Patricia Gonzalez Gomez

Expediente 1637/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1637/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Patricia Gonzalez Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se le dio a la parte tercero interesada por lista de estrados el trece de noviembre del presente año, relativa al informe justificado rendido por la autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, y constancias que acompañó en apoyo a su respectivo informe. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1637/2023-VII-A, promovido por Rodrigo Troyo González, en su carácter de apoderado de la quejosa Patricia González Gómez, contra el acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; y,********************ANTECEDENTES********************PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, el nombrado quejoso solicitó la suspensión definitiva en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Por acuerdo dictado el diecisiete de octubre del año en curso, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos; se solicitó a la autoridad responsable (Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado) su informe previo y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en:********************La resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en autos del expediente 1115/2015, relativo al procedimiento ordinario oral familiar promovido por Minerva Irene Sabido García, como representante legal de su menor hijo de iniciales E.O.V.S., en contra de la sucesión testamentaria de Manuel Enrique Vera Azar.********************SEGUNDA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de así haberlo reconocido expresamente al rendir su informe previo. ********************TERCERA. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual tiene el carácter de ser consumado con efectos positivos, por lo que sí es procedente el otorgamiento de la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias; sin embargo, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: ********************"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: ********************Que la solicite el quejoso; y ********************Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ********************La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". ****************************************Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. ********************Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se Contravengan disposiciones de orden público.********************Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. ********************De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. ********************En este tenor, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, como ya se dijo, que el referido acto reclamado tiene el carácter de consumado con efectos positivos, se procederá a proveer estos últimos. ********************NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA.********************En cuanto a los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada.********************Ello obedece a que no se satisface el requisito establecido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, ya que la concesión de la medida impediría el pago de alimentos a favor del acreedor alimentario (en el caso, del menor de edad E.O.V.S.), lo que de conformidad a la fracción IX, del artículo 129, de la citada Ley, ocasionaría perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.********************Por tanto, es improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues equivaldría a afectar la determinación que sobre la planilla de liquidación relativa a la pensión alimenticia se decretó en favor del acreedor alimentario y los perjuicios que con tal determinación se ocasionaran a este serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley.********************Sin que obste a lo anterior, lo que señala la parte quejosa en relación a que ya se encuentran garantizados los alimentos de dicho acreedor con el aseguramiento y embargo de un bien inmueble de la directa quejosa.********************Ello, pues por el momento, de las constancias de autos no se advierte que se está en alguna excepción a la norma recién citada, es decir, que de concederse la suspensión no se dejaría en peligro de subsistencia al acreedor alimentario.********************Ciertamente, a pesar del aparente derecho de la quejosa, debe prevalecer que en el caso sí está claramente determinado que se contraviene el orden público y el interés social, porque en este momento, no se tiene prueba alguna o constancia de que el acreedor alimentario, beneficiario de ese pago, tenga garantizada su subsistencia de forma distinta, que permita establecer que ante la suspensión y falta de cobro de la cantidad determinada por la autoridad responsable, pueda subsistir.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia establecida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Civil, Tesis 40, en la página 32, que señala lo siguiente: ********************"ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla."****************************************De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, lo que informa la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Página: 10, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXXXI, del rubro y texto siguientes:********************"ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCION QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSION. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión."****************************************Así como la jurisprudencia I.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 383, del Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa: ********************"SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad."****************************************Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************RESUELVE********************ÚNICO. Se NIEGA a Patricia González Gómez la suspensión definitiva que solicitó en contra de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de esta interlocutoria.********************Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: en virtud que de la lectura de la constancia de treinta de octubre del año que transcurre, levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que por los motivos expuestos, no le fue posible emplazar a juicio a la tercero interesada E.O.V.S. por conducto de Minerva Irene Sabido García, como se ordenó mediante proveído de diecisiete de octubre último. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la Juez responsable, agregadas por auto de treinta y uno de octubre de esta anualidad, se advierte un diverso domicilio donde pudiere ser notificada la tercero interesada, sito en el predio marcado con el número cuarenta y tres letra B, de la calle veinte, entre la calle uno letra E y uno letra F, de la Colonia México Norte, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, emplácese a la citada tercero interesada al presente juicio en el domicilio señalado para tal efecto, con entrega de copia simple del escrito de demanda, así como copia autorizada del auto de admisión y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio, si así conviniere a sus intereses. Indicándole que por auto de treinta y uno de octubre de esta anualidad, se dio vista a las partes del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable. Hágasele de su conocimiento a la referida tercero interesada que la audiencia constitucional está señalada para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDADCON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: en virtud que de la lectura de la constancia de treinta de octubre del año que transcurre, levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que por los motivos expuestos, no le fue posible emplazar a juicio a la tercero interesada E.O.V.S. por conducto de Minerva Irene Sabido García, como se ordenó mediante proveído de diecisiete de octubre último. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la Juez responsable, agregadas por auto de treinta y uno de octubre de esta anualidad, se advierte un diverso domicilio donde pudiere ser notificada la tercero interesada, sito en el predio marcado con el número cuarenta y tres letra B, de la calle veinte, entre la calle uno letra E y uno letra F, de la Colonia México Norte, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por conducto de uno de los actuarios judiciales de este tribunal, emplácese a la citada tercero interesada al presente juicio en el domicilio señalado para tal efecto, con entrega de copia simple del escrito de demanda, así como copia autorizada del auto de admisión y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio, si así conviniere a sus intereses. Indicándole que por auto de treinta y uno de octubre de esta anualidad, se dio vista a las partes del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable. Hágasele de su conocimiento a la referida tercero interesada que la audiencia constitucional está señalada para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

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