Patricia Díaz Aguirre

Expediente 131/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
131/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Patricia Díaz Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, declaró infundado recurso de queja; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Promovente interpone recurso de queja; dese trámite; ríndase informe respectivo: ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO; envíese copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; con original de escrito de expresión de agravios y copia para Fiscal Federal.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por PATRICIA DÍAZ AGUIRRE, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 131/2018 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En el caso, SE DESECHA DE PLANO la demanda, toda vez que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, la promovente PATRICIA DÍAZ AGUIRRE, reclama la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el juicio laboral 362/2017, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en donde se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el juicio natural, en contra de Universidad Popular Autónoma de Veracruz y Patronato Alianza para el Fomento del Aprendizaje A.C., pues así se advierte de la documental que se adjuntó al escrito de demanda. En el caso, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. (.). De la lectura de este último precepto legal, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos produzcan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. En el escrito de demanda, la promovente aduce que tiene el carácter de parte actora dentro del juicio laboral 362/2017, en el cual la Junta responsable, como se expuso al inicio, resolvió como improcedente el incidente de falta de personalidad que promovió. Sin embargo, tal resolución no tiene sobre la quejosa, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Porque dicho acto sólo afecta derechos procesales, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Por lo que puede ser reclamable al promover el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el juicio de origen, del cual deriva el acto reclamado. Lo que hace estimar improcedente el juicio de amparo indirecto interpuesto ante un Juzgado de Distrito, al existir jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el registro 2006589, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, aplicable al caso concreto, que dispone: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Tesis que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para este Juzgador. Por tanto, si la resolución definitiva que en su caso se dicte dentro de ese juicio laboral, le resulta adversa a la quejosa, estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que considere pertinentes, en donde podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas; así, tal acto no causa una afectación a sus derechos sustantivos. En esas circunstancias, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Por lo que, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por PATRICIA DÍAZ AGUIRRE. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican en su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como sus autorizados, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Victoria Hernández Hernández y Juan Manuel Delfín Zarrabal, debido a que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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