitir una nueva determinación en la que de manera fundada, motivada y congruente: examinara la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus escritos de contestación a la vista otorgada con el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, se pronunciara respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho de hacer valer los medios de defensa que considere pertinentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 18, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, por lo que se requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la PARTE QUEJOSA, el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, que en resumen dice: León, Guanajuato, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable con las cuales pretende acreditar la observancia del fallo protector, en las que únicamente la parte quejosa realizó manifestaciones; en consecuencia, se analizará de oficio si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juzgado Tercero Administrativo Municipal de León, Guanajuato, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente 1734/3erJAM/2018-JN de su índice; y, II. Emita una nueva determinación en la que de manera fundada, motivada y congruente: examine la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus escritos de contestación a la vista otorgada con el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada." En auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de marzo del año actual dictado dentro del proceso administrativo 1734/3erJAM/2018-JN. Con lo anterior se dio vista a las partes. Mediante auto de diecisiete de marzo del año en curso, se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista concedida. Por acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplida la sentencia y se volvió requerir a la autoridad responsable. En proveído de doce de abril del presente año, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado al fallo protector. Con lo anterior se dio vista a las partes. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que cumplió con los extremos señalados en este, pues al efecto: Mediante autos de cuatro de marzo y seis de abril del año actual respectivamente, dejó insubsistente el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente 1734/3erJAM/2018-JN de su índice. Emitió una nueva determinación en la que de manera fundada, motivada y congruente: examinó la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus escritos de contestación a la vista otorgada con el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, se pronunció respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada. Se acuerda reserva. Por otra parte, del auto dictado el veintiuno de abril del año actual, se reservó acordar lo relativo el escrito que remitió la autorizada de la parte quejosa, hasta en tanto las partes estuvieran debidamente notificadas, circunstancia que ya aconteció, en consecuencia se provee: Téngase por recibidas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa mediante las cuales manifiesta que no se ha dado cabal cumplimiento con la sentencia, no obstante, como se expuso en párrafos que anteceden, la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se determina lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable cumplió con el principio de exhaustividad, pues analizó cada uno de los argumentos vertidos en sus escritos de contestación a la vista que se le dio con el cumplimiento a la sentencia de origen y se le explicó la procedencia de ellos. Para evidencia lo anterior, se ordena traer a cuenta los escritos signados por la quejosa y su autorizada, mediante los cuales realizaron diversas manifestaciones en torno a la vista otorgada en el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno en el expediente de origen; en lo conducente, señalaron: Que los cauces de los ríos y arroyos se modificaban con el tiempo, por el paso de las aguas, lo que debía tomarse en consideración para delimitar el predio de J. Jesús García Sánchez, por lo que debía estarse a lo establecido en el Código Civil para el Estado de Guanajuato respecto a los "Efectos del movimientos de las aguas", que prevén los artículos 906 a 911 de ese ordenamiento; Que el análisis realizado por la autoridad, no se ajustaba a la legalidad, pues tomaba en consideración una escritura pública de compraventa no otorgada por J. Jesús García, por lo que solicitaba que se requiriera a la autoridad demandada, a fin de que ajustara la superficie del predio restante que se desprendía de la escritura pública de origen, restando únicamente dos enajenaciones y no tres; y, a partir de ello, realizara el traslado de dominio solicitado. Que aun si se considerara la escritura donde Pedro Estrada Rivera vendió una superficie de 4,602 metros cuadrados, no debían contabilizar entonces los 2,346 metros cuadrados, que realmente fueron vendidos por el de cujus, pues suponiendo que los tomara en cuenta, el resto del predio era de 5,717 metros cuadrados, no 3,371 como lo refería la demandada. Al respecto, la autoridad responsable acordó: "[.] A mayor abundamiento, no resulta procedente el argumento de la quejosa y su autorizada en el sentido de que no debió considerarse la modificación de los causes de los ríos y arroyos con el tiempo, toda vez que dicha Directora no refiere nada sobre este punto, es decir, no efectúa pronunciamiento alguno sobre si existió o no una modificación del arroyo del Rosario y que por ello delimita el predio propiedad del señor J. Jesús García Sánchez, ya que, y como ya se precisó acorde con sus atribuciones se limita a precisar los alcances de un instrumento técnico como lo es el avalúo número 18070558518652 (uno ocho cero siete cero cinco cinco ocho cinco uno ocho seis cinco dos) y la inconsistencia del mismo, respecto de otros instrumentos jurídicos, como son las escritura que desglosa precisamente, en el documento por el cual da cumplimiento. Ahora bien, y congruente con lo anterior, es que la Directora de Catastro de León, Guanajuato, no debe estar a lo dispuesto por los artículos 906 al 911 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, como así lo refiere la quejosa y su autorizada, toda vez que el punto en cuestión, es un instrumento técnico y los requisitos para tramitar el traslado de dominio solicitado, y NO los efectos del movimientos de las aguas del arroyo del Rosario respecto del predio propiedad del señor J. Jesús García Sánchez.[.] [.]En ese sentido, es de considerar que no le corresponde a las autoridades administrativas municipales y en el caso específico a la Directora de Catastro, determinar, calificar o señalar si dicha escritura derivo de una compraventa ilegal por haberla efectuado una persona distinta al señor J. Jesús García, es decir, no tiene la facultad para decretar la ilegalidad de la escritura pública de compraventa efectuada por el señor Pedro Estrada Rivera, toda vez que para ello existen los órganos judiciales competentes que declaran y constituyen derechos reales (propiedad y posesión), por lo tanto, es ante éstos órganos a los que se debe acudir a fin de que diriman la correspondiente controversia respecto de la compraventa ilegal que refieren, por lo tanto, la Directora de Catastro al precisar que existen inscripciones previas respecto del predio en cuestión, mediante escritura públicas inscritas en el Padrón Catastral, es que se está apegando a verificar requisitos de naturaleza administrativa cumpliendo así con sus funciones y atribuciones. [.] [.] Derivado de lo anterior, es que no puede considerarse como ilegal, desde el punto de vista meramente administrativo, el análisis efectuado por la Directora de Catastro y en consecuencia de ello no se le requiere para que ajuste la superficie como lo solicitan las quejosas ya que en caso de así efectuarlo, se estaría contraviniendo la naturaleza de sus funciones y atribuciones administrativas para pasar a convertirse en un órgano judicial. [.] De lo que se colige que la autoridad responsable, sí dio cabal cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, pues éstos se constriñeron a emitir una nueva determinación en la que de manera fundada, motivada y congruente: examinara la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus escritos de contestación a la vista otorgada con el cumplimiento de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y, con plenitud de jurisdicción, se pronunciara respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada. Máxime que la parte quejosa tiene expedito su derecho de hacer valer los medios de defensa que considere pertinentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 18, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, por lo que se requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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