Patricia Esquivel Guzmán

Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
  • Patricia Esquivel Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de treinta días siguientes, deberá destruirse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, remítase la lista correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Cristina García Maya, quien da fe. JorgCja P-I900/2021 OFICIO(S) JorgCja

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ratificación de firma. Agréguese a los autos el acta de cuenta y atento a su contenido se tiene a la quejosa Patricia Esquivel Guzmán, ratificando en contenido y firma del escrito mediante el cual desahoga las prevenciones hechas en acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 1.1. Cumplimiento de prevención. Atento a lo anterior, dando cuenta nuevamente con el escrito de la quejosa recibido el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se le tiene cumpliendo con las prevenciones formuladas por este juzgado y aclarando que promueve juicio de amparo por su propio derecho. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO 1.2. Desechamiento. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Del análisis integral de la demanda de amparo, el cual se trata como un todo, revela que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Sexo de Primera de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, es el siguiente: La falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario 496/2019, a bienes de Rosa María Chávez Alcántar y/o Rosa Chávez Alcántar, radicado por Víctor Manuel Barajas Chávez, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario. Dichos preceptos, en conjunto, permiten conocer que es principio esencial del juicio de amparo, que se siga siempre a instancia de parte agraviada y, a su vez, que se promueva únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; de donde se deduce que también se requiere de la existencia de un agravio o perjuicio en la esfera jurídica del gobernado que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ciertamente, en términos del último de los trascritos imperativos, el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Para mayor claridad conviene precisar que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: 1. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, 2) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos constitutivos son concurrentes, por tanto, ante la ausencia de alguno de ellos el medio de defensa intentado será improcedente. En efecto, en el caso se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61, de La Ley de Amparo en vigor, en virtud de que la quejosa no demuestra contar con interés jurídico para instar la acción constitucional, esto es así, porque no allega constancia alguna del que se advierta que cuenta el mismo. En el caso la quejosa comparece a esta instancia constitucional, reclamando la falta de llamamiento al juicio sucesorio indicado, alegando tener derechos hereditarios con motivo de haber sido esposa del finado Carlos Barjas Chávez hijo de la autora de la herencia. Sin embargo, en el escrito aclaratorio de demanda, de manera expresa la quejosa señaló manifestó que no acude al amparo como representante de la sucesión del citado Carlos Barjas Chávez, de quien dice ser esposa y este a su vez extinto hijo de la de cujus, sino por su propio derecho. Por tanto, es evidente que quien reciente una afectación en su esfera jurídica con la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 496/2019, a bienes de Rosa María Chávez Alcántar y/o Rosa Chávez Alcántar, radicado por Víctor Manuel Barajas Chávez, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, es la sucesión del finado Carlos Barjas Chávez; y, si en el caso, la quejosa no acude como representate de ésta, si no por su propio derecho, no le asiste el interés jurídico a que aluden los numerales transcritos para hacer procedente la acción de amparo. Lo que era trascendente para instar esta instancia constitucional, en virtud de que el numeral 768 del Código Civil para el Estado de Michoacán, dispone que tiene derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 800; y, II. A falta de los anteriores, el Fisco del Estado. Supuestos en los que no encuadra la quejosa. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la peticionaria de amparo no demuestra que los actos dictados dentro y con motivo del juicio sucesorio intestamentario de que se trata del índice de la autoridad judicial responsable, afecten su esfera jurídica; esto es, no exhibe documento del que se advierta el derecho que le asiste para reclamar su inclusión en el sucesorio, esto es, aquellos que la avalen como representante legal de la sucesión a bienes de Carlos Barjas Chávez. En ese sentido, es de invocarse el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración, y, por que la omisión de las autoridades responsables de rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados, conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de garantías". Consecuentemente, al actualizarse respecto del acto reclamado la hipótesis prevista en la fracción XII, del artículo 61, en concordancia con los numerales 5, fracción I, 6 y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA".

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el escrito de cuenta, previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, requiérase a Patricia Esquivel Guzmán, para que ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta; toda vez que ésta es, a simple vista y sin ser perito en la materia, notoriamente distinta de la firma autógrafa que aparece en la demanda. Forma de ratificación. Por consiguiente, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique a Patricia Esquivel Guzmán el presente proveído y, en el acto de esa notificación, la requiera a fin de que manifieste si ratifica o no el escrito con el que se pretende dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos, mismo que se le remite. Bajo el apercibimiento que, de no ratificar el escrito o no hacer manifestación al respecto en el acto de la diligencia, se tendrá por no presentado el escrito en comento y se proveerá lo que en derecho proceda.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el escrito de cuenta, previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, requiérase a Patricia Esquivel Guzmán, para que ratifique el contenido y firma del escrito de cuenta; toda vez que ésta es, a simple vista y sin ser perito en la materia, notoriamente distinta de la firma autógrafa que aparece en la demanda. Forma de ratificación. Por consiguiente, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique a Patricia Esquivel Guzmán el presente proveído y, en el acto de esa notificación, la requiera a fin de que manifieste si ratifica o no el escrito con el que se pretende dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos, mismo que se le remite. Bajo el apercibimiento que, de no ratificar el escrito o no hacer manifestación al respecto en el acto de la diligencia, se tendrá por no presentado el escrito en comento y se proveerá lo que en derecho proceda.

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