Pascual Morales Díaz

Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
948/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Pascual Morales Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 948/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Agréguese el oficio firmado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que este juzgado le remitió a) el expediente electrónico de este juicio de amparo, así como b) la impresión del escrito electrónico del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de tres de octubre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo. Además, informa que dicho tribunal admitió a trámite el medio de impugnación citado y lo registró con recurso de queja ********************; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 948/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. 1. Remisión al Tribunal de Alzada. Visto el estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa quedó notificada el dieciséis de octubre del año en curso del acuerdo de once de octubre de este año, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja contra la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés. En esas condiciones, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de once de octubre de este año, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación de ese medio de impugnación: a) el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación de ese medio de impugnación, b) el expediente electrónico de este asunto, así como c) la impresión del escrito electrónico en el que la parte quejosa interpuso el citado recurso y expresó agravios; sin que se estime necesario enviar el expediente físico. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Tribunal de Alzada pueda consultar este asunto a través de esa vía. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 948/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Interpone queja. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por *********, autorizado en términos amplios del quejoso ***********, mediante el cual exhibe escrito en el que interpone recurso de queja y expresa agravios; en esas condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de tres de octubre de esta anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley antes invocada, una vez notificada la parte quejosa de este proveído, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al cual se adjuntará: a) la impresión del escrito electrónico en el que la parte quejosa interpuso el citado recurso y expresó agravios, así como b) el expediente electrónico del asunto en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación de ese medio de impugnación. Sin que sea necesario dar vista por el plazo de tres días a la parte quejosa para que señale las constancias necesarias que deberán remitirse al Tribunal de Alzada; en razón de que se enviará el expediente electrónico del asunto en que se actúa; ello, a efecto de no retardar la tramitación del recurso de queja. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 948/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el dos de octubre de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma data, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otras autoridades; fórmese el expediente ********************. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de hacer efectiva la multa decretada en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad ********************. La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución oficiosa, previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual inició el dos de mayo de dos mil veintitrés. La omisión de emitir acuerdos para que la parte demandada cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Del representante legal y del jefe de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio de nulidad ********************. Actos contra los cuales se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario); numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De acuerdo con los citados numerales, el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos de ejecución de sentencia y no se reclame la última resolución en la que: Se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se ordene el archivo definitivo del expediente. Tratándose de remates, se entiende como última resolución aquella en la que en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Para acreditar la causa de improcedencia, resulta necesario citar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, a saber: El once de agosto de dos mil veinte el quejoso presentó demanda de nulidad ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra de la resolución negativa ficta recaída al escrito que presentó el siete de agosto de dos mil dieciocho ante la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; radicándose con el juicio de nulidad ********************. El cuatro de abril de dos mil veintidós, la Sala Regional del Sureste emitió la sentencia respectiva, condenando a la autoridad demandada a aplicar los incrementos de la pensión y en caso de que determinara diferencias pensionarias realizara el pago en una sola exhibición. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, ante la Sala Regional del Sureste, la parte quejosa promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia. En acuerdo de ocho de mayo del año en curso dicha Sala determinó que no había lugar a tener por promovida la queja, en razón de que en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés había iniciado de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil veintidós. De lo anterior, se advierte que aún no se ha agotado totalmente el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues solamente se ha requerido el cumplimiento de la sentencia por una ocasión al Instituto demandado, esto es, el dos de mayo de dos mil veintitrés; fecha en la cual, de oficio, la sala inició el procedimiento de ejecución. El artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Sin embargo, de los antecedentes de los actos reclamados que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, no se advierte que la sala responsable haya impuesto alguna multa con motivo del apercibimiento decretado en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el cual inició el procedimiento oficioso de ejecución establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -ya que ello constituye un acto reclamado en este juicio-, por lo que tampoco ha requerido a su superior jerárquico para que dentro del plazo de tres días obligue al demandado a cumplir sin demora con el fallo. Y tampoco ha comunicado los hechos a la Contraloría Interna correspondiente, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario que haya incurrido en incumplimiento. Medidas de coacción establecidas en el precitado artículo 58, fracción I, que constituyen mecanismos desarrollados por el legislador para conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria, a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Lo que hace evidente que dicho procedimiento no ha concluido hasta sus últimas consecuencias; además de que tampoco existe resolución alguna en la que se haya aprobado ni reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia dictado en el juicio de origen, así como tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Y no se advierte vulneración de derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, conforme a la jurisprudencia P./J.108/2010, registro digital 163152, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". No pasa inadvertido el tiempo que puede demorar el cumplimiento de una sentencia de nulidad; sin embargo, es obligación de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agotar todos los medios legales a su alcance, entre los que se encuentra la imposición de multas a la autoridad demandada y su superior jerárquico cuando omitan cumplir, previa obtención de los datos relativos al RFC y domicilio fiscal del funcionario público que ocupe el cargo respectivo, al momento de la omisión. Ello, pues la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general implica que la Sala responsable ha concluido la etapa de ejecución, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin satisfacer la pretensión de la parte actora, sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Además, cabe señalar que, después de concluido el procedimiento oficioso, y antes de promover la demanda de amparo indirecto, contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procede el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es así, porque de dicho precepto legal se desprende que existe un medio de impugnación ordinario en contra de la omisión a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala responsable - el recurso de queja- antes de recurrir al amparo indirecto. Procedimiento en el que la parte afectada puede inconformarse acerca del hacer o no hacer de las salas para proseguir con la exigencia de cumplimiento, siendo entonces que la jurisdicción ordinaria termina una vez que se agotó el recurso de queja previamente citado. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". Dicho criterio se sostiene con las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión ******************** por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. De ahí que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por improcedente la demanda de amparo. 3.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda. 5. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios de ese numeral, a los licenciados: ********************(cédula profesional ********************), ********************(cédula profesional ********************) y ********************(cédula profesional ********************), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas. 6. Autorización para la consulta de expediente electónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de los usuarios "********************" y "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 7. Uso de medios electrónicos. Por lo que hace a la petición que formula la parte quejosa sobre autorizarle usar aparatos electrónicos; hágase de su conocimiento que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente; por ello, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes y, así, a través de los usuarios autorizados para ello, la parte promovente estará en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requiera; como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que dispone: "Artículo 36. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. (.)" 8. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa proporcionando dos correos electrónicos y un número telefónico, como medios de comunicación para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 9. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que, en su momento, integre la resolución que se llegue a dictar, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano