Paola Estrada Doniz
Expediente 1466/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Paola Estrada Doniz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Paola Estrada Doniz, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por *** por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1466/2021-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. Del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo; para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El referido artículo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra apoyo por identidad de razón en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del escrito de demanda se advierte que la parte promovente acude a esta instancia constitucional a impugnar el proveído dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno en los autos del expediente 685/21-27-01-2 del índice del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional de Hidalgo, en el que la responsable desechó por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la aquí solicitante de derechos en contra del proveído de diez de septiembre del año curso, en el que tuvo por contestada la demanda de nulidad, sin concederle el término para ampliar la misma. En este contexto, este órgano jurisdiccional considera que debe desecharse la demanda de amparo, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, 171 y 172, fracción IX, los últimos cuatro a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación. El contenido de los artículos indicados es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...) IX. Se le desechen recursos respeto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (...)" De la interpretación integral de los preceptos transcritos, los cuatro últimos aplicados a contrario sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando se reclamen actos en juicio que no sean de imposible reparación. Además de que las violaciones procesales que afecten las defensas de la parte quejosa, son cuestiones que se deben preparar y plantear en definitiva hasta que se emita la resolución final, por ser en ella donde deben trascender perjuicio del gobernado. En efecto, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un juicio, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido constitucionalmente, o por tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Sobre la imposible reparación, el Máximo Tribunal de Justicia realizó una nueva reflexión al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para abandonar el criterio de afectación en grado predominante y fijó el alcance de la expresión de referencia, al establecer que por estos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin que ahora resulte procedente el amparo contra actos de afectación procesal aunque sea en grado predominante, aun cuando ya se haya admitido la demanda de amparo, pues la nueva reflexión es vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo, al grado de que la jurisprudencia P./J. 37/2014, ordenó prescindir del criterio de afectación en grado predominante inclusive para expedientes en trámite. Por lo que con mayor razón aplica para asuntos como el que nos ocupa. Esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender en el fallo; por tanto, la afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En este orden de ideas, el Máximo Tribunal concluyó que el legislador estableció dos condiciones para promover amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, 1) La exigencia de actos que afecten materialmente derechos y 2) Que tales derechos afectados revistan la categoría de derechos sustantivos, en contraposición a derechos formales o adjetivos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Como se anunció, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar el proveído dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno en los autos del expediente 685/21-27-01-2 del índice del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional de Hidalgo, en el que la Sala del conocimiento desechó por improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la aquí solicitante del amparo en contra del proveído de diez de septiembre del año curso, en el que tuvo por contestada la demanda de nulidad, sin concederle el término para ampliar la misma. De lo que se sigue, que el juicio de nulidad del que deriva el acto reclamado, aún no ha sido resuelto en definitiva, por tanto, dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación para la procedencia del presente juicio de amparo indirecto, al no violar de forma inmediata un derecho sustantivo, sino en todo caso derechos formales o adjetivos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio por más que la afectación sea en grado predominante o superior, como en el caso concreto. En efecto, la resolución reclamada involucra violaciones procesales las cuales aún de ser en grado predominante deben ser planteadas en la demanda de amparo directo que en su caso se promueva, en contra de la resolución final y ver si trascendieron al resultado de la resolución final, pues será entonces cuando proceda su estudio, tal como lo señalan los artículos 170, 171 y 172 fracción IX de la Ley de Amparo. De aquí que, si bien excepcionalmente es procedente el juicio de amparo indirecto contra actos intraprocesales que revistan la característica de ser de imposible reparación, lo cierto es que en el presente caso el acto combatido no tiene esa naturaleza, sino que constituye una simple violación procesal y en grado predominante cuya impugnación dependerá de que trascienda al resultado del fallo. Lo expuesto es así, ya que como se explicó los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, tales como son la libertad de trabajo, la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, entre otros, en tanto que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones. En este contexto, resulta inconcuso que el auto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, el cual hasta el momento no se tiene la certeza de que sea de trascendencia jurídica pues sólo constituye el ejercicio del derecho procedente a la defensa en el plano procesal y adjetivo, que no puede irrogar afectación a derecho humano alguno. Circunstancia que sólo afecta derechos adjetivos cuya reparación dependerá de que se obtenga una resolución favorable de fondo y, en caso de no ser así, se estará en condiciones de reclamarla en amparo directo por lo que hace al fondo del asunto, como violación procesal en términos del artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo. Aunado a que de obtener la parte promovente una resolución favorable en el juicio de origen, desaparecerían los agravios expuestos en la demanda, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo en el momento que se dicte la resolución en definitiva que resuelva el juicio de mérito. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, del Tomo III, correspondiente al mes de mayo de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2006338, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013." Sin que pase inadvertido para esta juzgadora que la parte quejosa considere que el acto reclamado constituya una violación al artículo 17 constitucional, pues tal circunstancia ya fue calificada por el Alto Tribunal como violación intraprocesal, que por sí sola, tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues únicamente procede cuando a su vez exista un diverso derecho humano violentado, o bien, que una vez dictada la resolución final se advierta que se dejó sin defensa a la parte quejosa, por haber transcendido al resultado de la resolución definitiva tal como se prevé en el inciso a) fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, 170, 171 y 172, fracción IX, los últimos cuatro a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. Se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "DanielAnaya" en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto o anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
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