Patricia Guadalupe Ayala Carvajal
Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricia Guadalupe Ayala Carvajal y Otros.
- D A J A
- Patricia Guadalupe Ayala Carvajal
- D A J A y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en sus puntos resolutivos primer y segundo SOBRESEYÓ en el presente asunto; y en su tercer punto resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la justicia federal a Patricia Guadalupe Ayala Carvajal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, no habiendo motivo legal alguno para que continúen al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo que el Juzgado responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en un legajo en copia certificada, correspondiente al juicio ordinario familiar 619/2018 de su índice; por tanto, devuélvansele, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas Notifíquese y cúmplase.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintiséis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso Yucatán y actuaria de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número ********************; se solicitó a las responsables sus respectivos informes justificados; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la quejosa consisten en: a. El auto de siete de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se ordena el uso de la fuerza pública para privarla de la custodia de sus hijos menores ********************y ********************b. Los autos de fechas dieciséis y veintiocho de julio del dos mil veinte, los cuales le fueron notificados de forma personal del treinta y uno del mismo mes y año, dictados en el expediente marcado con el número ********************en el que se ordena privarla de la custodia de sus hijos menores ********************y ********************c. La resolución de dieciséis de febrero de dos mil veinte, de la cual deriva los citados acuerdos de dieciséis y veintiocho de julio; y d. La ejecución de los actos que reclama. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y actuaria de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados consistentes en los acuerdos de dieciséis y veintiocho de julio de dos mil veinte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. En el caso concreto, como se adelantó, la parte quejosa reclamó los acuerdos de dieciséis y veintiocho de julio de dos mil veinte, dictados dentro del expediente ******************** En los que la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, comisionó a la actuaria de su adscripción a fin de que proceda a requerir a ******************** (aquí quejosa) para que de manera inmediata entregara a los menores de edad de iniciales ********************y ********************a su progenitor ********************. Apercibiéndola que de no hacerlo así se le impondría una multa equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 83, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, que asciende a la cantidad de mil setecientos treinta y ocho pesos, con ******************** centavos, moneda nacional. Sin embargo, dicha determinación cesó al quedar sustituida procesalmente por la determinación de siete de agosto de dos mil veinte, que la Juez señalada como responsable emitió con motivo del recurso de revocación que la promovente hizo valer en contra de los indicados autos. Por lo que la resolución reclamada, dejó de tener efectos legales propios, y por tanto, de producir afectación a su esfera jurídica por la cesación de los mismos. Pues, como se dijo, fue sustituida por la determinación de siete de agosto de dos veinte, por lo que esta última es la que procesalmente rige la esfera jurídica de la parte impetrante, ello independientemente de que en el citado proveído la Juez del procedimiento hubiere negado la admisión de dicho recurso. Se cita al caso la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias Común, con registro 165870, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así como también la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Tercer Circuito, visible en la página 410, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con registro 199560, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta de que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, por lo que hace a los acuerdos de dieciséis y veintiocho de julio de dos mil veinte. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, con independencia de lo anterior, ahora no es factible el reclamo de dichos proveídos mediante el juicio de amparo indirecto, pues su impugnación deviene extemporánea, al no haberse presentado la demanda constitucional dentro de quince días posteriores, contados a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación a la parte quejosa de los actos reclamados. Tal como se establece el plazo de impugnación en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, en el caso, en el escrito inicial de demanda existe la confesión expresa de la impetrante del amparo, en el sentido que dichos acuerdos le fueron notificados el día treinta y uno de julio de dos mil veinte. De manera que, el plazo con que contaba para promover el amparo en contra de dichos acuerdos transcurrió en exceso. En efecto, el cómputo para hacerlo transcurrió del tres de agosto del dos mil veinte y concluyó el veintiuno de agosto siguiente, descontándose los días primero, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis, de agosto de dos mil veinte, por ser días inhábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo en la que reclamó, entre otros, los acuerdos de dieciséis y veintiocho de julio de dos mil veinte, fue presentada por la quejosa hasta el veinticinco de agosto de dos mil veinte, es evidente que fue promovida en forma extemporánea, por lo que deben estimarse consentidos dichos actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En tal virtud, al haberse evidenciado el consentimiento tácito de los acuerdos reclamados, lo que se estima así, por no haber promovido la demanda de amparo dentro del plazo que