Patricia Hernández González
Expediente 646/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Patricia Hernández González
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se solicita a juzgado de Distrito informe el estado procesal del juicio de amparo. De los autos dictados el veintisiete de septiembre y de ocho de noviembre ambos de dos mil veintiuno, veinticuatro de marzo y veinte de mayo del año actual, se advierte que se solicitó al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, para que informara si asumió la competencia declinada por este juzgado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno respecto de la demanda de amparo promovida por José de Jesús Barrón Narvais, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, sin que al día de hoy se encuentre en autos dicho informe. En consecuencia, solicítese comedidamente al citado juzgado se sirva informar a este juzgado si asumió la competencia declinada, para lo cual se acompaña la boleta de turno correspondiente, o en su caso manifieste el impedimento que tenga. Cúmplase.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto, por el quejoso, recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Córrase traslado a los terceros interesados y a la agente del Ministerio Público de la adscripción, con una copia del escrito de expresión de agravios, la que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado y cuyo contenido podrán consultar también a través del expediente electrónico, previa solicitud que realicen para su consulta; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. De igual manera, córrase traslado a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se genere. Asimismo, se reserva la remisión de este expediente al tribunal de alzada hasta en tanto obren las constancias de notificación de la sentencia recurrida y del presente proveído a las partes, atento a lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Amparo... Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, se instruye a la secretaria encargada para que desglose el escrito de expresión de agravios original; deje copia certificada en su lugar y remita sin dilación el cuaderno principal al tribunal colegiado de circuito correspondiente para la sustanciación del recurso...
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la PARTE QUEJOSA, el auto de diez de junio de dos mil veintidós, que en resumen dice: "León, Guanajuato, diez de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 646/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda; se precisa que los actos reclamados son: El auto de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que se exentó María Luisa González Torres -en razón de su relación de parentesco con la oferente, así como de su avanzada edad- para declarar en la prueba testimonial ofrecida por la quejosa, emitido en el juicio sumario civil sobre acciones de arrendamiento inmobiliario 541/2021-C del índice del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato; y La resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la peticionaria contra el auto de dos de mayo del año en curso, citado en el punto que antecede. SE DESECHA LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Patricia Hernández González, contra actos del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. SE DESECHA LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO PRECISADO EN EL INCISO A. (Proveído de dos de mayo de dos mil veintidós). La peticionaria reclama el proveído de dos de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio sumario civil sobre acciones de arrendamiento inmobiliario 541/2021-C del índice del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En ese auto, la autoridad responsable exentó María Luisa González Torres -en razón de su relación de parentesco con la oferente, así como de su avanzada edad- para declarar en la prueba testimonial ofrecida por la quejosa Respecto del acto referido, y precisado en el punto A que antecede, se materializa la causa de inviabilidad prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación, y b) por sustitución. El segundo supuesto se verifica cuando los efectos del acto cesan con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Como se dijo, la quejosa controvierte el auto de dos de mayo de dos mil veintidós en el que la autoridad responsable exentó María Luisa González Torres para declarar en la prueba testimonial ofrecida por la aquí quejosa. Contra tal determinación la peticionaria interpuso recurso de revocación; el que fue resuelto el veinte de mayo de dos mil veintidós, bajo los siguientes puntos resolutivos: "[...] PRIMERO.- Este Tribunal resulto competente para conocer y resolver el presente recurso.--------------- SEGUNDO. Fue improcedente el recurso que se falla en los términos resueltos en el Considerando Tercero de esta Resolución. [.]" En consecuencia, se advierte que el juez señalado como responsable, mediante resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós (también reclamada en esta instancia, y respecto del cual se abordará el estudio de su procedencia en párrafos subsecuentes), declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el citado auto de dos de mayo del año en curso. En ese sentido, respecto de dicho auto combatido -dos de mayo de dos mil veintidós-, opera el motivo de inviabilidad en comento, pues con la resolución dictada en el recurso de revocación, cesaron sus efectos; pues la determinación dictada en citado medio de impugnación es ahora la que rige respecto de la determinación asumida en tal acuerdo. SE DESECHA LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO PRECISADO EN EL INCISO B (La resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós). Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Patricia Hernández González, contra el acto referido. Respecto de tal determinación, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes del caso, referidos por la quejosa bajo protesta de decir verdad: Manuel López López por conducto de Juan Carlos Peña García, demandó vía sumaria civil sobre acciones de arrendamiento inmobiliario a Patricia Hernández González (quejosa), sobre la terminación de contrato de arrendamiento, pago de rentas vencidas y no pagadas, entrega del inmueble, entre otras prestaciones; La demanda se radicó con el expediente 541/2021-C del índice del Juzgado Noveno Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. Emplazada la parte demandada (quejosa), contestó la demanda instaurada en su contra, opuso excepciones y defensas, planteó reconvención, y ofreció pruebas de su intención, entre ellas, la testimonial a cargo de María Luisa González Torres (madre de la peticionaria), y otra persona. