Patricia Cárdenas Díaz Barriga
Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Cárdenas Díaz Barriga
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que por una parte, se concedió la suspensión provisional y, por otra, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente y de los incidentes respectivos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos originales ello en virtud de que no fueron exhibidos, ya que sólo se exhibieron copias simples. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: JUANA ESTELA BECERRA SERRATO, el siguiente acuerdo: OR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA: JUANA ARELLANO CISNEROS, el siguiente acuerdo: e recibe ejecutoria. Acúsese recibo del oficio T II 636, del secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio amparo III 219/2018, seis tomos de prueba, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión administrativa 16/2020, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por, por los actos, autoridades y motivos expuestos en la consideración décima de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a, en contra de los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional; y a la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, por los motivos expuestos en la consideración novena de esta resolución". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias certificadas. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Ahora, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a las partes, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, envió el expediente, constancias de donde emana el acto reclamado, con las cuales se formó tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrá como recibido a su entera satisfacción sin ulterior acuerdo Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid 19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les com que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Digitalización del proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-534/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido treinta y uno siguiente en este juzgado, Patricia Cárdenas Díaz Barriga demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE TACÁMBARO, MICHOACÁN. ACTUARIO Y/O MINISTRO EJECUTOR DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE TACAMBARO. Y por los actos que medularmente hizo consistir en: La orden de embargo a ejecutarse en el domicilio de la parte quejosa. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 51 fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que se reclama un acto emitido por autoridad residente en la circunscripción territorial que corresponde a este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de los anteriores criterios jurisprudenciales y del análisis integral de la demanda, se desprende que la quejosa reclama de la autoridad responsable el acto que se indica a continuación: La orden de embargo a ejecutarse en el domicilio de la parte quejosa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, negaron lisa y llanamente la existencia de los actos que se les reclama, tal como se advierte de la tabla siguiente: No Autoridad Auto en el que se tuvo por recibidos Sentido 1 Juez Civil y Mercantil de Primera Instancia con residencia en Tacámbaro, Michoacán y Actuaria de su adscripción Veintiuno de septiembre de dos mil veinte Niega En efecto, la Juez Civil y Mercantil de Primera Instancia con residencia en Tacámbaro, Michoacán y Actuaria de su adscripción señalaron lo siguiente. ".ÚNICO: No es cierto el acto reclamado por la quejosa Patricia Cárdenas Díaz Barriga, toda vez que una vez revisados de manera minuciosa el libro de registro de exhortos que se lleva en este Juzgado, no se encontró constancia alguna de que se siga juicio cual ninguno en contra del hijo de la quejosa de nombre Sergio Rodolfo Pérez Cárdenas. Por lo que dado lo anteriormente expuesto se considera que no fueron vulneradas las garantías constitucionales, ni derechos fundamentales que señala la quejosa: se agrega la certificación que se levantó por parte del secretario de acuerdos.". Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Por otro lado, no escapa a la consideración del que resuelve, que la parte quejosa haya anexado a su escrito inicial de demanda, la documental siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empero, dicha constancia no es suficiente para desvirtuar las negativas formuladas por las autoridades responsables, pues tal como se advierte del estudio integral de la misma, dicho "Citatorio urgente" no fue emitido por alguna de las autoridades señaladas como responsables, pues incluso carece de firma y únicamente contiene al rubro la leyenda "Cobranza Judicial de México". Motivo por el cual, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades mencionadas, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. En apoyo se invoca la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Patricia Cárdenas Díaz Barriga, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos en él expuestos.
- Incidental
VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número IV-534/2020; y VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número IV-534/2020; y RESULTANDO: PRIMERO. Patricia Cárdenas Díaz Barriga, por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades; AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE TACÁMBARO, MICHOACÁN. ACTUARIO Y/O MINISTRO EJECUTOR DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE TACAMBARO. Por los actos que hizo consistir en: La orden de embargo a ejecutarse en el domicilio de la parte quejosa. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercera extraña al juicio subyacente, los que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se ordenó formar incidente de suspensión por duplicado y se solicitó informe previo a las autoridades responsables; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama emana de autoridades con residencia en este distrito judicial. Segundo. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en lo siguiente: La orden de embargo a ejecutarse en el domicilio de la parte quejosa. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo, las autoridades responsables, negaron la existencia de los actos que se les reclama, tal como se advierte de la tabla siguiente: No AUTORIDAD Auto en el que se tuvo por recibidos SENTIDO 1 Juez Civil y Mercantil de Primera Instancia con residencia en Tacámbaro, Michoacán Veintiuno de septiembre de dos mil veinte Niega 2 Actuaria adscrita al Juzgado Civil y Mercantil de Primera Instancia con residencia en Tacámbaro, Michoacán y Actuaria de su adscripción Veintiuno de septiembre de dos mil veinte Niega En efecto, la Juez Civil y Mercantil de Primera Instancia con residencia en Tacámbaro, Michoacán y Actuaria de su adscripción señalaron lo siguiente. ".ÚNICO: No es cierto el acto reclamado por la quejosa Patricia Cárdenas Díaz Barriga, toda vez que una vez revisados de manera minuciosa el libro de registro de exhortos que se lleva en este Juzgado, no se encontró constancia alguna de que se siga juicio cual ninguno en contra del hijo de la quejosa de nombre Sergio Rodolfo Pérez Cárdenas. Por lo que dado lo anteriormente expuesto se considera que no fueron vulneradas las garantías constitucionales, ni derechos fundamentales que señala la quejosa: se agrega la certificación que se levantó por parte del secretario de acuerdos.". Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Por otro lado, no escapa a la consideración del que resuelve, que la parte quejosa haya anexado a su escrito inicial de demanda, la documental siguiente: Empero, dicha constancia no es suficiente para desvirtuar las negativas formuladas por las autoridades responsables, pues tal como se advierte del estudio integral de la misma, dicho "Citatorio urgente" no fue emitido por alguna de las autoridades señaladas como responsables, pues incluso carece de firma y únicamente contiene al rubro le leyenda "Cobranza Judicial de México". Motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia para concederla. Al respecto se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Patricia Cárdenas Díaz Barriga, contra los actos que reclamó de las autoridades y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
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