Patricia Mendoza Macías

Expediente 1046/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1046/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Patricia Mendoza Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de cuadernos incidentales Luego, al incidente de suspensión, ambos cuadernos original y duplicado, son destruibles, el original transcurrido un plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del mencionado Acuerdo, y el duplicado transcurrido un plazo de seis meses, conforme al artículo 20, fracción II, inciso a), del propio Acuerdo. Notifíquese en lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 1046/2021-IV, promovido por *******, por conducto de su representante legal. legal. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, *******, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó la omisión de dictar laudo en el expediente *******, así como la omisión de expedirle copia certificada de todo lo actuado en dicho juicio laboral. Segundo. Derechos que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues en este juicio de amparo se reclaman omisiones en un juicio laboral que se tramita en esta ciudad, donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de las constancias que integran el juicio, se desprende que la quejosa reclama de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de dictar laudo en el expediente *******, así como la omisión de expedirle copia certificada de todo lo actuado en dicho juicio laboral. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, adjuntando para tal efecto copia certificada del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, que dictó en el juicio natural, del cual se desprende lo siguiente: Que en relación con el escrito que presentó la aquí parte quejosa, en el juicio laboral *******, se le indicó que: "(.) no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no es parte del presente juicio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. (.)". Así como que, debido a que tuvo conocimiento, aparentemente en esa fecha, del fallecimiento del trabajador actor *******, ordenó dar vista al Procurador Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, publicar las convocatorias por el término de treinta días, en los estrados de dicha Junta Federal, a fin de que las partes que estimen tener derecho a ser declaradas beneficiarias acudan ante la misma a deducir sus derechos y señaló las doce horas del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución de declaración de beneficiarios. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el Secretario adscrito a la Junta responsable, quien estampó su firma original y el sello oficial original en la leyenda de certificación, correspondiente. En consecuencia, queda fehacientemente demostrado que cuando este juicio de amparo se promovió, a la parte quejosa no se le habían expedido las copias que solicitó, ni se había dictado laudo en el juicio natural. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5º, fracción I, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme a dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, del Tomo II, Libro 64, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2019, Materia Común, con número de registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa promovió este juicio de amparo aduciendo, evidentemente, un interés jurídico, aduciendo supuestas afectaciones a su esfera de derechos subjetivos, con motivo de las omisiones reclamadas, ocurridas dentro del juicio laboral mencionado. Así pues, procede analizar las omisiones reclamadas son susceptibles de causarle perjuicio o privarle de un beneficio de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Libro XIX, Tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, abril de dos mil trece, Materia Común, con número de registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En el caso, se afirma que la quejosa *******, carece de interés jurídico, sencillamente porque no es parte en el juicio laboral *******, del cual derivan los actos reclamados, tal como se lo hizo ver la Junta responsable, en el auto de dieciocho de noviembre del año en curso. De manera que, hasta que le sea reconocido el carácter de parte formal dentro del mismo, las omisiones procesales que reclama, no le deparan perjuicio alguno en su esfera de derechos subjetivos; al respecto, se indica a la parte quejosa que dicho carácter lo puede aducir en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, a fin de declarar beneficiarios de los derechos laborales que se ventilan en el juicio natural, de la cual evidentemente ya tiene conocimiento a través de este juicio de amparo, pero también debido a que la fecha y hora para su celebración se publicó en los estrados de la Junta responsable. Sin embargo, en este momento procesal, se insiste, la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar las omisiones de expedirle copias del juicio natural y de dictar laudo en el mismo, debido a que, como ya se indicó, no es parte formal en el mismo; lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en este asunto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la misma Ley. Sin que sea óbice para determinar lo anterior, que el informe justificado de la Junta responsable no se haya recibido con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, y por ende no se haya dado vista a las partes con el mismo con dicha anticipación, esto es, ocho días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional; pues lo cierto es que está fehacientemente demostrado que en este momento procesal del juicio natural, la parte quejosa no tiene el carácter de parte formal, como se desprende de la copia certificada del mencionado proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el mismo, la cual tiene, como se indicó, valor probatorio pleno, de manera que, esa situación de hecho, se insiste, fehacientemente demostrada, en nada cambiaría si se dejara transcurrir el mencionado término, y por el contrario, se retardaría el dictado de esta sentencia. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, por conducto de su representante legal, en contra de la autoridad responsable y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Informe Justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegada Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegada a la persona que indica en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/CRMR

