Patricia del Carmen Coot Poot

Expediente 2536/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2536/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Publica del Estado
  • Patricia del Carmen Coot Poot

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 107/2021-VI-A, promovido por Luis Héctor Barrera Huerta, en su carácter de representante legal de la persona moral quejosa "PROVEEDORA DEL PANADERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en contra de los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitido el veintiuno siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció la referida quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos al Congreso; Gobernador; Secretario General de Gobierno; y, Director del Diario Oficial, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como del Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número 107/2021-VI-A, y se previno a la parte quejosa a fin de que precisara si los actos reclamados al Secretario General y Director del Diario Oficial, ambos del Gobierno del Estado de Yucatán, eran por vicios propios, y en su caso, señalara en concreto en qué consistían. Mediante proveído de doce de febrero del año en curso, previos diversos requerimientos realizados a la parte quejosa a fin de que diera cabal cumplimiento a la prevención efectuada, por los motivos ahí expuestos, se dejó de tener como autoridades responsables en el presente asunto al Secretario General y Director del Diario Oficial, ambos del Gobierno del Estado de Yucatán. Por otra parte, se admitió a trámite la misma respecto a las restantes autoridades; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir la quejosa "PROVEEDORA DEL PANADERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en: "A) H. Congreso del Estado de Yucatán: La discusión, aprobación, expedición, orden de publicación, circulación, observación y debido cumplimiento del Decreto 326/2020 por el que se expidió LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE BACA, BOKOBÁ, CALOTMUL, CELESTÚN, CHICXULUB PUEBLO, CHOCHOLÁ, CONKAL, CUNCUNUL, DZEMUL, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZINDZANTÚN, ESPITA, HOCABÁ, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, KANASÍN, KINCHIL, KOPOMÁ, MUNA, OXKUTZCAB, PETO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SAN FELIPE, SACALUM, SANTA ELENA, SEYÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA DE HIDALGO, TECOH, TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAX, TEPAKÁN, TEYA, TIMUCUY, TIXKOKOB, TIZIMÍN, TZUCACAB, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL Y YOBAÍN, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el martes 29 de diciembre de 2020 que entró en vigor a partir del viernes primero de enero de 2021, en particular: La porción normativa contenida en el artículo Segundo fracción XXXIV, que contiene la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, para el ejercicio fiscal 2021; por consiguiente la totalidad de disposiciones normativas que derivan de ese ordenamiento. Asimismo, se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 33 fracción XLI del Título Tercero "Derechos" del artículo Segundo fracción XXXIV, que contiene la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, para el ejercicio fiscal 2021; por ser privativa, desproporcional e inequitativa; por consiguiente, la inaplicación de dicho artículo y sus efectos y consecuencias legales. B) Del C. Gobernador del Estado de Yucatán se reclama la promulgación, orden de expedición y de publicación en el Diario Oficial del Decreto 326/2020 por el que se expidió LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE BACA, BOKOBÁ, CALOTMUL, CELESTÚN, CHICXULUB PUEBLO, CHOCHOLÁ, CONKAL, CUNCUNUL, DZEMUL, DZILAM DE BRAVO, DZILAM GONZÁLEZ, DZINDZANTÚN, ESPITA, HOCABÁ, HUHÍ, HUNUCMÁ, IXIL, KANASÍN, KINCHIL, KOPOMÁ, MUNA, OXKUTZCAB, PETO, QUINTANA ROO, RÍO LAGARTOS, SAN FELIPE, SACALUM, SANTA ELENA, SEYÉ, SOTUTA, SUCILÁ, SUDZAL, SUMA DE HIDALGO, TECOH,TEKAL DE VENEGAS, TEKANTÓ, TEKAX, TEKOM, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, TEMAXTTEPAKÁN, TEYA, TIMUCUY, TIXKOKOB, TIZIMÍN, TZUCACAB, UMÁN, VALLADOLID, XOCCHEL Y YOBAÍN, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, publicado en Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el martes 29 de diciembre de 2020, y en vigor a partir del viernes primero de enero de 2021, en particular: La porción normativa contenida en el artículo Segundo fracción XXXIV, que contiene la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, para el ejercicio fiscal 2021. E) Del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán y del C. Tesorero del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, se reclaman todos los actos relacionados con la aplicación y/o ejecución de la citada Ley, generados con motivo de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se combate a través de la presente demanda de garantías (sic)." TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad; así como al Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, aduce que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente realizó afirmaciones generales e imprecisas como conceptos de violación. En ese sentido, es menester mencionar que de los preceptos