Pasteurizadora Jersey del Noroeste, S.A.

Expediente 271/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
271/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Pasteurizadora Jersey del Noroeste, S.A.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ******************** en representación de la moral quejosa ******************** mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por acuerdo de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, exhibe dos copias simples del escrito a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de septiembre del año en curso; por tanto, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito agravios y remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, el original de los presentes autos dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto; anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente a las partes y córrase traslado con el escrito de expresión de agravios.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por L*******n en representación de la moral quejosa P******a, mediante el cual pretende interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de septiembre del año en curso. Luego, del escrito de cuenta se obtiene que el promovente exhibió tres copias de su escrito a través del cual interpone recurso de revisión, siendo que se requieren cinco copias del mismo para el completo traslado a las partes e integrar debidamente el expediente para la tramitación del recurso interpuesto. Por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos legales la notificación este proveído, exhiba (2) dos copias más de su escrito de expresión agravios, pues (2) dos son para las autoridades responsables, (1) una copia para correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, (1) una copia para correr traslado a la Agente del Ministerio Público del Tribunal Colegiado que conozca del recurso interpuesto, y (1) una copia para el presente asunto, tal y como lo establece el párrafo tercero del artículo 88 de la Ley de Amparo: "Artículo 88.- El recurso de Revisión se interpondrá por escrito [.] En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes [.]" Apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo establecido para tal efecto, se tendrá por no interpuesto el recurso de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Juicio de Amparo 271/2023-A Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 271/2023-A, promovido por Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Ernesto Ponce Molina, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y de otra autoridad; y, Resultando Primero. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Ernesto Ponce Molina, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades -en su denominación correcta- que a continuación se precisan: Autoridades responsables - Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. - Gobernadora del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Actos reclamados "I. Del Congreso la aprobación y del Gobernador Constitucional tanto la iniciativa de ley como la promulgación de el artículo 3° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, publicada el 21 de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en particular el siguiente texto: "ARTÍCULO 3.- El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo personal se causa con una tasa de................................... 1.80% 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Adicional al porcentaje anterior, se establece una sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere este capítulo del 1.20% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Los recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior y su fortalecimiento en la Entidad. Además de lo anterior, se establece una sobretasa del 1.25% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Los recursos que se recauden se ejercerán de manera directa e indirecta, al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. Los ingresos derivados de las sobretasas no se consideran para la determinación de las participaciones señaladas en el artículo 7° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni para el fondo compensatorio previsto en el artículo 7° BIS de la citada ley. Asimismo, estos ingresos no se considerarán para el cálculo del porcentaje destinado al fideicomiso empresarial mencionado en este precepto. II. Del Gobernador Constitucional, se reclama la expedición del Decreto publicado el 17 de febrero de 2023, en el Periódico Oficial del Estado, por el que se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa 1.25 % (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21 de diciembre de 2022, en particular su artículo primero que es del tenor siguiente: "ARTICULO PRIMERO. Se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el Artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21de diciembre de 2022, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes: ." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los establecidos en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto dictado el quince de marzo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a persona alguna, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas vigentes en esta Entidad Federativa, así como actos atribuidos a autoridades administrativas cuya ejecución tiene lugar en esta ciudad, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: Al Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Baja California: - La aprobación, iniciativa y promulgación, del artículo 3º, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, específicamente respecto a las dos sobretasas que se establecen en mismo, con motivo de su primer acto de aplicación, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. A la Gobernadora del Estado de Baja California: - La expedición del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California el 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? diecisiete de febrero de dos mil veintitrés por el que se se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernadora del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, aunado a que la existencia de los actos legislativos reclamados no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como hecho notorio de conformidad con los artículos 86 y 881 del Código 1 Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho razonamiento encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el país, visible en la página 15, del Tomo 65, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Análisis de causas de improcedencia actualizadas. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia2 que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al rendir su informe justificado refirió que en el presente asunto se actualizaban dos causas de improcedencia, la primera de ellas prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, debido a que las morales quejosas no combatieron los actos legislativos 2 Jurisprudencia número II.1o. J/5, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, T. VII, p. 95 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? atribuidos al Congreso, por vicios propios. Los artículos de referencia disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)" Es infundada la causa propuesta en atención a que, contrario a lo que refiere, el numeral invocado en último término, al mencionar "únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios", se refiere a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y publicación de las normas reclamadas, lo que en el caso no sucede ya que lo atribuido al Congreso del Estado de Baja California es su aprobación. Ahora, respecto a la segunda causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso numeral 108 fracciones III, IV, VI y VIII de la Ley de Amparo, la referida responsable refiere se actualiza a razón de que la moral quejosa carece de interés para acudir al presente juicio de amparo. En el caso concreto, la moral quejosa reclama la porción normativa a partir de un acto de aplicación y para acreditar tal extremo, ofreció: ? Impresión de la cédula de liquidación de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés a nombre de la moral Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima . 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ? Impresión digital del acuse de factura electrónica emitido por el Gobierno del Estado de Baja California el veinticuatro febrero de dos mil veintitrés a la moral Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima. Documentos que de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resultan ser aptos y suficientes para demostrar que la moral quejosa, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, realizó el pago correspondiente al impuesto sobre remuneraciones al Trabajo Personal, así como de las sobretasas del 1.20% y del 1.25%, por lo que en esa misma le fue expedido el acuse de factura electrónica de dicho pago, con lo cual se acredita que le fue aplicado el numeral 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, que por esta vía tilda de inconstitucional. Lo anterior revela la existencia del primer acto de aplicación de la norma impugnada y, por ende, la acreditación de su interés jurídico para impugnarla en esta vía; de ahí que, resulte infundada la causa de inejercicio hecha valer. En tal sentido, al no existir diversa causa de improcedencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo3 , y en virtud de que es el momento idóneo para analizar el acto tildado de inconstitucional, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, que son los que se contienen en la demanda de amparo. 