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************/2022-IV, promovido por ********************; y Resultando Primero. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado el mismo día, ********************, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quien reclamó los actos que se precisan en el considerando tercero. Segundo. Tramitación del incidente de suspensión. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual, se celebró de acuerdo al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 33, fracción IV, 125 y 128 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, manifestó que era parcialmente cierto el acto del que se duele la parte quejosa; sin embargo, aun cuando se deba a actuaciones procesales que deben verificarse antes de dictar laudo, como lo aduce en su informe previo (lo cual en todo caso será materia de estudio en el juicio principal), lo cierto es que en el juicio laboral ********************/2019, dicho laudo no se ha emitido. Tercero. Se niega la suspensión definitiva. A efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: IV. Actos reclamados. De la H. Junta Especial número 55 de Conciliación y Arbitraje, La OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO CORRESPONDIENTE al expediente ********************/2019, en los términos y plazos establecidos en la Ley de la materia; así como, la omisión de expedirme copias certificadas de todo el expediente antes mencionado. En esa tesitura debe señalarse que la reforma constitucional en materia de amparo de seis de julio de dos mil once, incorporó al texto del artículo 107, fracción X, de la Constitución dispone lo siguiente: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: [...] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. [...] Luego, el artículo 147 de la Ley de Amparo, regula los efectos de la suspensión y reconoce que éstos pueden ser restitutorios. Al respecto, indica: [...] 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. [...] La redacción anterior es necesario vincularla con lo que establecen los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo que expresan lo siguiente: [...] 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [...] Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." 131. [...] En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." [...] 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." [...] Del artículo 107, fracción X, constitucional deriva un deber a cargo de los juzgadores de amparo, el cual se traduce en realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, al momento de decidir sobre la suspensión del acto reclamado. Entonces, las normas de la Ley de Amparo reproducidas, corresponde interpretarlas a la luz del mencionado principio constitucional; de ahí que las reglas técnicas que de éstos derivan para resolver sobre la suspensión, en principio, no otorgan un margen de discreción a los Jueces de Distrito en cuanto a si se debe o no realizar el estudio ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social al momento de resolver. Ello con independencia de que en virtud de la dogmática jurídica los actos puedan tener el carácter de positivos, negativos u omisivos para efectos del juicio de amparo, porque la Constitución y Ley de Amparo no llevan a cabo una distinción sobre el particular. De acuerdo a lo expuesto, se advierte que tratándose de omisiones de la autoridad responsable, siendo que la actuación que debía llevar a cabo, tiene una previsión específica en la ley, la suspensión puede participar de los posibles efectos restitutorios de la sentencia definitiva, puesto que es exigible para el juzgador de amparo estudiar la naturaleza del acto reclamado y hacer uso de la herramienta argumentativa de ponderación de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y contravención de disposiciones de orden público. En ese sentido, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados sí puede tener efectos restitutorios provisionales y además, es dable concederla en contra de actos omisivos y/o negativos. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal, y el órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo. De ahí que atendiendo a cada caso concreto, y sin importar si el acto reclamado tiene carácter omisivo y/o negativo, podrá conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada. Lo anterior, atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1° constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en lo que aquí interesa, sostuvo: "De entrada, es importante recordar que la suspensión en el juicio de amparo exige ciertos requisitos (44) y un presupuesto, (45) fuera de los casos en que procede de oficio. Los primeros se constriñen a: (i) solicitud de parte agraviada; y, (ii) no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El presupuesto consiste en la apariencia del buen derecho. En esa línea, conviene tener presente la contradicción de tesis 306/2016,(46) en la que esta Primera Sala sostuvo que la Ley de Amparo vigente, para la procedencia de la suspensión, eliminó el requisito relativo a los daños y perjuicios de difícil reparación que anteriormente exigía la ley abrogada, pues ahora se privilegia la discrecionalidad de las y los jueces, con la única condición de realizar un análisis ponderado entre el interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho. Al respecto, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece: [.] Al resolver las contradicciones de tesis 255/2015(47) y 442/2016,(48) esta Primera Sala sustentó que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Sobre este último supuesto, precisó que se trata de un amparo provisorio, identificado por la Segunda Sala como adelanto provisional,(49) en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y, (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. Las citadas contradicciones dieron lugar a las jurisprudencias 1a./J. 21/2016 (10a.)