señalados se advierte que uno de los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, es el de expresar los conceptos de violación; así también, se establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Ahora, con el propósito de determinar lo que se entiende por concepto de violación y por no contraponerse a las disposiciones de la ley de la materia, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página: 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la jurisprudencia que se cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, mencionando la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto y los motivos que lo originaron. Los conceptos de violación, deben considerarse como la expresión razonada que se ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados, expresando, en el caso, la causa de pedir, misma que se configura con la manifestación de la ley o acto que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados y los motivos o razones que acreditan la En síntesis, es evidente que los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular su demanda de amparo, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le produce los actos reclamados en la esfera de sus derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. Bajo estas premisas, de la demanda de amparo se aprecia claramente que la parte quejosa reclama el decreto 326/2020 que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de Tecoh, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2021, publicada en el suplemento del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, número 34,371 el día veintinueve de diciembre de dos mil veinte, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, en específico el artículo 33, punto XLI de dicha Ley, así como su ejecución, bajo la consideración de que dicho precepto trasgrede los principios de equidad tributaria, proporcionalidad, igualdad, desarrollo integra y legalidad en su vertiente de motivación legislativa, ya que, esencialmente, le impone un cobro desproporcional para el otorgamiento y renovación de la licencia de funcionamiento, basándose en la capacidad contributiva del destinatario del servicio, lo que refiere, lo coloca en una situación de desigualdad ante quienes se ubican en similar situación de hecho. De ahí que resulte infundada la causal propuesta, pues contrario a lo que asevero la autoridad responsable la parte quejosa expresó conceptos de violación suficientes para que puedan ser analizados en el presente juicio de amparo. Por otro lado, la referida responsable señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Para analizar la citada causa de improcedencia, es menester señalar que tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De este modo, el Juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Es aplicable al caso, la tesis número 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, Registro 2006963, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO". Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. De manera enunciativa y de ejemplo se destaca cuando en el juicio de amparo contra leyes el quejoso demuestre a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, quien actúa en cumplimiento a la norma tributaria reclamada, teniendo facultades para recaudar la contribución, lo que no significa que haya ejecutado la ley tributaria en forma coactiva como lo haría la autoridad fiscal, sino que funge como un tercero auxiliar de la autoridad hacendaria. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Una vez precisado lo anterior, es necesario destacar que la parte quejosa reclama el artículo 33, fracción XLI de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, el cual establece: "Artículo 33.- El cobro de derechos por el otorgamiento y renovación de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales o de servicios se realizará con base en las siguientes tarifas.". Nuevas Renovación XLI.- Súper, minisúper, abarrotes, sin venta de bebidas alcohólicas (Dunosusa, Súper Willys y Otros) $100,000.00 $50,000.00 Ahora, con el propósito de acreditar su interés, la persona moral quejosa exhibió los originales de los recibos oficiales 2635, 2636 y 2634 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, expedidos a su favor por la Dirección de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Tecoh, Yucatán, por concepto de: "pago por revalidación de licencia de funcionamiento anual expedida a Abarrotes Dunosusa del año 2021", respecto a los dos primeros recibos, y "pago por licencia de funcionamiento anual expedida a Abarrotes Dunosusa del año dos mil veinte", por lo que hace al último de los citados. Las que valoradas de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, resultan aptas para tener por acreditado el hecho de que la parte quejosa realizó el pago del derecho que impugna, lo que implica que se autoaplicó la norma que tilda de inconstitucional. De ahí que sea infundada la causa de improcedencia en estudio; pues contrario a lo que señala la autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses de la quejosa. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la Litis Constitucional en relación a los preceptos legales tildados de inconstitucionales. