Patricia Isabel Vázquez Domínguez
Expediente 787/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2017
Partes del expediente
- Patricia Isabel Vázquez Domínguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, la comunicación del secretario del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, se tiene al tribunal colegiado remitiendo copias certificadas del juicio de amparo 787/2017. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que el Tribunal oficiante declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa ******, contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Destrucción de constancias. Con relación a las copias certificada que remite el tribunal de alzada con el oficio de cuenta, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa; se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso signado por la quejosa ****, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fojas 20 a 29), en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretario de Educación del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. 2. Subsecretario Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. 3. Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y, 4. Jefe del Departamento de Educación Primaria dependiente de la Dirección de Educación Básica de la Secretaria de Educación, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 787/2017-XII. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional de materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Reiterando que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado las órdenes de cambio de adscripción mediante comisiones temporales sin justificación, ni consentimiento y sin la conformidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Comité Ejecutivo de la Sección 40, la ejecución de éstas, así como la falta de condiciones económicas para realizar dichos cambios. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades, mediante relaciones de supra a subordinación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, que posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, a fin de determinar la naturaleza de los actos reclamados, es pertinente destacar que de las documentales que anexa la quejosa ****** labora para la Secretaría de Educación, como maestra en educación primaria en plaza de base, desde el uno de septiembre de dos mil nueve, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento con número de folio ****** (foja 11). Asimismo, que mediante oficio ******, de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, signado por el Jefe de Departamento de Educación Primaria de la Dirección de Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Estatal se le informó a la parte quejosa que fue comisionada al Departamento de Educación Primaria, de esta ciudad, a partir del veinticuatro de abril al dieciocho de julio del año en curso o hasta nueva orden, con su misma categoría de docente, clave nominal y sueldo, salvaguardando sus derechos laborales en su actual lugar de adscripción siendo la Escuela Primaria "******", con clave del centro de trabajo ****** ubicado en Ocosingo, Chiapas, determinación que constituye el acto reclamado (foja 12). En este orden de ideas, a fin de explicar la actualización de la aludida causal de improcedencia, en principio es oportuno destacar que no existe una relación de supra a subordinación, entre un ente como autoridad y la gobernada; toda vez que el vínculo existente entre ******* y la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas es de carácter laboral, lo que indubitablemente refleja una relación en la que dicha dependencia, actuó con el carácter de patrón y no como autoridad para los efectos del amparo, y por ende el acto que se le reclama no puede ser materia de análisis en el juicio constitucional. Esto, porque desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación, como condición para la categorización de un acto de autoridad, sino en todo momento, dentro de una relación de igualdad o bilateralidad con la particular solicitante del amparo. En ese sentido, es pertinente destacar lo previsto por los preceptos 1 y 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, que disponen lo siguiente: "Articulo 1. La presente ley es de orden publico, observancia general e interés social, tiene por objeto regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias u órganos que integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los municipios y aquellos órganos autónomos constitucionales, desconcentrados y auxiliares, asociaciones y empresas de participación estatal o municipal, que por disposición de ley, decretos, reglamentos o convenios señalen su ámbito de aplicación. Los principios consignados en esta ley, tienen su fundamento en los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción vi, y 123, apartado b, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y 62, de la constitución política del estado de Chiapas. El reglamento de esta ley, deberá contener los principios a que alude el párrafo anterior." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, las relaciones de trabajo se entienden establecidas en unidades burocráticas, correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus respectivos trabajadores; así como las de los organismos o entidades paraestatales y las de los municipios y sus trabajadores". Del análisis armónico de las disposiciones transcritas se advierte el carácter laboral del vínculo generado entre las distintas instituciones del Estado de Chiapas con sus trabajadores, lo que, en el caso significa que cualquier decisión que adopte la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas de esta entidad con motivo de relación contractual que tiene con la quejosa no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto el acto reclamado se traduce en una controversia de carácter laboral, pues el Estado participa como patrón y no como autoridad, lo cual, es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante el órgano competente. Como consecuencia del vínculo jurídico entre la ahora quejosa y la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; toda vez que deriva de su relación laboral en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; y en tal relación el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con su doble personalidad. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la comisión a la que fue designada la quejosa no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio y un gobernado, sino que emana de un acto entre particulares. