Patricia Araceli Paredes Quezada

Expediente 179/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
179/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Patricia Araceli Paredes Quezada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de doce de enero del presente año; por tanto, queda firme el citado proveído y, en consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la quejosa..., no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, respecto al cumplimiento que dio a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte (fojas 70 a 87), por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa..., en los siguientes términos: ".1. No se aplique a la quejosa..., el artículo 18, fracción II, inciso B), número 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, expedida en Decreto 293, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, misma que entró en vigor el día uno de enero de este año, y se le reintegre, por la autoridad exactora, el importe del pago que realizó respecto del servicio indicado, por concepto de derechos de alumbrado público que se tilda de inconstitucional, que hubiere enterado desde su entrada en vigor. 2. Asimismo, para el efecto de que no se le aplique el numeral 18, fracción II, inciso B), número 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, expedida en Decreto 293, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que entró en vigor el día uno de enero de esta anualidad, esto es, para que no le sean exigidos los pagos sucesivos del derecho por servicio de alumbrado público, por lo que respecta a este año; en el entendido de que la concesión del amparo no exime a la peticionaria de continuar efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación19, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". 3. Determinación que se hace extensiva en relación al acto de ejecución atribuido al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, para que, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, restituya a la quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales, esto es, para que le devuelva las cantidades que enteró por concepto de derechos por servicio de alumbrado público, en el ejercicio fiscal de dos mil veinte; lo anterior, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento; igualmente, para que no se aplique en su agravio, en el futuro, el numeral combatido, dado que las obligaciones o afectaciones de que se dolió no surgieron de forma automática, con la sola entrada en vigor de la ley, sino que para actualizar el perjuicio se sirvieron de un acto diverso que condicionó su aplicación, el cual se hace consistir en el pago del derecho por servicio de alumbrado público, verificado el día diez de febrero de dos mil veinte. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación20, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta". En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que ocurrieron a su formación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con el criterio plasmado en la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación21, que literalmente establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (.)" 2) Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables (fojas 104 a 106). 3) La Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: A) Por oficio sin número, presentado ante la Oficialía de Partes Comunes de Morelia, Michoacán, el veintiuno de octubre del año en curso, adjuntó, entre otras constancias, copia certificada del diverso SSB/DF-07-01-272-2020, de cinco de octubre de dos mil veinte, signado por el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual informó el listado de cobros que efectuó a la quejosa..., en los meses de enero a septiembre de dos mil veinte, lo cual sumó un total de $15,964.20 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); asimismo, que a partir de esa fecha quedó sin efecto el cargo por concepto de derechos de alumbrado público en lo que resta del año dos mil veinte, respecto del suministro 156 060 812 837, y adjuntó copia certificada de los cheques 0026015 y 0025770, a favor de la quejosa, valiosos por las cantidades de $14,190.40 (CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) y, $1,773.80 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) por concepto del reintegro de pago de derechos de alumbrado público del ejercicio fiscal de dos mil veinte (fojas 116 y 117). Y, de igual forma, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que, la parte quejosa acudió a recibir ambos cheques, por conducto de su autorizado.... De lo hasta aquí expuesto, se advierte que la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acreditó que el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, no aplicaría a la quejosa..., los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de la promovente los cheques 0026015 y 0025770, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil veinte, los cuales se entregaron a la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios. Por tanto, con apoyo en lo anterior, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, conminó al Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, para que no aplicara a la quejosa..., los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de dicha promovente los cheques 0026015 y 0025770, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil veinte, los cuales ya se recogieron por la parte quejosa. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha doce de enero dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: ...Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la quejosa..., no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, respecto al cumplimiento que dio a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte (fojas 70 a 87), por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa..., en los siguientes términos: ".1. No se aplique a la quejosa..., el artículo 18, fracción II, inciso B), número 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, expedida en Decreto 293, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, misma que entró en vigor el día uno de enero de este año, y se le reintegre, por la autoridad exactora, el importe del pago que realizó respecto del servicio indicado, por concepto de derechos de alumbrado público que se tilda de inconstitucional, que hubiere enterado desde su entrada en vigor. 2. Asimismo, para el efecto de que no se le aplique el numeral 18, fracción II, inciso B), número 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, expedida en Decreto 293, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que entró en vigor el día uno de enero de esta anualidad, esto es, para que no le sean exigidos los pagos sucesivos del derecho por servicio de alumbrado público, por lo que respecta a este año; en el entendido de que la concesión del amparo no exime a la peticionaria de continuar efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación19, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". 3. Determinación que se hace extensiva en relación al acto de ejecución atribuido al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, para que, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, restituya a la quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales, esto es, para que le devuelva las cantidades que enteró por concepto de derechos por servicio de alumbrado público, en el ejercicio fiscal de dos mil veinte; lo anterior, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento; igualmente, para que no se aplique en su agravio, en el futuro, el numeral combatido, dado que las obligaciones o afectaciones de que se dolió no surgieron de forma automática, con la sola entrada en vigor de la ley, sino que para actualizar el perjuicio se sirvieron de un acto diverso que condicionó su aplicación, el cual se hace consistir en el pago del derecho por servicio de alumbrado público, verificado el día diez de febrero de dos mil veinte. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación20, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta". En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que ocurrieron a su formación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con el criterio plasmado en la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación21, que literalmente establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (.)" 2) Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la misma a las autoridades responsables (fojas 104 a 106). 3) La Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: A) Por oficio sin número, presentado ante la Oficialía de Partes Comunes de Morelia, Michoacán, el veintiuno de octubre del año en curso, adjuntó, entre otras constancias, copia certificada del diverso SSB/DF-07-01-272-2020, de cinco de octubre de dos mil veinte, signado por el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual informó el listado de cobros que efectuó a la quejosa..., en los meses de enero a septiembre de dos mil veinte, lo cual sumó un total de $15,964.20 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); asimismo, que a partir de esa fecha quedó sin efecto el cargo por concepto de derechos de alumbrado público en lo que resta del año dos mil veinte, respecto del suministro 156 060 812 837, y adjuntó copia certificada de los cheques 0026015 y 0025770, a favor de la quejosa, valiosos por las cantidades de $14,190.40 (CATORCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N.) y, $1,773.80 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) por concepto del reintegro de pago de derechos de alumbrado público del ejercicio fiscal de dos mil veinte (fojas 116 y 117). Y, de igual forma, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que, la parte quejosa acudió a recibir ambos cheques, por conducto de su autorizado.... De lo hasta aquí expuesto, se advierte que la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acreditó que el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, no aplicaría a la quejosa..., los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de la promovente los cheques 0026015 y 0025770, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil veinte, los cuales se entregaron a la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios. Por tanto, con apoyo en lo anterior, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, conminó al Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, para que no aplicara a la quejosa..., los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de dicha promovente los cheques 0026015 y 0025770, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil veinte, los cuales ya se recogieron por la parte quejosa. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio sin número remitido por la Tesorería Municipal del Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite un legajo de copias certificadas de las constancia que así lo acredita; con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo este Juzgado dictará la resolución correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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