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh Yucatán. Al respecto, de la lectura integral a la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa omitió exponer motivos de inconformidad tendientes a cuestionar la constitucionalidad referido numeral, esto es, no adujo los razonamientos por los que considera que esa norma pugna con sus derechos fundamentales, de ahí que deba negarse el amparo por lo que respecta a dicha norma. Para emprender el examen de la constitucionalidad de la norma jurídica impugnada es necesario que se expongan argumentos jurídicos que se sustenten en la precisión de los derechos fundamentales violados, y sobre todo en la demostración de que la norma reclamada es la que viola el orden constitucional; sin embargo, si la parte quejosa se concretó a afirmar de manera dogmática que impugnaba la norma ante precisada, sin exponer los motivos por los que así lo hacía, es inconcuso que debe negarse el amparo por lo que ve a tales actos. Si bien por cuestión de técnica, en el juicio de amparo debe sobreseerse en el juicio en los casos en que no se hayan esgrimido motivos de inconformidad en contra del acto reclamado, y respecto del que no proceda suplir la deficiencia de la queja, en tratándose del amparo contra leyes con motivo del primer acto de aplicación, debido a que no puede desvincularse el análisis de la norma tildada de inconstitucional del acto de aplicación en términos de la jurisprudencia de rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN", lo procedente es negar el amparo solicitado en contra de las normas reclamadas, al no poderse dividir la continencia de la causa. SÉPTIMO. Posteriormente, se procederá al análisis de la legalidad del artículo 33, fracción XLI de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, Yucatán para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal instado. Cabe destacar que los mismos, por cuestión de método y un mejor entendimiento de los temas planteados, se analizarán en un orden diverso al propuesto por la parte quejosa en su demanda. En ese sentido, en primer término, se tiene que en el concepto de violación identificado como segundo, aduce la parte quejosa que la disposición normativa reclamada vulnera en su perjuicio los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que establece las cuotas relativas al cobro de derechos en función de la diversidad del giro comercial y no atendiendo al servicio que se presta, esto es, otorgamiento y renovación de licencia de funcionamiento (señalamiento que, cabe destacar, se reproduce en la parte final del cuarto concepto de violación). Como se anticipó, resulta fundado dicho motivo de inconformidad, por los motivos que se expondrán a continuación. Conviene traer a contexto que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados; que de entre las bases constitucionales de esa entidad están, que el municipio es gobernado por un Ayuntamiento; que las leyes en materia municipal son expedidas por las legislaturas de los Estados, pero los Municipios tienen facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ello se explica en la medida que el Municipio no tiene un poder legislativo en estricto sentido, dado que dentro de las facultades del Ayuntamiento, se reitera, sólo se encuentra la expedición de disposiciones reglamentarias. Los Municipios deben administrar libremente su hacienda, la cual se integra por los rendimientos de los bienes que les pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen en su favor; entre estos últimos, se encuentran los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, tal como lo establece el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes de ingresos para los municipios, que anualmente expiden en favor de éstos las legislaturas de cada entidad federativa, precisamente establecen cuáles son los ingresos que deben percibir los Municipios para cubrir los gastos públicos, en aras de satisfacer las necesidades colectivas de interés general. En particular, la Ley de Ingresos para el Municipio de Tecoh, Yucatán, aprobada por la Legislatura del Congreso del Estado respecto al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, prevé que esta municipalidad percibirá ingresos ordinarios por concepto de derechos, entre otros, por el servicio público de otorgamiento y renovación de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales o de servicios. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución teórica del término derecho, ha establecido que en la actualidad los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecisiete, Tomo IV, Julio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 200083, de rubro y texto: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCION EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACION, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICION, TRASPASO, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Epoca, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Epoca, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARITIMO DE. EL ARTICULO 201, FRACCION I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CUBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARITIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 261). