Patricia Miranda Ramírez

Expediente 1881/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1881/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Patricia Miranda Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    XI... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1177/2018-XI, promovido por Tres 12, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Santiago ...; de lo que, R E S U L T A: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Naucalpan de Juárez, y remitido por razón de turno a este Juzgado Federal al día siguiente, Tres 12, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Santiago ..., demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto y autoridad que ahí precisó. SEGUNDO. La quejosa narró los antecedentes del acto reclamado y consideró infringidos en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 17, y 20 apartado "C", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los diversos 8, numeral 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y 14, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. TERCERO. Por auto de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; inconforme con tal determinación la quejosa interpuso recurso de queja, del que por razón de turno le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho declaró fundado el aludido medio de impugnación, ordenando la admisión de la demanda de mérito, lo que aconteció el ocho de octubre del año en curso; asimismo se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede, por lo que se C O N S I D E R A: PRIMERO. (COMPETENCIA). Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107 Constitucionales; 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo; y 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. SEGUNDO. (PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO RECLAMADO). De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, es necesaria la fijación clara y precisa de ellos, con el objeto de resolver efectivamente la litis constitucional planteada por el quejoso. En ese orden de ideas, de la lectura del escrito de demanda, se desprende que la agraviada lo hizo consistir en: ? La resolución dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto por el cual no se reconoció a la quejosa el carácter de acusador coadyuvante. TERCERO. (CERTEZA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO). Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente. Así, el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corroboró con las documentales y videograbación que remitió en su apoyo, las que al ser documentos públicos se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, como lo dispone el numeral 2º de la última. Por lo anterior, se tiene plenamente probado el acto reclamado atendiendo a lo dispuesto por la tesis 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, parte SCJN, a página doscientos seis, de la Quinta Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. (CAUSAS DE IMPROCEDENCIA). En virtud de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público que debe hacerse incluso de oficio, se hará el análisis respectivo. En ese contexto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la hipótesis normativa contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del ordinal 107, este último aplicado a contrario sensu y 173, fracción XVII, todos de la Ley de Amparo. Es así, dado que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional . En el particular, el acto reclamado consiste en la resolución dictada en el recurso de revocación, por la cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, confirmó la determinación emitida en la audiencia intermedia, en la que no le reconoció a la promovente el carácter de acusador coadyuvante, teniéndolo únicamente como representante de la parte ofendida, en virtud de haber transcurrido el término para hacerlo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en los preceptos citados en párrafos precedentes, dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que la negativa de reconocerle el carácter de coadyuvante al haber transcurrido el término para solicitarlo, no es un acto que afecte directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana, máxime que no le negó el carácter como parte ofendida. De ahí que, en el caso a estudio, la resolución reclamada, no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra de la sentencia definitiva, si es contraria a los intereses de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 173, fracción XVII de la Ley de Amparo, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales . De lo que resulta que la resolución reclamada debe combatirse cuando se impugne la sentencia definitiva o fallo que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento, en términos del artículo 173, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por tanto, al no actualizarse las hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial, debe actuarse conforme a lo anunciado . Por tanto, será hasta que se dicte la sentencia definitiva, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de las violaciones al procedimiento, que hayan trascendido al resultado de dicha sentencia. Lo anterior es así, ya que el artículo 173 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales. Con ello, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Así, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, este a contrario sensu y 173, fracción XVII, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer el juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 73, 74, 75, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo...

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