Patricia de Jesús Alarcón Chaires

Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
152/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Patricia de Jesús Alarcón Chaires

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de la quejosa Patricia de Jesús Alarcón Chaires, mediante el cual autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ignacio Pineda García de Alba, Rafael Campillo Pineda, Esteban Alejandro Panigua Marín y Bertha Alejandra Mosqueda Ortiz y solicita copias del presente juicio. Al efecto, téngasele autorizando a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, como lo pide la promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que indica y téngasele autorizando para recibirlas a las personas que menciona, previo recibo que se deje en autos. Hágasele saber que para la entrega de las copias que solicita, deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 152/2021 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-152-021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta al Juez con la documental ofrecida por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación, con residencia en esta ciudad. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada por razón de su propia y especial naturaleza la documental referida. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario certifica que únicamente presentó escrito de alegatos las autoridades responsables Director de Amparos, en representación de la Fiscalía General del Estado, y de la Fiscalía Regional de Morelia, con sede en esta ciudad. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la autoridad responsable y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veinte en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, Patricia de Jesús Alarcón Chaires, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, órgano jurisdiccional que en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, la admitió y la registró con el número 152-021, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete1; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que señalara la denominación correcta de la autoridad "Director Regional de Carpetas de Investigación (Maestro Gustavo Arreola Baltazar), con sede en esta ciudad", toda vez que el actuario adscrito a este juzgado, al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, fue informado que no existía la misma. El veintinueve de marzo se tuvo al quejoso manifestando que el nombre correcto de la autoridad es Director de Carpetas de Investigación (Luis Gerardo Marín 1 A quien le notificó la admisión de la demanda de amparo el once de marzo de dos mil veintiuno. Chávez)"; con sede en esta ciudad, por lo que se le tuvo como responsable y se le requirió para que rindiera su informe justificado. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3-013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P.-.40-000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, el criterio P. VI-004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por la quejosa, son: La omisión de hacer del conocimiento de la parte quejosa, de forma puntual y personal los supuestos delictivos que se le imputan. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados al Fiscal General del Estado, Fiscal Regional de Morelia, y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados. Ahora bien, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, como ocurre en el caso, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a.-. 99-018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104-018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito], publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Como quedó asentado en el considerando anterior, el quejoso reclama omisión de hacer de su conocimiento, de forma puntual y personal los supuestos delictivos que se le imputan. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 149-019, estableció que la investigación inicial, dentro del nuevo sistema de justicia penal, constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal, según dijo, constituye el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Y que, por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo", conforme al artículo 21 constitucional. Además, que en atención a dicho numeral, el ministerio público debe mantener, en lo que respecta al sujeto procesal indiciado, en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se dé alguno de los supuestos de los cuales habla el párrafo tercero del artículo 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, conforme el artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, el derecho a una defensa adecuada se traduce en la obligación de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, en términos de lo establecido en el precitado artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales 2. De dicha contradicción de tesis 149/2019 derivó la jurisprudencia 1a.-. 72-019 (10a.), consultable en la foja 994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, Tomo I, octubre de 2019, Décima Época, Materia Penal, registro digital 2020891 de rubro y texto: 2 "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación (...) El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código (...)". DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. En ese contexto, es evidente que, contrario a lo señalado por la quejosa, las responsables no tenían obligación alguna de llamarlo a la carpeta de investigación, porque no se encontraba en alguno de los supuestos establecidos en el mencionado artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos atribuidos al Fiscal General del Estado, Fiscal Regional de Morelia, y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional; con sede en Morelia, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J-0, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación, al momento de rendir su informe justificado manifestó que tiene a su cargo la carpeta de investigación 10003202028528, instruida contra Patricia de Jesús Alarcón Chaires, por el hecho que la ley señala como amenazas cometido en perjuicio de Deyanira Villaseñor Moreno y los menores D.A.D.V y O.M.D.V. de la cual se generó la causa penal 178-020, sin dejar a la quejosa en ningún momento en estado de indefensión, toda vez que la misma tuvo asignadas a las licenciadas Antonia Jacinta García y María Isabel Gutiérrez Rojas, como sus defensoras, quienes se encuentran adscritas al Instituto de Defensoría Pública del Estado. Certeza que se corrobora con la documental ofrecida por la referida autoridad, consistente en el oficio de veinticinco de noviembre de dos mil vente, en el que les hace entrega a las citadas defensores, copia cotejada de la carpeta de investigación 0003202028528, mismo que fue recibido por Sandra Rodríguez García, el seis de enero del presente año, en la que además asentó que recibía copia de la carpeta. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, toda vez que entre dichas constancias se encuentra la ya antes mencionada en el que se hizo entrega de dicha carpeta. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, este Juzgador de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar la razón por la que se estima actualizada dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, las cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)". De la porción normativa citada en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo, no contempladas, de manera expresa, en las anteriores fracciones de dicho artículo 61. Mientras que, de la citada en segundo lugar, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97-013, determinó que era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a.-.93-013, publicada en la página 402 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2005048: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. No obstante, al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial a nivel federal. Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal, tanto en las entidades federativas, como a nivel federal. Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 141-2018, emitió la jurisprudencia 1a.-J. 78-2018 (10a.), visible en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común- Penal, Décima Época, registro 2018828, la cual es del tenor siguiente: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a.-J. 93-2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a.-J. 93-2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria correspondiente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: a) Que dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a.-J. 93-2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traducía en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. b) Sin embargo, que de una nueva reflexión, estimaba necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advertía que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. c) Asimismo, precisó que debía abandonarse el criterio reflejado en la jurisprudencia 1a.-J. 93-2013 (10a.), porque conforme con las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que preveían que en caso de no acudir a la citación, se ordenaría la aprehensión del citado, en ese supuesto, incluso si la citación se realizara bajo el apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afectaría a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. d) Que no obstaba el hecho que conforme a la fracción II del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiera ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello era un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En consecuencia, adujo la Primera Sala, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, es evidente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a.-J. 93-2013 (10a.) emitido en el año dos mil trece, donde preveía que el amparo biistancial era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora, decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación. Una vez precisado lo anterior, en necesario recordar que, la quejosa en el caso en concreto, reclama la omisión de hacer de su conocimiento, de forma puntual y personal los supuestos delictivos que se le imputan. Por tanto, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de dicho acto reclamado. Ello, porque la orden de citación para comparecer a la audiencia inicial prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es aplicable el criterio emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, esto es, no se afecta la libertad personal de la persona citada, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere su presencia para la integración e investigación de un delito y para que, posteriormente, en caso de que el Ministerio Público decida ejercer acción penal, en el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará dicha investigación que se sigue en su contra, se formule la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Sin que lo anterior lo deje en estado de indefensión, pues en caso de que se le imponga esa u otra medida de apremio puede combatir esa determinación, la cual se podrá impugnar por vicios propios e incluso, dará lugar a analizar la constitucionalidad del acto que le dio origen, es decir, del auto reclamado; además, se insiste, su imposición en su caso depende de la actitud que el aquí quejoso asuma ante el llamado de la autoridad. En ese orden de ideas, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Es aplicable la jurisprudencia 2a.-J.54-98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Patricia de Jesús Alarcón Chaires, en contra del acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo, así como tercero, por los motivos expuestos en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    ??????????????? A U D I E N C I A I N C I D E N T A L En Morelia, Michoacán, a las doce horas del catorce de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I-152/2021-Y, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa Patricia de Jesús Alarcón Chaires, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Fiscal General del Estado; 2. Fiscal Regional de Morelia; 3. Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional; 4. Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación. Acto reclamado: - La omisión de hacer del conocimiento de la parte quejosa, de forma puntual y personal los supuestos delictivos que se le imputan. Segunda. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Fiscal Regional de Morelia, y Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, al JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 ??????????????? momento de rendir sus informes previos manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto precisado con anterioridad reclamado a las autoridades responsables, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Tercera. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación, al momento de rendir su previo manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, en virtud de que se tiene a su cargo la carpeta de investigación 10003202028528, instruida contra Patricia de Jesús Alarcón Chaires, por el hecho que la ley señala como amenazas cometido en perjuicio de Deyanira Villaseñor Moreno y los menores D.A.D.V y O.M.D.V. de la cual se generó la causa penal 178/2020, sin dejar a la quejosa en ningún momento en estado de indefensión, toda vez que la misma tuvo asignadas a las licenciadas Antonia Jacinta JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 García y María Isabel Gutiérrez Rojas, como sus defensoras, quienes se encuentran adscritas al Instituto de Defensoría Pública del Estado. En ese contexto, lo procedente es negar la suspensión solicitada toda vez que los actos reclamados son de naturaleza omisiva y no permiten ser suspendidos, ya que de hacerlo se crearían derechos restitutorios propios de la sentencia que resuelva el juicio del que deriva la presente incidencia. Apoya lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, visible en la página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Lo anterior, no obstante que el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, contempla que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado a fin de garantizar la preservación de la materia del juicio principal; sin embargo, la suspensión con efectos restitutorios debe otorgarse sólo cuando exista el riesgo que de no hacerlo, la sentencia que se emita en el juicio principal, JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 ??????????????? pudiera ser ilusoria; circunstancia que en la especie no acontece. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a Patricia de Jesús Alarcón Chaires la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda y tercera, de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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