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de derechos por servicios, el legislador cumple con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, cuando en la norma que prevé el derecho de que se trate, existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y cuatro, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196933, de rubro y texto: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Del anterior criterio se obtiene que para el pago de los derechos, debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, el equilibrio que debe existir entre la cuota que se cubra por el particular que solicita la intervención del Estado y la prestación del servicio, no debe estimarse limitado a un precio exacto del costo preciso del otorgamiento de un servicio. Para considerar que ello signifique el acatamiento del derecho de equidad tributaria prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe atender a la similitud de servicios, pues no es aceptable que se enuncie una lista de tarifas de clasificación por giro. El principio de equidad en las contribuciones fiscales significa, solamente, que la norma legal que establece el tributo dé un trato igual a las personas que se encuentran comprendidas dentro de supuestos análogos y que reciban un similar servicio. Para ponderar la norma fiscal en los casos en que tratándose de causantes en situaciones y características diversas, deban cubrir cuotas distintas por la prestación de servicios del Estado, deben de expresarse las razones o causas por las que implicarán mayor o menor actividad de los órganos administrativos, según resulte de la complejidad derivada de los requisitos que reglamenten a cada actividad, dependiendo de la naturaleza del giro del establecimiento mercantil que solicite la expedición o refrendo de licencia. Conforme lo anterior, es que el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, no cumple con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. "Artículo 33.- El cobro de derechos por el otorgamiento y renovación de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales o de servicios se realizará con base en las siguientes tarifas: Nuevas Renovación I.- Farmacias, boticas, veterinarias y similares $5,000.00 $2,500.00 II.- Panaderías $2,000.00 $800.00 III.- Molinos o tortillerías $2,000.00 $800.00 IV.- Tiendas, tendejones $500.00 $300.00 V.- Carnicerías, pollerías y pescaderías $500.00 $300.00 VI.- Expendio de refrescos $500.00 $300.00 VII.- Papelerías, heladerías y similares $500.00 $300.00 VIII.- Loncherías, taquerías, cocinas económicas y pizzerías $500.00 $300.00 IX.- Zapaterías $1,100.00 $450.00 X.- Tlapalerías, ferreterías y pinturas $2,500.00 $1,000.00 XI.- Tiendas de venta de materiales de construcción $2,500.00 $1,000.00 XII.- Bisuterías, regalos, boneterías y ventas de plástico $500.00 $250.00 XIII. Talleres mecánicos para autos y/o motocicletas, refacciones, herrería hojalatería y pintura para autos y llanteras $1,800.00 $700.00 XIV.- Papelerías, librerías o sitios de copiado, Ciber $500.00 $300.00 XV.- Terminal de autobuses o sitios de taxis $1,500.00 $700.00 XVI.- Cibercafé, centros de cómputo y talleres de computadoras $500.00 $300.00 XVII.- Peluquerías y estéticas unisex $500.00 $300.00 XVIII.- Tiendas de ropa de cualquier índole y sastrerías $500.00 $300.00 XIX.- Florerías $500.00 $300.00 XX.- Cajas populares, financieras casa de empeños $40,000.00 $15,000.00 XXI.- Carpinterías $500.00 $300.00 XXII.- Consultorios médicos, dentistas, laboratorios de análisis clínicos $2,500.00 $1,500.00 XXIII.- Dulcerías $1,000.00 $500.00 XXIV.- Negocios de telefonía celular $1,500.00 $800.00 XXV.- Talleres de reparación de electrodomésticos $500.00 $300.00 XXVI.- Salas de fiesta $2,000.00 $1,000.00 XXVII.- Expendio de alimentos balanceados y/o cereales $1,500.00 $800.00 XXVIII.- Gasolineras $200,000.00 $80,000.00 XXIX.- Oficinas de cualquier sistema de cable $10,000.00 $5,000.00 XXX.- Centros de foto estudio y grabación $500.00 $300.00 XXXI.- Despachos jurídicos y/o de cualquier asesoría $1000.00 $600.00 XXXII.- Fruterías $500.00 $300.00 XXXIII.- Lavaderos de coches $500.00 $300.00 XXXIV.- Maquilladoras $20,000.00 $15,000.00 XXXV.- Fábricas de agua purificada y/o hielo $3,000.00 $1,500.00 XXXVI.- Establecimientos de ventas de vidrios y aluminios $500.00 $350.00 XXXVII.- Ventas de carnes frías $1,000.00 $500.00 XXXVIII.- Billares $1,000.00 $500.00 XXXIX.- Gimnasios $1,500.00 $1,000.00 XL.- Mueblería y línea blanca $5,000.00 $1,500.00 XLI.- Súper, minisúper, Abarrotes, sin venta de bebidas alcohólicas (Dunosusa, Super Willys y Otros) $100,000.00 $50,000.00 XLII.- Antenas para telefonía celular $15,000.00 $7,500.00 XLIII.- Comercializadora de Carnes (Maxi carnes y otros) $10,000.00 $5,000.00 XLIV.- Almacén de ropa $1,500.00 $750.00 XLV.- Radiólogos $1,500.00 $750.00 XLVI.- Granjas avícolas, porcícolas y ganaderas $20,000.00 $15,000.00 XLVII.- Gaseras $200,000.00 $80,000.00 XLVIII.- Maquiladores y Empacadoras de productos varios $20,000.00 $10,000.00 XLIX.- Guarderías $2,500.00 $1,500.00 LX.- Agencias de pronósticos (Estanquillos) $3,000.00 $1,500.00 LXI.