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós se admitió la referida prueba testimonial y se fijaron las trece horas del siete de abril del año en curso para su verificativo, sin que se llevara a cabo en razón de la imposibilidad para notificar a la ateste María Luisa González Torres, por lo que en posterior acuerdo se señaló como nueva fecha para su desahogo las trece horas del doce de mayo del año que trascurre. En proveído de dos de mayo de dos mil veintidós se acordó el escrito signado por la testigo María Luisa González Torres, a través del cual solicitó se le excusara para asistir a declarar en razón de su parentesco con la promovente -madre-, así como de su avanzada edad. A tal solicitud recayó el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós en los siguientes términos: ".se le tiene por exenta de declarar como testigo en el presente juicio, lo anterior para los efectos legales conducentes." Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revocación, el que se declaró improcedente mediante resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós. La resolución destaca en el último punto constituye el acto reclamado. Del análisis de los antecedentes narrados, se desprende que el acto reclamado tiene un efecto meramente procesal, pues se refiere al hecho de que se tuvo por exenta a María Luisa González Torres para rendir testimonio en la prueba ofrecida por la peticionaria; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. La decisión reclamada no incide en derechos sustantivos de la peticionaria sino sólo y, eventualmente, en un aspecto procedimental como lo es, la decisión de la autoridad de acordar de conformidad la petición de la testigo en el sentido de no rendir testimonio. Sin embargo, será hasta en tanto se dicte resolución final en el procedimiento de origen, cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no, de la falta de dicho atesto, y será hasta entonces cuando la quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión; no debe perderse de vista que, de obtener fallo favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. Máxime que no obstante el hecho de que no se recibirá el testimonio de María Luisa González Torres, aún queda vigente la recepción de la prueba citada respecto del segundo de los testigos ofrecidos. De ese modo, el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo, que se haga valer en contra de la resolución si es que esta es desfavorable a los intereses de la quejosa, en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En ese sentido, se estima que la determinación del juez de origen, en el sentido de tener por exenta a la citada testigo en rendir declaración, no causa una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que sólo ocasiona que se integren diversas personas a la relación jurídica procesal, y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos. No pasa inadvertido que la quejosa aduce que el citado acto sí constituye un acto irreparable bajo el argumento de que de conformidad con los artículos 176 y 181 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, pues aduce que aunque se ordenara la reposición del procedimiento, no habría la posibilidad de ajustar la declaración a los términos en que fue ofrecida ni a los preceptos señalados, pues aduce, no habría una declaración sucesiva, ni la posibilidad de que los testigos se comunicaran entre sí, con lo que considera, se vulneraría sus derechos de audiencia y contracción. Sin embargo, la promovente parte en principio, del supuesto futuro e incierto de que la sentencia que se dicte en el juicio de origen resultará contraria a sus intereses. Por otra parte, para el caso de que el acto aquí combatido se hiciera valer como violación procesal vía amparo directo, de resultar fundados sus conceptos de violación, tendría la consecuencia de dejar sin efectos la prueba testimonial en su totalidad, no de manera parcial, por lo que en su caso, se recibiría nuevamente la citada probanza en los términos en que fue ofrecida. No obstante, el precepto 181 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato -invocado por la quejosa- establece que cuando no fuera posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil, de tal suerte que dicho dispositivo contempla la posibilidad de que los testigos propuestos sean examinados en días distintos. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Máxime que no se está en el supuesto de ejecución irreparable a que refieren las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA". "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO". "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". Bajo esa condición, en atención a que el citado acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el D.O.F., el 20/03/2020, que establece la Organización y Conservación de los Archivos Administrativos en el propio Consejo; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. Asimismo, en atención a su solicitud, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene por señalado el número telefónico que indica para que se establezca el contacto respectivo con la promovente en los casos en que se estime necesario. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Florencio Antillón Nieto, Roberto de Jesús Gómez López, Mariana Koelliker Cabrera y Cristina Salazar Valencia ya que acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogados al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y en términos restringidos del propio numeral a la diversa persona que cita, por así solicitarlo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Para tal efecto, se autoriza la expedición de las copias que se soliciten en formato físico o electrónico, para lo cual, deberán proporcionar un correo electrónico o bien, un dispositivo de almacenamiento electrónico para su entrega. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional)".
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