Patricia Guerrero Ruiz

Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
222/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Patricia Guerrero Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que ha causado estado dicho auto, y por consiguiente, archívese este juicio como asunto concluido. Notifíquese. EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, LA (EL) SUSCRITA (O) ACTUARIA (O), HAGO CONSTAR QUE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN FUE NOTIFICADA POR LISTA. DOY FE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de abril de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con la demanda de amparo de *****; contra actos del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, representado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y otras, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 222/2021-II. DESECHAMIENTO En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualizauna causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo. De los numerales en cita, en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/20112, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juiciode amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectanla esfera jurídica del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad delafectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. En la especie, de un análisis integral de la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que destaca como actos reclamados los siguientes: 1. LA MODIFICACIÓN, LIMITACIÓN, ALTERACIÓN, SUSTITUCIÓN, SUSPENSIÓNY/O CANCELACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIO MÉDICO AUTOADMINISTRADO, sea parcial o totalmente, en sus características, modalidades, condiciones, o en la dimensión de su contenido, que nos venía proporcionando originalmente la institución para la que trabajamos, y que posteriormente nos jubiló, ... En efecto, la dimensión y contenido de la atención médica relacionada con los derechos de protección a la salud y la vida está prevista en los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46,47 y 48 de las Condiciones Generales de Trabajo, ha sido sin ninguna restricción, condición o requisito, ya sea en nuestra ciudad o población de residencia o fuera de ella." 2. LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA CON REDUCCIÓN DE PLAZOS NÚMERO LA- 006HIU002-E2-2021, publicada el 19 de marzo de 2021, a través de Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental relativa a la "Contratación del Servicio Médico Integral y de Hospitalización para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural a través de un prestador de servicio que proporcione los tres niveles de atención que incluye: Prevención, Detección y Diagnóstico de Diversas Enfermedades, así como el Tratamiento, Hospitalización, Servicio de Urgencias, Aparatos Ortopédicos, Atención Quirúrgica, Servicio Odontológico, Abastecimiento y Dispensación de Medicamentos, Materiales de Curación y Laboratorio y Gabinete", a través de la cual se pretende instrumentar un cambio radical en la forma en la prestación del servicio médico." 3. LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O REDUCCIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL (FOPESIBAN). 4. LA SUSTITUCIÓN, CANCELACIÓN, REDUCCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON HOSPITALES, MÉDICOS, ESPECIALIST AS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL. 5. LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR AMPLIA, DEBIDA Y PARTICULARMENTE A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y SUS DERECHOHABIENTES de los cambios que pretenden hacer respecto de la prestación del servicio médico." Ahora bien, la quejosa se duele de diversos actos estrechamente relacionados con el cumplimiento de un contrato de fideicomiso y convenios de transacción y colaboración que impactan en diversas prestaciones que aduce tener como persona jubilada del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y que derivan del "Fondo de Protección Mutua", que se creó como un beneficio (prestación extralegal) de dicho Banco, en favor de sus integrantes. En ese contexto, la quejosa promovió demanda de amparo con la calidad de jubilada del Banco de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, en contra de los actos que se apuntaron en párrafos que anteceden, mismos que tuvieron como fuente la relación de trabajo establecida entre la peticionaria del amparo y el organismo en el que laboraron directamente o son beneficiarios, identificado como "SISTEMA BANRURAL", como la propia quejosa lo refiere, y que la pensión jubilatoria de la que goza no se otorgó con motivo de una nueva relación surgida entre las partes, después de concluida la relación de trabajo, por los motivos especificados en la ley y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales, sino en virtud de los derechos generados justamente por la relación laboral y además la quejosa tiene el carácter de fideicomisario en el citado contrato de fideicomiso. En tal virtud, los actos que reclama no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que versan sobre actos u omisiones atribuibles a la denominada autoridad responsable en su carácter de patrón3, en un plano de coordinación, al ser la jubilación y las prestaciones que de ella derivan, una cuestión que tiene origen en una relación laboral y que fue a su vez origen para celebrar un contrato de fideicomiso, que rige los derechos y obligaciones pactados en este último contrato. En ese sentido, aun cuando los actos reclamados se atribuya al ente moral público, ello no indica que sean actos de autoridad formal o material, dado que como se dijo, derivan de la prestación extralegal de jubilación del "FONDO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL", estipulada en las respectivas condiciones generales de trabajo, cuya fuente es un contrato de fideicomiso celebrado a favor de los fideicomisarios, entre ellos la quejosa, por el organismo o institución en la que laboraron, en un plano de coordinación, en razón de que el beneficio de su jubilación, la cual constituye una prestación extralegal, fundada en el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores, cuya extensión persiste aún después de haber terminado esa relación y es exigible al propio patrón con el cual se acordó en un mismo nivel, a diferencia de las prestaciones de seguridad social previstas en la ley, exigibles a un ente del estado, quien está obligado a otorgarlas, por disposición de la propia ley. Bajo tales premisas, si los cuestionados actos reclamados por la quejosa están relacionados con la exigencia de los derechos previstos en el pacto efectuado en el contrato de fidecomiso, mismos que inciden en los derechos de los jubilados que repercuten de forma directa en lo previamente pactado, entonces, como alega la promovente, constituyen cuestiones que deben dirimirse ante la potestad de la autoridad judicial competente, al derivar de una relación de coordinación subsistente entre los sujetos implicados. En este orden de ideas, si los actos reclamados al Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN), por conducto de la Fiduciaria Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y resto de las autoridades señaladas como ejecutoras, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un contrato de fideicomiso, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele la quejosa, contrario a lo que sostiene, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I4, constitucional. Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, se concluye que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. En ese sentido, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita, se tiene como medio para oír y recibir notificaciones la firma electrónica (FIREL) que proporciona, de conformidad con el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo y el articulo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual refiere que su nombre de usuario en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/hom e/opcionesfirel, es "*****", debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, se tiene por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a "***** y "*****, y en términos restringidos del mismo numeral a las diversas personas que señala. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.

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