Patricia Ferrer Hernández
Expediente 685/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Ferrer Hernández
Actuaciones
- Principal
V.... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
v.... Agréguese el escrito de la quejosa Patricia... mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas. En principio es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. En ese sentido, el primero de los artículos citados, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. En el particular, se reclama la interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el proveído de veinte de abril del año en curso -el cual tuvo origen con motivo de la promoción 6296/2023-, donde resolvió modificar el citado acuerdo y declarar la deserción de la prueba pericial ofrecida por la parte actora (hoy peticionaria de amparo), en materia de Grafoscopía al no haber sido rendido el dictamen correspondiente dentro del plazo otorgado a las partes. Por ende, dicha actuación no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la inadmisión de una prueba tendiente a combatir una actuación dictada durante la tramitación del juicio natural -con independencia de si las razones están ajustadas o no a derecho-, refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. Por lo tanto, si la violación procesal de la que ahora se duele la parte quejosa no trasciende al resultado del fallo definitivo que se dicte en el juicio, es claro que dicha afectación habrá desaparecido sin afectar sus derechos sustantivos. En cambio, si la violación procesal sí llega a trascender al resultado de la sentencia definitiva que se dicte en el recurso de impugnación correspondiente correspondiente que en su caso se interponga en el juicio de origen, entonces, como se explicó anteriormente, la parte quejosa deberá reclamarla en el juicio de amparo directo que intenten contra aquella resolución. Es importante señalar que la regla que establece que las violaciones procesales deban ser reclamadas hasta que se dicte la sentencia definitiva o auto que ponga fin al juicio, tiene como efecto evitar que durante la tramitación de un juicio las partes acudan al juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan, lo cual entorpecería y obstaculizaría el curso natural del procedimiento y atentaría contra los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución General de la República. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales....
- Principal
V... Vista la demanda de amparo promovida por Patricia.... por propio derecho, contra actos de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 685/2023-V. Previo a realizar pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo, establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte promovente para que aclare su demanda. En ese orden, con fundamento en los artículos 108 fracción IV, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito realice lo siguiente: 1. Precise el acto que reclama en esta vía constitucional, ya que si bien indica que controvierte la interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de abril del mismo año emitido en el expediente ..., no se tiene certeza si ésta tuvo origen con motivo de la promoción presentada con el número de registro ... o la diversa.... 2. Transcriba, o en su caso exhiba copia de la interlocutoria de diecinueve de mayo, del proveído de veinte de abril, ambos de dos mil veintitrés; así como de la o las promociones que dieron origen al acuerdo impugnado y al recurso de revocación interpuesto. Lo anterior es así, toda vez que ante la imprecisión del acto impugnado, resulta necesario que especifique lo que se combate en este juicio. 3. Exhiba cuatro juegos de copias completas y legibles del escrito con el que desahogue las prevenciones, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, una para la parte tercero interesada y una para el incidente de suspensión que solicita. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el ordinal 26, fracción III, en relación con el diverso 29 del citado ordenamiento legal, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en lugar visible de este juzgado Federal, por así haberlo solicitado. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ..., en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
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