Patricia de Jesús Lara Contreras

Expediente 1029/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1029/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Patricia de Jesús Lara Contreras
  • Patricia de Jesús Lara Contreras y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, residente en la Ciudad de México, mediante el cual acusa de recibo del expediente de amparo 1029/2019 del índice de este juzgado, e informa que se avocó al conocimiento del asunto, registrado bajo el número 2898/2019. Atento a lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes de amparo como asunto totalmente concluido y de conformidad con el Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace notar que el presente cuaderno es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses contado a partir de esta propia fecha, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el impedimento planteado por este juzgado el cual quedó registrado bajo el número 23/2018. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase recibida la demanda de amparo promovida por Patricia de Jesús Lara Contreras, por propio derecho, contra la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1029/2018. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se puede apreciar que, en el caso concreto, la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Respecto de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 135 de la Ley Fundamental: La Cámara de Senadores; y, La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y de la Ciudad de México. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de los artículos 1 a 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, son autoridades responsables: La Cámara de Diputados; y, La Cámara de Senadores del Congreso General. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De lo que se obtiene que, en esencia, la parte quejosa reclama las normas generales que fueron el resultado de los procesos de reformas a los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. Por otra parte, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, este juzgador presentó demanda de amparo en la que reclamó, entre otras disposiciones, los mismos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal. Entonces, en términos del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, se considera que el suscrito no se encuentra en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos: la competencia propia del órgano y la persona del juzgador, esto es, objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. En atención a lo anterior, el artículo 17 Constitucional, segundo párrafo, señala: "Artículo 17. (.). "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Ordinal del cual se desprende lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa. En efecto, sobre el tema el citado artículo 51 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de este juzgador, se actualiza una causal prevista en la fracción VI del referido numeral, que impide conocer del presente asunto, en virtud de que el veintisiete de noviembre del año en curso, promoví un juicio de amparo en el que reclamé, entre otras cosas, los preceptos constitucionales y disposiciones legales que la aquí quejosa también impugna; esto es, figuro como parte en algún juicio de amparo semejante a este. Por analogía, cobra aplicación la tesis VI/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146, FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LA XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE ACREDITARSE CON LA CONFESIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL SENTIDO DE QUE INTERVINO COMO INSTRUCTOR O RESOLUTOR EN OTRA INSTANCIA DEL MISMO PROCEDIMIENTO. La causa de impedimento señalada tiene como objetivo que el funcionario judicial que haya participado en otra instancia del mismo procedimiento como juzgador no conozca del nuevo, en virtud de que tendría un criterio semejante o idéntico al adoptado en las actuaciones relativas, lo que atentaría contra la imparcialidad en los asuntos jurisdiccionales. En consecuencia, si el funcionario judicial manifiesta que en otra instancia del mismo procedimiento intervino como instructor o resolutor, tal afirmación, valorada en términos de los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene eficacia probatoria plena para acreditar la referida causa de impedimento, por tratarse de una confesión expresa hecha por persona capaz, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio". Incluso, este tema fue estudio de la contradicción de tesis 48/2018 tramitada ante la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la cual se sostuvo que esta causa de impedimento -artículo 51, fracción VI- únicamente se actualiza cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar al de su conocimiento. Lo anterior que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 60/2018 aprobada en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SEMEJANTE AL DE SU CONOCIMIENTO. Los jugadores siempre deben de ser imparciales, lo cual significa que deben ser ajeno s altos intereses de las partes en controversia y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas, así el artículo 51 de la Ley de Amparo, reguló los impedimentos como un mecanismo para asegurar el principio referido. Ahora bien, la fracción Vi de dicho artículo señala que los jueces de amparo deben excusarse si figuran como parte en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento; es con la finalidad de evitar que evadan sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. Si bien de una interpretación literal de dicha fracción debería concluirse que los juzgadores deben impedirse de conocer un juicio de amparo cuando sean autoridades responsables en un asunto similar; lo cierto es que esa no es una interpretación muy satisfactoria. En efecto, el hecho de que un juez de Distrito se haya pronunciado en un asunto semejante actuado como juez de instancia no configura un riesgo de pérdida de su imparcialidad. Además, los elementos que se toman en consideración para resolver un juicio de amparo son distintos a los aspectos que se ponderan en un juicio de instancia ordinaria, por lo tanto, el Juez de Distrito no se encuentra vinculado a resolver en el mismo sentido en que lo hizo anteriormente. Por lo tanto se debe hacer una interpretación teleológica del artículo en cuestión y estimar que únicamente se actualiza la fracción VI, del artículo 51 de la Ley de Amparo cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar al de su conocimiento. Es importante señalar que esta interpretación no implica que un Juez de Distrito que no esté en ese supuesto específico, no deba, con fundamento en la referida fracción del artículo 51 de la Ley de Amparo, declararse impedido si las circunstancias particulares de su situación así lo ameritan". En mérito de lo expuesto, este juzgador considera encontrarse legalmente impedido en términos del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo (por figurar como parte quejosa en un juicio de amparo semejante sometido a mi conocimiento) para conocer del presente juicio. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, remitiéndole al efecto el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y fórmese cuaderno de antecedentes. En otro aspecto, en congruencia con lo expuesto, es deber de este juzgador proteger los derechos de la parte quejosa y proveer sobre la medida cautelar solicitada en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Amparo, el cual dispone que quien se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la misma excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. Así, dicha norma impone, en principio, la obligación de proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, a pesar de haberse declarado impedido, excepto cuando tenga un interés personal en el asunto. En el entendido de que la referencia "interés personal en el asunto" ha sido interpretado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al realizar la interpretación del artículo 66, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al de la porción normativa vigente-, al indicar que el interés personal es el beneficio material o económico que tenga un juez en el asunto que originó el juicio de amparo, ya que de no existir vinculación alguna, le quitaría el carácter de personal a dicho interés. Tal y como se puede apreciar de las tesis aisladas de la Quinta y Séptima épocas que respectivamente establecen lo siguiente: "JUECES DE DISTRITO, IMPEDIMENTO DE LOS. La fracción II del artículo 66 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, establece como causa de impedimento de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo, el interés personal que los mismos tengan en el asunto que haya motivado el acto reclamado; pero este interés debe entenderse como el material y económico que tenga el Juez en el asunto que originó el amparo, caso en el que sería lógico y razonable pensar que hay parcialidad de parte del funcionario al resolver un asunto en el que está interesado; pero como la ley no puede en manera alguna estimar como causa de impedimento el interés de que un Juez tenga en sostener determinado criterio en su resolución, porque ello es propio y natural de la interpretación que le dé a los preceptos legales aplicables al caso, debe estimarse ilegal el impedimento fundado en esta causa". "IMPEDIMENTOS EN EL AMPARO. INTERES EN EL ASUNTO. DEBE SER DIRECTO PARA QUE TENGA EL CARACTER DE PERSONAL. Debe considerarse infundada la causal de impedimento consistente en la existencia de interés personal en el asunto, a que se refiere la fracción II del artículo 66 de la Ley de Amparo, si no se alude a un interés que directamente tenga el juzgador que va a resolver el caso, sino que pretenda derivarse dicho interés del que se atribuya a otra persona con la que el juzgador tenga alguna vinculación, en virtud de que ello le quitaría el carácter de personal a dicho interés, máxime si no se aporta prueba alguna que demuestre que, efectivamente, la otra persona tenga interés en el asunto". Y en el caso concreto, no existe el interés personal en el presente asunto, en virtud de que el suscrito no obtendrá beneficio material o económico derivado de la suerte o resultado que tenga el presente contradictorio constitucional; por ello, en acatamiento a lo previsto en el numeral 53 de la Ley de Amparo, me encuentro obligado a proveer sobre la medida cautelar solicitada, en términos del citado artículo. Al respecto, cobra aplicación la tesis aislada XVIII.2o.1 K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito que establece: "SUSPENSION. EL JUEZ QUE SE DECLARA IMPEDIDO ESTA FACULTADO PARA ACORDAR LO RELATIVO A LOS REQUISITOS DE EFICACIA DE LA MISMA. Conforme al artículo 72 de la Ley de Amparo el juez de Distrito que se declare impedido "no queda inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto en el caso de tener interés personal en el negocio", debiéndose interpretar lo anterior en el sentido de que si no tiene interés en el asunto debe resolver en relación con la ejecución de la suspensión, incluyendo las determinaciones relativas a los requisitos de eficacia de la misma, ya que, sin éstos, el auto de suspensión no podría cumplirse". En virtud de lo anterior, provéase sobre la medida cautelar de los actos reclamados conforme a derecho proceda. Cabe precisar que la parte quejosa reclama las normas generales que fueron el resultado de los procesos de reformas a los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. Ahora bien, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la medida cautelar solicitada, en virtud de que no acredita ni siquiera presuntivamente su interés jurídico para tal efecto, ya que corresponde a parte peticionaria de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer que realmente es titular del derecho afectado con la ejecución de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis publicada en la página doscientos sesenta y dos, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO". Lo anterior, en virtud de que corresponde a la parte peticionaria de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular del derecho afectado con la ejecución de los actos reclamados, sin que al efecto la parte quejosa haga referencia alguna al respecto en su escrito inicial de demanda. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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