Patricia Arellanes Canseco

Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
456/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Patricia Arellanes Canseco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL. 456/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el veintinueve de mayo de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20, fracción I y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional, una vez al año, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 6. Devolución de documentos. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra un documento original exhibido por la parte quejosa consistente en el oficio de cuatro de mayo de este año, signado por el notario Público Noventa y Seis, así como diversos documentos exhibidos en copia certificada. Por tanto, se dejan a disposición de la parte quejosa dichos documentos, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las documentales de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruida en su momento junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 456/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Ratifica firma. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que ******************** ratificó la firma estampada en el escrito recibido en este Juzgado el quince de mayo de esta anualidad, mediante el cual cumple con las prevenciones realizadas en auto de diez de mayo de este año. Por tanto, es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa mediante escrito presentado el quince de mayo del año en curso, en atención a la prevención que se le formuló en auto de diez de mayo de este año, con motivo que no se advertía con claridad cuál era el acto reclamado, precisó que éste consiste en: El oficio de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Notario Público noventa y seis del Estado de Oaxaca, en el cual la requiere para que en el término de cuatro días comparezca ante dicha notaría a firmar la escritura de adjudicación, con motivo de la resolución emitida el veintitrés de octubre de dos mil doce, en el expediente ******************** del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la cual se aprobó el remate y adjudicación del inmueble. Y manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ya tenía conocimiento del expediente ******************** del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Asimismo, mediante escrito presentado el veintidós de mayo de este año la parte quejosa manifestó su deseo de desistirse de señalar como autoridad responsable al juez Octavo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En consecuencia, con base en lo anterior, se advierte que el acto reclamado y las autoridades responsables en este asunto son: Autoridades responsables: Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro del Estado de Oaxaca. Notario Público número noventa y seis del Estado de Oaxaca. De quienes reclama: El oficio de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Notario Público número noventa y seis del Estado de Oaxaca, en el cual la requiere para que en el término de cuatro días comparezca ante dicha notaría a firmar la escritura de adjudicación. Ahora, de la demanda de amparo y de las constancias que exhibió la parte quejosa se advierte que: En resolución de veintitrés de octubre de dos mil doce, dictada por el juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el juicio sumario hipotecario ********************, declaró aprobado y fincado el remate a favor de la persona jurídica "********************., a quien le adjudicó el inmueble que le fue dado en garantía hipotecaria por la aquí quejosa, y requirió a la parte actora de ese juicio para que señalara notario público a efecto de que elaborara la escritura de adjudicación correspondiente; asimismo, requirió a la aquí quejosa a fin de que compareciera ante la notaria a firmar la escritura de adjudicación y, en caso de no firmarla, el citado juez firmaría en su rebeldía. En auto de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, el juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, requirió a la parte quejosa para que acuda a la Notaría Pública noventa y seis en el Estado de Oaxaca a firmar la escritura de adjudicación. Expedientes ******************** del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro y ******************** del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que derivan de una misma secuela procesal, con motivo que conforme al ACUERDO GENERAL 42/2017 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA Y LA CREACIÓN DEL JUZGADO SEXTO FAMILIAR DEL MISMO DISTRITO JUDICIAL POR NECESIDADES DEL SERVICIO de siete de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca determinó que el Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, concluyó sus funciones el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y los expedientes del índice de ese Juzgado fueron distribuidos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Civiles del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en los términos establecidos en el mismo acuerdo; siendo el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al que tocó conocer del ********************, del entonces Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca -como se advierte del oficio de cuatro de mayo de este año, el cual constituye el acto reclamado-. En oficio de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Notario