Paola Samantha Mendiola Sánchez

Expediente 912/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Paola Samantha Mendiola Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual informa que transcurrió el término de tres días que tuvo Paola Samantha Mendiola Sánchez para interponer recurso de reclamación, sin que ello haya ocurrido, por tanto, el acuerdo impugnado causó estado, además la superioridad devuelve los autos del juicio de amparo en que se actúa. De lo que toma nota la suscrita juzgadora. Acúsese recibo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1300/2020, promovido por ***, por propio derecho; y ... Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, 77, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1300/2019-5, promovido por ***, por propio derecho, en términos de lo determinado en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO... TERCERO... CUARTO... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa una vez que se reanuden los plazos y términos suspendidos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito firmado por por medio del cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la resolución de dos de diciembre del año en curso dictada en los presentes autos. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 de la Ley de Amparo vigente, contra la resolución de dos de diciembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que no existe alguna otra parte que notificar respecto de la interposición del recurso que se hace valer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso interpuesto, así como el escrito original y la copia que corresponde al representante social de su adscripción. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio suscrito por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, por el cual desahoga el requerimiento formulado el trece de noviembre dos mil veinte (foja 4 a 6). En su atención, téngase a la autoridad en comento informando que por oficio DGRF/DSCyDN595/2020 suscrito por el Director de Seguridad y Distribución de Nómina el M.T.I. Alberto Nobel Gómez, le comunicó que la autoridad que ordenó el descuento del 30% por ciento del salario y demás prestaciones que percibe la hoy quejosa Paola Samantha Mendiola Sánchez, fue el Juez Segundo de Lo familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, esto mediante oficio identificado con los arábigos 2359/2020, emanado del juicio familiar 472/2020, promovido por Víctor Hugo Zarate Lazcano contra la quejosa en cita, descuento a favor del menor de iniciales F.P.Z..M, robusteciendo su dicho con las documentales que anexa para tal efecto. De lo que queda enterada la suscrita juzgadora. Por otra parte, toda vez que por auto de veintisiete de noviembre del año en curso (foja 12), se reservó acordar lo conducente al desahogo del escrito por la quejosa Paola Samantha Mendiola Sánchez, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco del mes y año en cita, por tanto, se levanta dicha reserva para proveer lo siguiente: Téngase a la quejosa Paola Samantha Mendiola Sánchez, dando cumplimiento al requerimiento formulado el trece de noviembre dos mil veinte (foja 4 a 6), en el que indica la imposibilidad de desahogar dicho requerimiento toda vez que desconoce qué juez ordenó el descuento que aduce por lo anterior se provee: DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que la juzgadora de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el auto en el que el Juez Segundo de Lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, dio trámite a la vía escrita familiar y como medida provisional se determinó el 30% del salario que recibe la aquí quejosa como trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, por lo que para su aseguramiento se giró oficio respectivo y se le realizó la retención y por consecuencia el descuento por parte de dicha Secretaría, misma que informó que la autoridad que ordenó el descuento del 30% por ciento del salario y demás prestaciones que percibe la hoy quejosa Paola Samantha Mendiola Sánchez, fue el Juez Segundo de lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, esto mediante oficio identificado con los arábigos 2359/2020, emanado del juicio familiar 472/2020, promovido por Víctor Hugo Zarate Lazcano contra la quejosa en cita, descuento a favor del menor de iniciales F.P.Z..M. III. El juicio de amparo es improcedente en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que prevén los artículos 364, fracción I, 373 a 376 y 382 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" (Lo resaltado es propio). Del dispositivo en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso que pueda tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en el auto en el que el Juez Segundo de lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, dio trámite a la vía escrita familiar y como medida provisional se determinó el 30% del salario que recibe la aquí quejosa como trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, por lo que para su aseguramiento se giró oficio respectivo y se le realizó la retención y por consecuencia el descuento por parte de dicha Secretaría, ello por lo ordenado por el Juez citado, dentro de los autos del juicio familiar 472/2020, promovido por Víctor Hugo Zarate Lazcano contra la quejosa, descuento a favor del menor de iniciales F.P.Z..M. Acto que es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que disponen: Artículo 364. Este Código prevé los siguientes recursos: (.) II.- Apelación; (.) Artículo 379.- El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 383.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 395.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento. La correlación de dichos numerales permite afirmar la procedencia del recurso de apelación contra autos de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. En ese tenor se afirma, que la determinación judicial que ordena a la demandada el pago de una pensión alimenticia provisional, constituye un acto que produce una ejecución irreparable o de difícil reparación pues, aun cuando el acreedor alimentario obtenga resolución favorable en el juicio, no podrán ser restituido en su derecho afectado durante el tiempo que subsista la medida reclamada. De ahí que, como el acto reclamado en el presente juicio consiste en un auto de ejecución irreparable o de difícil reparación, implica que debe cumplirse con el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Además, el artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo establece que la apelación se podrá admitir en ambos efectos cuando el recurrente lo solicite, para lo cual, lo único que se exige es la exhibición de una garantía; de lo que se colige que también procede la suspensión contra un acto como el que se reclama. Por tanto, no opera esa excepción al principio de definitividad, de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo II, página 990, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Cabe señalar que si bien es cierto que el acto reclamado se considera como uno de imposible reparación, esa circunstancia no significa que los peticionarios de amparo estén exentos de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos procedentes. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, Décima Época, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, si en la especie el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación; entonces, la parte quejosa, en observación al principio de definitividad, debió hacer valer dicho medio de impugnación en contra del auto de veintitrés de mayo dos mil dieciocho, antes de promover el juicio de amparo. En esa tesitura, al contener la legislación familiar el recurso analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encontraba obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, en virtud de que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, sin que se actualice alguna de las excepciones a dicho principio. Tiene aplicación, por igualdad de razón, la tesis XVII.1o.C.T.9 C(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2306, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. CONTRA EL ACUERDO EN EL QUE SE SEÑALAN DE MANERA PROVISIONAL DÍAS, HORAS Y LUGAR EN QUE EL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR, PUEDA CONVIVIR CON ÉSTE, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a los artículos 903-4 y 903-6 del título décimo cuarto del capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con los diversos 824 y 826, inciso a), del mismo ordenamiento legal, contra los proveídos que de manera provisional señalan días, horas y lugar para que se lleve a cabo la convivencia del progenitor que no tiene la guarda y custodia de su menor hijo, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que el gravamen que pudiera ocasionarse con el citado régimen de convivencia, no se repararía en sentencia definitiva, porque en ésta se analizaría si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no el horario provisional y el domicilio fijados para que se efectuara tal convivencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por Paola Samantha Mendiola Sánchez. Notifíquese.

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