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas, previo a la instauración del juicio de garantías, deben ser ventilados bajo la tutela de la Ley del Servicio Civil del Estado y de los Municipios de Chiapas, ante el órgano judicial correspondiente. Pues, como bien se ha reiterado, los actos que se le reclaman a las autoridades que fueron señaladas como responsables, surgen en la relación laboral entre la quejosa y tales organismos, la cual se desarrolla en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, pues de las manifestaciones vertidas por la quejosa se advierte y es reconocida por ella misma, ya que la quejosa es trabajadora de la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas. Ahora, el hecho de que se señale como autoridades responsables a personas jurídicas oficiales, no necesariamente conlleva a determinar que sus actos gozan de facultades de imperio; pues será la naturaleza jurídica de cada acto en particular la que permitirá determinar si se está en presencia o no de un acto de autoridad, es decir, cuando el acto reúna las características particulares de la actuación autoritaria, como lo son la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales características se traducen en la posibilidad de que el Estado, actuando a través de alguna Secretaría, dependencia o persona jurídica oficial, pueda imponer sus determinaciones sin el consenso de los particulares, aún en contra de su voluntad; por el contrario, cuando esa persona jurídica oficial asume conductas y obligaciones como cualquier otra persona particular, su actuación será equivalente a la de un ente de derecho privado. Por tanto, sus actos jurídicos son equiparables a los celebrados entre particulares y en consecuencia, quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier persona jurídica ejecuta, sometida a las prevenciones del derecho laboral como si se tratara de un particular. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso, las actuaciones de las señaladas como responsables, surgen en una relación jurídica entre particulares, toda vez que se reclama las órdenes de cambio de adscripción mediante comisiones temporales sin justificación, ni consentimiento, lo cual forma parte de la relación jurídica que existe entre un trabajador y su patrón. En este caso, el, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en la relación jurídica patrón- trabajador, si bien pueden estar dotadas de facultades de decisión o ejecución, esta no es unilateral, imperativa y coercitiva. No resulta óbice a la anterior conclusión, la excepción prevista en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el que se precisa que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pues como ha quedado precisado, tampoco se actualiza ese supuesto, toda vez que los actos u omisiones reclamadas surgen en la relación jurídica que existe entre un trabajador y su patrón. En ese sentido, las conductas que se atribuye a las autoridades señalas como responsables, no encuadran en el supuesto a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin que sea inadvertido para este juzgador, lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II del citado numeral, que establece: ".. los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Sin embargo, dicho precepto se refiere al caso de particulares que actúen con base en una norma general, lo cual en el caso no acontece, pues como quedó establecido en párrafos que anteceden, el acto reclamado consiste en la omisión de las autoridades responsables de proporcionar diversa información; de ahí que, no se está en presencia de un acto emitido por un particular para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, lo cual en el asunto particular no sucede así. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la quejosa, dado que si bien, las autoridades señaladas como responsables son un ente público no por ello las relaciones laborales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, el quejoso en caso de incumplimiento del mismo, está en aptitud legal de acudir ante los tribunales laborales a fin de demandar de su patrón las actuaciones a que hace referencia; lo que permite vislumbrar que el acto reclamado no constituye acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que el acto reclamado por el impetrante de amparo revista las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos que se les atribuyen a las responsables, en relación con la parte quejosa tiene origen en el vínculo obrero-patrón. Por ende, es inconcuso, que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona, conlleva a determinar que el cambio de adscripción laboral contenido en el oficio señalado como acto reclamado, queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición de la quejosa frente a las autoridades señaladas como responsables, no es la de un gobernado, esto es, lo reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado; y, por ello, el cambio en las condiciones laborales de que se duele la quejosa, en su caso, debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. Por tanto, al quedar demostrado que el acto reclamado implica cuestiones de coordinación entre las autoridades responsables y la quejosa, sin imperio ni coerción por parte de dichas autoridades y, por ende, de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante la autoridad competente. Similar criterio tomo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito al resolver el recurso de revisión 15/2017 de su índice, en sesión de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que al efecto indica; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, y en términos restringidos del citado numeral a las demás que menciona por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, como lo solicita el promovente se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c) y, 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 8, del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la atención de la precitada ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, omítase la inclusión de su nombre y datos personales al hacerse pública la sentencia o resolución que ponga fin a este procedimiento, en el momento que cause ejecutoria, salvo el caso de oposición expresa, la cual deberá manifestarse por escrito; en la inteligencia que la falta de oposición expresa a que se refiere el artículo 8, de la Ley de la versión publica de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido en su caso en el presente asunto. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretario de Educación del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. 2. Subsecretario Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. 3. Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y, 4. Jefe del Departamento de Educación Primaria dependiente de la Dirección de Educación Básica de la Secretaria de Educación, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 787/2017-XII. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley".
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