- Ópticas $3,000.00 $1,500.00 Ahora bien, asiste razón a la parte quejosa cuando señala que el artículo 33, fracción XLI de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, Yucatán, es violatorio de los mencionados principios de proporcionalidad y equidad, porque tal como lo hace ver en su concepto de violación, no se justifica el trato diferenciado que contiene. En efecto, el acatamiento del principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supone que ante la prestación de servicios similares, no puede establecerse una lista de tarifas basada en la clase de establecimiento que solicita el servicio o en otros elementos ajenos al costo que le representa al Estado su prestación. Para ponderar la norma fiscal en los casos en que causantes que se sitúan en situaciones y con características diversas deben de cubrir cuotas distintas por la prestación de servicios del Gobierno Municipal, es necesario que se expresen en la ley, o al menos puedan deducirse con claridad, las razones o causas por las que estará involucrada una mayor o menor actividad de los órganos administrativos, según la complejidad derivada de los requisitos que reglamenten a cada actividad, así como de la naturaleza del giro del establecimiento mercantil. De no existir tal motivación legislativa la norma respectiva no puede considerarse apegada al principio de equidad tributaria, y por ende, la clasificación de tarifas diversas, para quienes tengan establecimientos con giros diversos, pero con puntos de coincidencia será inconstitucional. Ahora, si se retoma el contenido de la disposición legal reclamada, se advierte que ni en su contenido, ni en las demás relativas de la ley, se señalan las diferencias en el servicio que presta el Estado para otorgar y renovar la licencia de funcionamiento del establecimiento comercial, según el giro de que se trate. A este respecto, conviene destacar que las categorías de establecimientos mercantiles que establece el artículo 33 de la ley en cita, se refieren a giros reglamentados diversos entre sí, con un punto de coincidencia en común, a saber, la comercialización de productos o servicios; pero no se distingue la realización de una actividad o servicio distinto de la administración municipal para el otorgamiento o refrendo de la licencia en función del tipo de establecimiento. Con ello se pone de relieve que, pudiendo existir una notable diferencia entre el costo de la licencia en función del tipo de establecimiento, el servicio que presta el Estado por la expedición o refrendo, puede considerarse igual, porque exige de la administración un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, lo que evidencia que el dispositivo, en la porción normativa que reclama la parte quejosa, no se ajusta a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, no se debe tomar en consideración exclusivamente la pura correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y, en determinado momento, razones de tipo extrafiscal, atendiendo al objeto real del servicio prestado por la administración pública, el cual trasciende, tanto al costo como a otros elementos. Sirve de apoyo la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cinco, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196936, que establece: "DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados principios constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo extrafiscal. Del examen de ambos criterios, se concluye que este Alto Tribunal ha sentado criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas". Así, se tiene que en el cobro de derechos fiscales, debe existir una correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota; para juzgar sobre la proporcionalidad de derechos por refrendo o expedición de licencias, solamente debe tomarse en cuenta esa correlación, y no otros elementos distintos; de tal suerte que el considerar la función del tipo de establecimiento, constituye un aspecto ajeno a esa correlación entre la prestación del servicio y el monto de la cuota. En ese sentido, es importante reiterar que la clasificación de causantes y de tarifas, basada en diversidad de giros, debe obedecer a una diferencia que se plasme en normas legales que revelen el despliegue de distintas actividades que debe desarrollar la administración estatal para vigilar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias, según la función que se requiera de acuerdo con el giro reglamentado respectivo, o al menos, que esa distinción en la prestación del servicio se deduzca claramente del contenido de la ley; lo cual justificaría el trato desigual a quienes por su actividad se considere son desiguales. Sin embargo, es evidente que del precepto cuestionado no se desprende la existencia de alguna justificación para establecer tarifas distintas respecto del pago de un mismo servicio, lo que de suyo implica la violación del artículo 31, fracción IV, constitucional. Además, el hecho de que en la legislación no se justifique la diferencia de tarifas aplicadas a los distintos giros detallados en el precepto impugnado, lleva a la conclusión de que la distinción en realidad se hace con base en factores ajenos al costo que genera al Estado la prestación del servicio, como el giro propio del negocio, el aforo de asistentes, el volumen de ventas, la superficie de atención al público, o la clase de servicios que ofrece a los clientes, lo que evidentemente se traduce en la infracción del comentado principio