Patricia De la Fuente Castillo

Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
825/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Patricia De la Fuente Castillo
  • Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Patricia de la Fuente Castillo, contra actos de la Unidad Educativa Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el libro de gobierno y regístrese con el número 825/2019 que le corresponde. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: ? La omisión por parte de las autoridades responsables de realizar el pago de los gastos de marcha y pagos de prestaciones consistentes en la gratificación por años de servicios. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" En principio, es necesario precisar que de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se deriva que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinada en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como ya se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecute, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Ahora bien, el acto que reclama la parte quejosa, se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar el pago de los gastos de marcha y pagos de prestaciones consistentes en la gratificación por años de servicios del finado Efraín Raúl Dorantes Gutiérrez, como catedrático del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, con sede en Coatepec, Veracruz. En el caso, tales actos no pueden considerase como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la autoridad señalada como ejecutora es dependiente de la Unidad Educativa Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios de la Ciudad de México y no actúa como autoridad al no realizar el pago de diferencia de marcha y pagos de prestaciones consistentes en la gratificación por años de servicios, pues en tal aspecto su actuación la realiza con el carácter de patrón o ex patrón de la parte promovente (aquí viuda), Esto es, el acto que pretende combatir la promovente tiene su origen en una relación de índole laboral, pues si bien es cierto que la señaladas como responsables efectivamente pudieran tener el carácter de autoridades dadas las funciones que tiene asignadas. Ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerase actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores o con sus beneficiarios, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No obsta a lo anterior, que el desechamiento se haya dado en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, en razón a que ello, no se opone a la legislación vigente, que pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del transcrito artículo 113 de la ley de la materia. Lo antes expuesto, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez quedan expeditas sus facultades para hacerlas valer en la vía que considere correspondiente. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Enrique Contreras Mangol, Jorge Fernando Soto Ramírez, Mayeli Rocío López Morgado y José Luis Castañeda de la Luz, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación Por otra parte, se tienen como autorizados en términos del artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Margarito Venancio Macario, Marco Antonio Alarcón Vázquez y José Manuel Alarcón Vásquez, por no contar con cedula registrada en el Sistema Computarizado antes señalado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Asimismo, atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria de Juzgado, con que actúa y da fe.

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