Pablo Rodríguez Delgado

Expediente 191/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
191/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Pablo Rodríguez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que el veintidós de junio del año en curso, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, el cual quedó registrado bajo el expediente 266/2023, del índice del citado tribunal; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión obrante en autos; en consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente expediente y escrito original de agravios, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California en turno, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer en los términos precisados en dicho auto. ********************Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el escrito de cuenta presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, el original de los presentes autos dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto, y una vez que transcurra el plazo para recurrir la sentencia a la totalidad de las partes; anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 191/2023-F, promovido por Pablo Rodríguez Delgado, contra actos del Congreso del Estado de Baja California y de otras autoridades; ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda; b) auto de admisorio de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; c) constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; d) constancias de notificación a las autoridades señaladas como responsables; e) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Juez Acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta a la Juez con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa adjuntas a su escrito inicial de demanda, las remitidas por una de las autoridades señaladas como responsables y las recibidas en proveído de veintiocho de abril del año en curso. La Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a la propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede; con lo anterior, se declara cerrado el periodo probatorio. En período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las parte los formuló. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez La Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación realizada por la Secretaria y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, toda vez que no obran alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 191/2023-F, promovido por Pablo Rodríguez Delgado, contra actos del Congreso del Estado de Baja California y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en veinte de febrero de dos mil veintitrés, en este órgano jurisdiccional, Pablo Rodríguez Delgado por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que previa aclaración de su denominación se precisan: Autoridades responsables -Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. -Gobernadora del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. -Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Baja California. Actos reclamados "A).- De los órganos del Estado que emitieron y promulgaron la norma impugnada se reclama EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, el cual fue promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 38, de fecha 20 de diciembre de 1970, Sección I, Tomo DOCVII, mismo que para darle una mayor claridad al presente asunto me permito transcribir a continuación: "ARTICULO 16.- Todo trabajador comprendido en el artículo 1º de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, definido en el primer sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, definido en el primer párrafo del Artículo anterior. Dicho porcentaje se aplicará en la forma siguiente: I.-3% para cubrir el Seguro de Enfermedades No profesionales y de Maternidad. II.-9% para tener derecho a las prestaciones ser7aladas en las Fracciones III, XIII a XIV del artículo 4º. Los pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión que disfrute destinada a construir la reserva técnica prevista en el artículo 129 para el régimen de pensiones y jubilaciones." B).- De los órganos del Estado que emitieron y promulgaron la norma impugnada reclama EL ARTÍCULO 25 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez ??????A???????? DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, el cual fue promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 38, de fecha 20 de diciembre de 1970, Sección 1, Tomo LXXVII, mismo que para darle una mayor claridad al presente asunto nos permitimos transcribir a continuación: "ARTICULO 25. - La cuota del seguro de enfermedades no profesionales, y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionista y familiares derechohabientes se cubrirá en la siguiente forma: 1.- 4% a cargo del pensionista, sobre la pensión que (disfrute, cuyo descuento será hecho por. el Instituto; II.-2% de la pensión a cargo del Instituto. III. 2% de la misma pensión a cargo del Gobierno Estatal o de los organismos públicos correspondientes. En caso de que se trate de pensiones mínimas, el pago de la cuota íntegra del 8% se distribuirá por partes iguales entre el Estado y organismos públicos correspondientes del Instituto. Para el efecto establecido en la Fracción III, el Instituto remitirá el día quince de cada mes, la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado o al Departamento correspondiente en los organismos públicos incorporados, a fin de que estas Dependencias entreguen en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportaciones. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta Ley. C). De la Autoridad señalada como Responsable Ejecutora: EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclaman los ilegales descuentos o deducciones realizados a los importes percibidos por el suscrito en su carácter de jubilado y/o pensionista bajo el concepto "RESERVA TECNICA Y SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD (Servicio Médico), con los números o códigos de deducción 76 y 53 respectivamente. Para tales efectos se exhibe el original del talón de pago de mi pensión y/o jubilación correspondiente. D).- Se reclaman que en su momento procesal oportuno se condene y requiera a las autoridades responsables para que realicen el pago de ACTUALIZACIONES E INTERESES que proceden conforme a la ley; derivados de la indebida retención de cantidades en la pensión por los conceptos de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad. E).- Se determine la no aplicación y/o se deje de descontar de mi pensión y jubilación, los descuentos por concepto de Reserva Técnica y Servicio Médico. F).- Que determine el pago correcto de pensión y/o jubilación del suscrito. G).- Se reclaman los futuros ilegales descuentos o deducciones realizados al importe 04 percibido por el suscrito en su carácter de jubilado y/o pensionado bajo el concepto "RESERVA TECNICA Y SEGURO DE ENFERMEDADES NO 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD (Servicio Médico), con los números o códigos de deducción 76 y 53 respectivamente. H). - Asimismo, se reclaman todos los futuros o subsecuentes actos que como consecuencia de la aplicación de la norma impugnada puedan dictar las autoridades responsables, así como todas las consecuencias legales o extralegales que se deriven de los actos reclamados anteriormente." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado B, fracción I, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables los informes justificados, quienes lo rindieron oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados son: ? Del Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali: La expedición y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California de veinte de diciembre de mil novecientos setenta, particularmente los artículos 16, último párrafo y 25. ? Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez ??????A???????? Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. La aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California de veinte de diciembre de mil novecientos setenta, particularmente los artículos 16, último párrafo y 25 . Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Baja California y Gobernadora del Estado de Baja California, consistentes en la expedición y promulgación de las normas que se tildan de inconstitucionales, por así haberlo reconocido al rendir sus informes justificados, respetivamente, actuaciones que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Aunado a que la existencia de los actos legislativos reclamados no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como hecho notorio de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho razonamiento encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el país, visible en la página 15, del Tomo 65, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por otra parte, la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al rendir el informe justificado que le fue solicitado, negó el acto reclamado; sin embargo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dicha negativa se encuentra desvirtuada principalmente con las copias certificadas que la propia autoridad responsable, envió como anexo a su informe justificado consistentes en: - Copia cotejada de las constancias relativas al pago de nómina de pensión correspondiente a los meses de julio de dos mil cuatro, noviembre y diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez -Constancia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que se hace constar que desde el uno de julio de dos mil cuatro, el quejoso fue dado de alta en la nómina de pensiones y jubilaciones. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad y de las que se advierte que efectivamente la quejosa es pensionada de dicho Instituto, y que se han aplicado los descuentos en el pago de su pensión por jubilación bajo los conceptos (53) y (76), relativos a servicio médico y reserva técnica, comprendidos en los numerales tildados de inconstitucionales. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que además se concatena con la diversa prueba ofrecida por la parte quejosa consistente en el original de recibo expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por concepto de percepciones, con número de pensión 13006016, a nombre de Pablo Rodríguez Delgado, del cual se aprecia que se han aplicado los descuentos en el pago de su pensión por jubilación bajo los conceptos (53) y (76), relativos a servicio médico, y reserva técnica. Documental, la que también se confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a ello, es menester precisar que los artículos 19, 1 y 1.3.2.2, 20, 24 fracción VIII y 25 fracciones II y III del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, estipulan las atribuciones del Director General, entre las cuales se encuentran, el estudio, planeación, despacho de los asuntos y adecuado cumplimiento del objeto para lo que fue creado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigilar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, presentar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal siguiente, programar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades encomendadas a la Dirección y cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la ejecución de asuntos encomendados a su cargo. Por ende, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; debe implementar toda clase de medidas para cumplir con el objeto de la Ley del 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez ??????A???????? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, tal como las deducciones a los pensionados bajo los conceptos (53) servicio médico y (76) reserva técnica que en este caso se atiende, de ahí que por encontrarse dentro de sus facultades legales, es inconcuso que se encuentra en aptitud legal de proceder a la retención de los conceptos reclamados, por tanto, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Cuarto. Causales de improcedencia. Una de las autoridades responsables aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, lo cual este Tribunal comparte, como se verá a continuación. Al efecto, conviene destacar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por su parte, el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento [.]". Luego, de la interpretación sistemática de los numerales antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte peticionaria de amparo no lo promueva dentro de los plazos señalados por la ley, por regla general, dentro del plazo de quince días, a excepción de que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como lo son, que se reclame una norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, actos que atentan contra derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y tampoco implican peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ni desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Fuera de los casos de excepción, el plazo de quince días, se contabilizará a partir del día siguiente, en los supuestos siguientes: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, c) Al en que el solicitante de amparo se haya ostentado sabedor de ellos. Cabe destacar que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el término de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. Respecto de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado. En cuanto a la segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último haya tenido conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados. La tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez ??????A???????? siguiente a aquel en que ".se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado. Conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. El caso sometido a estudio encuadra en la hipótesis señalada en segundo término, esto es, al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ello, toda vez que de las constancias que obran en el juicio de amparo, relativas al diverso juicio de amparo 854/2021, del índice de Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, (expediente que se encuentra vinculado electrónicamente al expediente en que se actúa), a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se destaca que mediante informe justificado rendido en diecisiete de enero de dos mil veintidós, por la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, remitió copia certificada de la relación de firmas correspondientes al quejoso de la nómina burocrática por pago de pensión, donde se advierten los descuentos por el pago de su pensión por jubilación bajo los conceptos (53) y (76), relativos a servicio médico y reserva técnica; con las cuales se dio vista a la parte quejosa, mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, mismo que fue notificado por lista publicada el diecinueve de enero de dos mil veintidós al quejoso Pablo Rodríguez Delgado . Bajo ese tenor, se pone de manifiesto que en aquel momento supo de la aplicación de los artículos aquí reclamados, dado que en las constancias indicadas se mencionaron los fundamentos que hasta hoy reclama, por lo que el solicitante de amparo consintió tal acto de molestia, virtud a que no lo combatió dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, contado a partir de la fecha en que le surtió efectos la notificación del acto de que se duelen en esta instancia de control constitucional. Lo anterior, demuestra que si el quejoso tuvo conocimiento del acto aquí combatido, desde la fecha antes referida, lo que surtió efectos al día siguiente en que se publicó el auto de dieciocho de enero dedos mil veintidós, -de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo-, se estima que el término de quince días para promover el juicio de amparo indirecto, transcurrió del veintiuno de enero de dos mil veintidós al once de febrero de dos mil veintidós. Por ende, si la demanda de amparo se presentó hasta el veinte de febrero de dos mil veintitrés, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, es incontrovertible que a la fecha antes apuntada ya había transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo de que se trata . En tal virtud, se actualiza una causa de improcedencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.74 Daniela Cecilia Félix Chávez de Amparo, y lo que corresponde es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. No es obstáculo a esta determinación, la manifestación realizada, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en su demanda de amparo, en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, con motivo del recibo de pago que adjuntó a su demanda, sin embargo, como ha quedado precisado, la parte quejosa tuvo conocimiento de dicho acto al imponerse del informe justificado rendido por la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el dieciocho de enero dedos mil veintidós, en el juicio de amparo 854/2021, del índice de Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Quinto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74 y 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pablo Rodríguez Delgado, contra actos de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

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