Paola Leon Ramirez

Expediente 1178/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1178/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Paola Leon Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito signado por la quejosa Paola León Ramírez. En atención a su contenido, téngasele por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gregorio Guadalupe Escalante, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio 5167/2022, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el que se advierte que registró el amparo indirecto 1178/2022-5 de la estadística de este Juzgado de Distrito con el número 835/2022, reservándose acordar lo que legalmente proceda hasta en tanto se cumplan con las disposiciones contenidas en el artículo 178 de la Ley de Amparo. Se toma conocimiento de su información. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado GUADALUPE ALVAREZ SANCHES, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: Vista la demanda de amparo que promueve *********, por propio de derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de actos de la Primera Sala Unitaria de Sentencias Definitivas del Sistema Penal Acusatorio. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1178/2022-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. INCOMPETENCIA Del estudio integral de la demanda de amparo se deduce que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de grado, esto es, la vía directa para conocer en atención a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares." Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." De los preceptos trascritos se desprende que el juicio de amparo directo procede cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio, entendiéndose éstos como aquéllos que decidan el juicio en lo principal o que sin decidirlo lo dan por concluido, y respecto de las que la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del que puedan modificarse o revocarse. Precisado lo anterior, de la demanda de derechos se advierte que el acto reclamado a través de este medio de control constitucional lo constituyen: a) La sentencia definitiva de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 19/2022, por la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que confirmó la sentencia definitiva absolutoria de trece de abril de dos mil veintidós, emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Así, dada la naturaleza y alcance de la resolución combatida en el presente caso se considera que encuadra en uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo señalados con antelación, pues tiene el carácter de un fallo que decide en definitiva un juicio penal, esto es, una resolución de segunda instancia. En tal virtud, se concluye que tal resolución reclamada es de aquéllas que deben ser combatidas en amparo directo cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo directo en materia penal promovidas contra las resoluciones que pongan fin a un juicio dictadas por autoridades judiciales del orden común o federales, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias resoluciones indicadas. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis número V.2o.P.A.16 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página 5337, Libro 67, Tomo VI, correspondiente al mes de Junio de 2019, Materias Común- Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DETERMINA NO ADMITIRLO O DESECHARLO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL DIVERSO DE REVOCACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La fracción XVIII del precepto citado dispone que previamente a la promoción del juicio de amparo directo, debe agotarse el principio de definitividad, esto es, el recurso o medio ordinario de defensa previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, esa regla general admite excepciones, por las cuales el quejoso quedaría en libertad de cumplir o no con ese principio, como sería cuando la procedencia del medio ordinario de defensa se sujete a una interpretación adicional. Ahora bien, es cierto que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la procedencia del recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite; sin embargo, se refiere a actos o proveídos dictados en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, y respecto de éstas, el artículo 211 del propio código no prevé expresamente que la segunda instancia sea parte de ellas, porque señala únicamente las de investigación, intermedia y de juicio, y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme; pero, además, en términos de este último numeral, pareciera que la etapa de juicio, última fase del proceso penal acusatorio, sólo comprende hasta la sentencia del tribunal de enjuiciamiento, la cual debe estimarse que se trata de la emitida en primera instancia, y ello se corrobora con el contenido del artículo 3o., fracciones XV y XVI, del código citado, que define perfectamente al tribunal de enjuiciamiento y al tribunal de alzada. Esto se traduce en que no existe fundamento legal suficiente, o bien, se tendría que efectuar una interpretación adicional, para estimar que aquel recurso (revocación) procede contra el supuesto que interesa (no admisión de la apelación) lo que traería como consecuencia que, en todo caso, el recurrente tendría que realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos numerales, que no se obtiene directamente de la redacción de los preceptos que regulan la procedencia del recurso de revocación mencionado, contra el acto que pretende combatir; ejercicio de interpretación que no es exigible a la parte recurrente, en tanto no está obligada a conocer la ley mediante la interpretación sistemática de diversos preceptos legales aplicables y así establecer, técnicamente, el medio de impugnación que debe oponer antes de ejercer la acción de amparo. De ahí que ante la salvedad o excepción evidenciada en el caso en análisis, respecto a la obligación de cumplir previamente con el principio de definitividad, se concluye que contra el auto dictado por el tribunal de apelación que determina no admitir o desechar el recurso, procede el juicio de amparo directo sin necesidad de agotar el recurso de revocación." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención al contexto jurídico que la rige, con el rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de derechos por razón de la vía, y declina la competencia a favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno a quien se le deberán remitir los presentes autos, así como las copias del escrito de demanda que adjuntó el promovente para su conocimiento; previo cuaderno de antecedentes que se forme. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Alanís Blancas, en virtud de haberse encontrado registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente en términos restringidos del citado numeral a la diversa persona que hace alusión. Asimismo, se le tiene proporcionando su correo electrónico foxf5878@gmail.com y el número telefónico 7757564476, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Se tiene a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del presente expediente, a través del usuario "gustavo13", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *********, por propio de derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de actos de la Primera Sala Unitaria de Sentencias Definitivas del Sistema Penal Acusatorio. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1178/2022-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. INCOMPETENCIA Del estudio integral de la demanda de amparo se deduce que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de grado, esto es, la vía directa para conocer en atención a las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares." Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." De los preceptos trascritos se desprende que el juicio de amparo directo procede cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio, entendiéndose éstos como aquéllos que decidan el juicio en lo principal o que sin decidirlo lo dan por concluido, y respecto de las que la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del que puedan modificarse o revocarse. Precisado lo anterior, de la demanda de derechos se advierte que el acto reclamado a través de este medio de control constitucional lo constituyen: a) La sentencia definitiva de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 19/2022, por la Primera Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que confirmó la sentencia definitiva absolutoria de trece de abril de dos mil veintidós, emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Así, dada la naturaleza y alcance de la resolución combatida en el presente caso se considera que encuadra en uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo señalados con antelación, pues tiene el carácter de un fallo que decide en definitiva un juicio penal, esto es, una resolución de segunda instancia. En tal virtud, se concluye que tal resolución reclamada es de aquéllas que deben ser combatidas en amparo directo cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo directo en materia penal promovidas contra las resoluciones que pongan fin a un juicio dictadas por autoridades judiciales del orden común o federales, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias resoluciones indicadas. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis número V.2o.P.A.16 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página 5337, Libro 67, Tomo VI, correspondiente al mes de Junio de 2019, Materias Común- Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DETERMINA NO ADMITIRLO O DESECHARLO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL DIVERSO DE REVOCACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La fracción XVIII del precepto citado dispone que previamente a la promoción del juicio de amparo directo, debe agotarse el principio de definitividad, esto es, el recurso o medio ordinario de defensa previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, esa regla general admite excepciones, por las cuales el quejoso quedaría en libertad de cumplir o no con ese principio, como sería cuando la procedencia del medio ordinario de defensa se sujete a una interpretación adicional. Ahora bien, es cierto que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la procedencia del recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite; sin embargo, se refiere a actos o proveídos dictados en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, y respecto de éstas, el artículo 211 del propio código no prevé expresamente que la segunda instancia sea parte de ellas, porque señala únicamente las de investigación, intermedia y de juicio, y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme; pero, además, en términos de este último numeral, pareciera que la etapa de juicio, última fase del proceso penal acusatorio, sólo comprende hasta la sentencia del tribunal de enjuiciamiento, la cual debe estimarse que se trata de la emitida en primera instancia, y ello se corrobora con el contenido del artículo 3o., fracciones XV y XVI, del código citado, que define perfectamente al tribunal de enjuiciamiento y al tribunal de alzada. Esto se traduce en que no existe fundamento legal suficiente, o bien, se tendría que efectuar una interpretación adicional, para estimar que aquel recurso (revocación) procede contra el supuesto que interesa (no admisión de la apelación) lo que traería como consecuencia que, en todo caso, el recurrente tendría que realizar una interpretación adicional y sistemática de diversos numerales, que no se obtiene directamente de la redacción de los preceptos que regulan la procedencia del recurso de revocación mencionado, contra el acto que pretende combatir; ejercicio de interpretación que no es exigible a la parte recurrente, en tanto no está obligada a conocer la ley mediante la interpretación sistemática de diversos preceptos legales aplicables y así establecer, técnicamente, el medio de impugnación que debe oponer antes de ejercer la acción de amparo. De ahí que ante la salvedad o excepción evidenciada en el caso en análisis, respecto a la obligación de cumplir previamente con el principio de definitividad, se concluye que contra el auto dictado por el tribunal de apelación que determina no admitir o desechar el recurso, procede el juicio de amparo directo sin necesidad de agotar el recurso de revocación." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención al contexto jurídico que la rige, con el rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de derechos por razón de la vía, y declina la competencia a favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno a quien se le deberán remitir los presentes autos, así como las copias del escrito de demanda que adjuntó el promovente para su conocimiento; previo cuaderno de antecedentes que se forme. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Alanís Blancas, en virtud de haberse encontrado registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente en términos restringidos del citado numeral a la diversa persona que hace alusión. Asimismo, se le tiene proporcionando su correo electrónico foxf5878@gmail.com y el número telefónico 7757564476, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Se tiene a la parte quejosa solicitando la consulta vía electrónica del presente expediente, a través del usuario "gustavo13", lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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