Patricia Hernández López
Expediente 1123/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 33 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Patricia Hernández López
- Primera Junta Local de Conciliación Y Arbitraje En Acapulco de Juárez, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de quien legalmente lo represente, el auto de veintiocho de julio de dos mil dieciseis, mismo que dice... Acapulco, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil dieciséis.Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se ordenó la notificación del inicio del presente juicio de amparo a los terceros interesados Manuel Cervantes Omaña, José Manuel Cervantes Escandón y José Alonso Martínez Malo, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, otorgándosele a esta última, un plazo de veinte días para recogerlos y acreditar la efectiva publicación de los mismos, o en su caso, manifestara el impedimento material o legal para hacerlo, sin que a la fecha lo haya hecho así; en tales condiciones, dado que en el referido acuerdo se le apercibió que de no hacerlo así, se procedería a decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a acordar al respecto. Sobre el particular, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En efecto, la última fracción del artículo 61, establece una causal genérica de improcedencia, que se actualiza cuando se vincula con algún otro precepto de la propia Ley de Amparo; en este supuesto queda comprendida la conocida como improcedencia jurisprudencial que emana de la aplicación del artículo 217, cuando los tribunales facultados para emitirlo sostienen una causa distinta a las enumeradas en los primeras veintidós fracciones del artículo 61, que impide estudiar el fondo del asunto.La causal de improcedencia jurisprudencial que se invoca, en este caso, tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no comparecer a recoger el edicto ordenado para notificar la radicación del juicio a los terceros interesados, o en su caso, manifestar el impedimento material o legal para hacerlo y, por consecuencia, no acredita las gestiones tendentes a su efectiva realización, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional.En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al peticionario de amparo la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar su notificación por edictos.En torno a la consecuencia jurídica de no recoger los edictos para su publicación, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, en la cual determinó que lo procedente es el sobreseimiento en el juicio.La tesis se publicó en la página 211, del tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso."Esta jurisprudencia se mantiene vigente en el punto específico mencionado, pues de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia emitida durante la vigencia de la Ley abrogada mantiene su obligatoriedad mientras no se oponga al texto vigente, y en este caso, el contenido de los preceptos de la Ley de Amparo abrogada interpretados en esa jurisprudencia, esencialmente se trasladó a la Ley de Amparo vigente, inclusive, en el artículo 217, fracción III, inciso b), párrafo segundo, se incorporó expresamente que la omisión de publicar los edictos imputable al quejoso genera el sobreseimiento. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que se cita, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional...
- Principal
Acapulco, Guerrero, seis de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para este día la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en virtud de que el veintiuno de junio del año en curso, se ordenó la notificación del inicio del presente juicio de los terceros interesados Manuel Cervantes Omaña, José Manuel Cervantes Escandón y José Alonso Martínez Malo, por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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Acapulco, Guerrero; veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de junio actual, se reservó proveer respecto a la información proporcionada por la Encargada de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Guerrero "1", con sede en esta ciudad, en relación al domicilio fiscal del tercero interesado José Manuel Cervantes Escandón, el cual se encuentra ubicado en calle Bosque de Ciruelos número 190, piso 2 mz, colonia Bosques de las Lomas, código postal 117000, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, hasta en tanto se contara con la información requerida al Vocal de la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y como lo anterior ya aconteció, se provee sobre el particular. Ahora, no ha lugar a ordenar la notificación del inicio del presente juicio de amparo a la parte procesal en comento, en el domicilio de referencia, esto en virtud de que es el mismo donde la actuaria judicial adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se vio imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de mérito, como se advierte de la razón de fecha siete de diciembre de dos mil quince, en autos del exhorto 703/2015, enviado para tal efecto. En mérito de lo anterior, y dado que se han agotado todas las diligencias de investigación pertinentes para conocer el domicilio correcto de los terceros interesados Manuel Cervantes Omaña, José Manuel Cervantes Escandón y José Alonso Martínez Malo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena su notificación del inicio del presente juicio de amparo por medio de edictos a su costa, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la invocada Ley. En tales condiciones, elabórese el edicto correspondiente que deberá contener una relación sucinta de la demanda, y publíquese por tres veces, de siete en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciéndoles saber a la parte procesal de referencia, que deberán comparecer a juicio dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se efectúe la última publicación, en la inteligencia que de no comparecer durante dicho plazo, se les realizarán las subsecuentes notificaciones por lista. Fíjese, además, en la puerta de este juzgado, una copia íntegra tanto del edicto como de este proveído por todo el tiempo de la notificación. Se informa a la parte quejosa que los ejemplares correspondientes al edicto, se encuentran a su disposición en la Secretaría de este juzgado y, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuenta con el plazo de veinte días hábiles para recogerlos, exhibir los ejemplares de los periódicos en los que conste la efectiva publicación de los edictos y acredite ante el órgano jurisdiccional que efectuó las gestiones tendientes para tal efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido para tal efecto, o no manifestar el impedimento material o legal para hacerlo, se sobreseerá en el juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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