Patricia Guadalupe Zavaleta Reyes
Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2021
Partes del expediente
- Patricia Guadalupe Zavaleta Reyes
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que prevé el numeral 98 de la ley de la materia, para interponer queja contra el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda, sin que se haya recurrido; en tales condiciones, se declara firme el auto en cita. Archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: NOTIFÍQUESE. EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA dos de marzo de dos mil veintiuno LA (EL) SUSCRITA (O) ACTUARIA (O), HAGO CONSTAR QUE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN FUE NOTIFICADA POR LISTA. DOY FE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por *****, contra actos de la autoridad responsable. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 91/2021-X. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente. De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional la omisión de dar respuesta a su escrito recibido por la responsable el catorce de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones Xll y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 5, fracciones l y ll, del mismo ordenamiento. Se estima así, dado que la quejosa, solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de la omisión por parte de la autoridad responsable en dar respuesta a su escrito recibido el catorce de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en BREVE TÉRMINO al solicitante, sin que exceda de cuatro meses. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere el dispositivo antes invocado cuando se refiere al breve término, pues éste debe entenderse como aquél en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. En efecto, de la demanda que nos ocupa, según el dicho de la parte quejosa, que le causa agravio que la autoridad designada como responsable haya hecho caso omiso a su petición planteada, violándose con ello lo establecido en el artículo 8° constitucional; empero, dicha actuación de ninguna manera puede concluirse que, por el momento, le ocasione un perjuicio en su esfera de derecho, pues a decir de la propia parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, señala que la petición se recibió el catorce de enero del año en curso. Por lo que, se considera que a la fecha no ha transcurrido un "breve término", para que la autoridad dé contestación a tal petición, ya que, desde la presentación de ésta, a la de la presentación de la demanda de amparo únicamente transcurrieron veintiún días hábiles; es decir, no existe un término transcurrido razonable y suficiente; entre otras palabras, no se advierte que materialmente se le cause una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación de este juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. En consecuencia, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en las fracciones Xll y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, 5, fracciones l y ll, del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que una vez que transcurra un término prudente, que este juzgador estima de tres meses a partir de la presente data, quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no constituye cosa juzgada, por el contrario, la violación al derecho de petición sí se actualizaría cuando transcurran términos mayores sin que se obtenga una respuesta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.
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