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, al resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830, con registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Respecto al acto reclamado consistente en la aprobación, iniciativa y promulgación, del artículo 3º, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, con motivo de su primer acto de aplicación, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa en sus conceptos de violación argumenta en síntesis lo siguiente: 1. Que las sobretasas resultan contrarias a los principios de legalidad y seguridad jurídica ya que el artículo 151-16 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California no contempla la figura de la sobretasa sólo de la tasa, aunado a que no existe disposición en la que se establezca la facultad de las responsables para crear sobretasas. 2....Que las sobretasas reclamadas resultan arbitrarias y contrarias a los principios de equidad y proporcionalidad al no tener una autentica justificación, además, de contravenir el principio de destino al gasto 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO público, por estar destinadas a un fin específico, aunado a que no se estableció una real necesidad de su creación. 3. Que no se distingue el pronóstico de recaudación estimado para cada sobretasa de manera que sea rastreable el destino con su fin. 4. Que las responsables omitieron especificar y justificar la insuficiencia de recursos según la comparación de recaudación de dos mil veintidós con lo que se estima recaudar en dos mil veintitrés así como la insuficiencia de la participación federal. 5. Que solo se incluye como obligados a los patrones y no a la generalidad de los contribuyentes. Por encontrarse estrechamente relacionados se estudiaran su conjunto los conceptos de violación expuestos del 2 al 4. Son infundados los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, por las razones que se expondrán a continuación. En primer término, conviene trascribir lo que establecen los artículos 40, 41, primer párrafo, 71, fracción III, 115, primer párrafo, y 124, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. [.] Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y [.] Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [.] Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias." De lo transcrito se obtiene que la autonomía financiera de las entidades federativas no se prevé expresamente en la Constitución Federal, sin embargo, al establecerse que los Estados son libres y soberanos en su régimen interior, implica su autonomía financiera, parte inherente e imprescindible de su soberanía política, así como de su marco de libertades; lo que se encuentra acotado con las limitantes establecidas para los Estados en materia tributaria, pues lo que no está reservado para la Federación, se entiende corresponde a los Estados; correspondiéndole a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México el derecho de iniciar leyes o decretos. Por su parte, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad del Congreso del Estado examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar, para cada Ejercicio Fiscal, las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, en los términos de la ley de la materia. Ahora, respecto a las facultades recaudadoras del Estado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO inconstitucionalidad 29/2008 refirió que el impuesto es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, quien lo decreta mediante un acto administrativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la transmisión de valores económicos, en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. Refirió la Corte, que el Estado es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor, por antonomasia, del impuesto, a través del pago de una prestación incondicionada; pero para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto a arbitrariedades, es necesario que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. En dicha ejecutoria refiere el Pleno que la fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro. El límite constitucional a la facultad del legislador, para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir, con la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado de que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recurso económicos para la satisfacción de sus gastos públicos. Continuando con el tema de las facultades de las Entidades Federativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2013, refirió que la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados. Argumenta la Sala, que resulta conveniente precisar que el legislador tributario cuenta con un margen de libre configuración para el diseño del sistema impositivo, pues la contribución constituye una de las fuentes principales para que el Estado obtenga ingresos, mediante la detracción de determinadas cantidades del sector privado para la sufragación de los gastos públicos, tanto de la Federación, como la Ciudad de México, Entidades Federativas y Municipios, dentro del marco legal, que sea proporcional y equitativo, para lo cual puede valerse de cualquiera de los modelos o instrumentos tributarios, siempre y cuando la asignación impositiva se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por la Ley Fundamental. Ahora, a fin de darle mayor claridad a la resolución, resulta necesario transcribir el texto del artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, en el cual tiene su origen la sobretasa o tasa adicional. "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones." Precepto constitucional del cual se puede ver la implementación de tasas adicionales sobre las contribuciones que establezcan las legislaturas de los Estados. Conviene precisar que la sobretasa o tasa adicional, no constituye un impuesto adicional, ya que dicha sobretasa o tasa adicional participa de los mismos elementos constitutivos de la contribución, y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; en tanto que, en los impuestos adicionales, el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario. En efecto, las sobretasas, recaen sobre algunos de los tributos previamente establecidos, cuya característica es que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico. Dichas sobretasas son utilizadas con frecuencia por las haciendas públicas locales para no incrementar directamente la presión fiscal de los contribuyentes, ni los costos de gestión, ya que se aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, del cual comparte los mismos elementos constitutivos, y sólo se aplica un doble porcentaje a la base imponible, teniendo como finalidad principal recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo, para destinarlo a una actividad específica. Por ello, es más conveniente implementar una sobretasa respecto de una contribución primaria que ya existe, en lugar de diseñar un nuevo mecanismo tributario toda vez que se facilita la recaudación, al no tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los contribuyentes obligados a cubrir cierto gravamen, se les obliga a pagar una cantidad adicional por el mismo concepto. Por tanto, la sobretasa no modifica los elementos esenciales del gravamen primigenio, sino que sólo establece un porcentaje adicional, al estimarse que la capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar ambas cargas tributarias. Lo antes considerado se aprecia de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 114/2013, en la que en su parte relativa se consideró lo siguiente: "QUINTO. [..] De acuerdo a lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados. [.] En concordancia con lo anterior, es pertinente precisar que el legislador tributario cuenta con un margen de libre configuración para el diseño del sistema impositivo, pues la contribución constituye una de las fuentes principales para que el Estado obtenga ingresos, mediante la detracción de determinadas cantidades del sector privado para la sufragación de los gastos públicos, tanto de la Federación, como del Distrito Federal, Entidades Federativas y Municipios, dentro del marco legal, que sea proporcional y equitativo, para lo cual puede valerse de cualquiera de los modelos o instrumentos tributarios, siempre y cuando la asignación impositiva se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por la Ley Fundamental. Las contribuciones han sido clasificadas tanto en la doctrina como en los diversos sistemas impositivos de distintas formas, pero para la solución de la presente contradicción de tesis interesa únicamente aquellas denominadas como "sobretasas", que son las que recaen sobre algunos de los tributos previamente establecidos y tienen como característica que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico. Las contribuciones en comento son utilizadas con 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO frecuencia por las haciendas públicas locales, por ser uno de los instrumentos tributarios que más se apega al principio de asignación impositiva de la sencillez, pues no incrementa de manera directa la presión fiscal de los contribuyentes ni los costes de gestión, dado que aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, respecto