la ley señala para ese efecto, y no encontrarse dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promoverla; es inconcuso que resulta extemporánea su presentación. QUINTA. En relación con el acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte en la cual la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, a solicitud de las partes (********************y ********************) concedió el cambio de vía, de Procedimiento Ordinario Oral Familiar inicialmente promovido por ********************y continuado por ambos como Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, en la que se aprobó judicialmente el convenio expuesto de manera verbal en la audiencia, y que sirvió de base para la emisión de los acuerdos de dieciséis y veintiocho de julio de dos mil veinte. Al respecto, el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Del numeral en cita, se aprecia que el amparo indirecto procede en contra de actos fuera de juicio. Sin establecer mayores directrices sobre su procedencia. Sin embargo, en cuanto a esta hipótesis le son aplicables las reglas y principios de concentración que rigen la procedencia del juicio de amparo en general, a modo tal que, solo procede el juicio de amparo en esta vía, en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de jurisdicción voluntaria. Ello es así, porque del examen de las fracciones III y IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y de los artículos de la propia ley que regulan el amparo indirecto, muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal, pudiéndose reclamar las violaciones procesales trascendentales junto con dicha determinación. Tal principio rige en los actos viciados "provenientes de autoridades administrativas" (fracción III), pues si los mismos se dictan dentro "de un procedimiento seguido en forma de juicio", deben reclamarse los actos, omisiones o resoluciones que afecten materialmente un derecho sustantivo, ya sea que la violación se cometió en la misma resolución o durante el procedimiento, si en virtud de éstas, hubiere quedado sin defensa el quejoso transcendiendo al resultado del fallo. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo dictados tanto "dentro de juicio" (fracción V), como después de concluido éste (fracción IV). Pues, respecto de los primeros rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos. Y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final, en este último caso, se pueden hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento en los mismos términos apuntados: que dejen sin defensa al quejoso y transciendan al resultado de la resolución. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados dentro del juicio y después del juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos "fuera del juicio". Cabe señalar que, en dicha regla de procedencia se recoge un principio de concentración procesal, que busca acumular en un mismo juicio de amparo las diferentes violaciones que se consideren, a efecto de que sea con un solo trámite y resolución en amparo, en donde se decida sobre la validez del procedimiento fuera de juicio en su totalidad. Esto, ya que por regla general no existe urgencia en tramitar inmediatamente el juicio de amparo, pues se parte de la base que el procedimiento fuera de juicio sólo tiene efectos procesales y no constituyen mandatos de ejecución. Lo anterior, no significa que se deje en estado de indefensión o se niegue el acceso a la justicia a los gobernados, sino que su derecho de defensa lo pueden ejercer hasta el momento final, ya que lo que tutela el acceso a la justicia, es en todo caso, que exista un procedimiento capaz de analizar y reparar la violación a sus derechos, pero no necesariamente que sea de procedencia inmediata, sino únicamente efectivo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 763, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, con registro 2010984, de rubro y texto siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." En esa tesitura, si bien la resolución emitida por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, el diecinueve de febrero de dos mil veinte (no dieciséis como erróneamente refiere la quejosa) culmino el procedimiento de jurisdicción voluntaria lo que haría procedente el juicio de amparo; también lo es, que dicha reclamación resulta extemporánea. Ello es así, por cuanto tuvo conocimiento de dicho acto en la propia fecha de su emisión (diecinueve de febrero de dos mil veinte) sin que hubiera hecho valer su inconformidad por la vía de amparo indirecto, dentro de quince días. Ya que el cómputo para hacerlo transcurrió del veinte de febrero de dos mil veinte y concluyó el diecisiete de marzo siguiente, descontándose los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, uno, siete, ocho, catorce y quince de marzo de dos mil veinte, por ser días inhábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; veinticuatro y veinticinco de febrero, nueve y dieciséis de marzo todos de dos mil veinte. Por tanto, como se dijo en párrafos precedentes, si la demanda de amparo fue presentada por la quejosa hasta el veinticinco de agosto de dos mil veinte, es evidente que fue promovida en forma extemporánea, por lo que debe estimarse consentida la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte emitida en el expediente ********************relativa a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas por ********************y ********************. En esa tesitura, procede el sobreseimiento del juicio respecto al acto reclamado ya señalado. SEXTO. Análisis de la Litis Constitucional. En cuanto al acto reclamado en el inciso a) de la demandada, son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, motivo por el cual deberá negárse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la Juez responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, la Juez responsable aprobó el convenio celebrado entre ********************y ********************por lo que condenó a los interesados a estar y pasar por su tenor, dándole fuerza de cosa juzgada, como si se tratara de una sentencia ejecutoriada. 