Patricia Gonzalez Gomez
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricia Gonzalez Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veinte de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio constitucional. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, el veintiuno de septiembre del año en curso; siendo que en la propia fecha, se agrega el escrito de la parte quejosa con en el que desahogó dicha vista. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, en contra de los actos que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: ".Deje insubsistente el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio ********************de su índice.- - - En su lugar, emita otro en el que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, dando contestación a todas y cada una de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés..". Luego, en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento a las responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Juez responsable transcribió el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de origen, en el que, en primer término, dejó insubsistente la determinación recurrida, y por otra parte, siguiendo los lineamientos ordenados en la ejecutoria de mérito, emitió una nueva determinación con relación a la planilla de pensiones alimenticias adeudadas. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente al efecto amparador que le fue señalado como directriz bajo la que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior, el escrito de cuenta presentado el veintisiete de los corrientes, por ********************, apoderado de la quejosa ********************, mediante el cual hace valer su inconformidad en relación con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, manifestando, esencialmente, que la Juez responsable no analizó adecuadamente sus argumentos en la nueva determinación de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, pues consideró que no aportó pruebas suficientes para acreditar su dicho. Siendo que lo que pretende la parte quejosa es controvertir la legalidad de la determinación pronunciada por la responsable, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía correspondiente. Orienta a la anterior consideración, la tesis 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGÚN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. De las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte ha establecido en relación al sistema sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras éste no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad y, en su caso, autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitir resolución en los términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios respecto de los que haya quedado demostrado que fueron contumaces al no cumplir con la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento con el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no lo fue. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento éste fue defectuoso por exceso o por defecto procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación a lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar. En este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 antes mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." En virtud de lo anterior, no es el caso realizar pronunciamiento alguno respecto a las solicitudes que realiza el quejoso en el sentido de que se informe al Consejo de la Judicatura la conducta del perito designado en el juicio de origen ********************, a efecto de que sea suspendido de su cargo; así como que se gire oficio a la Unidad Administrativa del Poder Judicial del Estado, a fin de que proporcione la información a la que hace referencia; toda vez que, como se dijo en el párrafo que antecede, deberá hacer valer sus derechos por la vía idónea; máxime que dichas cuestiones, en su caso, resultan competencia únicamente de la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo en copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente ********************del índice de la autoridad responsable. En tal virtud, devuélvasele el citado anexo a dicha responsable, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo, dado que se trata de copias certificadas. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto.la En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa; tercero interesada; y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el veinticuatro de agosto del año en curso, se realizó el veinticinco de agosto siguiente; por tanto, al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 920/2023-VI-B, promovido por Rodrigo Troyo González, en su carácter de apoderado de Patricia González Gómez, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el catorce siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la referida parte quejosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, en primer término, se determinó como medida para proteger la intimidad del menor tercero interesado, que se suprimiera de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo; posteriormente, se registró la demanda de que se trata con el número 920/2023-VI-B y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La resolución dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el expediente 1115/2015, relativo al procedimiento ordinario familiar promovido por Minerva Irene Sabido García, como representante legal de su menor hijo de iniciales E.O.V.S., en contra de la sucesión testamentaria de Manuel Enrique Vera Azar. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan esencialmente fundados y suficientes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Conviene precisar que de la lectura del capítulo denominado "ACTO RECLAMADO", se advierte que la parte inconforme igualmente esgrime razonamientos tendientes a combatir el proveído reclamado; por tanto, dado que la demanda de amparo es un todo y por ende, debe interpretarse en su integridad a fin de que el Juez de Distrito armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman con el objetivo de determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o en imprecisión. De tal manera que los argumentos contenidos en el referido capítulo, que se traducen en disidencias, serán analizados en vía de conceptos de violación, sin que ello implique en modo alguno suplir la queja deficiente o integrar la acción que intenta el gobernado, pues se trata únicamente de armonizar la información con la que se cuenta, a fin de que, a través de ella, se precise el verdadero sentido que quiso darle el particular. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página quinientos diecinueve, Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 197919, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda." En primer término, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Proveído de treinta de noviembre de dos mil quince, en el cual, el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite el juicio ordinario familiar promovido por MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, en representación de su hijo menor de identidad reservada E.O.V.S, en el cual reclamó esencialmente, se declare en sentencia inoficioso el testamento del señor Manuel Enrique Vera Azar y se decrete una pensión alimenticia a favor del menor; procedimiento que quedó registrado con el número 1115/2015; asimismo, ordenó emplazar a la parte demandada (foja 42 anexo). 2.- Seguido el procedimiento en todas sus etapas legales, mediante sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, se determinó procedente la vía oral familiar incoada por la parte actora; y se declaró inoficioso el testamento público abierto otorgado por Manuel Enrique Vera Azar, para el efecto de fijar una pensión alimenticia a favor del menor de edad E.O.V.S. (fojas 166-183 anexo). 3.- Inconforme con tal determinación, Patricia González Gómez interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que en el toca 839/2016, dictó resolución el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, declarando sin materia el recurso de apelación interpuesto y dejando firme la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis (Fojas 418 a 423, del anexo). 4.- Posteriormente, con motivo de la interposición de diversos juicios de amparo del índice de este Juzgado de Distrito (809/2019-IV-A, 1667/2019-V-B y 650/2020-III-B), finalmente, por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, el Juez responsable se pronunció respecto a la pensión que correspondía al menor de edad, la cual fijó en ochenta y ocho mil pesos moneda nacional, en atención al dictamen del perito tercero (fojas 766 a 769 anexo). 5.- Escrito de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual, MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA solicitó el pago retroactivo actualizado de los alimentos no pagados desde la fecha en que causó ejecutoria la sentencia (Fojas 836 a 838, del anexo). 6.- Auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el cual, por los motivos ahí expuestos, el Juez determinó no acceder a la solicitud realizada por la parte actora (fojas 846-847 anexo). 7.- Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, promovió juicio de amparo indirecto en su contra, del que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, registrándolo con el número de expediente 720/2021-I-B. En el que mediante sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: ".deje insubsistente el acuerdo reclamado, en su parte conducente; y hecho ello, de conformidad con los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria, emita un nuevo proveído, en el cual determine que sí procede el pago retroactivo de alimentos a favor del menor quejoso.". 8.- En cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el referido juicio de amparo 720/2021-I-B, el Juez responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado, y posteriormente, mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, determinó la procedencia del pago respecto de las pensiones vencidas y no cobradas, por lo que requirió a la parte actora para que en el término de tres días exhibiera la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, debidamente detallada y desglosada (fojas 956-957 anexo). 9.- Proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, la parte actora, en cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo precedente, presentó la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, por lo que el Juez responsable ordenó dar vista a la parte demandada (fojas 966-971 anexo). 10.- Auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo a la parte accionada dando contestación a la vista otorgada y consignando la cantidad de $5,375.00 (cinco mil trescientos setenta y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional), respecto de la cual, la autoridad responsable se reservó acordar lo legalmente conducente (foja 1043). 11.- Por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable requirió nuevamente a la parte actora a fin de que exhibiera la planilla en la que de manera desglosada, señalara los conceptos de mes, año y cantidades adeudadas a fin de encontrarse en posibilidad de requerir el cumplimiento de dicha obligación (foja 1046). 12.- Mediante acuerdo de dieciocho de marzo del referido año, el Juez responsable aprobó la planilla de adeudos exhibida por la parte actora, por la cantidad de $1'382,632.92 (un millón trescientos ochenta y dos mil, seiscientos treinta y dos pesos, noventa y dos centavos, moneda nacional), y ordenó realizar el requerimiento de pago correspondiente (foja 1053). 13.- Proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se ordenó regularizar el procedimiento a fin de que le fuera notificado personalmente a la parte demandada, el acuerdo referido en el párrafo precedente (foja 1061). 14. Auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable tuvo a la parte demandada, dando contestación a la vista que le fuera otorgada; asimismo, por los motivos ahí expuestos, determinó: ".de la lectura y revisión de las constancias judiciales que integran este expediente, se observa que existen depósitos realizados en concepto de la parte proporcional que le corresponde al menor quejoso aquí involucrado de la venta de diversos predios, los cuales formaban parte de la masa hereditaria, mismas cantidades que fueron retiradas de plena conformidad por la parte interesada según las constancias puestas, por ende en la actualidad ya no generan más ingresos los aludidos inmuebles; en ese sentido, a fin de que esta autoridad cuente con mejores elementos para resolver lo conducente en beneficio del interés superior del menor [.], se previene a la señora MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, para que dentro del término de tres días, exhiba una nueva planilla debidamente desglosada y ajustada a derecho.". (fojas 1116-1117 anexo). 15.- Resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, con la que el Juez responsable tuvo a la parte actora exhibiendo la planilla de liquidación que le fuera requerida en auto de uno del referido mes y año; y en ese propio acto, aprobó la planilla de que se trata, arrojando un total de $922,250.00 (novecientos veintidós mil, doscientos cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional), decretando su pago (fojas 1127-1130 anexo). 16.- Inconformes con la anterior determinación, la parte actora y demandada en el procedimiento natural, promovieron juicios de amparo indirecto en su contra, de los que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, registrándolos con los números de expedientes 2239/2022-VI-B y 2256/2022-VI-B, los que se acumularon por interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Mediante sentencia dictada el trece de febrero de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: ".Deje insubsistente el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, únicamente en la parte conducente a la resolución de la planilla exhibida; y en su lugar, ordene dar vista a la parte quejosa PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por el plazo de tres días, con la planilla de adeudos que presentó la acreedora alimenticia el ocho del referido mes y año.". 17.- En cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el referido juicio de amparo, mediante auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, el Juez responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado, y ordenó dar vista a la aquí quejosa con la planilla de mérito (foja 1204 anexo). 18.- Por escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la quejosa PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por conducto de su apoderado, desahogó la vista que le fuera concedida en el citado proveído de diez de marzo del presente año (fojas 1206-1214 anexo). 19.- Proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, con la que el Juez responsable tuvo por recibido el escrito señalado en el párrafo inmediato anterior y aprobó la planilla presentada el ocho de agosto de dos mil veintidós, arrojando un total de $922,250.00 (novecientos veintidós mil, doscientos cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional), decretando su pago. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce la parte quejosa que la autoridad responsable trasgrede en su contra los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues omitió por completo pronunciarse respecto a las manifestaciones y solicitudes que realizó en el escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Así, atendiendo a la manera de formulación de los conceptos de violación, se tiene que dicho motivo de inconformidad es básicamente de carácter formal; por lo que, por cuestión de técnica, su estudio es preferente a las cuestiones de fondo; y, además se advierte fundado. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, establece: "...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto jurídico antes invocado, se infiere, que el debido respeto al derecho de audiencia exige, que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este derecho fundamental puede entenderse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal derecho, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue el propio derecho, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales los que garanticen lo anterior. Así, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente sus defensas, y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 47/95, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 133, con número de registro 200234, cuyo rubro y texto señalan: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Luego, una adecuada y oportuna defensa requiere de las etapas procesales a que hace referencia la jurisprudencia transcrita en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, los que tendrán el carácter de esenciales cuando resultan necesarios para la adecuada defensa; por el contrario, resultarán secundarios aquellos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción al derecho fundamental de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado. Por su parte, el artículo 16 Constitucional, en la porción que interesa, dispone: ".Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El artículo 16 Constitucional, tal y como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad; y, por ende, prevé la exigencia de justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen alguna molestia para los particulares y, que se manifiesten en dos requisitos esenciales que deben concurrir necesariamente, fundar y motivar dicho acto. La fundamentación y motivación son requisitos indispensables para que un acto de autoridad tenga plena eficacia, así la fundamentación es el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y por motivación se entiende el señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; tal y como se advierte del contenido de la Jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con los diversos principios de exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, la autoridad competente está obligada al emitir su fallo, de ocuparse de todas y cada una de las pretensiones que plantea la parte que pide. La congruencia, es un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben pronunciarse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; trasladado ese concepto al presente asunto, es dar respuesta a los planteamientos hechos por la parte quejosa respecto de la modificación del primitivo régimen de convivencia. La incongruencia interna emerge a la vida fáctica cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad jurisdiccional en la parte considerativa de su resolución, con la parte resolutiva de la misma, en otras palabras, los puntos resolutivos del fallo están en franca contradicción con las consideraciones de la autoridad jurisdiccional, o cuando existe contradicción entre los considerandos que forman parte de la resolución. La incongruencia externa en cambio se actualiza, cuando la autoridad omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las consideraciones formuladas por el inconforme y la contraparte; o bien, va más allá de lo expuesto. Esto es, cuando resuelve más allá de lo pedido, fuera de lo pedido o menos de lo pedido. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En ese contexto, cuando la autoridad dicta alguna resolución sin atender sobre cierto punto disputable en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, ya que lejos de distorsionar o alterar la litis, aquel proceder se reduce a omitir el examen y el pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó y, por ende, es dable afirmar que existió falta de exhaustividad. Ahora, en el caso concreto y como se anticipó, le asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que en la determinación controvertida, la responsable vulneró el principio de exhaustividad y, por ende, la falta de fundamentación y de motivación de esa resolución. Ello es así, pues de la lectura detenida de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el proveído que constituye el acto reclamado, tuvo por recibido el escrito mediante el cual, la aquí quejosa Patricia González Gómez, por conducto de su apoderado, desahogó la vista que le fuera otorgada con la planilla de pensiones alimenticias adeudadas exhibida por la actora Minerva Irene Sabido García, aquí tercero interesada, en el que realizó diversas manifestaciones y solicitudes, a lo que determinó: ".Respecto del memorial, se tiene por presentado a Rodrigo Troyo González, con su carácter reconocido en autos, referido escrito y copias fotostáticas simples que acompaña, haciendo las manifestaciones a que se contrae, y contestando la vista que se le diera a su representada en auto de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, y en los términos de su referido escrito, lo que se tiene por hecho para todos los efectos legales que correspondan; por lo que atentas las consideraciones realizadas en auto de fecha veintidós de agosto de dos mil veintidós, es de aprobarse y se aprueba la planilla presentada el ocho de agosto de dos mil veintidós.". En ese sentido, como acertadamente lo sostiene la parte solicitante del amparo, la Juez responsable omitió por completo pronunciarse respecto al contenido del escrito presentado por la aquí quejosa. Lo anterior pone de relieve que la Juez responsable en su resolución de diecisiete de mayo del año en curso, no colmó los elementos de la acción para emitir de manera fundada y motivada la resolución relativa a la planilla de pensiones alimenticias adeudadas en el procedimiento de origen, al omitir pronunciarse sobre los aspectos acabados de reseñar. De ahí que el acto controvertido transgredió en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de seguridad jurídica, en razón de que quedó evidenciado que la autoridad responsable actuó con desapego al principio de exhaustividad que debe regir en el dictado de las resoluciones, acorde con lo establecido en el precepto 17 de la Norma Suprema. Por las razones que la exponen, se trae a colación la jurisprudencia VI.3o.A. J/13 localizable en la página 1187 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo 2002, que reza: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." En consecuencia, lo que procede es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio 1115/2015 de su índice. En su lugar, emita otro en el que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto a la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, dando contestación a todas y cada una de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. En este orden de ideas, al haber resultado fundados los conceptos de violación analizados, resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno en torno a los restantes motivos de inconformidad, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia. Apoya lo expuesto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la foja 205, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 228,181, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si un concepto de violación analizado al resolver el amparo, es suficiente para dejar insubsistente el acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los demás aspectos tratados en los conceptos de violación." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PA RTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, en contra del acto atribuido a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.
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