Pascual Rábago Ramos
Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Pascual Rábago Ramos
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del uno al cinco de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. ...
- Principal
...Agréguese los escritos signados por Maira Flor López Valencia; mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo en relación al acto reclamado consistente en: ".a) El Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. b) El Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de (racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. c) Omisiones materialmente legislativas relativas, por no incluir en el indicado acuerdo general identificado con el inciso b), medidas con perspectiva de género (que se desarrollarán en los conceptos de violación). Lo anterior, a pesar del mandato expreso contenido en el considerando segundo, del propio acuerdo, así como en los. numerales 10, párrafo segundo, 27, fracción III, 28, fracción V, 75, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2°, 18 a 20 y sexto transitorio correspondiente a la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia; 7, incisos c) y e), 8, inciso c), f) y h), y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 2 a 6, 7, inciso b), 10, 11, 13, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. d) Criterios que regulan la Autorización y Pago a Personal a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal que sustituye a otro que se separa temporalmente de su empleo." Actos que reclaman de las siguientes autoridades: 1. Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como en su calidad de Presidente del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación; y, 2. Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional. Ahora bien, tomando en consideración que en auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el entonces Titular de este órgano jurisdiccional licenciado Rodrigo Torres Padilla se declaró impedido para conocer del juicio de amparo número 1020/2018, al que pertenece el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que fue remitido al Tribunal Colegiado correspondiente para su calificación, sin que a la fecha haya sido resuelto. En el caso, se precisa establecer que tomando en consideración que en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo tomado en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de seis de febrero de dos mil diecinueve, así como lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciséis de febrero del año en curso, este juzgador licenciado Luis Fernando Arreola Villa funge como Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. IMPEDIMENTO. Atento a lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, el suscrito, se declara legalmente impedido para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. Conforme lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se señala como hecho notorio las consultas a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, registrados bajo los números 12/2018 y 13/2018, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido por diversos Magistrados y Jueces del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato, y en los que figura el suscrito como promovente; de igual forma, por parte de quien ahora acuerda, la presentación de la demanda de amparo a la cual se le asignó el número de expediente 1001/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato; lo cual puede corroborarse por ese Tribunal Colegiado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de la que se advierte que se señaló como actos reclamados, entre otros, los siguientes: "a. Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. b. Inconstitucionalidad del Decreto que por un lado, expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de noviembre de 2018, que entró en vigor al día siguiente, y por el otro, adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos, con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios. De manera enunciativa más no limitativa los artículos I a 17, ya que la ley se reclama como sistema normativo. c. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, y que corresponde llevar a cabo a las autoridades señaladas como ejecutoras.". Entonces, los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos: la competencia propia del órgano y la persona del juzgador, esto es, objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. En atención a lo anterior, el artículo 17 Constitucional, segundo párrafo, señala: "Artículo 17. (.). "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Ordinal del cual se desprende lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa. En efecto, sobre el tema el citado artículo 51 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Así, del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de este juzgador, se actualiza una causal prevista en la fracción VI del referido precepto, que impide conocer del presente asunto, en virtud de que, como ya se indicó, el suscrito, promoví las consultas a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, registrados bajo los números 12/2018 y 13/2018, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmado por diversos Magistrados y Jueces del Décimo Sexto Circuito del Estado de Guanajuato, y en los que figura el suscrito como promovente; de igual forma, por parte de quien ahora acuerda, la presentación de la demanda de amparo a la cual se le asignó el número de expediente 1001/2018, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato; juicio de amparo en el que se reclama, entre otras cosas los preceptos constitucionales y disposiciones legales que la aquí quejosa también impugnó en el escrito inicial de demanda y que ahora pretende ampliar respecto de