Patricia Elena Fierro Duarte

Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
469/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Patricia Elena Fierro Duarte

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con la determinación inserta en el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que se desechó su demanda de amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se impuso desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.GNMA

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintiuno.Admite competencia legal Visto lo de cuenta, se advierte que la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite los autos del juicio de amparo directo *******, de su índice, promovido por *******, en virtud de que mediante acuerdo de cuatro de los actuales, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, mismo que quedó firme en proveído de diecisiete de los mismos, momento en el cual ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, residente en esta ciudad, que resultó ser este órgano jurisdiccional. Con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento; por lo que, acúsese de recibido y hágase del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, esta determinación. Registro de la demanda Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 469/2021-II. Improcedencia de la demanda A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) De la hipótesis de improcedencia en comento, se advierte que, para su actualización, es precisa la concurrencia de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo (en caso de que se hubieren cometido); Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a. CXI/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, consultable en la página 219; cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A efecto de acreditar el previo aserto, es pertinente considerar que en el caso concreto, la accionante presentó demanda de amparo en contra del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia, por el siguiente acto reclamado: ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad ordenadora, la resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y que la misma causa sus efectos con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que se dictó en la toca que (sic) se tramita bajo el número *******, ante la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia. Dicha demanda, como se colige de los anexos remitidos por la autoridad declinante, fue presentada ante la autoridad responsable el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, de manera que, se encontraba en tiempo para promoverla, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. Luego, del apartado de antecedentes, se lee lo siguiente: [.] 1.- En fecha 15 de agosto del año 2019, los C. ******* y *******, interpusieron una demanda ejercitando la acción reivindicatoria mediante un juicio oral ordinario civil inicialmente en contra de la ahora quejosa, respecto del bien inmueble ubicado en ******* de esta ciudad. 2.- La demanda fue radicada por auto de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve, bajo el número de expediente *******, ante el Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. 3.-La actora realizó el emplazamiento a la quejosa conforme a derecho. 4.- Una vez emplazada la suscrita, en fecha ocho de noviembre del año dos mil nueve, di contestación a la demanda y reconvino la acción de prescripción. La cual fue debidamente admitida por auto de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve. 5.- Que en el mismo de (sic) auto de admisión de la contestación de la demanda y reconvención a la contraparte, se niega de plano por parte del C. Juez del Séptimo Juzgado Civil por audiencias del litisconsorcio pasivo en contra del C. *******, toda vez que el sujeto mencionado con antelación es quien me vendió y dio posesión del inmueble materia del presente juicio. Por lo que se (sic) presente apelación en contra de dicho auto, misma que se resuelve en contra, confirmando el auto. 6.- Que con fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinte, se presentó escrito por la suscrita, se ofrecieron diversos medios de prueba tanto documentales, como testimonios a cargo de los C. ******* y *******, los cuales se ofrecieron en su carácter de supervinientes, mismos de los cuales se resolvió la documental de comento en la audiencia preliminar, siendo estas rechazadas. 7.- El día dos de septiembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia preliminar. 8.- Que durante la celebración de la presente audiencia fueron rechazadas las probanzas de las cuales hago referencia en el número 6 que antecede. 9.- Que en atención a la determinación tomada por la juez del juicio séptimo por audiencias en la cual se desechan las probanzas, se presentó apelación con fecha 7 de septiembre del año 2020, la cual fue admitida en efecto devolutivo con fecha 08 de septiembre del año 2020. 10- Que se dio contestación a los agravios de la apelación presentada por la quejosa, por parte de la contraparte y que los mismos fueron admitidos con fecha 18 de septiembre del año 2020. 11.- Que dicha apelación fue radicada bajo el número de toca ******* en el índice de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. 12.