Patricia Edith Devia Ochoa

Expediente 1089/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1089/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Patricia Edith Devia Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "...No obstante lo anterior, toda vez que el veintiséis de marzo del año en curso, entró en vigor el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone en su quinto transitorio, que los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de ese Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en él, por lo que, resulta procedente valorar el presente expediente de conformidad con los lineamientos ahí decretados; en consecuencia, se deja sin efectos la valoración realizada en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte...".

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en la queja número 498/2019 de su índice, de la que se desprende que el citado órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa; acúsese recibo a la autoridad oficiante vía interconexión y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y no considerarse de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Acuerdo General precitado; por lo que transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, esto es, con posterioridad al DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. De igual modo, una vez cumplido TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    Parte quejosa interpone recurso de queja, se da trámite, ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, remítase copia certificada de todo lo actuado junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, para su substanciación.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Patricia Edith Devia Ochoa, contra actos del 1. Titular de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1089/2019 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, respecto del acto aquí reclamado. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XIX, precisa: "(.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. (.)" El precepto legal cuya transcripción precede, prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, en tanto que, los efectos de la resolución del citado recurso ordinario y la que decida el juicio constitucional pueden ser los mismos, esto es, dejar insubsistente el acto materia de inconformidad, o más grave aún, efectos contradictorios, y son precisamente ambas situaciones las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en el normativo anotado. Así, la finalidad esencial que persigue dicha causa de inejercitabilidad de la acción constitucional radica en evitar que se tramiten simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de un mismo acto, pues ello implicaría un desgaste innecesario de recursos humanos y materiales propios de la función jurisdiccional. Lo anterior se considera así, puesto que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte que refiere que por resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del procedimiento administrativos disciplinario número 308/2017, la Dirección General de Transferencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado, ordenó su separación del cargo como Titular de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de Veracruz, así como su inhabilitación; siendo el caso, que ahora acude a esta instancia extraordinaria a combatir la ejecución de dicha resolución, toda vez que el trece de noviembre del año en curso, se hizo de su conocimiento que causó baja como personal activo de la citada dependencia pública. Sin embargo, la inconforme bajo protesta de decir verdad, aduce que el ocho de noviembre del actual, interpuso ante la propia responsable recurso de revocación en contra la precitada resolución que de igual manera en esta vía combate, por lo que, dicho medio de defensa ordinario se encuentra pendiente de resolver. Así las cosas, es evidente que se está tramitando ante un tribunal ordinario un medio de defensa legal propuesto por la quejosa, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, pues de resultarle favorable la sentencia que se dicte, ello traerá como consecuencia la nulificación del acto de ejecución aquí reclamado, esto es, la restitución de la servidora pública en el goce de los derechos afectados a consecuencia de la ejecución de la sanción que le fue impuesta. En ese contexto procesal, cabe destacar que el recurso de revocación previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para revocar, modificar o nulificar la resolución emitida dentro del procedimiento administrativos disciplinario número 308/2017, pues del numeral 69, se advierte lo siguiente: "ARTICULO 69.- Los sujetos sancionados podrán interponer los siguientes recursos: I.-El de revocación ante la autoridad que dictó la resolución; II.-Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Ambos recursos deberán interponerse, ante quien deba conocer de ellos, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Las resoluciones revocatorias o anulatorias dictadas con motivo de la interposición de recurso o juicio, tendrán el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de la sanción, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. Iguales efectos tendrán en lo procedente, las que modifiquen en parte la resolución. Por tanto es evidente que, el recurso citado actualiza la existencia de un medio ordinario de defensa pendiente de resolución -como lo manifiesta la disconforme- susceptible de modificar, revocar o anular el acto controvertido en esta instancia jurisdiccional, al constituir la ley que lo rige, por cuanto a que lo regula y alude a él de manera específica y expresa; de ahí que éste resulte idóneo para restituir el goce de los derechos de la promovente. Sirve de apoyo lo dispuesto en la jurisprudencia VI.2o. J/133 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en la página 632 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998; Materia Común; Novena Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE". De igual forma es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 522 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992; Materia Común; Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR EXISTIR RECURSO PENDIENTE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO." Y la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 182 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992; Materia Común; Octava Época cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ESTÁ EN TRÁMITE UN RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS." Sin que pase inadvertido que en contra de la resolución que se dicte en dicho recurso de revocación procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y no el juicio de amparo. De igual forma, no obstaculiza lo anterior, el hecho que en el presente caso se argumente que el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y que es de imposible reparación, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha circunstancia no es válida para dejar de observar el principio de definitividad que tiene que operar para la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.11/2018(10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, consultable a página ocho, con número de registro 2017117, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Claribel Guevara Pérez, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Y, en términos del artículo 24 de la citada ley, a Fidel Guillermo Ordóñez Solana, Eunice Jazmín Trujillo Marín y Jesús Iván Mapel Contreras, por no contar con cédula profesional registrada en el citado sistema. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. No obstante lo anterior, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá realizarse por escrito y acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere su expedición. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, tomo I, página 308, mayo de 2017, materia civil, número de registro 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO.". HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este jicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1, 9, 12, 67, fracción II y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que los acuerdos y resoluciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

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