Patricia Guadalupe López Cruz
Expediente 151/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Guadalupe López Cruz
Actuaciones
- Principal
V... Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, el proveído a través del cual se desechó la demanda; ... se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido.... se hace constar que el presente es susceptible de destrucción, ...
- Principal
V... 31/01/2018...Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1191/2017-V; y, R E S U L T A : Primero. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el nueve de agosto de dos mil diecisiete, Juan Manuel..., por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juez y Ejecutor, adscritos al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Segundo. El diez de agosto de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, quien no formuló pedimento; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y se, C O N S I D E R A : Primero. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo indirecto, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracciones I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegidos y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama un acto que tiene ejecución dentro de la competencia territorial asignada a este juzgado. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integra de la demanda se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: La orden de desposesión del inmueble ubicado en casa habitación marcada con el número.... Municipio de Atizapán de Zaragoza, Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; lo anterior, relacionado al expediente 1295/21996, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de la Ciudad de México. Tercero. La Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Juez y el Ejecutor, adscritos al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Cuarto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Ahora, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De acuerdo con el sistema consignado en la Ley de Amparo en el artículo 5º, fracción I, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional en el que sea parte el Estado Mexicano, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de interés jurídico, supone la existencia de un derecho subjetivo que es afectado por un acto de autoridad. En ese orden de ideas, para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que del escrito de demanda, de los informes justificados y de las pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte). b) Existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación). c) Acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo). d) Afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). En esa tesitura, procede verificar si se actualizan los elementos del interés jurídico que se indicaron en líneas que preceden. a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte). Este elemento se acredita porque fue Juan Manuel Bartrina Mendiola, por propio derecho, quien promovió la demanda que dio origen al presente asunto. b) Existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación). Este elemento no se acredita, en razón de que la parte quejosa no exhibió medio de prueba idóneo alguno tendente a acreditar que tiene un derecho legítimamente tutelado respecto del inmueble materia de la controversia en el juicio natural. Al respecto, a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente pretende que se tutele un derecho público subjetivo, que a su decir fue infringido por las autoridades que emitieron el acto que se reclama, al pretender privarlo del inmueble que aduce ser propietario. Pero, el quejoso carece de interés para reclamar las actuaciones del expediente natural, ya que únicamente ofreció los siguientes medios de convicción: 1. Copia simple del contrato de compraventa celebrado entre Angélica María ... y Emilio ...., como vendedores, y Beatriz Mendiola Céspedes, como compradora, respecto del lote de terreno ....Municipio de Atizapán de Zaragoza, Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. 2. Recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad (a nombre de Beatriz .... Telcel (a nombre de Juan Manuel ....); estado de cuenta del Banco Santander (a nombre de Juan Manuel ...); estado de cuenta del Banco Ixe (a nombre de Juan Manuel ....). 3. Copia simple de los siguientes documentos: recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México; del recibo de pago con número de control 2093, expedido por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México; de un certificado de defunción a nombre de Beatriz ....; así como de una carta dirigida por American Express Company (México), S. A. de C. V., a Juan M. ....; de la credencial para votar con fotografía del solicitante de amparo; de la escritura pública treinta y tres mil trescientos doce, extendida ante la fe del Notario Público número treinta y ocho del Estado de México, en la cual se hizo constar el poder general irrevocable otorgado por Angélica María ... y Emilio .... a Beatriz ...., respecto del inmueble que ahí se describe. 4. Copia certificada del acta de nacimiento de Juan Manuel ..... 5. Instructivo dirigido a Emilio .... respecto del inmueble materia de la litis, al cual se adjuntó un escrito de la apoderada de la tercero interesada. 6. Original del contrato privado de compraventa celebrado entre Beatriz Mendiola Céspedes, como vendedora, y Rodrigo .... y Juan Manuel, ambos de apellidos ...., respecto de la casa en condominio ubicada en .... Atizapán de Zaragoza, Estado de México. No obstante, dichas prueba no son aptas ni suficientes para acreditar el interés del promovente para intervenir en el expediente del cual emana el acto reclamado, el cual se inició por Solida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte (hoy Inmobiliaria TDG, Sociedad Anónima de Capital Variable), en contra de Emilio ... y Angélica María...., en el que se condenó a la parte demandada a la restitución del inmueble controvertido. En efecto, por lo que hace a las documentales marcadas con los números 1 y 3, no se les debe otorgar valor probatorio, al haberse presentado en copia simple. Respecto a los recibos y estados de cuenta mencionados en el numeral 2, no pueden tomarse en consideración, en virtud de que sólo se acredita el pago y/o cobró por la prestación de los servicios que refieren, así como son estados de cuenta, de los cuales no se aprecia un derecho que pueda reclamar el solicitante de amparo. De la documental mencionada en el número 4, se aprecia el nacimiento del quejoso, no así un poder de hecho respecto del inmueble que refiere. En relación al instructivo marcado con el número 5 y anexos, solo se aprecia que se pretende notificar a una de las partes en el procedimiento natural. Finalmente, en relación al contrato referido en último término, es insuficiente para acreditar el interés jurídico, pues no se tiene certeza de la fecha de dicha operación. En efecto, dicha documental si bien en términos del artículo 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene valor probatorio de documento privado, ello es insuficiente para demostrar el interés jurídico para efectos de este juicio de amparo; porque el referido documento es de fecha incierta, en tanto que no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, no se acreditó la muerte de cualquiera de los firmantes, y no se entregó a un funcionario público por razón de su oficio (por ejemplo un notario público); de ahí que sea insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, como poseedor del inmueble materia de la controversia. Finalmente, no se soslaya que en la demanda el quejoso mencionó que podría ofrecer prueba testimonial para acreditar su interés jurídico; no obstante, no lo hizo en el momento procesal correspondiente, además de que dicho medio de convicción no es idóneo para acreditar la propiedad, que es un derecho y no un hecho que pueda apreciarse por los sentidos. En esas condiciones, se considera innecesario verificar la acreditación de los demás elementos del interés jurídico, pues si no se actualiza uno de ellos, no es factible la acreditación del derecho en su totalidad. No es obstáculo que se haya demostrado la existencia de los actos reclamados, pues esa circunstancia no es suficiente para que sea procedente el juicio de amparo, sino que era necesario que la peticionaria acreditara que dichos actos afectan su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En el mencionado orden de ideas, resulta improcedente el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a la autoridad ejecutora, al no reclamarse el acto por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 75, 76, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo ....
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