Parpiev Islombek Ravshanbek Ugli

Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
859/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Parpiev Islombek Ravshanbek Ugli
  • (Promovente) Mikhail Kozin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de nueve de agosto de la presente anualidad, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el precitado artículo. Asimismo, se establece que en el expediente principal no obstante de que se tuvo por no presentada la demanda, es conservable, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con lo establecido en el décimo considerando y el artículo noveno transitorio, estos últimos del citado Acuerdo General, los cuales establecen respectivamente que al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables y que lo dispuesto en el Manual referido será aplicable hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.Tijuana, Baja California, a veinticinco de agosto de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, se hace constar que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días otorgado a la parte promovente en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, para que proporcionara un lugar donde pudiera ser localizado el directo quejoso ********************, o bien lo presentara ante este órgano jurisdiccional a fin de que ratificara o no la demanda promovida a su favor, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 114, de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica a la parte promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios provenientes del Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, mediante los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo; asimismo, informa que el directo quejoso Parpiev Islombek Ravshanbek Ugli no se ha encontrado alojado en alguna estación migratoria dentro del país. Con fundamento en los artículos 9 y 28, ambos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe. De igual manera, se le tiene proporcionando correo electrónico para establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite parcialmente diligenciada la comunicación oficial 294/2023, exhorto 282/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos que expone. Ahora bien, atento a lo anterior ya que del estado de autos se obtiene que a la fecha feneció el término de tres días hábiles otorgado al promovente Mikhail Kozin a fin de que proporcionara datos de localización del directo quejoso; en consecuencia, a efecto de proveer lo conducente sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el 112 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales artículo 108, fracción IV y 114, fracciones I, II y IV, del citado cuerpo de leyes, requiérase nuevamente al promovente Mikhail Kozin, para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, bajo formal protesta de decir verdad, dé cumplimiento con lo siguiente: Primero. Precise de forma clara, precisa y concreta cuál es el acto positivo o negativo que le reclama a cada autoridad responsable, (sin calificativos ni otras circunstancias), esto es, indique los actos que afectan de manera directa la esfera jurídica del directo quejoso Parpiev Islombek Ravshanbek Ugli. Segundo. Bajo formal protesta de decir verdad informe la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, lo anterior toda vez que en la demanda de amparo indicó que dicho directo quejoso se encontraba alojado en la estación migratoria de esta ciudad, sin que dicha circunstancia pudiera ser corroborada ya que, del estado de autos se obtiene que el fedatario de la adscripción obtuvo resultados negativos en la localización de dicho quejoso, lo que genera incertidumbre pues no es posible, en su caso conocer si a la fecha rige esa situación jurídica respecto del directo agraviado, por lo que también deberá indicar bajo formal protesta de decir verdad, cuál es la imposibilidad que tiene el directo agraviado para firmar la demanda de amparo promovida a su favor. Tercero. Refiera si el directo agraviado obtuvo oficio de salida; y en su caso, conoce el domicilio, lugar en el que se encuentra alojado y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarlos, lograr la comparecencia ante este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de julio del año en curso, donde se le requirió a efecto de que manifestara si ratificaba la demanda promovida a su favor. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia. Notifíquese y vía electrónica a la parte promovente.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 236/2023-B, promovido por la moral quejosa Servicios de Administración y Operación Hotelera, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, Francisco Javier Cevallos De Cima, contra actos del Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, la moral quejosa Servicios de Administración y Operación Hotelera, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, Francisco Javier Cevallos De Cima, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables a) Gobernadora del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. b) Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Actos reclamados "I. Del Congreso la aprobación y del Gobernador Constitucional tanto la iniciativa de ley como la promulgación del artículo 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, publicada el 21 de diciembre de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en particular el siguiente texto: ARTÍCULO 3.