Paola Murillo Álvarez

Expediente 570/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
570/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Paola Murillo Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter confidencial, según los artículos 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*arc

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Súmese a los autos el escrito y anexo presentados por *******, con lo cual, desahoga la vista que se le dio mediante proveído de diecinueve de los actuales y al efecto, señala como acto reclamado la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por el Magistrado de la Primera Sala Civil Regional, dentro del toca *******, a través de la que confirmó el auto de diez de enero del presente año, emitido por el Juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos en el juicio de origen *******. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, del siguiente tenor: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En la especie, el acto reclamado por la quejosa consiste en la sentencia que dictó el Magistrado de la Primera Sala Civil Regional el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dentro de los autos del toca *******, a través del cual, confirmó el proveído de diez de enero del presente año, emitido por el Juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos, con el que tuvo por desahogada, en los términos precisados, la diligencia de reconocimiento de documentos, celebrada en la misma fecha. Conforme a la regla genérica establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la negativa a admitir una prueba en el curso del procedimiento jurisdiccional constituye una violación de carácter procesal susceptible de hacerse valer en la vía de amparo directo que, en su oportunidad, se promueva contra la sentencia que ponga fin al juicio, porque no afecta de modo directo e inmediato los derechos humanos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales. En efecto, la negativa a admitir una prueba en los términos propuestos, por regla general, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que ofreció la prueba, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la resolución que pone fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 407, de la entonces Cuarta Sala, Quinta Época, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 273, cuyo rubro y texto es el siguiente: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley. Asimismo, cobran aplicación las siguientes tesis aisladas de la entonces Tercera Sala, Quinta Época, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos LXXVIII, LXXI y LXX, páginas 778, 2173 y 4233, respectivamente. PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA RECEPCIÓN DE. Debe estimarse improcedente el amparo indirecto contra la resolución de segunda instancia, que confirma el auto que negó al quejoso la recepción de pruebas, pues aunque esa resolución tenga una situación definida, intocable para el Juez, al sentenciar, el fallo que se dicte puede ser por distintas causas, favorable al quejoso, y aunque en la apelación contra ese fallo, se produjera ejecutoria absolutoria, en el amparo que contra ésta se promoviera, podrían hacerse valer los agravios respectivos, como violaciones del procedimiento. PRUEBAS, AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que niega la recepción de pruebas, porque el artículo 159 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su fracción III, señala como violación del procedimiento que priva de defensa al quejoso, el hecho de no recibírsele las pruebas que legalmente hubiere ofrecido, o cuando no se le recibieren conforme a la ley; y el artículo 161 del mismo ordenamiento, determina que esas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, señalando los procedimientos que deben seguirse para preparar el juicio de amparo. PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A RECIBIRLAS. Conforme al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sólo pueden reclamarse en amparo indirecto los actos en el juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, y la denegación de una prueba no puede ocasionar a quien la ha ofrecido, un perjuicio irreparable, toda vez que la sentencia que se pronuncie, puede ser favorable a sus intereses; por tanto, la oportunidad para solicitar el amparo de la Justicia Federal, por violaciones del procedimiento como la de que se trata, existe al pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo con los artículos 158, fracción I, y 159, fracción III, de la Ley de Amparo. Como se observa, ya es una situación definida por disposición legal y por criterio jurisprudencial, que el desechamiento de pruebas dentro de un juicio no produce violaciones irreparables, sino que sólo produce efectos intraprocesales, susceptible de ser reparado en la sentencia respectiva; por ello, es evidente que el acuerdo que niega admitir una prueba en los términos propuestos, no puede ser considerado como de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado de las partes en el proceso civil, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó a la parte quejosa. En estas condiciones, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado sólo es susceptible de producir una lesión jurídica formal o adjetiva, pues aun cuando se alegan violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución en la que se niega admitir una probanza no le reviste el carácter de tener una ejecución irreparable, sino que -eventualmente- se trata de violaciones de carácter adjetivo, que no son autónomas al procedimiento, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Aunado a lo anterior, debe recordarse que los actos intraprocesales a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.GMA

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