Patricia Arredondo Dueñas
Expediente 725/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Arredondo Dueñas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la quejosa PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS, no realizó manifestación en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por este órgano jurisdiccional (fojas 153 a 165), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "I) Deje insubsistente el auto de diez de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual negó decretar el sobreseimiento por prescripción o caducidad del procedimiento administrativo DGAI/257/2015, seguido en contra de la ahora quejosa Patricia Arredondo Dueñas, por haber incumplido con uno de los requisitos de permanencia en el servicio profesional de carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo (no aprobar los exámenes de confianza). II) En su lugar, emita uno nuevo en el que subsane las deficiencias indicadas en esta resolución y, con plenitud de jurisdicción, determine lo correspondiente a la petición que le hizo la impetrante en el escrito que le presentó el siete de agosto pasado, donde le solicitó decretara auto de sobreseimiento por estimar que ha operado la prescripción de la sanción o la caducidad de la instancia". Así los lineamientos fijados en la sentencia ejecutoriada fueron: ". Determinación de la autoridad responsable que dejó en estado de indefensión a la ahora quejosa, porque era necesario que la autoridad responsable se ocupara del caso concreto respeto del cual se sigue el procedimiento administrativo a la impetrante, a fin de que conociera la regla específica a la cual debe sujetarse y conocer el término que debe transcurrir para que opere la prescripción o la caducidad que le solicitó decretara en el procedimiento administrativo de origen. O en su caso, debió precisar las razones legales por las cuales estimara que tales numerales resultan aplicables al caso particular, esto es, por qué razón son aplicables los artículos 110 y 114 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invocó a un caso como el que se sigue a la quejosa y que regulan la prescripción de un procedimiento de juicio político. Por otra parte, del acto reclamado también se advierte que la responsable omitió expresar las razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para establecer que la no aprobación de los exámenes de confianza constituyeran una causa de responsabilidad grave por parte de la aquí quejosa, lo que también resultaba necesario para que se encontrara en posibilidad jurídica de, en principio, conocer si era o no grave esa conducta, para luego establecer cuál era la regla de prescripción a la que se debe sujetar; omisión de la responsable en esos aspectos que dejó a la quejosa en estado de indefensión. De igual forma, este juzgador advierte que el acto reclamado es violatorio de la garantía de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 Constitucional, que también se integra del principio de exhaustividad, porque la ahora quejosa le solicitó decretara el auto de sobreseimiento porque estimaba actualizadas dos figuras jurídicas, a saber: La prescripción y la caducidad de la instancia que adujo se encontraban previstas en el artículo 74 de la que denominó Nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, ya que afirmó: "Y a la fecha a pesar de que han transcurrido más de 3 tres años de la supuesta falta administrativa y dos años ocho meses y seis días, en la integración del presente procedimiento y esta representación Social . no ha podido resolver en cuanto al fondo el presente procedimiento, ya que la Directora del centro estatal de certificación, Acreditación y Control de Confianza de esta Entidad Federativa ha hecho caso omiso a esta autoridad de los múltiples requerimientos realizados por usted para remitir los supuestos exámenes que no aprobó mi representado, por lo que a la fecha ha operado a favor del acusado causas de prescripción de la Responsabilidad administrativa. [.] Por tanto, de la apreciación del acto reclamado se pone en relieve que la responsable soslayó ocuparse de lo relacionado a la caducidad de la instancia y a la aplicación o no del artículo 74 de la "Nueva Ley de Responsabilidades Administrativas", aspecto que también vulneró en perjuicio de la quejosa dicha garantía constitucional, pues tal omisión le impidió conocer si se actualiza o no la caducidad de la instancia y, de ser el caso de que no se actualice, desconoce las razones por las cuales no opera ni cuál disposición es la aplicable. Por consiguiente, lo expuesto por la autoridad responsable en el acto reclamado, en modo alguno es suficiente para considerarlo fundado y motivado, pues para ello era necesario expusiera de manera lógica, natural y concatenada las razones, circunstancias, motivos o causas por las que estimaba improcedente decretar el auto de sobreseimiento por prescripción de la sanción o por caducidad de la instancia que le solicitó la impetrante del amparo.". 2) En auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 172 y 173). 3) El Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio DGAI-A/5581/2018, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el trece de diciembre de dos mil dieciocho, adjuntó copia certificada del auto del once de citado mes y año, emitido en el procedimiento administrativo 257/2015-DGAI, en el que por una parte dejó sin efectos el acuerdo de diez de agosto del año e curso y por la otra, al dictar el nuevo acuerdo y ocuparse de la petición que le hizo la quejosa mediante escrito de siete de agosto del citado año, con plenitud de jurisdicción que se otorgó determinó que no era procedente decretar auto de sobreseimiento por caducidad de la instancia o prescripción de la sanción respecto del procedimiento administrativo interno que se le instruye, atento a lo siguiente: ".b) Con relación a que ha operado a favor de la ciudadana PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS la prescripción de la responsabilidad administrativa contemplada en el artículo 74 de la Nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, no le asiste la razón, porque dicho ordenamiento no es aplicable al presente asunto, de conformidad con el artículo transitorio tercero que establece: Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, se seguirán sustanciando con la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, publicada mediante Decreto 337 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 14 de