2. Mediante escrito de quince de julio de dos mil veinte, ********************, solicitó a la Juez responsable que de manera urgente comisionara al actuario adscrito al Juzgado para que se constituyera en unión del solicitante en el predio número ******************** de la calle ********************, por ******************** y ******************** letra C del Fraccionamiento ********************de la ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán, a fin de que la señora ********************, en forma pacífica entregara a los menores de iniciales ********************y********************, así como las pertenencias de los mismos. 3. A dicho memorial recayó el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veinte, en el cual la Juez responsable, entre otras cosas, acordó que atendiéndose a que en el punto tercero de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se había decretado a favor de ********************la custodia definitiva de los menores de edad, acorde a lo establecido en el artículo 318 del Código de Familia para el Estado. Se comisionó a la actuaria adscrita al Juzgado a fin de que procediera a requerir a ******************** en el domicilio indicado en el escrito proveído, para que de manera inmediata entregara a los menores y la apercibió que en caso de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 83, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, que asciende a la cantidad de mil setecientos treinta y ocho pesos, con ******************** centavos, moneda nacional. 4. En diligencia de veinte de julio de dos mil veinte, se constituyó la actuaria adscrita al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, en el domicilio indicado, en el que no se pudo realizar la diligencia por los motivos ahí asentados. 5. Por escrito recibido el veintisiete de julio de dos mil veinte, ********************solicitó a la Juez responsable se sirviera autorizar el auxilio de la fuerza pública para la recuperación de los menores, en el predio ******************** de la calle ********************, por ******************** letra D y calle ******************** y dos, sección IVEY, del fraccionamiento Campestre Flamboyanes, de Progreso, Yucatán, para dar debido cumplimiento al auto de dieciséis de julio del citado año. 6. En auto de veintiocho de julio de dos mil veinte, la Juez responsable emitió un acuerdo en el que comisionó a la actuaria referida, para que notificara a la aquí quejosa ********************, el contenido del citado proveído y de los de dieciocho de marzo y dieciséis de julio de dos mil veinte, no accediéndo a la autorización de la fuerza pública ya que la diligencia para que entregara a los citados menores, había sido ordenada en el proveído de dieciséis de julio de dos mil veinte, en el que se precisaron los términos en que se debería realizar. Asimismo, la previno para que en el momento de entregar a los menores al progenitor custodio, entregara de igual manera las pertenencias de éstos, como lo es ropa, calzado y demás objetos personales; apercibiéndola que de no hacerlo así, se haría efectivo el apercibimiento de multa previsto en el auto de dieciséis de julio de dos mil veinte. 7. En diligencia de treinta de julio de dos mil veinte, la actuaria adscrita al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, se constituyó en el domicilio proporcionado como de la ahora quejosa ********************en el que se entrevistó de manera personal con la citada ********************y le realizó la notificación, prevención, requerimiento y apercibimientos ordenados en los autos de veintiocho de julio, dieciséis de julio y dieciocho de marzo, todos de dos mil veinte, a lo que dijo quedar enterada y notificada. 8. Por escrito de treinta y uno de julio de dos mil veinte, la ahora quejosa interpuso ante la autoridad responsable recurso de revocación en contra de los proveídos de dieciséis y veintiocho de julio de dos mil veinte. 9. En auto de siete de agosto de dos mil veinte, el cual constituye el acto reclamado, la juez responsable, entre otras cosas, tuvo por presentada a ******************** con sus memoriales, en el que tuvo por designado a sus asesores jurídicos patronos y respecto al recurso de revocación que pretendió interponer, no lo admitió por cuanto el procedimiento se encontraba en etapa de ejecución, fundamentando su determinación en el artículo 414 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, el cual establece que contra las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia no se admite recurso alguno. De igual manera, acordó la promoción de ******************** (tercero interesado), y a fin de dar cumplimiento al resolutivo tercero de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Comisionó a la actuaria de su adscripción, para que en compañía de los elementos de la policía de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Progreso, se constituyera en el predio en el predio ******************** de la calle ******************** por ******************** letra D y ******************** y dos, del Fraccionamiento Flamboyanes de Progreso, Yucatán. A fin de requerir a la ahora quejosa, para que en el acto de la diligencia, entregara a los menores de iniciales ********************y ********************a su progenitor ********************, y en caso de negativa y para el caso de que se impidiera el acceso a la fedataria judicial en el domicilio antes citado, procediera la actuaria en el propio acto a romper cerraduras y candados para introducirse al predio señalado con auxilio de los elementos policíacos. Ahora bien, la quejosa arguye que el acuerdo reclamado es violatorio de los artículos 4, 14 y 16 Constitucionales, ya que con su actuar la Juez vulneró el interés superior de los menores, pues omitió expresar los fundamentos legales en que se apoyan las mismas, así como escuchar el parecer del Ministerio Público, y en su caso el