- Que con fecha 16 de diciembre del año 2020, se dictó resolución dentro del número de toca que se señaló con antelación, siendo esta publicada con fecha 17 de diciembre del año 2020 y surtiendo sus efectos con fecha el 18 de diciembre del año 2020 y en la cual se confirman las determinaciones dictadas en la audiencia preliminar de la fecha de 02 de septiembre del año 2020 en los autos del juicio ******* del índice del Juzgado Séptimo por Audiencias, relativo al juicio oral ordinario civil. De tal suerte que, la aquí quejosa, ******* reclamó del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia, la resolución que emitió en el toca de apelación ******* de su índice, a través del cual confirmó la determinación emitida por el Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el juicio oral ordinario civil *******, dentro de la audiencia preliminar, mediante la cual no se admitieron diversos medios de convicción supervinientes que ofertó. En efecto, de los puntos resolutivos de la determinación reclamada, se colige lo siguiente: Primero. Se confirman las determinaciones dictadas en la audiencia preliminar en fecha dos de septiembre de dos mil veinte, publicado en la lista de acuerdos del siguiente día hábil con el número cuarenta y seis por la Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos del Estado, en los autos del expediente número *******, relativo al juicio oral ordinario civil del que deriva este toca. Segundo. No se realiza especial condena al pago de costas (.). Tercero. Notifíquese la presente resolución a las partes (.). Enseguida, como fue mencionado previamente, entre los anexos que se recibieron con el oficio de cuenta, se encuentra copia certificada del escrito presentado por ******* y *******, actores en el juicio de origen, y *******, demandada, aquí quejosa, el once de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con el que hicieron del conocimiento de su titular que decidieron llegar a un convenio, habiendo precisado sus términos. Debido a ello, mediante audiencia celebrada a las doce horas con veintitrés minutos del once de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaria Judicial del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, hizo constar la asistencia de ******* y ******* (actores en el juicio de origen) así como *******, (demandada, aquí quejosa) a quienes protestó y tomó sus datos generales, y determinó lo siguiente: [.] Vista la solicitud realizada por los comparecientes la Licenciada *******, Secretaria Judicial del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, conforme a lo dispuesto por los artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el número 271 y 272, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, quien actúa asistida de la Secretaria Judicial, Acuerda, dado que el convenio presentado por las partes no se encuentra prohibido por la ley y en cambio, sí reúne la formalidad prevista en ésta; que las partes contratantes tienen capacidad jurídica para celebrarlo; y asimismo, teniendo en cuenta que se trata de derechos renunciables por ser de interés privado; que no se advierte que con las cláusulas contenidas en el mismo se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en consecuencia de lo anterior, se aprueba el convenio judicial de referencia, teniendo, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Por lo que este Tribunal aprueba el convenio presentado, y se eleva el mismo a categoría de cosa juzgada, por lo que archívese el expediente como concluido, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. [.] Diligencia que fue firmada por las personas que en ella intervinieron; momento en el cual, dicho convenio se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada y se envió el asunto al archivo, al estar totalmente concluido. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. De tal suerte que, como se anunció, en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, debido a que: El acto reclamado en el juicio de amparo emana del toca de apelación ******* del índice del Magistrado señalado como responsable, es decir, de un procedimiento judicial, seguido en forma de juicio; Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno; se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, emitida el once de marzo de dos mil veintiuno, con motivo del convenio que celebró con su contraria en el juicio del que se deduce el toca en comento; En virtud de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, en caso de que se hubieren cometido; Por último, existe autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio oral ordinario civil *******, del índice del Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. En tales condiciones, no cabe duda que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; de manera que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia ya referida. Sin que sea preciso analizar la actualización de una hipótesis de improcedencia diversa, toda vez que basta la actualización de una de ellas, para desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaria judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Generación de citas para consulta de expedientes Además, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este incidente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio Amparo indirecto 469/2021 en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa, tercera interesada y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Autorizados y Domicilio Por así haberlo solicitado el quejoso y toda vez que el licenciado *******, se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, mientras que la licenciada *******, se encuentra registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m2pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A las autoridades responsables Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Finalmente, devuélvanse de inmediato al Magistrado señalado como responsable, los autos originales que integran el toca del que se deduce el acto aquí reclamado, con motivo de la anterior determinación. Notifíquese.Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Admite competencia legal Visto lo de cuenta, se advierte que la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite los autos del juicio de amparo directo *******, de su índice, promovido por *******, en virtud de que mediante acuerdo de cuatro de los actuales, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, mismo que quedó firme en proveído de diecisiete de los mismos, momento en el cual ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, residente en esta ciudad, que resultó ser este órgano jurisdiccional. Con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal planteada para conocer de la demanda de amparo en comento; por lo que, acúsese de recibido y hágase del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, esta determinación. Registro de la demanda Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 469/2021-II. Improcedencia de la demanda A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) De la hipótesis de improcedencia en comento, se advierte que, para su actualización, es precisa la concurrencia de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo (en caso de que se hubieren cometido); Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a. CXI/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, consultable en la página 219; cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A efecto de acreditar el previo aserto, es pertinente considerar que en el caso concreto, la accionante presentó demanda de amparo en contra del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia, por el siguiente acto reclamado: ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad ordenadora, la resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, publicada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte y que la misma causa sus efectos con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que se dictó en la toca que (sic) se tramita bajo el número *******, ante la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia. Dicha demanda, como se colige de los anexos remitidos por la autoridad declinante, fue presentada ante la autoridad responsable el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, de manera que, se encontraba en tiempo para promoverla, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. Luego, del apartado de antecedentes, se lee lo siguiente: [.] 1.- En fecha 15 de agosto del año 2019, los C. ******* y *******, interpusieron una demanda ejercitando la acción reivindicatoria mediante un juicio oral ordinario civil inicialmente en contra de la ahora quejosa, respecto del bien inmueble ubicado en ******* de esta ciudad. 2.- La demanda fue radicada por auto de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve, bajo el número de expediente *******, ante el Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. 3.-La actora realizó el emplazamiento a la quejosa conforme a derecho. 4.- Una vez emplazada la suscrita, en fecha ocho de noviembre del año dos mil nueve, di contestación a la demanda y reconvino la acción de prescripción. La cual fue debidamente admitida por auto de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve. 5.- Que en el mismo de (sic) auto de admisión de la contestación de la demanda y reconvención a la contraparte, se niega de plano por parte del C. Juez del Séptimo Juzgado Civil por audiencias del litisconsorcio pasivo en contra del C. *******, toda vez que el sujeto mencionado con antelación es quien me vendió y dio posesión del inmueble materia del presente juicio. Por lo que se (sic) presente apelación en contra de dicho auto, misma que se resuelve en contra, confirmando el auto. 6.- Que con fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinte, se presentó escrito por la suscrita, se ofrecieron diversos medios de prueba tanto documentales, como testimonios a cargo de los C. ******* y *******, los cuales se ofrecieron en su carácter de supervinientes, mismos de los cuales se resolvió la documental de comento en la audiencia preliminar, siendo estas rechazadas. 7.- El día dos de septiembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia preliminar. 8.- Que durante la celebración de la presente audiencia fueron rechazadas las probanzas de las cuales hago referencia en el número 6 que antecede. 9.- Que en atención a la determinación tomada por la juez del juicio séptimo por audiencias en la cual se desechan las probanzas, se presentó apelación con fecha 7 de septiembre del año 2020, la cual fue admitida en efecto devolutivo con fecha 08 de septiembre del año 2020. 10- Que se dio contestación a los agravios de la apelación presentada por la quejosa, por parte de la contraparte y que los mismos fueron admitidos con fecha 18 de septiembre del año 2020. 11.- Que dicha apelación fue radicada bajo el número de toca ******* en el índice de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. 12.