del cual comparte los mismos elementos constitutivos aplicando únicamente un doble porcentaje a la base imponible, por lo que tiene como finalidad principal recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo para destinarlo a una actividad específica. En efecto, para el legislador tributario local resulta más conveniente implementar una "sobretasa" respecto de una contribución primaria preexistente, que diseñar un nuevo mecanismo tributario, pues de esa manera se facilita la recaudación al no tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los contribuyentes que se encuentran obligados a cubrir determinado gravamen, se les obliga a pagar una cantidad adicional por el mencionado concepto, por lo que es evidente que el aludido instrumento fiscal no modifica los elementos esenciales del gravamen primigenio o de primer nivel, sino solamente se establece un porcentaje adicional por considerar que la capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar ambas cargas tributarias. Cabe significar que las "sobretasas" o tasas adicionales tienen asidero en el artículo 115, fracción IV, inciso a), constitucional, pues en esta porción normativa se autoriza a los Municipios a administrar libremente su hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, y otros ingresos que las Legislaturas Estatales establezcan a su favor, entre las que se encuentran las que versen sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; disposición que fue introducida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, de cuya exposición de motivos se advierte que tuvo como finalidad permitir que los Municipios se alleguen de más recursos para fortalecer su hacienda y cuenten con autosuficiencia económica, que es un rubro fundamental para su subsistencia y desarrollo. Asimismo, es importante destacar que el Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 29/2008, en sesión del doce de mayo de dos mil ocho,(8) señaló que la tasa adicional o sobretasa difiere de los impuestos adicionales, en virtud de que la primera participa de los mismos elementos constitutivos del tributo y solamente se aplica un doble porcentaje a la base gravable; mientras que en los segundos el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario". De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.) que señala la parte quejosa y que expresamente dispone: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes". Ahora, en el caso concreto, el artículo 3° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2023, prevé lo siguiente: "Artículo 3. El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo personal se causa con una tasa de................................... 1.80% Adicional al porcentaje anterior, se establece una sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere este capítulo del 1.20% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Los recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior y su fortalecimiento en la Entidad. Además de lo anterior, se establece una sobretasa del 1.25% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Los recursos que se recauden se ejercerán de manera directa e indirecta, al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. Los ingresos derivados de las sobretasas no se considerarán para la determinación de las participaciones señaladas en el artículo 7° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni para el fondo compensatorio previsto en el artículo 7° BIS de la citada ley. Asimismo, estos ingresos no se considerarán para el cálculo del porcentaje destinado al fideicomiso empresarial mencionado en este precepto. De los ingresos estatales que se obtengan por este impuesto se destinará el 5% a un fideicomiso empresarial que tendrá los siguientes objetivos: a).- Fortalecimiento de empresas instaladas en Baja California mediante instrumentos de financiamiento y asistencia 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO técnica, priorizando el beneficio para empresas locales que hayan sido constituidas en la entidad y tengan su domicilio fiscal en Baja California, en los términos de las reglas que se emitan para tal efecto. b).- Realización de programas de promoción de la inversión y las exportaciones de bienes y servicios. Los gastos que se eroguen por concepto de viáticos para la ejecución de los proyectos susceptibles de apoyo del fideicomiso se encontraran limitados de acuerdo a las Reglas de Operación que se emitan para tal efecto. c).- Realización de proyectos estratégicos en alineación con la Política de Desarrollo Empresarial y los Planes Estratégicos Municipales. No se incluyen en dicha recaudación, los ingresos que se obtengan derivados del ejercicio de las facultades de cobro y/o de comprobación por parte de las autoridades fiscales. La Secretaría de Economía e Innovación en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Estado podrán emitir reglas específicas para la correcta administración y destino de los recursos en comento y los fideicomisos respectivos. Con independencia de lo que establezcan otras leyes, se incluye dentro de los sujetos referidos en el artículo 151-15 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, a cualquier ente público de la administración central o paraestatal de los gobiernos Federal y Municipal, que realice pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado, bajo su dirección o dependencia de un tercero, incluidos las entidades paraestatales, paramunicipales y organismos autónomos." Precepto legal del cual se aprecia que la Ley de Ingresos en cita, prevé una tasa original y dos sobretasas del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere ese capítulo, estas dos últimas, una del 1.20% y la segunda de 1.25%, sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, cuyos recursos se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior y su fortalecimiento en la Entidad y al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. A su vez el artículo 151-14 y su relacionado 151- 13 de la Ley de Hacienda en cita, establecen: "ARTÍCULO 151-13. Es objeto de este impuesto, la realización de pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado, bajo la dirección o dependencia de un tercero". "ARTÍCULO 151-14. La base del impuesto es el monto total de los pagos que se efectúen bajo las condiciones establecidas en el Artículo anterior, aún cuando dichos pagos 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? no excedan del salario mínimo, en base a los términos siguientes: I.- Para los contribuyentes personas físicas o contribuyentes personas morales que en el ejercicio inmediato anterior les hayan prestado servicios subordinados hasta veinticinco trabajadores como promedio mensual, comprenderá el monto total de los pagos efectuados trimestralmente. La misma periodicidad aplicará para el primer ejercicio de operaciones independientemente del número de trabajadores que tengan a su servicio. II.- Para los demás contribuyentes, comprenderá el monto total de los pagos efectuados mensualmente. Si quien efectúa los pagos está domiciliado fuera del Estado, y no tiene dentro de éste, sucursal, agencia o representación, la base del impuesto será el monto total de las percepciones que obtenga el trabajador". Disposiciones legales que regulan la base sobre la que se causa el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y de las cuales también participan las sobretasas o tasa adicional a que alude el artículo 3° reclamado, por lo que se estima que se trata de sobretasas y no un impuesto adicional. Pues no obstante que las sobretasas estén contempladas en el artículo 115, fracción IV, inciso a) Constitucional, el cual prevé la libre hacienda de los municipios, de la exposición de motivos de la reforma efectuada a dicho numeral de ocho de febrero de mil novecientos ochenta y tres, la modificación a dicho numeral, fue con el objeto de vigorizar la hacienda, autonomía política y las facultades de los Municipios, esto, sin invadir o lesionar las facultades que por virtud del pacto federal y de acuerdo con la forma republicana se encontraban conferidas a los Estados en los artículos 40, 41 y 124 de nuestra Carta Magna. Lo cual se corrobora de la propia Constitución, pues en su numeral 40, como quedó establecido en párrafos supra, refiere que los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Aunado a que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Salas o en Pleno, ha establecido que el 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Estado es el único titular de la soberanía fiscal y acreedor del impuesto, contando con un margen de libre configuración para el diseño del sistema impositivo, pudiendo hacerse valer de cualquiera de los modelos o instrumentos tributarios, siempre y cuando la asignación impositiva se lleve a cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por la Ley Fundamental, que no sea un acto indebido, ni esté sujeto a arbitrariedades. De ahí que las Entidades Federativas, tengan libertad para imponer cargas fiscales a los contribuyentes, sin importar el modelo o instrumento tributario que se utilice, y siempre y cuando justifique expresamente la necesidad de la carga impuesta. De igual forma, como se adelantó resulta infundado el concepto de violación 1 pues como quedó demostrado en párrafos supra las responsables sí cuentan con facultades para imponer sobretasas y no resulta necesario que se establezca específicamente en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California la figura de la sobretasa para que puedan imponerlas. Toda vez que libertad de las Entidades Federativas para imponer cargas fiscales a los contribuyentes, tiene su límite en cuanto a que debe ser proporcional y equitativo, sin importar el modelo o instrumento tributario que utilice, y siempre y cuando justifique expresamente la necesidad de la carga impuesta. Criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en la ejecutoria emitida en la sesión ordinaria de treinta de enero de dos mil veinte, en el amparo en revisión 381/2019. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Ahora, respecto a los conceptos de violación descritos del 2 al 4, resultan infundados también por las siguientes razones. Conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 564/1998, entre otras cosas estableció, que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es, que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquellas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, denominados fines extrafiscales, y que ineludiblemente será el órgano legislativo el que los justifique expresamente, en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la propia ley. Lo anterior, se colige del fragmento de la ejecutoria relativa, que dice: "QUINTO. [.] De una nueva reflexión sobre el tema que se analiza, conduce a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a considerar que si bien el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, al cual se le puede agregar otro de similar naturaleza, relativo a que dichas contribuciones pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), tendrá que ser ineludiblemente el legislador quien establezca expresamente, en la exposición de motivos, dictámenes o en la misma ley, estos fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede establecer una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador, quien en este supuesto, debe reflejar su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes, a lo que debe atenderse sustancialmente, es al producto de la voluntad del órgano encargado de crear la ley y no a las posibles ideas que haya pensado o posibles finalidades (objetivos) que se haya propuesto realizar. Lo anterior adquiere relevancia, si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO órgano de control contará con otros elementos, cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Robustece el anterior razonamiento, la tesis que a continuación se transcribe: (Se trascriben datos de localización). '"CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto.' (Se trascriben precedentes) No obstante lo anterior, pueden existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución va encaminada a proteger o ayudar a clases débiles (por ejemplo disminución del impuesto predial a personas pensionadas o personas de la tercera edad), en el que el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio; en estos casos, no será necesario que en la iniciativa, dictámenes o el legislador en la propia ley, exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva." Determinación que por reiteración sustentó la jurisprudencia 1a./J. 46/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva". Ahora, los fines extrafiscales, son las razones que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y fomento de ciertas actividades o sectores económicos, matizando sus objetivos con el equilibrio entre la rectoría estatal y las demandas del interés público; su fundamento es el artículo 25 Constitucional. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a/J. 107/2011, refirió que en la teoría constitucional de la Suprema Corte, ha existido una constante en cuanto a que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal, siendo este la recaudación, y que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal, los cuales deben fundamentarse en las prescripciones que establece el artículo 25 Constitucional. Asimismo, refirió la Sala que los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos, deben tener un fin necesariamente fiscal, mientras que los montos que generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado apuntarán siempre hacia objetivos extrafiscales. Afirma la Sala que en materia de propósitos constitucionales, el ámbito fiscal corresponde 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos; mientras que los ingresos que emanen de éstos, se encuentran indisolublemente destinados a fines delimitados en la política económica estatal, cuya naturaleza será siempre extrafiscal. Ello tomando en cuenta que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer necesidades sociales. De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 397/2011 determinó que la potestad tributaria del Estado consiste -básicamente- en establecer todas las contribuciones que sean necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos, lo que deberá estar acorde a los principios tributarios contemplados en el artículo 31, fracción IV constitucional, siendo uno de ellos el de destino al gasto público; de aquí que la doctrina constitucional en este sentido haya denominado a dicha garantía tributaria como "principio de destino al gasto público", enfatizando, de este modo, que todas las contribuciones que se establezcan mediante ley sólo podrán destinarse al gasto público estatal, lo cual representa un límite, consistente en que las contribuciones recaudadas no podrán tener un objetivo o destino personal o individual. De dicho principio tributario, la Sala precisó los siguientes matices: 1) El gasto público es un principio de justicia fiscal que garantiza, por un lado, la aplicación de lo recaudado a la satisfacción de necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? generales; y por otro, que la recaudación de recursos públicos no sea destinado a satisfacer necesidades privadas o individuales. 2) El concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y el concepto material de gasto público consiste en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad. Este segundo concepto estriba en el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general, a través de la erogación que realice el Estado, directamente o por conducto de algún otro organismo público, encargado al respecto. Formalmente, el concepto de gasto público se da cuando en el presupuesto de egresos correspondiente está prescrita la partida. 3) La exigencia del artículo 31, fracción IV constitucional no es que la recaudación ingrese a una caja común, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. 4) Los tributos pueden destinarse, desde su origen, a cubrir un gasto especial, siempre que sea en beneficio de la colectividad. 5) La circunstancia o hecho de que un impuesto tenga un fin específico no cambia su naturaleza de estar destinado al gasto público, para lo cual bastará consultar el Presupuesto de Egresos respectivo para percatarse que todos y cada uno de los renglones del presupuesto tienen fines específicos, si bien estos tienen un sentido social y un alcance de interés colectivo. Argumentó la Sala que la Ley Fundamental delimita el principio al 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO "destino del gasto público", no a su "uso", por lo que, el artículo 31, fracción IV constitucional no tiene el alcance de analizar el uso, ejercicio o programación del gasto público, mismo que se expresa en el Presupuesto de Egresos, el cual no puede cuestionarse a través del juicio de amparo, al no ser labor del Tribunal juzgar la forma en la que se estructura, programa u opera un presupuesto. Por tanto, como se precisó párrafos supra, el legislador está constitucionalmente facultado para establecer a un impuesto primario una tasa adicional, las cuales tienen como finalidad principal recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo para destinarlo a una actividad específica; pero ello debe responder a fines extrafiscales, supuesto en el cual tendrá la obligación constitucional ineludible de justificar expresamente - mediante argumentos o razones específicas suficientes- ya sea en la exposición de motivos, dictámenes o en la misma ley, esos fines extrafiscales que persigue esa determinada contribución, que debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. En el caso concreto, el artículo 3° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, adiciona al porcentaje establecido del 1.80% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, establece dos sobretasas una del 1.20% y otra del 1.25% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California para el impuesto señalado. Para justificar esas sobretasas, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, y el cual sirvió de fundamento para su aprobación por parte del Congreso del Estado, indicó: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO En efecto, cabe señalar que el deber de justificar los fines extrafiscales no significa que deba ser 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? materia de una motivación específica, pues, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tales fines podrían llegar a advertirse del propio precepto, sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación; lo que, si bien, no es el caso, se señala para efecto de evidenciar que no puede exigirse una determinada motivación, como lo pretende la parte quejosa, pues es el legislador el que conoce las razones por las