Público noventa y seis del Estado de Oaxaca requirió a la aquí quejosa para que en el término de cuatro días comparezca ante dicha notaría a firmar la escritura de adjudicación, con motivo de la resolución emitida el veintitrés de octubre de dos mil doce, en el expediente ********************, en la cual se aprobó el remate y adjudicación del inmueble. Oficio que constituye el acto reclamado en este juicio, contra el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, dado que deriva de un acto consentido. El artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." De las fracciones transcritas se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que lleven implícito ese consentimiento. Por otro lado, el diverso numeral 217 de Ley de Amparo establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (.)". En relación a lo anterior, debe decirse que la causa de improcedencia en cita se complementa con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, parte SCJN, página 12, registro 393973, del texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Al respecto, cabe señalar que la Ley de Amparo y la práctica jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de la interpretación jurisprudencial, han dado origen a la causa de improcedencia en cita, misma que se traduce en que, tratándose de actos derivados de consentidos, no procede el juicio de amparo; ello, en concordancia con lo dispuesto en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece como causa de improcedencia que se reclamen actos consentidos, sea de manera expresa o tácita. De tal manera que si el amparo contra actos de esa naturaleza no procede, de igual manera lo serán para aquellos que se deriven de los propios actos que se consintieron. Resulta aplicable la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XCVII, página 1284, registro 370295, del texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva. De lo expuesto con anterioridad, se obtiene que por actos derivados de consentidos debe entenderse aquéllos que son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad que, por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que, en su momento, el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió en su momento. Sirve de apoyo a lo anterior, por tratar sobre el tema, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Julio de 1999, página 839, registro 193675, del texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". De aquí que, como se advierte del último criterio transcrito, para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: 1. Que el acto reclamado sea una consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro; 2. Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía de amparo, se repute por la ley como consentido. Además, conviene destacar que un acto se estima consentido cuando: 1. Se despliegue una actitud o conducta tal respecto de los mismos, que permita inferir, sin género de dudas, su consentimiento con ellos; o bien, 2. Que se abstenga del ejercicio oportuno de la acción constitucional, conducta que denota un consentimiento que se reputa tácito. Ahora, como ya se vio, la parte quejosa reclama: El oficio de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el cual el Notario Público noventa y seis del Estado de Oaxaca requirió a la aquí quejosa para que en el término de cuatro días comparezca ante dicha notaría a firmar la escritura de adjudicación, con motivo de la resolución emitida el veintitrés de octubre de dos mil doce, en el expediente ********************, en la cual se aprobó el remate y adjudicación del inmueble que ahora defiende la quejosa. Sin embargo, la parte quejosa no controvirtió mediante el juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien a través de algún medio ordinario de defensa la resolución de veintitrés de octubre de dos mil doce, dictada por el Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el juicio sumario hipotecario ********************, en la cual aprobó el remate y adjudicación del inmueble, a pesar de tener conocimiento de dicha determinación como así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el escrito aclaratorio de demanda; en consecuencia, el oficio reclamado deriva de la resolución de veintitrés de octubre de dos mil doce. De ahí que el acto reclamado en esta instancia constitucional deriva de un acto consentido, ya que el oficio reclamado es una consecuencia lógica de la resolución de veintitrés de octubre de dos mil doce, en la cual se aprobó el remate y la adjudicación del inmueble que ahora defiende la quejosa, ya que, se insiste, en el oficio reclamado se le solicitó a la quejosa que acuda a la notaría a firmar las escrituras de adjudicación. En consecuencia, SE DESECHA, DE PLANO, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo. 2.1. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 456/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita que la diligencia de ratificación del escrito presentado el quince de este mes, se desahogue vía video llamada al número telefónico proporcionado; al respecto, se provee: 1.1. Ratificación de escrito aclaratorio. a) Forma de desahogo. Hágase de su conocimiento que se ordena desahogar la referida diligencia de ratificación del escrito presentado el quince de mayo de este año, por el método de videoconferencia, a través de la aplicación Cisco Webex. b) Se informa fecha, hora y claves de acceso. Por lo que, se proporcionan los datos de la sala a la cual deberá ingresar la parte quejosa para el desahogo de la diligencia de ratificación antes señalada, misma que se celebrará a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por medio de la aplicación Cisco Webex; siendo los siguientes: Número de la reunión (código de acceso): ******************** Contraseña de la reunión: ******************** O bien, ingresando a la siguiente dirección electrónica: https://cjf2.webex.com/cjf2/j.php?MTID=m43f3c17a1d54d230dee979218ccb5a97 c) Se comunican datos de acceso: Remítanse los referidos datos de acceso a la parte quejosa, al teléfono proporcionado en el escrito de cuenta, a fin de que, llegada la data y hora señalada, ingrese a la referida sala. Se solicita al actuario de este juzgado que levante la razón correspondiente del envío de los datos al teléfono proporcionado por la parte quejosa. Precisión. Se reitera a la quejosa que para el desahogo de la referida audiencia será por el método de videoconferencia, a través de la aplicación Cisco Webex; en el entendido que deberán unirse a la sala, al menos con diez minutos de antelación de la hora indicada, a fin de verificar que la conexión de audio y video sea nítida y clara; o, en su caso, a efecto de poder resolver oportunamente cualquier aspecto técnico que pudiera suscitarse. 1.2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no conectarse en la fecha y hora señalada para la audiencia de ratificación, se entenderá su desinterés por ratificar el escrito presentado el quince de mayo de este año, por el método de videoconferencia, a través de la aplicación Cisco Webex; sin embargo, si así desea podrá ratificar dicho escrito en las instalaciones de este juzgado dentro del plazo otorgado para ello. 2. Se desiste por una autoridad. Finalmente, la parte quejosa manifiesta que se desiste de señalar como autoridad responsable al juez Octavo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; al respecto, se reserva proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto ratifique el escrito presentado el quince de este mes, o fenezca el plazo otorgado en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 456/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito signado, aparentemente, por Patricia Arrellanes Canseco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la prevención formulada en acuerdo de diez de mayo de este año; en atención al mismo, se acuerda: 1.1. Se requiere ratificación de firma. Toda vez que la firma que aparece en el escrito de cuenta difiere notoriamente de la estampada en el escrito de demanda de amparo, como se advierte de la imagen siguiente: FIRMA ESTAMPADA EN EL ESCRITO DE LA DEMANDA DE AMPARO. FIRMA ESTAMPADA EN EL ESCRITO DE CUENTA. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 204 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, requiérase a *****, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, en días y horas hábiles, comparezca al despacho de este Juzgado con documento de identificación oficial vigente con fotografía y, en diligencia formal, en caso de que, efectivamente, sea suya la firma estampada en el original de dicho escrito, bajo protesta de decir verdad, la ratifique; apercibido que, de no cumplir con lo anterior, en el término establecido para ello, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, página 824, registro 1002810, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época del Tomo X correspondiente al mes de septiembre de 1992, página 345, registro 218629, de rubro siguiente: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA". 1.2. Precisión de la firma. A efecto de no propiciar obstáculo en la tramitación de este juicio, requiérase a la parte quejosa para que, en el acto de la diligencia de ratificación, exprese con cuál firma se regirá en este Juzgado, para las subsecuentes actuaciones o requerimientos; ello, para el caso de que existiera discrepancia en firmas, como la aquí señalada. 2. Estado de autos. Por otra parte, vistos los autos se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al juez Octavo de lo Civil de Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca, sin embargo, de la certificación de cuenta se aprecia que dicha autoridad concluyó sus funciones el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y los expedientes del índice de ese Juzgado, fueron distribuidos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Civiles del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en los términos establecidos en el mismo acuerdo; por lo que, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dicha autoridad ya no existe. 2.1. Se requiere. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la parte quejosa, para que, en caso de ratificar el escrito de cuenta, manifieste en el plazo otorgado en auto de diez de mayo de este año, si insiste en señalar como autoridad responsable al juez Octavo de lo Civil de Distrito Judicial del Centro en el Estado de Oaxaca. Se apercibe a la parte quejosa, que en el caso de no hacer manifestación al respecto en el plazo otorgado en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se entenderá su desinterés por señalarlo como autoridad responsable y dejará de tener dicho carácter. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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