Patricia Guadalupe Ramírez Bazán

Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
681/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Patricia Guadalupe Ramírez Bazán

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación. En ese sentido, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme a su artículo 15; hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en el arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, por su propio derecho y en su carácter de Coordinadora de la Zona Mestiza del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 681/2020, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia o no de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del estudio integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, acude a esta instancia constitucional por propio derecho y en su carácter de Coordinadora de la Zona Mestiza del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, y reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, de la Dirección General y del Notificador Ejecutor ambos de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, todas con sede en Chilpancingo, Guerrero, el proveído de seis de mayo y seis de septiembre ambos de dos mil diecinueve, mediante el cual se le apercibe y se le impone una multa equivalente a cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el estado emitida dentro del expediente número 175/2009, así como actos tendentes al cobro de la multa decretada a través del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." Una vez referida la causal de improcedencia que opera en el caso, la cual es mejor conocida en el ámbito procesal como litispendencia, es adecuado explicar lo que se entiende por dicha figura y la manera en que ésta puede actualizarse en el juicio de amparo. Así las cosas, litispendencia deriva de la conjugación de dos vocablos latinos que son "litigium" y "pendeo"; es decir, etimológicamente significa la existencia de un pleito pendiente de resolver. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina procesal, la figura de la litispendencia refiere que un litigio está en vida, es decir, está pendiente de resolverse, o bien, se entenderá terminado, una vez que exista cosa juzgada; en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio; esta figura ha sido estudiada desde dos puntos de vista como excepción y como presupuesto procesal y tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda la más importante de estas finalidades, es evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe señalar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: a) Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; y, b) Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso, produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen varios extremos, mejor conocidos como identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos dentro del juicio de amparo son el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la fracción X del citado artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha igualdad de elementos debe darse entre los dos juicios de amparo promovidos, pues tanto la Ley de Amparo como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los juicios sean idénticas, determinación que se robustece con el criterio que se sustenta en la tesis número XIX.2o.12 K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." De lo expresado con antelación se desprende que para que se actualice la hipótesis en comento, se requiere que: a) La ley o el acto que se reclama sea materia de otro juicio de amparo; b) El primer juicio esté pendiente de resolverse en primera o única instancia, o bien, en revisión; y en caso de ya tener sentencia, ésta debe estar pendiente de causar ejecutoria; y c) Entre ambos juicios, se dé la triple identidad de elementos: quejoso, autoridades responsables y acto reclamado, aun y cuando las violaciones que se tilden de inconstitucionales sean diversas. Ahora bien, a afecto de sustentar la actualización de la referida causal de improcedencia de "litispendencia" en el presente juicio de garantías y después de una revisión minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtiene lo siguiente: 1. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, por su propio derecho y en su carácter de Coordinadora de la Zona Mestiza del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ambos con sede en Chilpancingo, Guerrero, por el proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual le impone una multa equivalente a cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el estado emitida dentro del expediente número 175/2009, así como los actos tendentes al cobro de la multa decretada a través del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, misma que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal. 2. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se registró en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1011/2019 y se admitió a trámite la citada demanda y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, sin que esto haya acontecido aun. Por lo que, tomando en consideración lo anterior, se concluye que la multa reclamada y la autoridad responsable ordenadora en el presente juicio de amparo (681/2020), son formalmente las mismas que las señaladas en el diverso juicio de amparo 1011/2019; quedando de relieve la actualización de la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Xolapa, manzana 3, lote 50, colonia Moctezuma, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Rodrigo Jiménez Rendón, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Raymundo Bermúdez Álvarez, Abraham Cruz Ramos, Ana María Jiménez Rendón, Higinio Morales Bravo, Ernesto Morales Morosio y Ma. Del Rosario Carbajal Pacheco, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Por otro lado, se le tiene proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que al efecto indica para los efectos de lo estipulado en el Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal sobre notificaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. Se informa a las partes que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencias o requerimientos, entrega de copias y documentos previamente deberán generar una cita, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General 21/2020, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de noviembre de dos mil veinte, conforme al oficio número CCJ/ST/2614/2020, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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