Patricia Carvajal Lopez
Expediente 445/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Patricia Carvajal Lopez
- PATRICIA CARVAJAL LOPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Patricia Carvajal López, contra los actos de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por las razones vertidas en el considerando cuarto.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese al presente juicio de garantías, para que surta sus efectos legales. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a las autoridades antes mencionadas, y con fundamento en el artículo 119 de la citada ley, se tiene por ofrecidas las documentales que anexa, dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja número 104/2018, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja."; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Acúsese recibo. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y, demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Patricia Carvajal López contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117, de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las nueve horas del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados para los efectos de este juicio a Nueva WALMART de MÉXICO, S.R.L DE C.V., Operadora WALMART S.R.L. DE C.V., Servicios Administrativos WALMART S.R.L. DE C.V. De acuerdo con lo dispuesto por el precepto 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que emplace a juicio a los nombrados terceros interesados Nueva WALMART de MÉXICO, S.R.L DE C.V., Operadora WALMART S.R.L. DE C.V., Servicios Administrativos WALMART S.R.L. DE C.V., todos con domicilio ubicado en Boulevard Antonio Rosales y Boulevard Jiquilpan, Colonia Jardines e Fátima de esta ciudad, a través de sus apoderados legales Jorge Esparragoza Beltrán, Alejandro Esparragoza Beltrán y Jorge Esparragoza Esper, con domicilio Gabriel Leyva número 416 Norte, despacho 202, Centro de esta ciudad. Con apoyo en el ordinal 119 del mismo ordenamiento legal, se tiene por presentada la documental que la impetrante de garantías anexó a su demanda, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional y tenerla como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa de la interesada. Hágase saber a la parte quejosa, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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