Paola Itzel Rodríguez Garcia y Otros.

Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
641/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Paola Itzel Rodríguez Garcia y Otros.
  • J.F. M. R. a través de Paola Itzel Rodríguez García y Otros.
  • Paola Itzel Rodríguez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    P 641/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos siguientes: a) Impresión electrónica del acta de nacimiento del menor ********************.********************.********************.********************., firmada electrónicamente por la directora del ********************egistro Civil del Estado de Oaxaca. b) Impresión de la hoja de la cartilla de vacunación del menor. 2. Devolución de constancias. En atención a su petición, en obvio de mayores dilaciones, se deja a disposición de dicha parte esas documentales, para que, dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recogerlas; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidas en su momento junto con el expediente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del ********************uzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández ********************errer, secretaria de ********************uzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 641/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de diez de julio del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 2. Publicación de los datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 641/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por la quejosa ***, mediante el cual, en atención al requerimiento de tres de julio del año en curso, realiza lo siguiente: a) Exhibe la impresión electrónica del acta de nacimiento del menor ***., firmada electrónicamente por la directora del Registro Civil del Estado de Oaxaca; documental con la que acredita la personalidad del referido menor, pues se advierte que es su progenitora. b) Exhibe copia simple del certificado de nacimiento con folio 032427680, expedido a nombre de ***; documental con la que acredita indiciariamente la personalidad del referido menor de iniciales N.N. (por no contar con un nombre registrado). Lo anterior es así, porque la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: a) el menor de iniciales N.N. no ha sido registrado, por lo que no cuenta con acta de nacimiento, b) el original del certificado de nacimiento lo tiene el progenitor del menor en su domicilio al que no puede ingresar la quejosa, y c) al acudir a la institución médica donde nació el menor y a la Dirección de Planeación de los Servicios de Salud de Oaxaca, le informaron que no le pueden entregar otro certificado de nacimiento, únicamente una copia simple. En esas condiciones, con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa y la documental que anexó a su escrito aclaratorio, se le tiene cumpliendo el requerimiento realizado en auto de tres de julio de dos mil veintitrés, y se estima que no se le puede obligar a que exhiba la copia certificada del certificado de nacimiento del menor de iniciales N.N., pues, en atención a las manifestaciones que realizó en su escrito aclaratorio, ello constituiría una carga excesiva a la parte quejosa. 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: El acuerdo emitido en la audiencia de pruebas y alegatos de trece de junio de dos mil veintitrés del expediente familiar 143/2023, en la parte relativa en la que determinó que no había lugar a admitir el recurso de apelación contra el diverso auto de veintiocho de abril de este año. Asimismo, a manera de antecedentes, refirió, en lo sustancial, lo siguiente: En el Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se tramita el expediente familiar 143/2023 del índice de la responsable. En el acuerdo de veintiocho de abril del año en curso se admitió la demanda, pero no se atendió la totalidad de las prestaciones que solicitó la parte quejosa; entre otras, no tuvo a la parte actora demandando por propio derecho; no le reconoció la calidad de concubina y no reconoció a un menor como parte en el juicio. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de diez de mayo del año en curso, la parte quejosa promovió recurso de apelación. Dicho escrito fue agregado y acordado en la audiencia de trece de junio del año en curso; sin embargo, la autoridad responsable determinó que no había lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación contra el auto de veintiocho de abril del año en curso, porque el recurso idóneo es el de queja; determinación que constituye el acto reclamado. 2.1. Improcedencia de la demanda. De lo antes expuesto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación del referido precepto se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 902, tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, registro 5187016, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación; como así lo ilustra la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017117, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En el caso, se estima que el acuerdo emitido en la audiencia de trece de junio del año en curso, celebrada en el expediente 143/2023, de la estadística del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que negó dar trámite al recurso de apelación, no tiene el carácter de definitivo, pues contra dicho proveído procede el recurso de queja previsto en los artículos 697, 698 y 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; preceptos que establecen lo siguiente: "CAPITULO II De la queja. Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 698. Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones. Artículo 699. El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." (Lo subrayado es propio) De dichas normativas antes transcritas se advierte que: ? Contra la denegación apelación (acuerdo materia de la litis de este juicio de amparo), procede el recurso de queja, cuyo conocimiento y resolución corresponde al superior inmediato. ? El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. ? Se tiene la posibilidad que el escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez, así, dentro del tercer día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. Como se ve, la parte quejosa, antes de acudir a la sede constitucional, debió agotar el recurso de queja previsto en los numerales 697, 698 y 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, contra el acto reclamado, consistente en el acuerdo emitido en la audiencia de trece de junio del año en curso, celebrada en el expediente 143/2023, de la estadística del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que el juez determinó que no había lugar a admitir el recurso de apelación contra el diverso auto de veintiocho de abril de este año, con el cual podía modificarse, revocarse o nulificarse el acto aquí reclamado; sin embargo, al no haberlo hecho así, es obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. 