de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, extralimitándose en sus facultades. Como inicialmente se dijo, resultan infundados dichos conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, toda vez que contrariamente a lo señalado por la recurrente, la orden emitida por la juez responsable en el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte sí se encuentra fundado y motivado. Ya que, si por lo primero se entiende que en toda resolución judicial han de expresarse los preceptos aplicables al caso, y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causa inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para la emisión de la resolución recurrida. Basta la lectura del mismo para percatarse que la Juez responsable invocó los artículos 78 fracción VIII, 79, 83 fracciones II y III, 85, 390, 398 y 408 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado; así como también vierte los razonamientos que rigen el sentido de su determinación; de ahí que del análisis del acuerdo impugnado se aprecie que el mismo se encuentra fundado y motivado. En cuanto a lo alegado por la quejosa en el sentido de que el actuar de la Juez vulneró el interés superior de los menores, ya que fue omisa en escuchar el parecer del Ministerio Público, y en su caso el de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por lo que considera se extralimitó en sus facultades. Tampoco le asiste la razón ya que como se aprecia de las constancias que integran los autos del expediente ********************en el considerando quinto de la audiencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hizo constar que en términos de los artículos 118 y 123 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, se escuchó el parecer de la Fiscal adscrita al Juzgado y el de la Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, quienes opinaron estar anuentes a la aprobación del convenio al que llegaron la aquí quejosa ******************** y ********************. En el cual se estableció que el citado ********************tendría la guarda y custodia de sus hijos menores de edad hasta que cumplieran con la mayoría de edad o alguna autoridad competente decidiera lo contrario; sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que exista una resolución en sentido diverso. Siendo que, como quedó asentado, de las constancias de autos, la quejosa ******************** incumpliendo con lo dispuesto en el considerando tercero de la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, aprovechándose de que el padre custodio accedió a que se llevara a los menores de edad para su convivencia del veintisiete de marzo al seis de abril de dos mil veinte, indebidamente los retuvo negándose a entregar a los menores, transgrediendo de esa manera lo decidido en la sentencia emitida, actualmente firme. De ahí que la Juez del conocimiento, en el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, acertadamente, ordenó a la actuaria de su adscripción se constituyera en el domicilio de la quejosa y la requiriera para que en el acto de la diligencia entregara a los menores de iniciales ********************y ********************. en cumplimiento al punto tercero de la resolución en comento. Ello, por cuanto hay una resolución de guarda y custodia firme, la cual no ha variado, y en caso de considerarlo pertinente la aquí quejosa deberá solicitar la modificación a través de los medios de impugnación legales correspondientes. Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la inconforme, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora, actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso Yucatán, toda vez que siendo constitucional el acto de la ordenadora, también lo es el de la ejecutora. Se cita al caso la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 52, Octava Época, Materia Común, con registro 217666, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DEL AMPARO CONTRA LAS ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenaron la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe negarse también respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. SEPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por los motivos y la autoridad expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por los motivos y la autoridad expuestos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************contra los actos que reclama a la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, y actuaria de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos, para los efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, dependiente de la Dirección de Identificación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual remite copia certificada del acta ********************; lo anterior, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintisiete de enero pasado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de enero dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: toda vez que de la revisión de las constancias relativas al expediente, se advierte que en auto admisorio de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se reservó requerir a la Fiscalía del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, las copias del acta UNATD11-GD/001165/2019 hasta que obraran los informes de las responsables, la cual resulta necesarias para su estudio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE PROGRESO, YUCATÁN, (Denominación correcta) para que en el término de tres días, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada, completa y legible de la constancia referida, dado que se considera necesaria para resolver el presente asunto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá la multa de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237 fracción I en relación con el 259 de la Ley de la Materia, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos, con cero centavos, moneda nacional). En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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