Patricia del Carmen Medina Salazar
Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricia del Carmen Medina Salazar
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de constancias se advierte que por proveído de trece de mayo de los corrientes se tuvo por rendido el informe justificado del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia certificada de las constancias conducentes del expediente número 293/2010 de su índice. Sin embargo, de una lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias de mérito se desprende que para mejor resolver conforme a derecho, es necesario que obren en autos las demás constancias conducentes que forman parte del expediente de origen, específicamente, las relativas a las actuaciones posteriores al acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de las actuaciones procesales emitidas con posterioridad al proveído de dos de diciembre de dos mil veinte en autos del expediente laboral 293/2010 de su índice, o en su caso, manifieste el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Por otra parte, toda vez que de estos autos se advierte que la autoridad responsable Cabildo del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, con sede en dicha localidad, no rindió su informe justificado en el presente asunto, no obstante haber sido notificada oportunamente según se advierte de la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 10422/2021-V-A, que obra agregada en autos; por lo que es dable presumir ciertos los actos que le fueron atribuidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de los actos reclamados, así como también de cualquier otra que guarde relación con los mismos, a efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, con cero centavos, moneda nacional). Finalmente, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con nueve minutos del doce de julio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En veinticinco de mayo de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el informe justificado rendido vía telegrama, registrado con el número 12135. Conste.Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido vía telegrama por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México. Sin hacer mayor pronunciamiento en relación a su contenido, toda vez que el veintisiete de abril pasado, se tuvo por rendido dicho informe. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 2517/2021-IV-B, promovido por QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita, aunque para llegar a tal conclusión deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." En la especie, la parte quejosa reclama primordialmente de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, la omisión de ejercer la fe pública registral, mediante la apertura del folio agrario. Todo ello a fin de que se culmine el procedimiento de inscripción de adopción de dominio pleno de la parcela número 708 ubicada en el Ejido Progreso, Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, relativo a la solicitud 31190005182; contraviniendo en su perjuicio básicamente el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste; por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Sin embargo, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, resulta atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento registral correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo; por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal, por las razones que a continuación se expresan. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester transcribir el artículo 17 Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.". El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Por su parte, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual forma disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (siete de junio de dos mil diecinueve), a la en que se promovió la demanda (veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno), ya había transcurrido aproximadamente dos años con seis meses, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que a la solicitud de la quejosa recayó una calificación registral positiva. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo a la promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a en contra de los actos que reclamó al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente data las autoridades responsables foráneas PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIO DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. CIUDAD DE MÉXICO COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN VS. COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS", YUCALPETÉN, YUCATÁN. No han rendido sus informes justificados, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se les solicitaron a las residentes en la Ciudad de México. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL SEIS DE JUNIIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que los domicilios de dos de las referidas autoridades se ubican fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
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