Patricia Flores Herrera
Expediente 733/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Patricia Flores Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Culiacán, remitió copia certificada de las constancias del expediente 378/2014, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por la licenciada Gabriela Zavala Quintero, autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que exhibió como pruebas en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, como lo solicita el promovente, hágase devolución de los documentos que refiere, previa copia certificada de los mismos y toma de razón que por su recibo y entrega se deje en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en treinta de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa a fin de que comparezca ante este juzgado federal a solicitar la devolución de los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Patricia Flores Herrera, misma que el siete de octubre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requiero a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa y actuaria Tercero adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: a) Se declare insubsistente el emplazamiento a juicio de la parte quejosa Patricia Flores Herrera, en juicio sumario civil hipotecario 378/2014, así como todo lo actuado con posterioridad, (sentencia, ejecución etc.) únicamente por lo que a la aquí quejosa se refiere, y, b) Se ordene que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento a juicio de la peticionaria de amparo conforme a derecho. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Actuaria Tercero Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en Guasave, Sinaloa, porque no se reclaman por vicios propios; de conformidad con la jurisprudencia publicada en la página 70, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, intitulada: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, remitió copias certificadas de las cuales se advierte que en fecha treinta de octubre de dos mil vente, deja insubsistente el emplazamiento a juicio de la parte quejosa, así como todo lo actuado con posterioridad (sentencia, ejecutoria etc), únicamente por lo que la quejoso se refiere, ordenándose de nueva cuenta se lleve a cabo el emplazamiento a jucio de la peticionaria de amparo. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".Las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa se declare insubsistente el emplazamiento a juicio de la parte quejosa Patricia Flores Herrera, en juicio sumario civil hipotecario 378/2014, así como todo lo actuado con posterioridad, (sentencia, ejecución etc.) únicamente por lo que a la aquí quejosa se refiere, y se ordene que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento a juicio de la peticionaria de amparo conforme a derecho...". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
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