3. Desechamiento. Por lo expuesto y fundado se concluye que al no agotar la parte quejosa el recurso de queja, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede DESECHAR DE PLANO, POR IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por Paola Itzel Rodríguez García, por propio derecho y en representación de los menores J.F.M.R y N.N. Es preciso indicar que no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que, en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como la corporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Máxime que para la procedencia del recurso de queja no se sujeta a interpretación adicional. Por lo antes expuesto, es evidente que no procede examinar si el acto aquí reclamado es o no violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, en tanto que no agotó el principio de definitividad. 4. Publicación de versión pública de la resolución. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ° pral 641/2023 mesa 6 Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el treinta de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado en la misma fecha, promovida por ****, por su propio derecho y en representación de los menores **** y ****., contra un acto del juez Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente electrónico e impreso con el registro 641/2023. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se precisa que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, b) supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Al efecto, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 4. Prevención de la demanda. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la quejosa Paola Itzel Rodríguez García, a fin de que, en el plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente. ? ÚNICO. Exhiba copia certificada de la documental que acredite la personalidad de la quejosa como progenitora de los menores J.F.M.R y C.Y.M.R. Lo anterior, toda vez que el acreditamiento de la personalidad constituye uno de los requisitos de la demanda, en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, siendo una obligación que debe satisfacer la parte promovente, pues incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para ejercer la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente; aunado a ello, la personalidad es un presupuesto procesal que necesariamente debe coexistir para constituir una relación jurídico procesal y para la existencia válida de un juicio, el cual puede analizarse de oficio por la autoridad jurisdiccional, incluso al proveer sobre la demanda. Sin que la documental que acompaño la quejosa a su demanda de amparo sea idónea para acreditar su personalidad, toda vez que se trata de copias simples y no se advierte el acta de nacimiento de los menores. Por otra parte, no es inadvertido que en la demanda que presentó la parte quejosa ante el juzgado familiar manifestó que el menor de iniciales C.Y.M.R., no ha sido registrado; sin embargo, ello no es un impedimento para acreditar la personalidad, porque debe contar con el certificado de nacimiento que le expidió el hospital en el que nació el menor, el cual hace prueba del día, hora, lugar de nacimiento, maternidad y sexo del nacido, como lo establece el artículo 66 del Código Civil del Estado de Oaxaca ; de ahí que, con esa documental, podrá acreditar indiciariamente su personalidad. Irregularidad(es) que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al rendir el informe justificado, y se integre la litis de manera correcta. Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXV, foja 3192, registro 329080, que refiere: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Y la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, noviembre de 1999, tomo X, foja 32, registro 192843, cuyo rubro es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD.ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUISTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". 4.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 5. Hechos falsos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I , sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con el requerimiento antes formulado, se conduzca con verdad en relación al requerimiento antes realizado. 6. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por así haberlo solicitado la parte quejosa en el escrito de demanda. 7. Consulta y notificación electrónica. Con fundamento en los artículos 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado a través del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre del usuario "RemediosQuintanar", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que tengan naturaleza de personales a la parte quejosa vía electrónica, a través del usuario ya mencionado. 7.1. Precisión. Como se dijo, se realizará la notificación electrónica a la parte quejosa a través del usuario únicamente de los acuerdos que ameriten ser notificados personalmente, esto es, se sustituirá con la forma de notificación electrónica las que son de carácter personal; de ahí que en este expediente los autos de mero trámite se notificarán por lista de acuerdos, en términos de la contradicción de tesis 361/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de once de enero de dos mil veintitrés. De ahí que, pese a que también señala un domicilio físico para tal efecto, el señalamiento especial que se hace para la práctica de notificaciones electrónicas mediante el usuario designado, sustituye a las diversas (personales, por oficio, por lista); así, solo se notificarán en el domicilio proporcionado para el caso de que existiera alguna situación tecnológica que impida el envío electrónico de la notificación respectiva. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Publicación de versión pública de la sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia o resolución que, en su caso, llegue a dictarse en este juicio de amparo, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 11. Instrucción al(a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante

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