cuales consideró necesaria su implementación y son estas las que debe expresar. Además, no le corresponde a este órgano jurisdiccional enjuiciar la ley, desde su punto de vista técnico, ni pronunciarse sobre el acierto o la eficacia de la decisión legislativa, atento a la división de poderes en nuestro país, pues como se explicó sólo es necesario que la responsable especifique los fines extrafiscales a los que se destinarán los recursos. Es aplicable a lo anterior la tesis 1a. XCI/2012, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro VIII, mayo 2012, materia común, Décima época, que al rubro y texto señala: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE CUESTIONAN LA MOTIVACIÓN QUE DA ORIGEN A UN NUEVO IMPUESTO. Los planteamientos que cuestionen si la creación de un impuesto es acertada, o no, o si el instrumento configurado por el legislador cumple o no con el fin indicado en su exposición de motivos devienen inoperantes, ya que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce y respeta la libre configuración con la que cuenta el órgano legislativo, por lo que no le corresponde enjuiciar la ley, desde su punto de vista técnico, ni debe pronunciarse sobre el acierto o la eficacia de la decisión legislativa." Asimismo, los fines que se le pretenden dar a las sobretasas impuestas al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, se consideran extrafiscales, pues el objetivo del mismo no constituye una mera recaudación para financiar el gasto público en general relativo a la educación, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO seguridad pública e infraestructura, sino que con los montos recaudados con motivo de las sobretasas se busca cubrir las necesidades sociales que se han detectado mediante sistemas de estadística, lo que resultó en que los recursos actuales son insuficientes para abarcar los requerimientos de la población, lo cual apunta hacia objetivos extrafiscales. Es así, pues como se dijo anteriormente, los medios tributarios por el Estado para obtener los recursos, deben tener necesariamente un fin fiscal, que es la recaudación; sin embargo pueden adicionalmente tener otros de índole extrafiscal, entendiéndose éste, como las razones que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y fomento de ciertas actividades o sectores económicos, matizando sus objetivos con un equilibrio entre la rectoría estatal y las demandas del interés público, como lo es el caso de las sobretasas reclamadas, pues busca fomentar el acceso a la educación superior en el Estado de Baja California, procurando mayores matrículas y becas para que los estudiantes puedan acceder a las instituciones públicas de educación superior de calidad, sin repercutir en su economía. Así, todas las contribuciones recaudadas por los distintos medios tributarios utilizados por el Estado, sean con fines fiscales o extrafiscales, se destinarán al gasto público, para satisfacer el principio de justicia fiscal, que conlleva al Estado a aplicar dichos recursos a cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas, a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias P./J. 15/2009 y P./J. 106/99 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y texto son: "GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES. El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social". De ahí que, el hecho de que las contribuciones que se recauden con motivo de las sobretasas, se destinen a un gasto público en específico, consistente en la educación superior y su fortalecimiento en su entidad y a la seguridad pública e infraestructura, de ninguna manera contraviene el principio al gasto público, como infundadamente lo aseveró la moral quejosa. Asimismo, no le asiste la razón a dicha quejosa en el sentido de que las responsables tenían que justificar en la exposición de motivos, iniciativa de ley, dictamen o en la propia Ley de ingresos, el pronóstico de recaudación estimado para cada sobretasa, el por qué resultaban insuficientes los ingresos ordinarios o 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO extraordinarios para cubrir el gasto público, pues como se expresó párrafos supra, para justificar el fin extrafiscal, únicamente era necesario que se expusieran las razones por las cuales consideraba necesario la implementación del tributo; esto es así, porque la obligación del legislador es justificar el fin extrafiscal, que evidencie la necesidad de su imposición, y no necesariamente la de presentar un presupuesto, -como lo pretende la moral quejosa- ni justificar el uso que se le dará a lo recaudado por diversas contribuciones, lo cual se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos, mismo que no es materia del presente juicio de amparo. De igual forma, la revisión presupuestaria, atañe al interés colectivo o social; por lo que, al tener la acción constitucional el carácter de individual, no tiene el alcance de revisar lo que atañe al interés público o colectivo. Por ello que se estimen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues en la exposición de motivos que se tomó en consideración para aprobar la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, sí se expresaron las razones que orientaron al fomento de la educación superior y al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado y a la proyección de capacitación de recursos, matizando los objetivos que se buscan cumplir, los cuales tienen un interés público. Ahora, en relación al acto reclamado relativo a la expedición del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés por el que se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la moral quejosa en su único concepto de violación argumenta que el referido decreto vuelve inequitativa la contribución al eximir a ciertos sujetos del pago de la sobretasa. Es infundado el concepto de violación antes precisado, que también quedó plasmado con el número 5 . Para sostener lo anterior, es necesario transcribir el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que prevé la equidad tributaria: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.[.]" Así como analizar la exclusión de la exención prevista en el Decreto Ejecutivo: "MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA, GOBERNADORA DEL ESTADO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 35, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023, Y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que una de las obligaciones de los mexicanos es la de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. SEGUNDO. Que el artículo 9, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (CPEBC), menciona que tratándose de la obligación de contribución al gasto público, el Estado y Municipios deberán promover los derechos humanos de las personas contribuyentes en las disposiciones fiscales en el ámbito estatal y municipal. En dichas normas y en el actuar de las autoridades fiscales deberá respetarse siempre el derecho al mínimo vital. TERCERO. Que el artículo 49 de la CPEBC, dispone que la persona titular del Poder Ejecutivo tiene, entre otras, la atribución de cuidar la recaudación y correcta inversión de los caudales del Estado. CUARTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2022-2027 (PED), publicado el 20 de mayo de 2022 en el Periódico Oficial del Estado (POE), establece en el Diagnóstico del Entorno de Baja California denominado "Desarrollo Económico y Sostenible" que para que la competitividad del Estado se vea mejorada, se potenciarán sus vocaciones económicas, con un ecosistema atractivo para las inversiones, con certeza jurídica y facilidades administrativas, fomentando el desarrollo económico regional, tanto interno como transfronterizo. QUINTO. Que el PED en la política pública 7.7. denominada "Desarrollo Económico y Sostenible" señala que tiene como fin contribuir a la prosperidad económica qu garantice un desarrollo incluyente y sostenible a lo largo de todo el territorio, que potencie las capacidades, vocaciones y ventajas competitivas de la entidad, y que promueva la igualdad de oportunidades de crecimiento para todas y todos los habitantes, a través del incremento de la productividad económica, la inversión pública y privada. SEXTO. Que el PED en el componente 7.7.2 "Espacios y Oportunidades de Alto Valor para la Participación de la Sociedad en la Economía" del PED, busca promover esquemas de desarrollo económico para la población económicamente activa bajacaliforniana a través de oportunidades de emprendimiento, y de mejora en las condiciones de igualdad e inclusión social. SÉPTIMO. Que el PED en la política pública 7.10. "Gestión Pública Honesta y al Servicio de la Gente", a través de su componente Finanzas Públicas Sostenibles tiene como propósito contribuir a una gestión honesta y al servicio de la gente mediante políticas para el manejo responsable, prudente y transparente de las finanzas públicas para lograr un balance presupuestal sostenible y como una de sus acciones el incrementar la recaudación de ingresos, implementando mecanismos que atraigan a las personas contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, entre los que se encuentran conceder condonaciones o exenciones, totales o parciales del pago de contribuciones y sus accesorios. OCTAVO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada el 30 de diciembre de 2002, en el Diario Oficial de la Federación1 (DOF), establece como objeto el promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro y pequeñas, entre otras, y el apoyo para su 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, es por ello, que tal como se establece en su artículo 3, fracción III, así como en el Acuerdo2 por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado el 30 de junio de 2009, en el DOF, se deberá entender por Micro y Pequeñas Empresas (MIPYMES) para el presente instrumento lo siguiente Estratifica ción Tamaño Sector Rango de número de trabajadores Micro Todas Hasta 10 Comercio Desde 11 hasta Pequeña 30 Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 NOVENO. Que el Programa Sectorial de Economía 2019-2024, contempla como Objetivos prioritarios en el punto 3 "Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor inclusión productiva". DÉCIMO. Que la Encuesta Nacional de Financiamiento de Empresas (ENAFIN 2021) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2021, un total de 130,771 empresas solicitaron financiamiento, donde la participación en este esquema es menor para las micros, ya que solo el 24.5 % de ellas lo hicieron y solo el 30.6 % de las pequeñas participaron, mientras que el 44.3 % de las medianas y el 45.3 % del total de las grandes solicitaron financiamiento. DÉCIMO PRIMERO. Que el INEGI dio a conocer en el año 2019, que el Estado de Baja California cuenta con un total de 105,215 unidades económicas del sector privado y paraestatal, identificados por tamaño de empresa y personal ocupado, conforme a los datos que se describen en la tabla siguiente: Así, las unidades económicas en el Estado (90.1 %) son microempresas y concentran el 25 % del personal ocupado, el 7.6 % son pequeñas empresas y agrupan el 16.4 % del personal ocupado, el 1.7 % son medianas y tienen el 18.1 % del personal ocupado y el 0.5 % son grandes empresas y agrupan el 40.4 % del personal ocupado. DÉCIMO SEGUNDO. Que acorde al padrón del Gobierno del Estado en Baja California al cierre del 2022, pagan el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal un total de 41,257 empresas, y en ese sentido, resulta importante fortalecer a las micros y pequeñas empresas, que como se definió en el considerando OCTAVO, representan hasta 50 empleados, por lo cual, la base gravable a la que se pretende aplicar el estímulo, es el importe que resulta de multiplicar el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California, por 50 empleados, por 30 días; lo cual, equivale a la cantidad de $468,615.00 m.n. (cuatrocientos sesenta y ocho mil 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO seiscientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), misma que representa la base gravable mensual que un contribuyente con hasta 50 empleados deberá declarar. Aun y cuando dichas personas contribuyentes estuvieran en aptitud de tener una base gravable superior, ellas no representan el segmento de las micro y pequeñas empresas que se busca estimular, porque la finalidad del presente Decreto es apoyar a aquellas empresas con empleados cuyos salarios son los menos favorecidos y con la fórmula señalada, representa la idea más justa de beneficiar a las personas contribuyentes con menor capacidad contributiva, respetando la garantía de equidad tributaria, dado que el segmento vulnerable se encuentra plenamente justificado en el presente Decreto. DÉCIMO TERCERO. Que lo anterior guarda congruencia con el Programa establecido por el Poder Ejecutivo de la Federación, ya que, al emitir los Lineamientos para la Operación de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares publicados el 08 de febrero de 2021 en el DOF, se fijó como objetivo general el contribuir con la permanencia de las actividades productivas de las personas microempresarias, por lo que, se destinó el otorgamiento de apoyos financieros a este sector poblacional. DÉCIMO CUARTO. Que el INEGI dio a conocer en 2021, que en Baja California el segmento micro y pequeña empresa presenta mayores cambios que las medianas y grandes empresas respecto a ingresos, personal ocupado, ubicación, cierres y aperturas, entre otros aspectos, revelando datos de aumento por 4.7 puntos porcentuales en negocios formales; sin embargo, en el comercio la proporción de cierre de negocios MIPYMES informales aumentó a 9.5 puntos porcentuales3. DÉCIMO QUINTO. Que en Baja California las micro y pequeñas empresas enfrentan problemáticas tales como: rezago en innovación, limitada competencia en el mercado interno, baja productividad y consolidación de las MIPYMES nuevas, la falta de financiamiento (de acuerdo con ENAPROCE 2018, el 76.8 % de las PYMES y el 92.4 % de las micro empresas no tiene acceso a alguna fuente de financiamiento), la falta de innovación tecnológica (el 62.6 % de las micro empresas no usan equipo de cómputo y el 60.3 % no usan internet), la carencia de servicios de telecomunicación; la escasa especialización de las personas y deficiencias en las capacidades empresariales, pues el 49.6 % del personal ocupado en las microempresas y el 47.7 % en las PYMES tiene escolaridad básica, en las MIPYMES el 84.7 % no capacitan a su personal, y el 40.4 % de las personas en las micro empresas no realizan acciones de solución cuando se presentan dificultades en el proceso de producción, por lo que, a la actual Administración Pública le interesa brindar estímulos fiscales a las micro y pequeñas empresas en el Estado que tienen hasta 50 trabajadores con el objeto de: 1. Generar una mayor inversión en activos productivos; 2. Generar un crecimiento en la creación de empleos, y 3. Seguir impulsando a las micro y pequeñas empresas, fomentando la competitividad de las empresas en el Estado, propiciando su permanencia en la Entidad, procurando proteger y fortalecer el empleo y el nivel de vida de los bajacalifornianos, con lo cual serán beneficiadas un total de 102,859 empresas. DÉCIMO SEXTO. Que la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2023, publicada el 21 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? de diciembre de 2022, en el POE, incorpora en su artículo 3, párrafo cuarto, el establecimiento de una sobretasa del 1.25 % sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, y cuyos recursos recaudados serán ejercidos de manera directa e indirecta al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. DÉCIMO SÉPTIMO. Que en ese sentido, la actual Administración Pública Estatal busca impulsar el desarrollo económico del sector empresarial de las MIPYMES, contemplando la creación de un estímulo fiscal para dicho sector que tributan dentro del territorio del Estado de Baja California, con el objeto de otorgar una exención del 100% (cien por ciento) de la sobretasa del 1.25 % sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, a que se refiere el artículo 3, párrafo cuarto, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2023, y cuyos recursos recaudados serán ejercidos de manera directa e indirecta al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, con la finalidad de que dicho sector no se vea afectado con mayores cargas fiscales, y con ello propiciar su permanencia en la Entidad para la creación de más y mejores empleos que permitan continuar con la reactivación de la economía en el Estado. DÉCIMO OCTAVO. Que acorde con lo anterior, se busca que el estímulo fiscal tenga relación directa con la base gravable, ser justo y enfocar el beneficio a quienes más lo necesitan, estableciendo para ello, un vínculo entre el sector de las micro y pequeñas empresas y su contribución a la Hacienda Pública Estatal, ya que al eximir de su pago la sobretasa del 1.25 % del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, representaría un impacto mensual de alrededor de los 75 millones de pesos, por lo que, de los ingresos proyectados para este ejercicio 2023 considerados alrededor de los 73 mil millones de pesos, la exención planteada representaría apenas el 0.05 % (cero punto cero cinco por ciento) de los ingresos totales presupuestados para el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, por lo que resulta viable otorgar dicha exención, máxime que implicaría mayor beneficio para cada contribuyente, ya que, reduce su carga administrativa e impulsaría una optimización en sus recursos financieros, incluso incentivaría el cumplimiento de obligaciones fiscales. DÉCIMO NOVENO. Que el otorgamiento del estímulo fiscal se inscribe en el contexto de una administración adecuada de los recursos públicos de la Hacienda Estatal, que este Gobierno tiene el firme objetivo de realizar, es decir, la mejor gestión financiera, honesta y transparente para la población de Baja California, por lo que, al carecer de recursos financieros económicos que puedan ser puestos a disposición del sector empresarial más vulnerable, la normatividad estatal faculta al Poder Ejecutivo a otorgar estímulos fiscales en favor de las personas contribuyentes, como son las micro y pequeñas empresas, situación que guarda congruencia con los objetivos establecidos mediante el Plan Nacional de Desarrollo ya señalados, así como de las diversas políticas públicas contenidas en el PED. VIGÉSIMO. Que las razones anteriores, encuentran sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido que de conformidad 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO al principio de equidad tributaria, los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, para lo cual, la autoridad está obligada a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra. VIGÉSIMO PRIMERO. Que