- Que con fecha 16 de diciembre del año 2020, se dictó resolución dentro del número de toca que se señaló con antelación, siendo esta publicada con fecha 17 de diciembre del año 2020 y surtiendo sus efectos con fecha el 18 de diciembre del año 2020 y en la cual se confirman las determinaciones dictadas en la audiencia preliminar de la fecha de 02 de septiembre del año 2020 en los autos del juicio ******* del índice del Juzgado Séptimo por Audiencias, relativo al juicio oral ordinario civil. De tal suerte que, la aquí quejosa, ******* reclamó del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia, la resolución que emitió en el toca de apelación ******* de su índice, a través del cual confirmó la determinación emitida por el Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el juicio oral ordinario civil *******, dentro de la audiencia preliminar, mediante la cual no se admitieron diversos medios de convicción supervinientes que ofertó. En efecto, de los puntos resolutivos de la determinación reclamada, se colige lo siguiente: Primero. Se confirman las determinaciones dictadas en la audiencia preliminar en fecha dos de septiembre de dos mil veinte, publicado en la lista de acuerdos del siguiente día hábil con el número cuarenta y seis por la Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos del Estado, en los autos del expediente número *******, relativo al juicio oral ordinario civil del que deriva este toca. Segundo. No se realiza especial condena al pago de costas (.). Tercero. Notifíquese la presente resolución a las partes (.). Enseguida, como fue mencionado previamente, entre los anexos que se recibieron con el oficio de cuenta, se encuentra copia certificada del escrito presentado por ******* y *******, actores en el juicio de origen, y *******, demandada, aquí quejosa, el once de marzo de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con el que hicieron del conocimiento de su titular que decidieron llegar a un convenio, habiendo precisado sus términos. Debido a ello, mediante audiencia celebrada a las doce horas con veintitrés minutos del once de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaria Judicial del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, hizo constar la asistencia de ******* y ******* (actores en el juicio de origen) así como *******, (demandada, aquí quejosa) a quienes protestó y tomó sus datos generales, y determinó lo siguiente: [.] Vista la solicitud realizada por los comparecientes la Licenciada *******, Secretaria Judicial del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, conforme a lo dispuesto por los artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el número 271 y 272, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, quien actúa asistida de la Secretaria Judicial, Acuerda, dado que el convenio presentado por las partes no se encuentra prohibido por la ley y en cambio, sí reúne la formalidad prevista en ésta; que las partes contratantes tienen capacidad jurídica para celebrarlo; y asimismo, teniendo en cuenta que se trata de derechos renunciables por ser de interés privado; que no se advierte que con las cláusulas contenidas en el mismo se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en consecuencia de lo anterior, se aprueba el convenio judicial de referencia, teniendo, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Por lo que este Tribunal aprueba el convenio presentado, y se eleva el mismo a categoría de cosa juzgada, por lo que archívese el expediente como concluido, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. [.] Diligencia que fue firmada por las personas que en ella intervinieron; momento en el cual, dicho convenio se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada y se envió el asunto al archivo, al estar totalmente concluido. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. De tal suerte que, como se anunció, en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, debido a que: El acto reclamado en el juicio de amparo emana del toca de apelación ******* del índice del Magistrado señalado como responsable, es decir, de un procedimiento judicial, seguido en forma de juicio; Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno; se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, emitida el once de marzo de dos mil veintiuno, con motivo del convenio que celebró con su contraria en el juicio del que se deduce el toca en comento; En virtud de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, en caso de que se hubieren cometido; Por último, existe autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio oral ordinario civil *******, del índice del Juzgado Séptimo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. En tales condiciones, no cabe duda que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; de manera que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia ya referida. Sin que sea preciso analizar la actualización de una hipótesis de improcedencia diversa, toda vez que basta la actualización de una de ellas, para desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaria judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Generación de citas para consulta de expedientes Además, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este incidente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio Amparo indirecto 469/2021 en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa, tercera interesada y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Autorizados y Domicilio Por así haberlo solicitado el quejoso y toda vez que el licenciado *******, se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, mientras que la licenciada *******, se encuentra registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m2pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A las autoridades responsables Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Finalmente, devuélvanse de inmediato al Magistrado señalado como responsable, los autos originales que integran el toca del que se deduce el acto aquí reclamado, con motivo de la anterior determinación. Notifíquese.Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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