los siguiente actos: ".a) El Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. b) El Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece las medidas de (racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. c) Omisiones materialmente legislativas relativas, por no incluir en el indicado acuerdo general identificado con el inciso b), medidas con perspectiva de género (que se desarrollarán en los conceptos de violación). Lo anterior, a pesar del mandato expreso contenido en el considerando segundo, del propio acuerdo, así como en los. numerales 10, párrafo segundo, 27, fracción III, 28, fracción V, 75, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2°, 18 a 20 y sexto transitorio correspondiente a la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia; 7, incisos c) y e), 8, inciso c), f) y h), y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 2 a 6, 7, inciso b), 10, 11, 13, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. d) Criterios que regulan la Autorización y Pago a Personal a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal que sustituye a otro que se separa temporalmente de su empleo." Actos que se estima se encuentran vinculados con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que este juzgador también impugnó en el referido juicio de amparo, esto es, el suscrito figuré como parte en diverso juicio de amparo semejante al que ahora se pretende ampliar la demanda. Por analogía, cobra aplicación la tesis VI/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146, FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LA XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE ACREDITARSE CON LA CONFESIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL SENTIDO DE QUE INTERVINO COMO INSTRUCTOR O RESOLUTOR EN OTRA INSTANCIA DEL MISMO PROCEDIMIENTO. La causa de impedimento señalada tiene como objetivo que el funcionario judicial que haya participado en otra instancia del mismo procedimiento como juzgador no conozca del nuevo, en virtud de que tendría un criterio semejante o idéntico al adoptado en las actuaciones relativas, lo que atentaría contra la imparcialidad en los asuntos jurisdiccionales. En consecuencia, si el funcionario judicial manifiesta que en otra instancia del mismo procedimiento intervino como instructor o resolutor, tal afirmación, valorada en términos de los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene eficacia probatoria plena para acreditar la referida causa de impedimento, por tratarse de una confesión expresa hecha por persona capaz, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio". Incluso, este tema fue estudio de la contradicción de tesis 48/2018 tramitada ante la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la cual se sostuvo que esta causa de impedimento -artículo 51, fracción VI- únicamente se actualiza cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar al de su conocimiento. Lo anterior que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 60/2018 aprobada en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SEMEJANTE AL DE SU CONOCIMIENTO. Los jugadores siempre deben de ser imparciales, lo cual significa que deben ser ajeno s altos intereses de las partes en controversia y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas, así el artículo 51 de la Ley de Amparo, reguló los impedimentos como un mecanismo para asegurar el principio referido. Ahora bien, la fracción Vi de dicho artículo señala que los jueces de amparo deben excusarse si figuran como parte en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento; es con la finalidad de evitar que evadan sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. Si bien de una interpretación literal de dicha fracción debería concluirse que los juzgadores deben impedirse de conocer un juicio de amparo cuando sean autoridades responsables en un asunto similar; lo cierto es que esa no es una interpretación muy satisfactoria. En efecto, el hecho de que un juez de Distrito se haya pronunciado en un asunto semejante actuado como juez de instancia no configura un riesgo de pérdida de su imparcialidad. Además, los elementos que se toman en consideración para resolver un juicio de amparo son distintos a los aspectos que se ponderan en un juicio de instancia ordinaria, por lo tanto, el Juez de Distrito no se encuentra vinculado a resolver en el mismo sentido en que lo hizo anteriormente. Por lo tanto se debe hacer una interpretación teleológica del artículo en cuestión y estimar que únicamente se actualiza la fracción VI, del artículo 51 de la Ley de Amparo cuando el juzgador tenga el carácter de quejoso o tercero interesado en un juicio de amparo similar al de su conocimiento. Es importante señalar que esta interpretación no implica que un Juez de Distrito que no esté en ese supuesto específico, no deba, con fundamento en la referida fracción del artículo 51 de la Ley de Amparo, declararse impedido si las circunstancias particulares de su situación así lo ameritan". En mérito de lo expuesto, este juzgador considera encontrarse legalmente impedido en términos del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo (por figurar como parte quejosa en un juicio de amparo semejante al sometido a mi conocimiento) para conocer del presente juicio. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, remitiéndole al efecto copias certificada de la totalidad del presente cuaderno en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado. En consecuencia, resérvese acordar lo que en derecho corresponda respecto de la citada ampliación de demanda, hasta en tanto sea resuelto el aludido impedimento. Por otra parte, toda vez que del contenido del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados en relación con sus consecuencias, en términos del artículo 53 de la Ley de Amparo, resuélvase sobre tal medida cautelar solicitada, toda vez que el citado precepto legal establece, incluso, que el que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, excepto cuando se aduzca tener interés personal en el asunto; sin embargo, se considera que no se actualiza esta última hipótesis, en virtud de que el supuesto planteado fue el contenido en el artículo 51, fracción VI, de la ley de la materia, que de suyo no conlleva tal interés, sino, como se patentizó, esta última hipótesis tiene como fin no sentar un precedente que pudiera afectar la resolución del juicio de amparo en el que son parte. En consecuencia, ante la falta de actualización del interés personal de este juzgador en el caso, se debe proveer lo correspondiente en relación con la medida cautelar solicitada en el escrito de ampliación de demanda, al no existir obstáculo legal para tal efecto. Máxime que no debe perderse de vista que en nuestro sistema jurídico es inadmisible que un conflicto se quede sin solución, pues ello traería como consecuencia hacer nugatorio el contenido del artículo 17 constitucional. A lo que resulta importante precisar que al referir el citado artículo 53 a "interés personal", es claro que con base en el sistema de impedimentos de la Ley de Amparo, alude al propio "interés personal" a que se contrae la fracción II del precepto 51 del mismo ordenamiento legal (en esa medida y alcance) y no a cualquier otra fracción, como la VI, en razón de que al ser un supuesto de excepción no puede dársele, como se vio, una interpretación extensiva para aplicarse a otras hipótesis. Además que la literalidad de ese dispositivo 53, respecto al "interés personal", no deja duda en cuanto a que se refiere a la causal de excusa de la referida fracción II, por lo que, ante ello, no está sujeta a interpretación alguna, menos de carácter extensivo. Por último, debe destacarse que tomando en consideración que el citado artículo 53 de la Ley de Amparo, establece que "El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión", sin mencionar expresamente si en el caso, de plantearse un impedimento, debe proveerse sobre la medida cautelar en una sola determinación o si debe abrirse y tramitarse un incidente de suspensión para tal efecto, se estima que es más acorde a los principios de imparcialidad y certeza jurídica de la partes, que lo relativo a la medida cautelar se provea en un sola determinación, pues de esa forma se evita que el juzgador que se declare impedido emita diversas resoluciones que necesariamente implicarían el trámite de un incidente. Medida Cautelar El análisis de procedencia de la medida cautelar solicitada y, en su caso, los alcances serán exclusivamente en relación con los efectos de los actos reclamados que se desprenden justamente del apartado de la ampliación de la demanda de amparo intitulado "suspensión", mismos que consisten en: "a) Se permita a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras que utilicen servicio de transporte de trabajo, el uso de éste. Con especial relevancia a quienes por su minoría de edad, deben asistir al CENDI. b) Se permita a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras que utilicen el servicio de comedor existente en los edificios del PJF. c) Se autorice y paguen las sustituciones de las personas que tengan algún tipo de licencia autorizada por el ISSSTE, con especial referencia a aquellas que hayan sido otorgadas por cuestiones de maternidad. d) Se autoricen y paguen las licencias por paternidad. e) Se conceda el aumento de las remuneraciones de las suscritas, con base en el factor inflacionario del mes que corresponda". Lo anterior con apoyo, en la Jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". Cabe precisar que de los anexos que la quejosa acompañó a la demanda inicial, se advierte que Maira Flor López Valencia es Secretaria de juzgado adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital. Ahora bien, en relación con la procedencia de la medida cautelar, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda el contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente." Además de los requisitos señalados en el precepto que antecede, en diversos criterios emitidos por los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, se han establecido los siguientes criterios de procedencia para decretar la suspensión de los actos reclamados, en el orden que enseguida se citan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera); 4. La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la medida cautelar provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007358, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Por otro lado, cabe destacar, que si bien es cierto no se ha establecido un criterio que defina concluyentemente lo que debe entenderse por interés social, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido razonablemente que en términos generales, es aquél que de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que las leyes le otorgan. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Séptima Época, registro: 805484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Del criterio precedente, se advierte que interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Establecido lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión de los actos reclamados, en relación con sus consecuencias jurídicas, se procede realizar el siguiente análisis: Tratándose de medidas cautelares, como la que es solicitada por la parte quejosa, opera un principio fundamental, que a continuación se expone: Apariencia del buen derecho. El cual apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, Con la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que los Juzgadores de amparo realicen la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Así, en uso de la atribución conferida al juzgador de amparo para que realice un asomo provisional a la constitucionalidad del acto -apariencia del buen derecho- y a efecto de evitar que se genere algún perjuicio en relación con la parte quejosa, de acuerdo con lo expuesto en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, con número de registro 165659, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTELA APARIENCIA DEL BUENDERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". Por tanto, en uso de dicha atribución, a simple vista o en un asomo provisional no se advierte que las consecuencias de los actos reclamados resulten inconstitucionales, pues gozan de presunción de constitucionalidad, ya que al aquí impetrante le corresponde formular argumentos suficientes a fin de demostrar su inconstitucionalidad, los cuales únicamente son susceptibles de analizarse en la sentencia relativa al juicio principal, por lo que no se advierte la existencia algún derecho humano que deba ser protegido o restituido de manera provisional, con la finalidad de mantener viva la materia del juicio de amparo, ni que los actos puedan consumar de manera que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado. Lo anterior, aunado a que de momento no se advierte que el ahora quejoso se encuentre en la hipótesis o sea destinatario de las consecuencias jurídicas de los actos por los cuales solicita la medida cautelar, es decir, no se acredita que tenga hijos que utilicen transporte de trabajo y que éstos asistan al CENDI, que cuenten con algún tipo de licencia autorizada por el ISSSTE, o bien, que tengan relación directa con el pago de alguna licencia por paternidad, sino que ello se menciona de manera genérica. Asimismo, constituye hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no se cuenta con servicio de comedor comunitario para los trabajadores de los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Decisión sobre la Medida Cautelar En consecuencia, sin prejuzgar respecto de la constitucionalidad o no de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la medida solicitada, con fundamento en los artículos 128, 130 y 138 de la Ley de Amparo, se niega a Maira Flor López Valencia, la medida cautelar solicitada, en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes...
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...En veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta al Juez, con el oficio número 1492/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y anexos. Conste (R.E. 4872). MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por recibido el oficio número 1492/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 215/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Héctor Fernando Carmona Suazo, apoderado de Pascual Rábago Ramos, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; lo anterior, en cumplimiento a la resolución de diecinueve de marzo del año en curso, en la que declaró carecer de competencia legal para su conocimiento, por no encontrarse en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo; por tanto, este Juzgado SE AVOCA al estudio de la misma; acúsese recibo. Ahora bien, del análisis de la citada demanda se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea parte; Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "Sentencia reclamada: La sentencia dictada en fecha 31 de Enero del año 2019 dentro del juicio ordinario civil 594/2017 sobre incidente de falta de personalidad y personería promovido por pascual Rabago Ramos.". De lo anteriormente expuesto se sigue que los actos reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativos a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, en la especie el acto reclamado se hace consistir, en la resolución interlocutoria emitida por el Juez responsable el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil 594/2017, de donde emanan los actos reclamados, mediante la cual declaró infundado el incidente de falta de personalidad y personería promovido por la parte quejosa, dentro del referido juicio. En el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los citados actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Juez responsable, de declarar infundado el incidente planteado dentro del juicio ordinario civil de origen, sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues constituyen actuaciones intraprocesales que no trascienden a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del juicio y en caso de ser así, es decir, que la sentencia que se llegue a dictar sea contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas. Se afirma lo anterior, en razón a que la interlocutoria reclamada, no puede considerarse un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no producen de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues a través de esos incidentes no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del juico de origen, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la interlocutoria que ahora se impugna. Esto es, los efectos y las violaciones procesales cometidas durante su trámite, antes indicados, se actualizan hasta el dictado de la sentencia dentro del juicio natural, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la emisión de la misma, se vulneraron las defensas del afectado y, con ello, se incurrió en violaciones procesales que trascendieron al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Maestra Luisa Román número 55, colonia Granjas del Maestro en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Luis Rey Ayala López. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. ...
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