Patricia Coralia Gomez Basulto

Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
260/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Patricia Coralia Gomez Basulto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el dos de junio de este año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 260/2023-VIII-B, promovido por ********************, en ejercicio de la representación del menor de edad de identidad reservada ********************; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, en ejercicio de la representación de su hijo menor de edad de identidad reservada ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán (denominación correcta), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, haciendo efectivo el apercibimiento relativo en diverso proveído de veintitrés de febrero de este año, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Prevención a la parte quejosa y efectivo apercibimiento. Por proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y tomando en consideración las manifestaciones que realizó la referida autoridad, se previno a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contados a partir de la de notificación de dicho acuerdo, manifestara si señalaba, o no, como autoridades responsables, al Subdelegado de Administración y al Jefe de Departamento de Recursos Humanos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán. Posteriormente, por acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en el referido auto de treinta y uno de marzo pasado, toda vez que la quejosa no realizó manifestación alguna, y por tanto, este juicio se resolverá únicamente por lo que respecta a la autoridad inicialmente señalada como responsable y por los actos a ella atribuidos en el escrito de demanda; determinación que causó estado en auto de quince de mayo de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57 fracción IV, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: La falta de pago de las pensiones retroactivas de los meses de junio a noviembre de dos mil veintidós, por la cantidad líquida que resulte del cinco por ciento de los sueldos, emolumentos y demás prestaciones, incluyendo el aguinaldo, que percibe el tercero interesado, en términos de la sentencia definitiva de once de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Juez Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente ********************. La negativa de realizar los depósitos en concepto de pensión alimenticia decretado en el expediente ********************, a la cuenta bancaria que se indica, a nombre de la quejosa. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar esa negativa. En efecto, del informe de referencia se advierte que el Jefe de la Unidad Jurídica del instituto responsable, no tiene las facultades ni la competencia para realizar pagos de pensión alimenticia, ni afectar el sueldo de trabajadores que llegaran a ser acreedores alimentistas, ni realizar depósitos en ese concepto, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, dado que la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha circunstancia, conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio, de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Cobra aplicación al caso particular por identidad de criterio, la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTA. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en ejercicio de la representación del menor de edad de identidad reservada ********************, en contra del acto reclamado al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, con sede en esta ciudad, por el motivo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de dos de mayo del presente año, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento relativo y se determinó que este juicio se resolverá únicamente por lo que respecta a la autoridad inicialmente señalada como responsable y por los actos a ella atribuidos. En mérito de lo anterior, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días, con relación a la prevención que se hizo a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda por lo que hace al Subdelegado de Administración y al Jefe de Departamento de Recursos Humanos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán. Por tal motivo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que debería tener verificativo en esta propia fecha y se señalan las ONCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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