Patricia García Bravo

Expediente 656/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
656/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2016

Partes del expediente

  • Patricia García Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Patricia García Bravo, por su propio derecho, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 656/2016, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa, en esencia, señala como acto reclamado: a) La negativa en darle contestación por escrito a la petición formulada mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil quince, presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, así como de los diversos oficios de diecisiete de mayo y diez junio de la presente anualidad, ante el Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por los cuales solicita las constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo de los últimos cinco años que comprenden del año dos mil once al dos mil quince, así como las diversas del CFDI del año 2015 y 2016. Ahora bien, de los hechos que constituyen los antecedentes, los cuales narró la promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, se obtiene que: Se desempeña como auxiliar administrativo de base del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero y que mediante petición formulada por escrito de veinticuatro de mayo de dos mil quince, así como por los diversos oficios de diecisiete de mayo y diez de junio de dos mil dieciséis, solicito se le expidieran las constancias que en los mismos se señalan. De lo anterior, se advierte que entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable existe una relación entre trabajadora y patrón, por lo cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente debido a que el acto reclamado no puede concebirse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por las razones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia ley y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del primero de los dispositivos transcritos, se advierte que la Ley de Amparo prevé una hipótesis de improcedencia que no se limita a las veintidós fracciones que establece en forma específica dicho numeral, sino que es aplicable cuando la improcedencia del juicio resulte con motivo de la aplicación de diversa disposición de la propia ley o de la Constitución. Por su parte el segundo de los numerales prevé que, con independencia de su naturaleza formal es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones; asimismo, la fracción II, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen "actos equivalentes a los de autoridad", que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Sin embargo, si destacó como nota distintiva que dicho juicio procede contra actos de autoridades, de tal suerte que, de no ubicarse el acto reclamado en alguna de las hipótesis ahí previstas daría lugar, a que resulte improcedente el juicio por no colmarse el requisito básico de existencia de acto de autoridad. Dicha causa de improcedencia encuentra plena justificación, en razón de que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, fue creado para que los tribunales federales verifiquen, a instancia de parte, la conformidad de los actos de autoridad (ahora llevados a cabo por particulares o autoridades en sentido material), con los parámetros y lineamientos establecidos en la Constitución Federal, siendo materia de los juicios ordinarios, las controversias que se susciten entre particulares, o bien, entre éstos y organismos públicos que actúan en un plano de igualdad. Por ello, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo procede solo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se puede decir que tendrá el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho, que con apoyo en una norma jurídica emita actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que incidan la esfera jurídica del gobernado, dentro de una relación de supra a subordinación. Precisado lo anterior, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto, puesto que éste se ha dado entre el patrón y la trabajadora, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que el Municipio, representado por el Ayuntamiento, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. De ahí que, si en el caso que se analiza la quejosa al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, reclama la omisión de dar contestación a sus escritos de petición, por el cual solicita la expedición de diversas constancias, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizado únicamente para recibir y oír notificaciones e imponerse de autos a Clemente Herrera González, en razón de que no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredite como profesional del derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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