Patric León González

Expediente 940/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
940/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Patric León González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase al juez responsable el disco compacto que aportó como soporte de su informe justificado, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 940/2022, sin la comparecencia de las partes. , Enseguida la secretaria da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Dentro del periodo probatorio la secretaria hace constar que obran documentos allegados por la autoridad responsable el Juez de control del sistema de Justicia penal acusatorio y oral, región Morelia. A lo que la juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las citadas documentales exhibidas por la parte quejosa y a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para ofrecerlas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable formulando sus alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ante la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Patric León González, por conducto de su defensor particular Ulises Nicolás Carmona García, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, y de otra autoridad. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16, 19 y 20 apartado A fracción IX y B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno le tocó conocer la demanda de mérito a este juzgado, en donde se registró bajo el número 940/2022; en auto de treinta de agosto de dos mil veintidós se admitió la demanda; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Asimismo, en auto de veintiuno de septiembre, se reconoció el carácter de tercera interesada a Zulema Ramírez Navarrete, madre de la menor de iniciales F.J.P.R.; a quien se ordenó emplazarlos a juicio. Con posterioridad se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: De la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia: La resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 1818/2021, que se sigue en contra de Patric León González y otro, por un hecho calificado en la ley como delito de feminicidio en persona menor de edad e identificada con las iniciales F.C.P.R., mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso de siete de junio de la citada anualidad, por el que ordenó suspender el trámite del proceso - etapa intermedia-. Del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (Julio César Estrella Cuevas): La omisión de realizar escrito de acusación en contra del quejoso. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió como complemento a su informe, en el que obra el auto de cuatro de agosto de la anualidad que transcurre. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Este órgano de control constitucional estima que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dado que la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído que ordenó suspender el trámite del proceso, fue emitida en ejecución de una resolución dictada en un juicio de amparo; asimismo la omisión de realizar escrito de acusación en contra del quejoso, es una consecuencia legal de la misma. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de los numerales invocados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De lo transcrito se obtiene que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Ahora bien, del contenido del informe justificado rendido por la juez responsable, así como del contenido de las constancias que obran en el disco magnético que envió como complemento a su informe justificado, se advierte que en la causa penal 1818/2021, que se sigue en contra de Patric León González y otro, por un hecho calificado en la ley como delito de feminicidio en persona menor de edad e identificada con las iniciales F.C.P.R., deriva que: En proveído de siete de junio de la anualidad que transcurre, ordenó suspender el trámite del proceso respecto del aquí quejoso, en razón que en el diverso juicio de amparo 485/2022 del índice de este propio juzgado, se determinó conceder la suspensión definitiva -lo que impide que la representación social presentado escrito de acusación para dar inicio a la etapa intermedia -. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente, atento a las siguientes consideraciones: ".Bajo esa premisa, la etapa procesal en la cual el tribunal fue notificado de la suspensión ordenada por la autoridad federal, fue la de investigación complementaria, la cual por expresa disposición de la ley -artículo 211, fracción II del CNPP- inicia al producirse la imputación y concluye cuando se agota el plazo autorizado para su duración. En este caso, la etapa procesal en que se notificó la suspensión concluyó al tiempo de la investigación complementaria el 1 de junio de 2022. En ese momento se agotó la etapa procesal indicada y la siguiente -intermedia- inicia, según señala la fracción II del citado 211 del C.N.P.P. con la presentación de la acusación. Entonces en mi opinión jurídica, tendiendo como base expresa orden del juez federal de suspender al concluir la etapa procesal en curso, se entiende que implica paralizar de forma inmediata el proceso, una vez agotada la investigación complementaria, porque de permitir que el plazo del fiscal transcurra y proceda como indica el 324 del C.N.P.P., esto es: Solicite el sobreseimiento. Solicite suspensión del proceso. Presente acusación. De facto, según señala el 211, fracción II del C.N.P.P. implicaría dar inicio formal y material, a la etapa intermedia y con ello, se violarían los términos de la suspensión dictada por el juez de amparo, porque se avanzaría procesalmente hablando, de