(50) y 1a./J. 15/2018 (10a.).(51) La primera explica que tratándose de un lanzamiento ejecutado (acto positivo) procede restituir la posesión de la parte quejosa sobre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la posibilidad jurídica y material. La segunda tesis concluye que la suspensión aplica igualmente en materia penal y es posible que tenga efectos restitutorios cuando el acto reclamado consista en la citación para comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación o respecto de la negativa de desahogo de pruebas en la averiguación previa, pues la medida cautelar, en general, tiene efectos restitutorios. [.] Al respecto, existen varios tipos de actos reclamados, lo que origina que éstos se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica. Los negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. Para esta Primera Sala, la naturaleza omisiva de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego dicha naturaleza omisiva, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. En efecto, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de que el acto sea calificado como omisivo, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Esto quiere decir que las consecuencias que caso a caso puedan producir ese tipo de actos serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza -omisiva o no- del acto reclamado. A partir de lo anterior, se afirma que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito entiende en forma imprecisa los efectos restitutorios que comprende la suspensión definitiva y de los que se ocupa la sentencia principal, pues pierde de vista que un acto reclamado de naturaleza omisiva respecto de un actuar de la autoridad que no se agota en un único momento (el incumplimiento de pagar pensión por viudez, en ese caso) produce consecuencias momento a momento, esto es, durante el procedimiento y después de concluido, ante lo cual resultaba irrelevante destacar si el acto es omisivo, pues lo determinante consistía en definir si el pago de la pensión, mientras duraba el juicio, prejuzgaba o impedía un pronunciamiento sobre el pago de pensiones después de concluido. Para esta Primera Sala, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar si la medida suspensiva debe consistir en el mantenimiento de las cosas en su estado actual o si debe restituirse provisionalmente en el goce de un derecho violado, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, que es lo que estaba a debate en los casos que dieron lugar en los criterios contendientes. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". [Énfasis añadido]. Como puede verse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: I. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas, o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: a).- La apariencia del buen derecho; b).- Las posibles afectaciones al interés social; c).- La posibilidad jurídica y material de conceder la medida. II. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa (simples, prohibitivos, omisivos), no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la ley de amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. III. En esos términos, la naturaleza de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión pero no para determinar si la medida cautelar procede o no, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocar a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo o lo ocurrido después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincide exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. La ejecutoria antes trascrita, dio origen a la Jurisprudencia 70/2019, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021263, con rubro y texto: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. En el caso se trata de actos de naturaleza omisiva y/o negativos respecto de los cuales efectivamente no conlleva de facto la improcedencia de la medida suspensional. Sin embargo, a pesar de que en algunos casos sea posible conceder efectos restitutorios a la suspensión solicitada contra omisiones de las autoridades, para determinar la procedencia de la medida cautelar, es preciso hacer una ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, cerciorarse de que se mantenga viva la materia del juicio y que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en atención a lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. En la especie, una vez realizado ese análisis con base en la descripción de los actos reclamados y la información proporcionada en la demanda constitucional, se arriba a la conclusión de que no es material ni jurídicamente viable restituir a la quejosa en el goce del derecho vulnerado por el acto omisivo y negativos que combate, a través de la concesión de esa medida cautelar, porque se agotaría la materia que debe resolverse en el fondo del amparo. De ahí que en el caso no sea posible conceder la suspensión solicitada, ya que de otorgarse, traería como consecuencia, que a través de una medida cautelar se restituya totalmente a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aduce vulnerado. Ello, porque el efecto de la suspensión sería que se dictará el laudo correspondiente en el juicio laboral de la responsable, y dejaría sin materia el juicio de amparo en lo principal. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo, y a su interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada en la aludida jurisprudencia 70/2019, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, pues se encuentra como imposibilidad jurídica, el que se dejaría sin materia el juicio de amparo, lo cual no es lógico ni jurídico, porque atento a la técnica que rige en el juicio constitucional, la misma debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a ********************, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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