- El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo personal se causa con una tasa de 1.80% Adicional al porcentaje anterior, se establece una sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere este capítulo del 1.20% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Los recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior y su fortalecimiento en la Entidad. Además de lo anterior, se establece una sobretasa del 1.25% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Los recursos que se recauden se ejercerán de manera directa e indirecta, al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado. Los ingresos derivados de las sobretasas no se considerarán para la determinación de las participaciones señaladas en el artículo 7º de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni para el fondo compensatorio previsto en el artículo 7º BIS de la citada ley. Asimismo, estos ingresos no se considerarán para el cálculo del porcentaje destinado al fideicomiso empresarial mencionado en este precepto. II. Del Gobernador Constitucional. Se reclama la expedición del Decreto publicado el 17 de febrero de 2023, en el Periódico Oficial del Estado, por el que se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21 de diciembre de 2022, en particular su artículo primero que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO. Se exime del 100% (cien por ciento) a las personas físicas o morales que sean sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del pago de la sobretasa relativa al 1.25% (uno punto veinticinco por ciento), destinada al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura en el Estado, prevista en el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21 de diciembre de 2022, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes. Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 14, 16, y 31, fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión de demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Como se anticipó, son fundados los conceptos de violación indicados en los arábigos 1, 3 y 6 que anteceden, respecto de las 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL sobretasas contenidas en el numeral 3º de Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, y en relación con el Decreto impugnado, por las consideraciones siguientes: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica -medularmente- en que los sujetos pasivos deben concurrir al sostenimiento de los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada. De conformidad con este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen de forma cualitativa y cuantitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de forma que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento a los gastos públicos, se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los sujetos pasivos al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, o sea, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o tarifa expresen la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo. Lo anterior implica, que el estudio del principio de proporcionalidad de un sistema de tributación, conlleva el análisis de los elementos considerados por el legislador para apreciar la capacidad contributiva y el mecanismo que sirve de auxilio para las estimaciones correctas que deben hacerse en la determinación del tributo de que se trata, para que de esta forma se decida si los sujetos con mayor capacidad económica tributan cualitativa y cuantitativamente superior a los de menor capacidad económica; sin que ello obste a considerar que el análisis de constitucionalidad del impuesto se limite al estudio de la mecánica establecida para la cuantificación del tributo a pagar, cuando existiere duda respecto de su efectividad para expresar la parte de la capacidad económica que corresponde al ente público acreedor del tributo. Ello es así, ya que la no efectividad del mecanismo establecido para la determinación de la obligación tributaria conlleva que exista una distorsión de la apreciación de la capacidad contributiva. Las premisas jurídicas en comento, encuentran sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 10/2003,(4) de rubro y texto siguientes: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción." 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 236/2023-B JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA , CON RESIDENCIA EN TIJUANA Por tanto, para determinar si una contribución cumple con ese principio de justicia fiscal, es necesario atender a la naturaleza del tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva. Expuesto lo anterior, para analizar la proporcionalidad del sistema de tributación del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, es necesario considerar la naturaleza del impuesto y el mecanismo establecido para cuantificar el pago del tributo. En el caso, el impuesto sobre sobre remuneraciones al trabajo personal grava -como su nombre lo indica- la realización de pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado en el territorio del Estado, realizadas por quien tenga la dirección o dependencia de un tercero (patrones). Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, planteada por integrantes de la Cámara de Diputados -contra los artículos primero, segundo, quinto y sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios- analizó la idoneidad de la tasa imponible con el tipo de tributo para decidir si se viola, o no, el principio de proporcionalidad tributaria, con independencia si se trata de un impuesto directo, indirecto, objetivo o subjetivo. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseveró que el impuesto es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, que lo decreta mediante un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la transmisión de valores económicos en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. En mérito de ello, se dijo, el Estado es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor por antonomasia del impuesto, a través del pago de una prestación incondicionada. Se reconoció que todo impuesto afecta, directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal; en virtud de ello, se hace patente la necesidad de que para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto a arbitrariedades, sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro. El límite constitucional a la facultad del legislador, para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir, la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado de que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos. En virtud de ello, abundó, la función económica que cumple el impuesto en el seno de una sociedad radica en apreciar que si mayor es el potencial económico del contribuyente, mayor tendrá que ser el impuesto aunque, invariablemente, en proporción a la capacidad contributiva personal o real, pues la teoría del interés público en bien de la sociedad y esa capacidad contributiva, son las dos bases fundamentales para fijar el impuesto que encuentra en la cuota fiscal una proporción cuyos resultados deberán repercutir en la necesidad de una redistribución de la renta nacional, en el quehacer elemental de procurar el desarrollo económico del país; única forma de lograr, para éstos, un mejor equilibrio social y un bienestar económico. Consecuentemente, para aproximarse a esos ideales, el tributo se conforma de elementos cuantitativos como la base imponible entendida como la magnitud dineraria que resulta de la medición o valoración del hecho imponible, y la tasa o tarifa imponible que es el coeficiente, cifra o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota tributaria, ya que con ellos se podrá medir si esta última atendió o no a la verdadera capacidad contributiva del contribuyente. Así, conforme a lo relatado, ha concluido que el creador de la obra legislativa es quien cuenta con plena facultad y libertad configurativa para 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL establecer las contribuciones y que los elementos constitutivos esenciales del tributo son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago. Luego, en la parte conducente de la ejecutoria respectiva, el Pleno precisó las diferencias entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables y concluyó: "Así, para examinar la idoneidad de las tasas impositivas del nuevo impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, es menester destacar las diferencias entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables: "a) Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en magnitudes distintas al dinero (como medidas de longitud -metro-, de capacidad -litro- y de masa -kilogramo-) de tal modo que la tasa consiste en una cifra fija para cada unidad. "En este caso la tasa permanece inmutable, cualquiera que sea la extensión de la base imponible, pues el importe de la deuda varía en relación con la magnitud de la señalada base; tasa que suele emplearse en los impuestos reales puros o que carecen de subjetivización alguna, y en los impuestos indirectos siempre que la base impositiva parta de una medida o capacidad, aunque al final pueda expresarse en un valor monetario. "b) Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como ocurre de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el tipo impositivo queda expresado en un determinado porcentaje de la base monetaria, que también permanece incólume ante la posible variación - menor o mayor- de esta base, aunque se diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables excepcionalmente a algunos impuestos personales, a los reales y a los indirectos tanto al consumo como a las enajenaciones, si el valor de la operación o el bien no surge a partir de una unidad de medida o capacidad. "c) Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un criterio diverso como establecer varios porcentajes o cifras fijas, con arreglo a las variaciones de la fuente de riqueza elegida por el legislador ordinario como acontece en los distintos porcentajes del impuesto al valor agregado, o bien, atendiendo a la afectación que llegue a generar la imposición, de ahí que con las diversas tasas se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos obligados o incididos o se atienda a razones de política fiscal. "d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se modifica al variar en menor o mayor grado la base imponible, la cual está dividida en escalones, en el que se prevé un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un límite máximo. La anterior progresividad escalonada es indudablemente mucho más perfecta para acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes, que a su vez tienen que soportar la carga económica, en el que el tributo reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que puede aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los subjetivos y, en algunas ocasiones, a los impuestos reales que guardan cierta subjetivización como los que recaen en la propiedad raíz, no así en los impuestos indirectos ya que si el valor monetario expresado en la base se puede dividir en unidades de medida o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa, al final los gobernados por igual consumo podrían pagar más o menos impuesto, según si el consumo se hace en un solo momento o en varios, en tanto que la alícuota aumenta por cada renglón, generándose un problema de proporcionalidad tributaria. ..." De dicho texto, se advierte, que aun cuando el legislador tiene un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, lo cierto es que la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos, motivo por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es un factor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera, o no, el principio de proporcionalidad tributaria. En el caso