de equidad tributaria trasladado a la materia de cobro de derechos por servicios. Sirve de apoyo lo anterior, por el principio que contiene, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y cinco, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 199450, que señala: "BEBIDAS ALCOHOLICAS. DERECHOS POR REVALIDACION ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE LAS ENAJENAN. EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA QUE LOS ESTABLECE, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. Es criterio reiterado de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tratándose de derechos fiscales, los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, se satisfacen cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios análogos. Bajo tales principios, la tarifa que establece el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila para el pago de los derechos por concepto de revalidación anual de licencias para el funcionamiento de establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas, o que presten servicios en los que expendan dichas bebidas, es desproporcional e inequitativa, puesto que no guarda relación con el costo del servicio de revalidación anual que presta la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ya que el derecho se cuantifica atendiendo a un elemento extraño al servicio prestado, como lo es el grupo en que se ubican los establecimientos que distribuyen, enajenan o expenden bebidas alcohólicas, por lo que en tales condiciones, el artículo 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila transgrede el artículo 31, fracción IV, constitucional. De ahí que sea fundado el concepto de violación en estudio, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, en torno a los efectos que debe tener la concesión del amparo, cuando un "derecho" resulta inconstitucional en razón de que su cobro no guarda relación con el servicio prestado por el Estado, porque lo hace con base a tarifas progresivas y por el mismo servicio, iniciando con una cuota mínima y finalizando con una cuota máxima a pagar, sin obedecer a fines extrafiscales no recaudatorios per se, en estos casos, los efectos del amparo, cuando se sufraga una cantidad mayor a la mínima exigida, no pueden ser para que se restituya la totalidad del pago realizado, puesto que al existir un servicio otorgado, en el caso, el refrendo de licencia de funcionamiento, cuyo trámite y expedición necesariamente implicó una erogación por parte del gobierno, entonces los usuarios no pueden recibirlas sin pagar algún costo, que sería al menos, con base en la cuota mínima establecida en el numeral reclamado. Ello, debido a que se observó que para la determinación de la contribución relativa a la revalidación o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la comercialización de productos o servicios, se toman en cuenta otros elementos que nada tiene que ver con el servicio que presta el Municipio, razón por la cual, la restitución en el goce del derecho vulnerado sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil doscientos cuarenta y cuatro, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2000775, de rubro y texto: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Así, la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado exige dejar sin efectos los actos de aplicación de la norma reclamada, lo cual implica que se cobre a la quejosa únicamente la cantidad que resulte de aplicar la cuota mínima establecida en el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debiendo restituir a la parte impetrante del amparo el numerario excedente erogado por el otorgamiento y revalidación de licencia de funcionamiento anual reflejado en los recibos de pago 2635, 2636 y 2634 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, exhibidos por tal concepto. En consecuencia, en atención a lo previsto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se otorga a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: 1. Las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, Yucatán, en la parte considerada inconstitucional, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que es materia de la declaratoria de inconstitucionalidad que en este asunto se emite. 2. La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, reintegre a la parte quejosa la cantidad de: $49,700.00 (cuarenta y nueve mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional) por cada una de las dos facturas con folios 2635 y 2636. $99,500.00 (noventa y nueve mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional) por la factura con folio 2634. En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y promulgación de la aludida Ley, no implica por parte de éstas la realización de algún acto. Lo anterior, de conformidad con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento treinta y cinco, Tomo IV, Noviembre de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 200006, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Por otra parte, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la Ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la Ley vigente. En este orden de ideas, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno en torno a los restantes motivos de