octubre del año 2014"; máxime, que los artículos 114 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente en la época de los hechos). constituye lo siguiente: "El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicaran en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento... [.] .en el caso concreto los exámenes de control y confianza le fueron practicados a PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS con fechas 15 quince y 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince y el inicio del procedimiento administrativo le fue notificado el día 9 nueve de marzo del año 2017 dos mil diecisiete tal y como consta en la certificación de esa misma fecha, lo que interrumpió dicha prescripción, sin que hayan transcurrido los tres años que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Michoacán, por lo tanto, dentro del presente procedimiento administrativo interno no ha operado la prescripción a que se refiere el licenciado FELIPE DE JESÚS MADRÍZ CABALLERO y que de conformidad al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la no aprobación del examen de control y confianza se considera una causa de responsabilidad grave, porque contraviene el debido cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, y eficiencia. .. [.] .No ha lugar a decretar el auto de sobreseimiento por caducidad de la instancia y prescripción de la sanción al no ser considerada como grave como lo establece el primer párrafo del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, tomando en consideración que a la fecha se siguen recabando actuaciones, para su debida integración y que por lo tanto, en ningún momento se ha determinado sanción alguna, máxime, que los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, aunado a que el precepto 27 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios estipula que: "Prescripción. Las facultades para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en cinco años tratándose de infracciones graves y en tres años en los demás casos, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones o irregularidades a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continúo. La prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y le sea notificado al presunto responsable y, que dicho ordenamiento jurídico no establece la caducidad de la instancia; por lo que dentro del presente procedimiento administrativo interno no ha operado la prescripción a que se refiere." (fojas 212 a 217). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistente el auto de diez de agosto de dos mil dieciocho y en su lugar emitió uno nuevo el once de diciembre de la citada anualidad, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción se ocupó del escrito que le presentó la quejosa y determinó que dentro del procedimiento interno que se le instruye no ha operado la prescripción que solicitó y tampoco la caducidad a la que se refirió, de ahí que se tenga por cumplida la ejecutoria de que se trata. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que la suscrita estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción y, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en relación con los puntos especificados en la sentencia emitida en el presente juicio, es decir: "I) Deje insubsistente el auto de diez de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual negó decretar el sobreseimiento por prescripción o caducidad del procedimiento administrativo DGAI/257/2015, seguido en contra de la ahora quejosa Patricia Arredondo Dueñas, por haber incumplido con uno de los requisitos de permanencia en el servicio profesional de carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo (no aprobar los exámenes de confianza). II) En su lugar, emita uno nuevo en el que subsane las deficiencias indicadas en esta resolución y, con plenitud de jurisdicción, determine lo correspondiente a la petición que le hizo la impetrante en el escrito que le presentó el siete de agosto pasado, donde le solicitó decretara auto de sobreseimiento por estimar que ha operado la prescripción de la sanción o la caducidad de la instancia.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el precepto 267, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que ordene al Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, cumplir con la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se impondrá una multa a su titular por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
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...ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a...
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Vista la demanda de amparo promovida por PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías, por el acto consistente en: ".El acuerdo de 10 de agosto de 2018, emitido dentro del procedimiento administrativo DGA/257/2015, en que se acordó desfavorable la solicitud de sobreseimiento por caducidad y prescripción." Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 725/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tiene conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, pruebas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Juan de la Barrera, número 34, letra C, planta baja, colonia Chapultepec Norte, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Felipe de Jesús Madriz Caballero y Siddhartha Reyna García, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 1843646 y 2272247, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de amparo promovida por PATRICIA ARREDONDO DUEÑAS, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías, por el acto consistente en: ".El acuerdo de 10 de agosto de 2018, emitido dentro del procedimiento administrativo DGA/257/2015, en que se acordó desfavorable la solicitud de sobreseimiento por caducidad y prescripción." Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 725/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión por haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tiene conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, pruebas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Juan de la Barrera, número 34, letra C, planta baja, colonia Chapultepec Norte, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Felipe de Jesús Madriz Caballero y Siddhartha Reyna García, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 1843646 y 2272247, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.
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