concreto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el impuesto analizado es de carácter estatal y grava las erogaciones o pagos en dinero o en especie efectuados por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 236/2023-B JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA , CON RESIDENCIA EN TIJUANA Ahora bien, la capacidad contributiva se manifiesta en forma directa e inmediata en los impuestos directos como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras. Mientras que en los impuestos indirectos, como en el caso ocurre, la capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, en la medida de que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirectamente dicha capacidad contributiva; y debe concluirse, ambos tipos de impuestos pueden decretarse válidamente por el Estado. En virtud de esa clasificación, se ha establecido, no es igual gravar los ingresos, el patrimonio o el capital, que los gastos o erogaciones de los particulares, en atención a los elementos tan diversos en cada forma de imposición si se toma en cuenta que en los impuestos directos es fácil determinar la capacidad contributiva por la manera en que nace la aludida riqueza, mientras que en los indirectos la capacidad contributiva es aislada, pues se evidencia a partir de la posibilidad de erogar, gastar o consumir. No obstante, en ambos casos debe salvaguardarse el principio de proporcionalidad tributaria; sin embargo, su materialización es diversa dado que debe atenderse a la naturaleza del impuesto y, por tanto, analizar la forma en que se manifiesta la capacidad fiscal, por lo cual la base y tasa imponibles no pueden ser idénticos en todas las contribuciones. Conforme a ello, el impuesto sobre nóminas es una contribución de carácter local, indirecto, instantáneo y monofásico que grava la erogación. Así, en atención a los elementos del tributo, el impuesto sobre nóminas se integra: 1. En relación con el sujeto (pasivo) lo serán aquellas personas físicas o morales y las unidades económicas que realicen las erogaciones o pagos como consecuencia de una relación laboral. 2. El objeto se constituye por los pagos en dinero o en especie que por ese concepto erogue el patrón. Ahora bien, por su naturaleza se concluye que es intrascendente verificar cuál es la actividad desarrollada por el contribuyente (de hecho, le resulta ajena toda situación específica o particular de éste), la naturaleza de los servicios que presta o el origen de los recursos utilizados para realizar el pago de la nómina correspondiente o para sufragar la obligación tributaria que de ello derive. Esto es, lo realmente trascendente es que la imposición tiene génesis por el pago por concepto de remuneración al trabajo personal. Por su parte, la base será el valor total al que ascienden los gastos o erogaciones gravadas, en efectivo o en especie. La tasa o tarifa, en virtud del carácter local del tributo su cuantificación dependerá del coeficiente, cifra o porcentaje que el legislador local decida aplicar a la base gravable. Finalmente, la época de pago se refiere al momento en que la autoridad hacendaria local podrá hacer exigible la liquidación del impuesto. Ahora bien, en el caso del impuesto indirecto, como el que se estudia, no se mide en términos tradicionales con la capacidad contributiva del causante al no gravar el movimiento de riqueza que corresponde a la operación, sino que atiende al patrimonio que soporta esa operación, en esa medida se estima que el impuesto en cuestión respeta el principio de proporcionalidad tributaria, puesto que la base gravable tiene estrecha relación con el hecho imponible, pues el legislador consideró que si dicho patrimonio es suficiente para soportar la erogación también lo es para absorber el impuesto. Por lo que, se concluye que la proporcionalidad exigida no estará determinada por sí sola en dicha tasa, sino también en la constitución de la base gravable de cada sujeto contribuyente conforme a sus ingresos brutos, sea persona física o moral, de manera que, entre más alta sea dicha base, mayor será el impuesto a pagar y a la inversa, entre menor sea la base gravable, menor será el tributo por cubrir. En el caso del impuesto sobre nóminas, como ya se mencionó, constituye un tributo indirecto que grava los pagos en dinero o en especie que por concepto de remuneración al trabajo tiene que erogar el patrón, de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL ahí que en el caso basta que el empleador lleve a cabo dicha erogación para que se actualice el hecho imponible, siendo que en este tipo de impuestos indirectos, por antonomasia, no se hace referencia a la situación personal del contribuyente; sin embargo, como se dijo, salvaguarda el principio de proporcionalidad tributaria. Entonces, como el impuesto sobre nóminas es un tributo local, indirecto, objetivo, instantáneo y monofásico que grava la erogación, se concluye, no es dable aplicar una tasa progresiva puesto que el sujeto pasivo del tributo no es quien generó la riqueza, sino el patrón que eroga los recursos para cubrir las remuneraciones. Sustenta lo anterior, por lo que informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022782, Décima Época, consultable en el Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1724, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto del tenor literal siguiente: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PARA SU DETERMINACIÓN DEBE APLICARSE UNA TASA FIJA A LA BASE GRAVABLE, PARA QUE EL CONTRIBUYENTE CONOZCA LA CUOTA TRIBUTARIA QUE DEBE PAGAR A LA HACIENDA LOCAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre el principio de proporcionalidad tributaria en relación con el impuesto sobre nóminas; uno de ellos arribó al convencimiento de que en el caso debe aplicarse una tasa progresiva por ser la herramienta más útil para gravar la riqueza. En cambio, el diverso órgano jurisdiccional advirtió que el tributo analizado no grava la riqueza sino las erogaciones, por tanto, determinó que debe aplicarse una tasa fija. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nóminas debe aplicarse una tasa fija a la base gravable, con lo que se salvaguarda el principio constitucional de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Justificación: Por mandato constitucional los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. Para tales efectos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la tarifa progresiva es una herramienta que indudablemente permite acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes; sin embargo, conviene acotar que esa aseveración se vincula con los tributos que gravan la riqueza, esto es, los ingresos, el patrimonio o el capital, pues en todos estos casos su determinación conlleva un grado de subjetivización en los aspectos particulares del contribuyente. En cambio, el impuesto sobre nóminas es un tributo local, indirecto, objetivo, instantáneo y monofásico que grava la erogación. Por tanto, con el objeto de salvaguardar el principio de proporcionalidad tributaria, en su dimensión jurídica, para la determinación del impuesto sobre nóminas a la base gravable debe aplicarse una tasa fija para calcular la cuota tributaria a cargo del contribuyente." Por tanto, con el objeto de salvaguardar el principio de proporcionalidad tributaria, en su dimensión jurídica, para la determinación del impuesto sobre nóminas a la base gravable debe aplicarse una tasa fija para calcular la cuota tributaria a cargo del contribuyente. Lo anterior, ya que como se explicó, la tasa fija carece de cualquier componente personal o subjetivo del contribuyente, aspecto que resulta consonante con el objeto del impuesto sobre nóminas, pues al gravar la erogación realizada por el patrón para cubrir remuneraciones de carácter laboral, la capacidad contributiva del sujeto pasivo se ve reflejada indirectamente en la base gravable y, por tanto, se salvaguarda el mandato constitucional previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso concreto, ello no se evidencia, porque si bien el legislador dispuso que el impuesto sobre nóminas se causa sobre una tasa fija del 1.80% (uno punto ochenta por ciento), adicionó, una primera sobretasa del 1.20% (uno punto veinte por ciento), y una segunda del 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 236/2023-B JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA , CON RESIDENCIA EN TIJUANA 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, es decir sobre las erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal (párrafos segundo y cuarto); sin embargo, dichas sobretasas se calculan de forma arbitraria, porque la proporcionalidad exigida no estará determinada por sí sola en dicha tasa, sino también en la constitución de la base gravable de cada sujeto contribuyente conforme a sus ingresos brutos, sea persona física o moral, es decir, en la cuota tributaria. Luego en el caso concreto, se pretende que se calcule dos niveles impositivos sobre la misma base gravable, pero se deja de ver que el hecho imponible del impuesto ya se materializó por el sujeto pasivo al gravar por primera ocasión la tasa en un 1.80%, con lo cual, se considera que al existir otras "sobretasas" que se calculan sobre la misma base, no se concreta el establecimiento de una tasa fija, pues no se calcula el tributo a partir del resultado que arroja la imposición de la tasa fija, sino que se grava en otro nivel la misma base del impuesto. Es decir, dichas sobretasas (1.20% y 1.25%), no se aplican sobre la ya establecida tasa fija del 1.80% sino que se aplica sobre la misma base, lo que implica la imposición de la erogación en otro nivel respecto de la base gravable, y ello genera incertidumbre en los sujetos a quien está dirigida la norma, porque el mecanismo de tributación no parte de la imposición de una tasa fija en función con la base, es decir, de la cuota tributaria, y por ende, no se tiene certeza de que los sujetos a los que se encuentra dirigida, cuenten con la capacidad contributiva de contribuir al gasto público con su imposición, con lo cual se conculca el principio de proporcionalidad tributaria indicado. Sin que para arribar a la anterior determinación, se soslaye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 46/2005 y 2a./J. 126/2013 (10a.), emitidas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES." e "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", haya establecido, entre otras cosas, que las contribuciones han sido clasificadas, tanto en la doctrina como en los diversos sistemas impositivos, de distintas formas, entre ellas, como "sobretasas" o "tasas adicionales", que son las que recaen sobre algunos de los impuestos previamente establecidos y tienen, como característica fundamental, que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico; es decir, constituyen un porcentaje adicional (segundo nivel) que aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, respecto del cual comparte los mismos elementos constitutivos del tributo; esto es, solamente se aplica un porcentaje adicional a la base gravable, por considerar que la capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar ambas cargas tributarias. Sin embargo, en el caso concreto, se estima que no se contrapone a lo determinado, en la medida en que si bien las denominadas "sobretasas" a estudio, representan un porcentaje adicional que aprovecha la existencia de un primer nivel impositivo primario, no menos cierto es que en el caso concreto, dichas contribuciones (sobretasas) tienen por objeto gravar el