inconformidad, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia. Apoya lo expuesto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la foja 205, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 228,181, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si un concepto de violación analizado al resolver el amparo, es suficiente para dejar insubsistente el acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los demás aspectos tratados en los conceptos de violación." OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "PROVEEDORA DEL PANADERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", por conducto de su representante legal Luis Héctor Barrera Huerta, en relación al acto reclamado al Congreso del Estado, Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad; así como al Presidente Municipal y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh Yucatán, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a "PROVEEDORA DEL PANADERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", por conducto de su representante legal Luis Héctor Barrera Huerta, en relación al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33, fracción XLI de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecoh, Yucatán, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense los informes sobre la suspensión de plano rendidos de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública, Director de la Policía Estatal de Investigación y Fiscalía General, todos del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda y se dejaron sin efectos las providencias dictadas en este expediente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y lo informado en la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese el escrito presentado mediante el uso de la FIREL de EDUARDO GÁLVEZ PATRÓN, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico; así como que las notificaciones se realicen por la misma vía; y proporciona su nombre de usuario para efectos de la autorización. De igual forma, solicita que se deje sin efectos al usuario miguel.gutierrez952. Al respecto, no ha lugar a acordar favorablemente a su solicitud, toda vez que en el particular el ocursante en su carácter de autorizado, aun en términos amplios, no está facultado para efectuar dicha petición, ya que no fue autorizado expresamente en esos términos, tal y como se dispone de la interpretación integral de los numerales 6, 35, 36 tercer párrafo y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Pues de dichos preceptos claramente se establece que para el acceso y consulta del expediente electrónico, los titulares de los órganos certificarán que sólo las partes y sus representantes legales pueden solicitar la autorización de terceras personas para el ingreso al expediente electrónico, y sólo por excepción, lo podrán llevar a cabo los autorizados en amplios términos, cuando así hayan sido autorizados expresamente. Situación que no se actualiza en la especie, ya que el autorizado de referencia no fue facultado en esos términos; por lo que de conformidad con el numeral 36 citado, resulta improcedente su petición por cuanto hace a la solicitud de las terceras personas que señala; las cuales cabe señalar ni siquiera identifica con sus nombres. Por ilustrativa, se cita por identidad de razón, la tesis del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES. Conforme a los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las notificaciones en los juicios de amparo se harán electrónicamente a las partes o a sus representantes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, sin que se faculte para solicitar la práctica de las notificaciones por esa vía a los autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la citada ley, pues dicha figura no constituye una representación legal; además, sólo se les permite llevar a cabo actos en el juicio tendentes a lograr una adecuada defensa de los intereses del autorizante, dentro de las cuales no se encuentra la solicitud en cita, por tratarse de una cuestión personalísima de las partes o sus representantes." (Época: Décima Época, Registro: 2014379, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario, Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.3o.118 K (10a.) y página: 2027). En efecto, la autorización contemplada en el numeral 12, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) en la litis constitucional para la realización de actos procesales, pero sin incluir la representación de los intereses del autorizante. Lo que se corrobora con la prohibición expresa del mencionado artículo 12, párrafo primero, atinente a que el autorizado no puede sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Bajo el contexto anterior, se reitera que solamente las partes o sus representantes legales pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, no así el autorizado a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, salvo por excepción en el caso expresamente señalado. Lo que se insiste no se cumple en la especie, tanto por las razones antes expresadas así como porque de ninguna forma lo prevé el numeral 12 citado; de tal manera que de ninguna forma resulta procedente su solicitud. Notifíquese y cúmplase.

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