la fase de investigación complementaria a la intermedia, lo cual considero inadmisible por las implicaciones legales que se generarían de proceder en tales términos. Aunado a ello en los términos transcritos, contrario a lo que argumentó la defensa no se advierte que el juez de amparo, hubiera indicado que el objeto de la suspensión era no celebrar la audiencia intermedia, sino que se reitera, según se lee en forma literal de su decisión, el objetivo es no transitar de una etapa procesal vigente a la subsiguiente. Es por ello que esa parte de los agravios se estima improcedente, reiterando la suspensión decretada." Por su parte, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se obtiene que Patric León González promovió el juicio de amparo 485/2022, del índice de este Juzgado, en contra de actos de la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, que hizo consistir en la resolución de ocho de abril del año en curso, emitida dentro de la causa penal 1818/2021, formado por motivo del incidente sobre nulidad de actos de investigación consistente en el análisis de los peritajes irreproducibles. Que el primero de junio de la anualidad que transcurre, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en los términos siguientes: "Tercera. La autoridad responsable señalada con el número 1 al momento de rendir su informe previo señaló que es cierto el acto reclamado. Por tanto, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentra, esto es, que el juez responsable continúe los trámites del proceso penal en la etapa en que se encuentre, y una vez culminada ésta, se abstenga de continuar a la siguiente, hasta en tanto se le informe lo que se resuelva en la sentencia definitiva que se emita dentro del juicio del cual deriva el presente incidente. Es decir, que si el proceso penal se encuentra aún en la etapa de investigación, agote ésta y se abstenga de aperturar la fase intermedia; o bien, si ya ordenó continuar con la etapa intermedia, deberá proseguir con la misma y evitar la apertura de la etapa de juicio oral, ya que de hacerlo se causarían daños de difícil o incluso de imposible reparación para la parte quejosa. Medida cautelar que surte sus efectos desde este momento y hasta que se resuelva el juicio principal del cual deriva el presente incidente. En concordancia con lo anterior se advierte, que la improcedencia del juicio en que se actúa deriva, del hecho de que la suspensión del proceso -etapa intermedia- decretada por la juez responsable que ahora se queja, se emitió con motivo de una resolución dictada en un juicio de amparo promovido por el peticionario de amparo, a saber el 485/2021 del índice de este órgano Constitucional. Es así, dado que en dicho juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, a efecto de que el juez de la causa 1818/2021, continuara con los trámites del proceso penal en la etapa en que se encontrara, y una vez culminada ésta, se abstuviera de continuar a la siguiente, hasta en tanto se le informara lo que se resolviera en la sentencia definitiva; que eso era, si el proceso penal estaba aún en la etapa de investigación, agotara ésta y se abstuviera de aperturar la fase intermedia; o bien, si ya ordenó continuar con la etapa intermedia, deberá proseguir con la misma y evitar la apertura de la etapa de juicio oral. Atento a lo anterior, es que la juez de la causa al considerar que concluyó la investigación complementaria, suspendió el proceso -la etapa inicial que inicia con la presentación de la acusación- . De ahí que una sentencia de amparo indirecto no debe ni puede legalmente afectar lo resuelto de manera firme sobre la suspensión de definitiva decretada en uno diverso, pues considerar lo contrario, implicaría someter a juicio de amparo algo que ya quedó legalmente resuelto conforme al procedimiento y recursos previsto en la Ley de Amparo (para la suspensión definitiva). En apoyo a lo anterior es de citar la tesis aislada, sustentada por la Otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo CVI, página 673, de la Quinta Época, Materia Común, Registro digital: 299293, que dice: "SUSPENSION, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES EN EL INCIDENTE DE. Si la orden que el quejoso reclama, se dictó con motivo de la ejecución de un mandamiento recaído en el incidente de suspensión, relativo a un diverso juicio de amparo, se está en el caso previsto por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, o en la ejecución de las mismas; sin que esta circunstancia deje al quejoso en estado de indefensión, toda vez que ha tenido expeditos sus derechos para recurrir, dentro de aquél otro juicio, contra la resolución que reclama. De igual forma, es de citar por identidad jurídica substancial la Jurisprudencia, 2a./J. 107/2015 (10a.), Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 453, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2009870, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos dictados en ejecución de una resolución pronunciada en un juicio de amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Patric León González, por conducto de su defensor particular Ulises Nicolás Carmona García, contra el acto reclamado al Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, por los motivos expuestos en el cuarto considerando. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la promovente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia. Ahora bien, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución que se llegue a emitir, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.DENISSE***ORF

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