la Primera Sala de la SCJN, ha establecido que los contribuyentes al no gozar de un derecho constitucional de estímulos fiscales, al momento de establecerse, basta que se expongan las razones por las que se considera válido dar acceso a ellos, así como establecer limitantes para su acceso, toda vez que, cada estímulo se gesta como excepción a su carga fiscal de contribuir, con la finalidad de incentivar o apoyar determinada área de la economía nacional, tal como sería el caso en concreto. VIGÉSIMO SEGUNDO. Que acorde con lo anterior, si bien, en el presente Decreto, se hace un trato diferenciado en aquellos que cumplan con el promedio de salario, de con el resto que eroguen mayores salarios, dicho trato es objetivo y está justificado, en la medida en que se atiende a su menor capacidad económica y administrativa que los hace diferentes del resto de los sujetos obligados del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, aunado al objetivo perseguido por dicho estímulo fiscal, el cual tiende principalmente al fomento de la formalización de la economía de las micro y pequeñas empresas, quedando acreditada la finalidad objetiva y constitucional perseguida, la cual está basada en razones de política económica. Por tanto, en el presente caso, el Decreto busca impulsar el desarrollo de los empresarios micro y pequeños, a fin de generar una inversión mayor en activos productivos y reactivar la creación de empleos, estableciendo la delimitación de esas unidades económicas a fin de no dar lugar a la creación discriminatoria de un sector de particulares. Es por ello que se establece como parámetro los ingresos de hasta $468,615.00 m.n. (cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente dicho monto a la base promedio de un salario mínimo diario vigente en el Estado elevado al mes de cincuenta trabajadores, para acceder a la exención de que se trata, lo que permite diferenciar a dichas empresas de las medianas y grandes, resultando objetivo y razonable pues refleja que aquellas empresas que lograron mantener un ingreso arriba del establecido, desarrollaron una actividad económica importante por contar con mayor base gravable, por lo que respecto a ellas no resulta necesario establecer el beneficio previsto para aquellas que, en cambio, habrían logrado un menor desarrollo por contar con menos base gravable, basado ello en el promedio del salario diario en el Estado elevado al mes. Dicha determinación pone de manifiesto que una empresa "mediana" o "grande" se encuentra inmersa en una inercia productiva que la hace menos vulnerable a los vaivenes de la economía, en relación con las empresas "micro" o "pequeñas". La determinación precedente, se circunscribe en un marco amplio de libertad que le es 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? otorgado legalmente al Poder Ejecutivo para el diseño de la medida normativa que se estima necesaria para enfrentar determinadas circunstancias especiales. De la misma forma, se demuestra que el criterio establecido en el presente Decreto resulta objetivo pues abarca a la mayor cantidad de empresas a beneficiar. En este mismo contexto, debe precisarse que, si bien es cierto que los sujetos excluidos de los beneficios del Decreto podían contribuir a los fines de éste -la reactivación económica y del empleo-, también lo es que las empresas "medianas" y "grandes" no se encuentran en las condiciones que, a juicio del Ejecutivo, ameritaran un incentivo especial para su participación a tales propósitos. VIGÉSIMO TERCERO. Que en aras de organizar y conducir el desarrollo nacional y, por ende, la regulación económica que se ejerce, ésta se debe encaminar a diseñar los estímulos fiscales, los sujetos que los reciben, sus fines y efectos sobre la economía, determinando las áreas de interés general, estratégicas y/o prioritarias que requieren concretamente su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios, a fin de atender el interés social o económico nacional, por lo que se estima conveniente fomentar la micro y pequeña empresa, así como impulsar su competitividad, finalidad constitucionalmente válida y objetiva que encuentra asidero en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al establecerse la exención permite que los contribuyentes destinen mayores recursos a medios productivos. VIGÉSIMO CUARTO. Que en términos del artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Baja California, la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante disposiciones de carácter general, está facultada para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación socioeconómica de algún lugar o región del Estado, o alguna rama de las actividades económicas, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, sísmicos, plagas o epidemias. VIGÉSIMO QUINTO. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 52, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Baja California y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, los decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones de carácter general deberán para su validez ser firmados por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno y publicados en el Periódico Oficial del Estado. VIGÉSIMO SEXTO. Que de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad y obligación de la Gobernadora del Estado, el promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado. VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que de acuerdo con el artículo 8, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para el buen desempeño de sus atribuciones, podrá expedir en los términos de ley, decretos, acuerdos, lineamientos, instructivos, circulares y disposiciones de carácter general; es por ello que, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO en virtud de que la presente Administración Pública tiene por objeto anteponer el bienestar de la sociedad sobre los intereses de índole recaudatorio, así como continuar brindando apoyo a las micro y pequeñas empresas, se expide el siguiente: DECRETO ARTÍCULO PRIMERO. Se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, párrafo cuarto de la Lev de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21 de diciembre de 2022, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes: a) Que la base gravable mensual de la persona contribuyente en los periodos causados durante el ejercicio fiscal 2023 y que a la fecha de pago, de acuerdo a lo establecido en el artículos 151-14 y 151-19 de la Lev de Hacienda del Estado de Baja California, no rebase del importe de $468,615.00m.n. (cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional); b)Que se encuentren al corriente con el cumplimiento correspondiente al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal ante el Padrón Estatal de Contribuyentes por los ejercicios anteriores a la aplicación del presente Decreto, y c)Que estén inscritas en el Padrón Estatal de Contribuyentes. La exención señalada en el primer párrafo de este artículo, será aplicable únicamente para aquellas personas contribuyentes que acrediten cumplir con los requisitos señalados anteriormente. Las personas contribuyentes deberán seguir presentando las declaraciones mensuales o trimestrales del período correspondiente del citado Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, con independencia de la exención señalada en este artículo. ARTÍCULO SEGUNDO. Las personas contribuyentes a que se refiere el presente Decreto, gozarán de los beneficios del mismo, siempre y cuando durante su vigencia no incumplan con alguno de los requisitos señalados el ARTÍCULO PRIMERO. En el supuesto de que durante un periodo se rebase el límite máximo señalado para la base gravable por la realización del pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo por concepto de remuneraciones, no se aplicará el beneficio contenido en el presente Decreto y podrá volver a gozar de dicho estímulo una vez que encuadre en lo establecido en el ARTÍCULO PRIMERO. ARTÍCULO TERCERO. Para acceder a los beneficios señalados en este Decreto, las personas contribuyentes interesadas deberán realizar los ajustes necesarios respecto a su situación fiscal ante la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante el uso del portal de Gobierno del Estado de Baja California, el cual se encuentra en la liga siguiente: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? https://www.bajacalifornia.gob.mx/hacienda/Tramites_Servicios/ Impuest os, conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo Transitorio, primer párrafo de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio 2023. No resultará aplicable la exención a que alude el ARTÍCULO PRIMERO, si la persona contribuyente se encuentra gozando de otro beneficio fiscal, sea de exención, condonación o cualquier tipo de estímulo otorgado mediante alguna disposición de carácter estatal respecto al mismo impuesto. Las personas contribuyentes en caso de tener interpuesto algún medio de defensa relacionado con el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal por el presente ejercicio o anteriores, deberán presentar y acreditar por escrito el desistimiento del mismo ante las oficinas de las Recaudaciones de Rentas del Estado del municipio correspondiente. ARTÍCULO CUARTO. Las personas contribuyentes beneficiarias de las exenciones contenidas en este Decreto, deberán reflejar la disminución del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal derivadas de las mismas, en el recuadro denominado "DECRETO" del formato de Declaración de Impuestos Estatales, estableciendo "DECRETO SOBRETASA 1.25". En caso de incumplir lo dispuesto en el presente artículo, se perderá el derecho al beneficio fiscal que les corresponda cubrir periódicamente respecto a dicha sobretasa. ARTÍCULO QUINTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 BIS del Código Fiscal del Estado de Baja California, la Secretaría de Hacienda del Estado con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas contribuyentes, cuenta con atribuciones para emitir reglas de carácter general y criterios referentes a la administración, control, forma de pago y procedimientos relacionados con el presente Decreto. ARTÍCULO SEXTO. Cuando exista duda en cuanto a la aplicación de las disposiciones contenidas en este Decreto por parte de alguna de las instancias a las que corresponda aplicarlo, deberán acudir a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, para su debida interpretación. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y estará vigente hasta 31 de diciembre de 2023. [.]". Como se advierte, el decreto, en esencia, prevé la exención del 100% a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21 de diciembre de 2022, siempre y cuando cumplan con los requisitos, entre otros, a) Que la base gravable mensual de la persona contribuyente en los periodos causados durante el ejercicio fiscal 2023 y que a la fecha de pago, de acuerdo a lo establecido en el artículos 151-14 y 151- 19 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, no rebase del importe de $468,615.00m.n. (cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos quince pesos 00/100 moneda nacional); b) Que se encuentren al corriente con el cumplimiento correspondiente al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal ante el Padrón Estatal de Contribuyentes por los ejercicios anteriores a la aplicación del presente Decreto, y c) Que estén inscritas en el Padrón Estatal de Contribuyentes. En tales condiciones, las autoridades responsables no violentan el principio de equidad tributaria ni mucho menos vuelven inequitativa la contribución, ya que, como se advierte del propio decreto, se busca que el estímulo fiscal tenga relación directa con la base gravable, ser justo y enfocar el beneficio a quienes más lo necesitan, estableciendo para ello, un vínculo entre el sector de las micro y pequeñas empresas y su contribución a la Hacienda Pública Estatal, ya que al eximir de su pago la sobretasa del 1.25% del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, representaría un impacto mensual de alrededor de los 75 millones de pesos, por lo que, de los ingresos proyectados para el ejercicio de este año, considerados alrededor de los 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? 73 mil millones de pesos, la exención planteada representaría apenas el 0.05 % (cero punto cero cinco por ciento) de los ingresos totales presupuestados para el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Así, las responsables justificaron, porqué el decreto reclamado, exenta del pago a las personas físicas o morales que para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Siendo esencialmente lo enunciado en el considerando décimo quinto, al señalar que las problemáticas tales como: rezago en innovación, limitada competencia en el mercado interno, baja productividad y consolidación de las MIPYMES nuevas, la falta de financiamiento (de acuerdo con ENAPROCE 2018, el 76.8% de las PYMES y el 92.4 % de las micro empresas no tiene acceso a alguna fuente de financiamiento), la falta de innovación tecnológica (el 62.6% de las micro empresas no usan equipo de cómputo y el 60.3% no usan internet), la carencia de servicios de telecomunicación; la escasa especialización de las personas y deficiencias en las capacidades empresariales, pues el 49.6% del personal ocupado en las microempresas y el 47.7% en las PYMES tiene escolaridad básica, en las MIPYMES el 84.7% no capacitan a su personal, y el 40.4% de las personas en las micro empresas no realizan acciones de solución cuando se presentan dificultades en el proceso de producción, por lo que, a la actual Administración Pública le interesa brindar estímulos fiscales a las micro y pequeñas empresas en el Estado que tienen hasta cincuenta trabajadores con el objeto de: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 1. Generar una mayor inversión en activos productivos; 2. Generar un crecimiento en la creación de empleos, y 3. Seguir impulsando a las micro y pequeñas empresas, fomentando la competitividad de las empresas en el Estado, propiciando su permanencia en la Entidad, procurando proteger y fortalecer el empleo y el nivel de vida de los bajacalifornianos, con lo cual serán beneficiadas un total de 102,859 empresas, lo anterior, al considerar que se tiene por objeto anteponer el bienestar de la sociedad sobre el interés de índole recaudatorio, así como continuar brindando apoyo a las micro y pequeñas empresas. Por tanto, el legislador no previó una distinción caprichosa o arbitraria, sino objetiva, razonable y justificada. Como criterio orientador, se cita la Jurisprudencia P./J. 137/2009 Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 165636, de rubro y texto: "ACTIVO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO QUINTO, INCISO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS POR COBRAR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). El citado precepto, al prever una exención en el pago del impuesto al activo causado con motivo de la propiedad de cuentas por cobrar derivadas de contratos celebrados por los contribuyentes con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien ese tipo de cuentas por cobrar, al igual que otras de diversa índole, califican como activos financieros en términos del artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Activo, lo cierto es que el trato diferenciado otorgado a los contribuyentes titulares de aquéllas se fundamenta en la regulación contenida en el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??????????????? particularmente en su párrafo tercero, en relación con el diverso artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues señalan diversos requisitos en materia de endeudamiento y presupuesto público que deben cumplirse previo a que los gobernados que contraten con la administración pública federal -en particular con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal-, obtengan el pago total de las cuentas pendientes que tengan a su favor derivadas de dichos contratos respecto de inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias del Estado. Además, se apoya en la consecución de un fin de naturaleza extrafiscal consistente en incentivar inversiones con las características apuntadas que, por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia, requieren de atención especial para el desarrollo del país y en beneficio de la colectividad, como pueden ser, entre otras, el apoyo al campo y a la industria, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y el desarrollo rural y social. Tales extremos encuentran justificación suficiente en el artículo 16, párrafo quinto, inciso 1, de la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el ejercicio fiscal de 2007 y ponen de manifiesto las razones que tuvo el creador de la norma para instaurar la exención de mérito al prever un trato fiscal diferente y benéfico para ciertos contribuyentes titulares de las cuentas por cobrar señaladas, frente a los sujetos titulares de otro tipo de cuentas por cobrar, quienes quedarán obligados a pagar el impuesto relativo en términos de la ley respectiva. Por tanto, el legislador no previó una distinción caprichosa o arbitraria, sino objetiva y razonable justificada en función de la normativa aplicable en materia de endeudamiento y presupuesto público, así como en la finalidad perseguida por la norma al limitar la exención para contribuyentes que participen invirtiendo en infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la ley respectiva, a través de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos, se niega el amparo y protección constitucional solicitado por la parte quejosa contra los actos en estudio. Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Pasteurizadora Jersey del Noroeste, Sociedad Anónima, respecto de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional ante Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios provenientes de la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por conducto del Subconsejero Jurídico, mediante los cuales, rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido. Delegados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita. Por otra parte, la autoridad responsable solicita se autorice sólo para consulta del presente expediente en su modalidad electrónica a los usuarios "guadalupericardo", "omarbarba13", "estelayakelin", "berenicevargas011", "ivantorres9357", "kmguerrero" y "anakarina03". Atento a lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a los usuarios señalados en la certificación secretarial de cuenta, el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Oficial judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de dichos usuarios únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Diferimiento. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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