cumplimiento de una diversa contribución consistente en el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, porque no se grava sobre los mismos elementos del impuesto primario que aluden a su cuota tributaria (que se conforma con el cálculo de la base y la tasa fija), por lo que no refleja la riqueza de los causantes, sino únicamente su capacidad contributiva, como se explicó, por tratarse de un impuesto indirecto en el que la proporcionalidad exigida no estará determinada por sí sola en dicha tasa, sino también en la constitución de la base gravable de cada sujeto contribuyente conforme a sus ingresos brutos y, en consecuencia, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL Mexicanos, pues existe incongruencia entre el mecanismo impositivo que prevé y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Lo anterior, se itera, porque la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto previsto en los párrafos segundo y cuarto del precepto 3º reclamado, no se conforma con el importe de los pagos de la diversa que establece el primer párrafo, sobre remuneraciones al trabajo personal, a la cual debe aplicarse la del 1.80%, sino que grava la propia base en un segundo nivel, dejando de lado que la proporcionalidad en la contribución indirecta a estudio atiende tanto a la base como a la tasa fija del impuesto primario. Para mayor entendimiento, conviene traer a colación el cálculo que deriva de los indicios exhibidos por la quejosa y sólo a manera de ejemplo, a saber: CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DESCRIPCIÓN INCISO CANT. IMPORTE REMUNERACIONES PAGO MENSUAL PAGO DE CONTADO 1501001 2,129,065.84 (base) X 1.80% (0.018) (tasa) $38,323.18 (cuota tributaria) ISRTP MENSUAL SOBRETASA 1.20% 1501006 2,129,065.84 (base) X 1.20% (0.012) (sobretasa) $25,548.79 ISRTP MENSUAL SOBRETASA 1.25% 1501009 2,129,065.84 (base) X 1.25% (0.0125) (sobretasa) $26,613.32 REDONDEO EN PAGOS EFECTUADOS T232001 ($0.29) TOTAL A PAGAR $90,485.00 Conforme a lo expuesto, es evidente que las sobretasas contempladas en el segundo y cuarto párrafos del precepto reclamado, se calculan únicamente sobre la base del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal [en el ejemplo que equivale a $2,129,065.84 pesos (dos millones cIento veintinueve mil sesenta y cinco pesos 84/100 moneda nacional)], a la cual se aplica la tasa del 1.80% (uno punto ochenta por ciento), y no sobre la cuota tributaria [$38,323.18 pesos (treinta y ocho mil trescientos veintitrés pesos 18/100 moneda nacional]. En consecuencia, resulta inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador para estructurar los hechos imponibles contemplados en el segundo y cuarto párrafos invocados, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes, ya que los pagos de esa contribución no revelan una manifestación de riqueza por parte del particular por la forma en que se pretende calcular. Aunado a que, a criterio de la suscrita, no se encuentran en la hipótesis de unas sobretasas, esto es, que reflejen impuestos adicionales, ya que esa circunstancia ocurre siempre y cuando su objeto sea el mismo que el de los impuestos primarios, que grave en un segundo nivel la riqueza del contribuyente sobre el mismo hecho generador del impuesto que grava la manifestación de riqueza en un primer nivel, ya que la causa generadora de los impuestos se debe establecer en función del capital del causante y no únicamente con base en una sola contribución, en la que se dejó de observar que para que participe de los mismos elementos del impuesto, se debió tomar en cuenta la base y la tasa que denotan en ese tributo la riqueza del contribuyente sobre el mismo hecho generador del impuesto, y al establecer el cálculo de las supuestas sobretasas solamente sobre la base del impuesto, dicho actuar no refleja su capacidad para aportar al gasto público. Por ello, son fundados los conceptos de violación en los que la quejosa refiere que las autoridades responsables no justificaron de forma debida la imposición de las sobretasas a estudio, pues el legislador, en la exposición de motivos, indica la implementación de las sobretasas únicamente sobre la base del impuesto, pero lo que en realidad debió respetar para no vulnerar la proporcionalidad del impuesto, era tomar como base, el cálculo una vez que se grava con la tasa fija, pero no nuevamente sobre la misma base, porque con ello se conculca el principio de proporcionalidad tributaria. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 236/2023-B JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA , CON RESIDENCIA EN TIJUANA Lo anterior, ya que si como se anticipó, las sobretasas participan de los mismos elementos del tributo, no resulta lógico que no se calculen sobre la cantidad que arroja la tasa del 1.80% respecto de la base del impuesto, sino que como se evidenció se calcula con otro porcentaje diverso sobre la misma base gravable (monto total de erogaciones). Luego, ante lo fundado de los conceptos de violación analizados, en el sentido de que el legislador no fundó y motivó debidamente la imposición de las sobretasas al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, se infringe lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer de elementos que permitan examinar su constitucionalidad a la luz del diverso numeral 31, fracción IV, de la Carta Magna y, por consecuencia, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos que se precisarán en el apartado siguiente . Apoya tal determinación, la tesis XXII.3o.1 A (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 3657, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010536, que establece: "TASA ADICIONAL" O "SOBRETASA". SI EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, EN LOS DICTÁMENES O EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DE QUE SE TRATE NO SE EXPRESAN CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DESTINADAS A JUSTIFICAR LA RAZONABILIDAD DE SU IMPOSICIÓN PARA SATISFACER EL FIN EXTRAFISCAL QUE PERSIGUE, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CARECE DE ELEMENTOS PARA PODER DETERMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD O NO DEL PRECEPTO QUE LA PREVÉ, CUANDO SU MONTO SEA SUPERIOR AL DE LA TASA BASE. En las jurisprudencias 1a./J. 46/2005 y 2a./J. 126/2013 (10a.), emitidas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES." e "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", respectivamente, así como en las ejecutorias de las que derivaron se establece, entre otras cosas, que las contribuciones han sido clasificadas, tanto en la doctrina como en los diversos sistemas impositivos, de distintas formas, entre ellas, como "sobretasas" o "tasas adicionales", que son las que recaen sobre algunos de los impuestos previamente establecidos y tienen, como característica fundamental, que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico; es decir, constituyen un porcentaje adicional (segundo nivel) que aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, respecto del cual comparte los mismos elementos constitutivos del tributo; esto es, solamente se aplica un porcentaje adicional a la base gravable, por considerar que la capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar ambas cargas tributarias. Asimismo, que el legislador está constitucionalmente facultado para establecer a un impuesto primario una tasa adicional, pero ello debe responder a fines extrafiscales, supuesto en el cual tendrá la obligación constitucional ineludible de justificarlos expresamente -mediante argumentos o razones específicas suficientes- ya sea en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la misma ley. Con base en los lineamientos anotados, se concluye que si en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la ley de hacienda municipal de que se trate no se expresan consideraciones específicas destinadas a justificar la razonabilidad de la imposición de la "tasa adicional" o "sobretasa" para satisfacer el fin extrafiscal que persigue, el órgano de control constitucional carece de elementos para poder determinar la constitucionalidad o no del precepto que la prevé, cuando su monto sea superior al de la tasa base; omisión que lleva a que la disposición reclamada infrinja el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Énfasis añadido). De igual forma, la tesis XXII.2o.A.C.3 A (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 2104, Libro 48, noviembre 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015533, de rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, INFRINGE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO JUSTIFICAR EL LEGISLADOR LOS FINES EXTRAFISCALES RESPECTO DE LA TASA ADICIONAL DEL 8.4 AL MILLAR DEL IMPUESTO RELATIVO PARA LOS PREDIOS BALDÍOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 46/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 157, de rubro: "FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.", entre otras cosas, estableció que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es recaudatorio, para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, denominados fines extrafiscales y que, ineludiblemente, será el órgano legislativo quien los justifique expresamente. Así, esa justificación debe ser entendida y concretarse en sentido amplio, esto es, abarcar todos los aspectos que distinguen a ese gravamen fiscal adicional, en respeto a los principios tributarios de legalidad, proporcionalidad y equidad, así como de destino al gasto público, previstos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si de la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, de los dictámenes y de la propia Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, se advierte que el legislador local no externó consideración alguna tendente a justificar constitucionalmente por qué consideró que la "tasa adicional" -8.4 al millar- del impuesto predial para predios baldíos, debía ser superior a la tasa básica -1.6 al millar-, menos aún razonó por qué era necesario que ascendiera a ese monto para poder satisfacer los fines extrafiscales del Municipio, se concluye que el artículo noveno transitorio citado, infringe el artículo 115, fracción IV, inciso a),constitucional, por carecer de elementos que permitan examinar su constitucionalidad, a la luz del diverso 31, fracción IV, mencionado". Y la tesis (IV Región)1o.18 A (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, con número de registro digital 2025538 de rubro y texto siguiente: "IMPUESTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DE SONORA Y CONTRIBUCIONES PARA EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. EL ARTÍCULO 1o., APARTADO 1, INCISO 18, SUBINCISOS 01, 02 Y 03, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020 Y LOS DIVERSOS 246, FRACCIÓN I, 249, 292 BIS Y 289 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SONORA QUE LOS PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra los artículos 1o., apartado 1, inciso 18, subincisos 01, 02 y 03, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y 246, fracción I, 249, 292 Bis y 289 de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Sonora, los cuales establecen el impuesto para el sostenimiento de las universidades de Sonora, las contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, al estimar que la base para calcular dichos impuestos (15 % del diverso sobre remuneraciones de trabajo personal) no toma en cuenta su capacidad económica al no gravarse sus ingresos, egresos, utilidades ni rendimientos, por lo que violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los preceptos señalados, al establecer el impuesto para el 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 236/2023-B JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA , CON RESIDENCIA EN TIJUANA sostenimiento de las universidades de Sonora y las contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y para el fortalecimiento de la infraestructura educativa no constituyen una sobretasa, sino impuestos que tienen por objeto gravar el cumplimiento de una diversa contribución consistente en el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, por lo que no reflejan la riqueza de los causantes, sino únicamente su capacidad contributiva y, en consecuencia, violan el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque existe incongruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues tienen por objeto gravar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. Justificación: Lo anterior, porque la base sobre la cual se calcula el monto de los impuestos previstos en los artículos reclamados, se conforma con el importe de los pagos del diverso sobre remuneraciones al trabajo personal, al cual debe aplicarse la tasa del 15 %, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria; en consecuencia, resulta inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador para estructurar el hecho imponible, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del particular. Aunado a que no se encuentran en la hipótesis de una sobretasa, esto es, que reflejen impuestos adicionales, ya que esa circunstancia ocurre siempre y cuando su objeto sea el mismo que el de los impuestos primarios, que grave en un segundo nivel la riqueza del contribuyente sobre el mismo hecho generador del impuesto que grava la manifestación de riqueza en un primer nivel, ya que la causa generadora de los impuestos se debe establecer en función del capital del causante y no únicamente con base en una sola contribución, porque dicho actuar no refleja su capacidad para aportar al gasto público." Por los fundamentos y razones expuestos resulta innecesario ocuparse de los conceptos de violación restantes, toda vez que en nada variaría el sentido del fallo constitucional, en tanto que la parte quejosa no puede obtener mayores beneficios que los ya otorgados. Robustece el anterior criterio, la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 3/2005 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, febrero de dos mil cinco, página 5: que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional. SEXTO. Efectos. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo son para lo siguiente: a) No se aplique a la persona moral quejosa Servicios de Administración y Operación Hotelera, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo presente y futuro, durante su vigencia, las sobretasas del 1.20% y 1.25% del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, previstas en el segundo y cuarto párrafos del artículo 3° de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. b) Por eso, la autoridad administrativa deberá dejar sin efectos todos los actos que se hayan dictado contra la quejosa encaminados a que respete el precepto reclamado (tales como requerimientos de pago y multas). c) La autoridad recaudadora deberá devolver a Servicios de Administración y Operación Hotelera, Sociedad Anónima de Capital Variable, las cantidades que haya devengado como consecuencia de la aplicación directa de las sobretasas reclamadas, a partir de que entró en vigor la norma impugnada y también las que haya cubierto como efecto de no haber cumplido en tiempo y forma con esas sobretasas (tales como multas, recargos, gastos de ejecución), debiendo emitir el título de crédito con las cantidades debidamente actualizadas a la fecha en que sea emitido éste y una vez hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento a este Juzgado ante qué autoridad deberá comparecer la moral quejosa, para otorgarle un término prudente a fin de que comparezca por conducto de quien legalmente la represente para su entrega, en el entendido que una vez notificada de la emisión del cheque la moral quejosa deberá acudir para que le sea entregado el mismo, siendo el caso que de no comparecer, dicho título de crédito quedará a su disposición ante la autoridad recaudadora para que en forma personal gestione lo conducente para la obtención de éste. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.112/99, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo X, noviembre de 1999, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 236/2023-B JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA , CON RESIDENCIA EN TIJUANA relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Y la diversa jurisprudencia 2a./J 137/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 526, que establece: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución." SÉPTIMO. Transparencia. Considerando que la parte quejosa se opuso de manera expresa a que su nombre y datos personales que se incluyeran en la sentencia respectiva se publicaran con supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.15 GERARDO CASTILLO RIEDEL presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 74, 75, 76 y 78 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Servicios de Administración y Operación Hotelera, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernadora y Congreso del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, por las razones apuntadas en el considerando quinto, para los efectos precisados en el sexto considerando de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el día de hoy, diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."

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