Patricia Aguirre Cisneros
Expediente 796/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Patricia Aguirre Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver el juicio de amparo 796/2023-III, promovido por **. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciocho de agosto del año en curso, en el Buzón Judicial del Poder Judicial de la Federación y en este juzgado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, **, promovió demanda de amparo en contra de actos del Titular del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. En esencia la parte quejosa reclama los derechos fundamentales, como lo son a vivir una vida libre de violencia; a la justicia pronta, expedita e imparcial; a la igualdad los cuales se encuentran señalados en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 769/2023-III, se admitió a trámite, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: IV.- NORMA GENERAL, O ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1) A la autoridad antes referida, se le reclama la OMISIÓN de haberse pronunciado respecto a la orden de protección prevista con la fracción V, inciso A) del artículo 7 en relación con la fracción III del artículo 168 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Chihuahua, consistente en la fijación de un monto o porcentaje por concepto de pensión alimenticia que el tercero interesado debiera de dar a la suscrita. 2) El dejar a la suscrita en un estado vulnerable y susceptible de seguir siendo violentada económicamente por el tercero interesado debido a la NEGATIVA de otorgar la pensión alimenticia en favor de la suscrita, ya que, si bien no se pronunció en el acuerdo mediante el cual da trámite a la separación de persona; el titular del Tribunal expuso a mis representantes legales que no se encontraba obligado a fijar un monto por concepto de pensión alimenticia debido a que tenía que realizarle estudios a las partes, dejando a un lado la urgencia de la medida solicitada para prevenir que siga siendo violentada. 3) La omisión de haber entrado al análisis de la medida de protección consistente en el otorgamiento de la pensión alimenticia en favor de la suscrita, lo anterior, al tenor de los principios básicos de las ordenes de protección, como pudiera ser la URGENCIA, que consisten en que la orden se debe implementar y cumplir de manera inmediata con la mayor agilidad posible a efecto de que cumpla con el fin de prevenir o impedir que los actos de violencia se digan violentando. Sirve como fundamento el artículo 7 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Chihuahua. Tercero. Existencia de los actos omisivos reclamados. Son ciertos los actos omisivos reclamados por la quejosa, pues así lo informó el Titular del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, con sede en la Ciudad de Chihuahua, al rendir informe justificado y anexó copia certificada de constancias que obran en el juicio seguido dentro de expediente 851/2023 de su índice Constancias que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos omisivos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Además, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa interrumpirse, acabarse, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace algo. Asimismo, el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, consultable a foja 71, con registro digital 197367, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, la quejosa ** reclama de la Titular del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la omisión en la impartición de justicia en el juicio de origen, al no fijar un monto o porcentaje por concepto de pensión alimenticia a su favor. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad en comento, se colige que en fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, el juzgado responsable emitió proveído en el cual se pronunció al respecto a la pensión alimenticia provisional y ordenó girar el oficio al representante legal y/o pagador de la empresa llamada SEMPRA INFRAESTRUCTURA, a fin de que realizara el descuento del 20% del total de las percepciones ordinarias como extraordinarias después de aplicar únicamente los descuentos de ley a **, por concepto de pensión alimenticia provisional, todo lo anterior dentro de expediente 851/2023 Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. De manera que, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a duda, que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, lo cual, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en virtud de que en el juicio de origen se fijó el porcentaje, que por concepto de pensión alimenticia provisional, se habrá de descontar a ** Así, resulta evidente que ha operado la causa de improcedencia en estudio, y ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos porque la autoridad responsable actuó en la forma en que marca la ley e hizo aquello que había omitido; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, dado que ya no existen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 210, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse respecto a las omisiones aquí reclamadas, la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por **, en contra de la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite el Juez Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por el cual informa que dentro del expediente *******, de su índice, la hoy quejosa promovió juicio en el que reclamó la disolución del vínculo matrimonial y ese juzgado fijó la pensión alimenticia provisional a favor de la misma, demanda que se radicó bajo el índice del juzgado oficiante bajo el expediente *******, el siete de septiembre del presente año. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y considerará en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la ley de amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda el oficio *******, que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada de la resolución emitida con motivo de la queja interpuesta por la quejosa *******, en contra del auto dictado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 796/2023, obsérvese en sus términos la citada resolución; y, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal resolvió: (.) ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere. (.) Acúsese recibo, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 796/2023-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiuno de agosto del año en curso, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Titular del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable supletoriamente a la materia incidental, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la impetrante reclama de las autoridades responsables lo siguiente: . IV.- NORMA GENERAL, O ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1) A la autoridad antes referida, se le reclama la OMISIÓN de haberse pronunciado respecto a la orden de protección prevista con la fracción V, inciso A) del artículo 7 en relación con la fracción III del artículo 168 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Chihuahua, consistente en la fijación de un monto o porcentaje por concepto de pensión alimenticia que el tercero interesado debiera de dar a la suscrita. 2) El dejar a la suscrita en un estado vulnerable y susceptible de seguir siendo violentada económicamente por el tercero interesado debido a la NEGATIVA de otorgar la pensión alimenticia en favor de la suscrita, ya que, si bien no se pronunció en el acuerdo mediante el cual da trámite a la separación de persona; el titular del Tribunal expuso a mis representantes legales que no se encontraba obligado a fijar un monto por concepto de pensión alimenticia debido a que tenía que realizarle estudios a las partes, dejando a un lado la urgencia de la medida solicitada para prevenir que siga siendo violentada. 3) La omisión de haber entrado al análisis de la medida de protección consistente en el otorgamiento de la pensión alimenticia en favor de la suscrita, lo anterior, al tenor de los principios básicos de las ordenes de protección, como pudiera ser la URGENCIA, que consisten en que la orden se debe implementar y cumplir de manera inmediata con la mayor agilidad posible a efecto de que cumpla con el fin de prevenir o impedir que los actos de violencia se digan violentando. Sirve como fundamento el artículo 7 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Chihuahua. ... Se atiende, por analogía, el contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Titular del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, manifestó que es cierto el acto reclamado. CUARTO. Determinación sobre la suspensión definitiva. Ahora, respecto del acto reclamado, se niega la suspensión definitiva, toda vez que el acto esencialmente reclamado, si bien no se ha consumado, puesto que, como se dijo, involucra una omisión, cuya naturaleza es de carácter negativo y, en la medida, no es susceptible de materializarse, pues se hizo consistir en que el juez responsable dejó de proveer sobre la solicitud de que fijara una pensión alimenticia a cargo del demandado, aquí tercero interesado. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 estableció que la naturaleza de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Que asimismo, el artículo 147 de la Ley de Amparo prevé expresamente que en los casos en que la suspensión sea procedente, y de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientas se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Sin embargo, en el caso se considera que no es jurídicamente posible otorgar la medida cautelar solicitada, para el efecto de que la responsable provea conforme a derecho acerca de la solicitud cuya respuesta omitió, como lo pretende, puesto que ello no redundará en alcanzar un beneficio transitorio que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia que se emita en el juicio de amparo, sino que se traduce en un beneficio definitivo, debido a que los efectos suspensorios se actualizaría en un sola, (no de momento a momento) esto es se agotaría de modo tal que ello equivaldría a la eventual sentencia estimatoria, o bien dejaría sin materia el juicio de amparo, no siendo ésta la finalidad de la suspensión excepcional a que se contrae el artículo 147 de la ley de la materia, y de conformidad con lo determinado en la jurisprudencia citada en párrafos precedentes, que, en lo que interesa, dice: [...] el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios que puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo [...]. Se afirma lo anterior, puesto que de conceder la suspensión del acto omisivo reclamado, conllevaria en reconocer un beneficio definitivo a la quejosa aquí recurrente al obligar al juez responsable a emitir el pronunciamiento respectivo, lo que no es dable determinar en el cuaderno incidental, sino en una eventual sentencia concesoria y, por ende, en todo caso será la materia de la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal, en la que podría decidirse sobre ese beneficio y, por consiguiente, los efectos que un eventual amparo debe comprender. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a ******* la suspensión definitiva que se solicitó respecto de la autoridad precisada en el considerando tercero, en términos del cuarto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Paola Alejandra Garcia Chacon536/2013
- Paola Murillo Álvarez570/2017
- Pascual Ayala Nájera619/2019
- Pascual Castañeda Trujillo125/2017
- Pascual Chávez De la Rosa785/2019
- Pascual Rangel Carreon538/2014
- Patricia Aveytia Tuda875/2023
- Patricia Consuelo Acosta Martinez292/2014
- Patricia De la Rosa Nuñez423/2018
- Patricia Elena Fierro Duarte469/2021
- Patricia Esparza Herrera855/2017
- Patricia Hinojos Aguirre622/2015